El lunes 30 de octubre comenzó el primer ciclo de audiencias preparatorias dedicado a la participación de la sociedad civil, tema consignado en el primer punto de la Agenda de negocación pactada entre el Gobierno y el Eln. Debe terminar el 16 de noviembre, pero lo visto hasta ahora anuncia un proceso promisorio aunque lleno de dificultades.
Parece un simple juego de palabras. Pero no lo es. Como se sabe, el primer punto de la Agenda de la Negociación se refiere a la “participación de la sociedad en la construcción de la paz”. ¿Qué significado darle a esa participación; con qué alcances y con qué contenido? No son preguntas de inmediata respuesta, pese a los antecedentes registrados en otros procesos que ha vivido el país. Y por ello resulta interesante la alternativa que encontró la mesa de Negociación hoy radicada en Quito: comenzar con unas audiencias preparatorias en las que se le consulte a la gente, justamente, qué piensa de la participación y cómo podría adelantarse, incluidos los temas que se consideran prioritarios y los alcances deseados de las propuestas. Los resultados de esta consulta preparatoria, que ya es, en sí, una participación, servirán para que la Mesa – es decir las dos partes- acuerden la forma, la dinámica y los alcances de la participación de la sociedad que vendrá enseguida.
Una respuesta entre escéptica y entusiasta
Casi que sobra recordar que en el proceso adelantado con las Farc, también se intentó una participación de la sociedad civil, aunque con diferente significado, y el resultado fue poco más que desalentador. Para todo el mundo fue evidente que las propuestas no se tuvieron en cuenta, como no fuera para negarlas. Se recordará la advertencia del gobierno de que “el modelo no se toca”. Y las pocas que lograron considerarse, o fueron corregidas después del plebiscito o se están incumpliendo ahora en las leyes de la implementación. El antecedente inmediato era, pues, negativo.
No obstante, la convocatoria se hizo y fue exitosa. Más de 230 representantes de organizaciones sociales y cívicas, gremios y autoridades locales, de la mayor diversidad de todo el país, a la par que organizaciones internacionales y multilaterales se hicieron presentes en el sitio escogido en las afueras de Bogotá. Dos ciclos de tres días cada uno. Vienen ahora otras que se realizarán de manera virtual o en espacios cerrados en Bogotá. La organización ha corrido por cuenta del Pnud. Asisten a las audiencias las delegaciones a la Mesa de Quito de cada una de las partes: dos mujeres combatientes del Eln y una mujer y un hombre del Gobierno. Y para reafirmar la seriedad y rodear de garantías el proceso, se han hecho presentes representantes de los “países garantes” y de los que se han denominado “países de apoyo”.
Los organizadores son conscientes, y así lo han declarado, que es apenas una muestra, forzosamente incompleta, de la sociedad colombiana, pero de alguna manera representativa y sobre todo suficiente para alimentar con ideas genuinas y novedosas la decisión que se habrá de tomar acerca de la participación, la cual desde ya se sabe que pretende, esa sí, cubrir la totalidad del país, en su diversidad, superando las obvias dificultades de espacio y de tiempo. Se escucharon, entre otras, expresiones de organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes y sindicales; organizaciones de mujeres, de jóvenes y de la comunidad Lgbti; algunos gremios empresariales, gobernadores y alcaldes; organizaciones de derechos humanos y plataformas por la paz. Llamó la atención la convocatoria por regiones: Arauca, Magdalena Medio, Nororiente, Pacífico y Suroccidente.
Como era de suponerse, aunque las preguntas de la convocatoria eran apenas dos, muy sencillas y concretas, o sea ¿cómo sugiere que deban ser los criterios, los contenidos y las formas de la participación? y ¿qué experiencias propias de participación puede mencionar?, las respuestas estuvieron marcadas por las problemáticas propias de cada expresión, y las de las comunidades de base de las regiones –hay que decirlo– por sus propios sufrimientos. De todas maneras, si algo estuvo, de principio a fin, como un reclamo permanente fue la necesidad de que cualquier forma de participación que se adoptase debería conducir a una reivindicación, a una modificación o reforma o a una política pública con la cual el gobierno (o el Estado) quedara comprometido. La palabra que se ha venido utilizando, tal vez con poca fortuna, es “vinculante”. La participación de la sociedad civil tiene que ser “vinculante”. En términos coloquiales pero categóricos: ¡no tiene sentido adelantar todo un proceso dispendioso solamente para “botar corriente”! Obviamente el Gobierno se opone, desde ya, a semejante exigencia. La representante de la delegación del gobierno, Luz Helena Sarmiento, para evitar un desacuerdo frontal sugiere una expresión sustitutiva: participación “incidente”. No hay todavía una explicación a fondo, pero es fácil deducir que se trata de una participación en la cual los resultados se tendrán en cuenta para las conclusiones, es decir, “incidirán” en ellas, pero sin ningún compromiso de que las propuestas serán aceptadas. He ahí, evidentemente, el punto crucial de las discrepancias en esta primera fase del proceso de negociación.
Dos maneras de interpretar la participación
Un aspecto sí parece convocar el consenso: la participación debe ser de abajo hacia arriba, partiendo de localidades y regiones; lo más amplia posible, y sobre todo incluyente, es decir recogiendo absolutamente toda la diversidad. Se agrega que debe ser informada, para lo cual no faltaron las insistencias en procesos pedagógicos. Y claro, con todas las garantías, sobre todo de seguridad, para las personas que participan. Sin embargo, las modalidades como éstos y otros atributos habrán de materializarse son extremadamente diversas; en algunos casos implican posiciones opuestas. Para el Gobierno –y algunas de las plataformas de paz- por ejemplo, es claro que se trataría de un proceso rápido. Se aspira a que en mayo del próximo año ya toda la negociación de Quito haya concluido con la firma de un acuerdo. En estas circunstancias el proceso, si bien parte de las localidades (para el gobierno solamente donde hay presencia del Eln) tomaría la forma de una escalera de representaciones o delegaciones hasta el nivel nacional. Es el resultado obtenido allí, decantado y concentrado, lo que se presentaría, para su consideración, a la mesa de Quito. Para las organizaciones sociales y comunitarias, en cambio, aunque hay muchas otras ideas, sería fundamental que una representación de la propia mesa de Quito “bajara” a todas las regiones del país, a escuchar lo que tienen que decir. Esto está muy relacionado con los contenidos. Es evidente que quieren discutir sobre aspectos de fondo como la pertinencia del modelo minero energético existente, sobre la tierra y el apoyo a la economía campesina, incluida la fórmula de la sustitución de cultivos ilícitos, sobre el modelo hoy privatizado de la salud y la educación, entre otros aspectos. Habría claramente una conexión con lo que salió –y se está incumpliendo– del acuerdo de La Habana. Y sobra decir que para el gobierno se mantiene como línea roja la “intangibilidad del modelo”.
En el fondo, lo que existe es una discrepancia esencial sobre lo que se entiende por participación en esta oportunidad. Para el gobierno es un mecanismo, casi que de trámite, enteramente subordinado a las necesidades de la negociación del conflicto militar con el Eln. Para éste, por el contrario, es un componente esencial que incluso define el sentido de los siguientes puntos de la Agenda, esto es la “democracia para la paz” y las “transformaciones para la paz”. Pero no es fácil de entenderlo porque no tiene antecedentes en ninguno de los llamados procesos de paz en Colombia. Ni siquiera por parte de las organizaciones sociales y cívicas. De ahí la oscilación entre quienes consideran que los resultados deben ir a Quito –como antes a La Habana– para que allí las partes los introduzcan como parte de su negociación y los que no ven al Eln como interlocutor sino al gobierno (el Estado) por lo cual el proceso con cierta autonomía sería una suerte de participación transformadora.
En un plano teórico tendríamos una tensión entre la democracia representativa que, por cierto, tiene una de sus periódicas apariciones el próximo año y la democracia participativa que, si bien cuenta con múltiples instrumentos en la Constitución y las Leyes, no ha alcanzado nunca el calado que se le está pidiendo. Esa es la inquietud que ha quedado, por lo pronto, de este primer ejercicio de consulta con la sociedad. Ya veremos qué sucede en las audiencias que faltan, en las próximas semanas. Un rasgo significativo consiste en que fueron varios, incluidos los representantes de MAP-OEA y Naciones Unidas, quienes se refirieron a la importancia y a la pertinencia de la Participación, independientemente de la negociación de Quito, vista la crítica situación política, con innegables déficit de democracia, que se vive hoy en Colombia.
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