La negociación en curso del posible final de la guerra entre el Gobierno y el Eln vive una coyuntura especial, una muestra fehaciente de la complejidad de una negociación donde ninguna de las partes se siente ni se asume como derrotada. Particularidades de esta puja potenciadas por la finalización de un cese al fuego que tenía tiempo exacto: 101 días.
El cese al fuego temporal pactado entre el gobierno nacional y el Eln terminó el día 9 de enero del año que comienza a las doce de la noche. Casi de inmediato, pocas horas después, en la madrugada del miércoles, ya se habían reanudado las hostilidades. El Eln lleva a cabo dos voladuras del oleoducto, una en Casanare y otra en Arauca, y un ataque contra la fuerza pública en Arauquita que tuvo como resultado un soldado muerto y dos infantes de marina heridos. Un día después, el Comandante de las Fuerzas Militares informaba de un hostigamiento contra la policía en Saravena (Arauca) y otro en la base militar de Orú en El Tarra (Norte de Santander). El país se dio cuenta entonces que la expresión “Cese al fuego” sí tenía un contenido real.
La crisis no se hizo esperar. A punto de iniciarse el quinto ciclo de los diálogos en la Mesa de Quito, el gobierno llamó a Bogotá al nuevo jefe de negociación, el exvicepresidente Gustavo Bell. Condenó los hechos y deploró la decisión del Eln. Anunció una respuesta contundente e implacable de parte de la fuerza pública.
El discurso oficial, como suele suceder en estos casos, tuvo un tono guerrerista, al gusto de los grupos de la ultraderecha que aprovecharon la coyuntura para señalar la supuesta debilidad gubernamental. En el ejercicio de esta retórica se destacó el Ministro de Defensa. Uno tras otro se expresaron los políticos, el Fiscal, el Defensor del pueblo y el Procurador, más o menos en el mismo tono. El mensaje, un tanto elemental, era: “están perdiendo la oportunidad que se les dio y ahora tendrán que atenerse a las consecuencias”. Al pasar los días la marea fue bajando –por boca del jefe negociador el gobierno reconoció que los diálogos continuarían– pero las inquietudes sobre el porvenir de esta negociación se mantienen.
El significado del “Cese al fuego”
Se trata de una suspensión, transitoria o definitiva, de los combates o las hostilidades de parte de uno de los ejércitos o entre los dos o más que se encuentran enfrentados. En este caso fue el resultado de un pacto bilateral, lo cual fue considerado tanto por las partes como por las distintas expresiones de la sociedad civil y la comunidad internacional, como un avance cualitativo en un proceso que desde el primer acercamiento ya supera el año, ya que en Colombia parecía haberse consagrado como una axioma que es necesario “negociar en medio del conflicto”.
Cese al fuego bilateral nacional y temporal se le denominó y duró, como estaba previsto, 101 días. Desde luego, es necesario asegurar el cumplimiento del pacto, para lo cual suelen establecer un mecanismo de verificación y de resolución de conflictos, ojalá con una participación activa de terceros. Se estableció entonces un Mecanismo de verificación y veeduría (ONU, iglesia, gobierno, Eln).
Sin duda, un cese del fuego tiene muchos efectos positivos. Para empezar, facilita el desarrollo de las negociaciones. Y, sobre todo, conlleva un alivio de la difícil y dramática situación que enfrenta la población civil, particularmente en las zonas más afectadas por el conflicto, como pudo comprobarse en estos meses. Sin embargo, no debe interpretarse, en absoluto, como un “adelanto” de la paz. Por supuesto, hay siempre intereses políticos en darle esta presentación para poder utilizar su finalización o su ruptura como un juicio de responsabilidad en contra de alguna de las partes. El gobierno, en particular, le ha dado al cese el significado de una prueba de la “voluntad de paz” del Eln, dando por supuesto que el Estado no tiene por qué dar las mismas pruebas ya que no está obligado a hacer la paz con los alzados en armas sino que la ofrece como magnanimidad.
Por otra parte, es claro que en un conflicto interno, guerra civil o guerra de guerrillas, mucho más que en una internacional, es mucho más difícil diferenciar y preservar a la población civil que por definición se encuentra involucrada. Es posible determinar la suspensión de las acciones ofensivas entre las estructuras armadas, como suele establecerse, pero extremadamente complicado definir lo que puede considerarse hostilidades y la responsabilidad por las mismas. En Colombia, particularmente, donde se ha utilizado desde hace décadas una estrategia paramilitar, responsable de masacres y asesinatos de líderes sociales y políticos, y los gobiernos han negado cualquier responsabilidad, atribuyendo los hechos a “terceros”, es evidente que la violencia va más allá del enfrentamiento militar en sentido estricto. De hecho, si algo caracterizó al pasado año, a pesar del acuerdo firmado con las Farc e incluidos los meses del cese, fue el incremento en los asesinatos de activistas sociales.
¿Por qué no hubo prórroga?
No sobra aclarar que en ningún momento se habló ni mucho menos se pactó una prórroga automática. Terminado el cuarto ciclo de conversaciones, a principios de diciembre, y ya anunciado que en el quinto se desarrollaría en detalle el primer punto de la Agenda referente a la participación de la sociedad civil, dándole continuidad a la exitosa experiencia de las audiencias preparatorias, el problema de la eventual prolongación del cese se planteó en toda su magnitud y complejidad. Al parecer era indispensable un replanteamiento de los términos del pacto y sobre todo de sus protocolos de verificación. El Mecanismo de veeduría y verificación, fundamental para la materialización del Cese al fuego, había entrado en crisis.
El Eln sostiene que el colapso del Mecanismo, del cual se retiraron dejando una constancia, es atribuible al Gobierno: “[…] solo 5 de los 40 casos entregados a la instancia nacional fueron evaluados y calificados, y el MVV no pudo emitir recomendaciones a las partes, para prevenir y atender posibles incidentes o violaciones del acuerdo, como estaba estipulado en su mandato. […] El gobierno unilateralmente, ha desplegado operaciones ofensivas contra el ELN. El 27 y 30 de octubre de 2017, realizó ataques a dos campamentos en los departamentos de Chocó y Norte de Santander y ha aumentado sus operaciones de copamiento militar y operaciones de registro y control, en lugares donde se encuentra nuestra fuerza de manera permanente”.
El gobierno no reconoció estas actuaciones como acciones ofensivas, por el contrario, reiteró en la Mesa Transitoria que continuará realizando estos ataques cada vez que considere que alguna estructura del Eln se encuentre actuando por fuera del acuerdo del Cfbtn, sus protocolos o cometiendo otros hechos que ellos consideran ilícitos, bajo la justificación del cumplimiento de la Constitución y la ley. “El gobierno ha desconocido el MVV como la instancia que debe cumplir el objetivo de prevenir incidentes, responder oportuna y ágilmente ante las eventualidades o contingencias e informar y calificar incidentes. Ha invalidado el MVV al adjudicarse unilateralmente la potestad de determinar cuáles hechos o actuaciones del ELN están en contravía del acuerdo del Cfbtn, sin acudir al MVV”1, declararon los insurgentes por su parte.
A su vez, el Gobierno atribuye al Eln varias violaciones del acuerdo, entre ellas el asesinato del gobernador indígena en el Chocó. En repetidas oportunidades el Ministro de Defensa, quien parece estar encargado de reiterar que el diálogo es una concesión y que al menor descuido se reanudaría la guerra a muerte, aclaró que en caso de prorrogarse el cese, éste debería hacerse después de algunas rectificaciones y sobre nuevas bases y protocolos. En el fondo, el Gobierno asume que se trata verdaderamente de un cese unilateral por parte de la insurgencia, como se había hecho con las Farc. Probablemente, hasta llegar a lo que ha sido siempre el programa ideal desde Uribe: desmovilización y concentración en una zona como paso previo al desarme.
Como puede deducirse, lo existente acá es una diferencia de interpretación sobre los términos de lo acordado. En realidad una disputa política sobre el significado y la utilidad del Cese al Fuego, teniendo en cuenta sobre todo que el mandato de Santos está por finalizar y hemos entrado en campaña electoral; la continuidad del proceso de negociación es incierta, o peor aún, pues da la impresión de que la elección de Presidente se ventilará entre quienes más duros se muestren en contra de la guerrilla. Y todo esto pese a la sensación que existía en el país de que el cese era más que conveniente y daba un respiro de tranquilidad.
Realidad y tensiones que llevaron a establecer, entre los dos ciclos, una Mesa Transitoria para discutir una posible prolongación del cese. Pero fue un fracaso, dando por terminada la Mesa antes de finalizar el año. Ni siquiera fue posible acordar un periodo de “puente” (30 días) mientras se procedía al replanteamiento exigido por las partes, eventualmente en el quinto ciclo.
Entre los deseos de la buena fe y la realidad de la confrontación
Muchas fueron las voces surgidas desde la sociedad civil para pedir la prórroga, entre ellas la Conferencia Episcopal y la representación de Naciones Unidas. En una carta (2 de enero de 2018) firmada por más de un centenar de personas de buena voluntad puede leerse: “Creemos que, a pesar de los incidentes, que deberán ser investigados de manera eficaz, el cese al fuego brinda un mejor contexto para la participación de la sociedad en la construcción de paz y aumenta la legitimidad social del proceso de diálogo”. Y más adelante: “Una ruptura del cese al fuego distanciaría a las partes de la negociación, significaría muerte, dolor y desplazamiento para la población civil que suele ser la más afectada del conflicto, desmotivaría la participación de la sociedad, y daría más excusas a los enemigos de la paz que hacen de la guerra una bandera electoral”2.
No cabe duda que una negociación política del conflicto armado en un contexto de cese del fuego es mucho más expedita y que contaría con un mayor apoyo social dado el alivio que proporcionaría a la población civil, hoy en día especialmente en regiones como la Costa Pacífica, el Magdalena Medio y el Catatumbo. Alivio que por supuesto cuenta como un objetivo en sí mismo. Favorecería además un proceso de participación de la sociedad como el planteado en el primer punto de la Agenda. No obstante, es claro que el Cese al fuego nunca ha sido planteado como una condición de la negociación y sería un riesgo político asumirlo así.
En lo que sí se equivoca la carta, y otras manifestaciones análogas, es en considerar que está en juego la llamada legitimidad del proceso y que el cese resta excusas a los enemigos de la paz. Por lo menos, es una manifestación de ingenuidad. El apoyo o el rechazo que pueda tener el proceso es un asunto de la disputa política y de una correlación de fuerzas en la cual juegan un papel fundamental los medios masivos de comunicación. Medios que, entre otras cosas, acuñan los propios términos en los cuales debe juzgarse la legitimidad.
En la práctica, y al no tener esto en cuenta, los autores de la Carta terminan ubicados en la retórica de las “pruebas de la autenticidad de la voluntad de paz del Eln”. Retórica que los medios han impuesto como criterio de análisis. Es más, han logrado introducir como cosa fundamental al respecto, entre muchos de los politólogos, el tema de si el Eln tiene unidad de mando o es una organización federada en donde algunos frentes estarían en contra de la negociación.
Es cierto que los enemigos de la paz han encontrado un excelente pretexto en la finalización del Acuerdo bilateral y la reanudación de las acciones militares por parte del Eln, pero si no fuera así ya estarían buscando otras excusas porque en realidad es una posición de principio. Basta examinar los discursos de Iván Duque o Germán Vargas, entre otros. Pero una prueba fehaciente es la declaración de M. F. Cabal que no por desfachatada constituye una excepción: “Yo me hubiera parado de una vez de la mesa. Ya es hora de que la Fiscalía hubiera judicializado a estos elenos, que muchos están afincados en la academia y en la misma iglesia católica, a través de la teología de la liberación, jugando a esa doble moral de ser defensores de derechos humanos mientras admiten la combinación de las formas de lucha y no les importa asesinar al que sea, porque ellos creen que son sociedad civil armada y así se lo han vendido al público nacional e internacional”3.
¿Qué se puede esperar?
Finalizada la primera fase del escándalo y las censuras al Eln, las aguas parecen haber retornado a un cauce más o menos normal. Al fin y al cabo, como han dicho, la continuidad de la negociación no estaba sujeta a la prórroga del cese. Las posiciones estaban definidas y las reacciones previstas. El Eln lo sabía y había tomado sus providencias. Pero también del lado del gobierno. El Ministro de Defensa lo había declarado: “Si hay prórroga de ese cese el fuego con las mejoras que se han sugerido estaremos listos a respetarlo, pero si no […] estará lista la fuerza pública para enfrentarlos con toda contundencia”4.
Como queda claro, ambos estaban listos, lo que sucede es que el Eln tomó la iniciativa. Es eso lo que parece explicar las acciones y no, como se piensa habitualmente, por la necesidad de mostrar fuerza para entrar en mejor condición a las negociaciones. El peligro, sobre todo para las organizaciones populares y los defensores de los derechos humanos (muy a tono con las declaraciones de la Representante Cabal), es que el gobierno estará muy interesado en mostrar golpes “contundentes”, que seguramente ya estaban preparados pero especialmente con vistas a la campaña electoral. Un recrudecimiento de la violencia que ojalá no se presente.
Ambas partes ya declararon que retomarán el hilo de las conversaciones. Se habla entonces que el quinto ciclo se dedicará a examinar las condiciones de un nuevo Cese al fuego. Es evidente que, dada la reacción de los diversos sectores ya mencionada (el Gobierno admitió haber tomado en cuenta las diferentes solicitudes), que tala cese adquirió un nuevo significado político.
Nuevo significado desprendido de la coyuntura política nacional. Para la mayoría de las corrientes y agrupaciones políticas, además, sería un excelente marco para la campaña. Tiende pues a convertirse en un objetivo en sí mismo que desplaza la atención del núcleo de las negociaciones cuyo futuro es incierto. Para algunos, sería una primera cuota de avance que obligaría al próximo gobierno a continuar el proceso. Otros más ingenuos creen que basta con que el Eln “haga méritos” para que prosigan las negociaciones incluso con un mandato de ultraderecha.
El punto clave sin embargo, se encuentra en el clima de negociación. No es factible que el Eln acepte un escenario de sometimiento a la justicia en el cual se trata de “completar” el proceso. Más aún si se tiene en cuenta que el resultado del acuerdo con las Farc es deplorable. No sólo desde el punto de vista del incumplimiento de las reformas económico-sociales –que era previsible–, sino del incumplimiento incluso de las garantías para la reincorporación de los excombatientes y de la organización como partido político legal. No es fácil aceptar el tránsito de héroes a villanos.
En ese sentido todo depende de la sociedad civil y sobre todo de las organizaciones populares. Es necesario cambiar el clima o la atmósfera política de la negociación. No es fácil. Hace poco una de las presentadoras de RCN-radio decía que la Mesa de Quito no había avanzado nada en lo que verdaderamente estaba exigiendo la opinión pública, o sea la desmovilización y entrega de armas. Habrá que creerle que ¡ella es la opinión pública!
1 Boletín del ELN, Insurrección. No. 613 Dic de 2017
2 Ver wwww.indepaz.co
3 http://www.elpais.com.co 11 enero 2018
4 www.elespectador.com 3 de enero 2018
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