El segundo gobierno de Santos llega a su final y una de sus obseciones, el ingreso de Colombia a la Ocde, parece que no será concretado. Después de largos trámites y exigencias cumplidas por el alto gobierno, aún falta más para que el país pueda “medirse con los mejores”, como dice Santos. Hasta ahora, el ingreso a esta institución no ha significado mejora alguna para las poblaciones de países como México –que ingresó en 1999– y Chile –2010–. ¿Por qué tanta obsesión con el tema? ¿Qué intereses ocultos hay tras bambalinas?
Fundada a inicios de los sesentas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –Ocde– recoge el espíritu del Plan Marshall que en su momento buscaba recuperar la economía de las naciones europeas tras la desgracia de la guerra. Como integrantes ahora cuenta con 35 Estados, y suma un presupuesto anual que supera los 370 millones de euros. La Ocde alberga países que comparten el crecimiento económico según los principios de las sociedades de mercado, es decir, neoliberales, defendiendo intereses de sus centros financieros y mercados. Responde como un blindaje en el orden del proceso de globalización económica imperante.
Según dicen sus impulsores, es un foro para el diálogo y trabajo cooperativo cuya finalidad explicita es “compartir experiencias y buscar soluciones a problemas comunes”. En esa medida es un espacio para el intercambio constante de información en pro de “armonizar” políticas económicas y sociales para su coordinación a nivel internacional. De manera permanente, a su vez, este organismo publica informes con pronósticos de tendencias económicas para cada uno de los países que la integran, los que clasifica en estándares internacionales, los mismos que inciden en la cooperación fiscal por medio de convenios entre las naciones, y que establecen un modelo para las negociaciones bilaterales donde le asignan “el derecho fundamental de impuesto al país que origina la inversión de capital, es decir del país de la residencia en lugar de aquel en el que realiza la inversión”. Es claro el sentido del enunciado: aplica la retención en los centros de producción del capital, de manera que en un país donde sólo exportamos hortalizas, flores y café, su beneficio será mínimo. Los negocios circulan globalmente sin mayor beneficio regional, lo que da más vida al mercado global corporativo.
Hacen fila y olvidan la soberanía
En mayo de 2013 fue aprobada la invitación de adhesión a nuestro país junto con Letonia, que en 2016 fue aceptada de manera plena. En los últimos años lograron ser incorporados como miembros Israel, Eslovenia y Estonia. En la misma carrera de alistamiento que Colombia están Costa Rica y Lituania. Sin embargo, países con gran envergadura económica como Rusia, tras la crisis de Crimea en 2014 y la disputa geopolítica que sobrelleva con Estados Unidos y sus aliados europeos, renunció a vincularse a este grupo, Potencias como China e India no han mostrado interés; Brasil, la potencia suramericana, así como Argentina, tampoco la integran, aunque en meses recientes los gauchos han mostrado interés por esta organización. Quizás ven la necesidad de fortalecer su economía nacional antes de estar atados a compromisos con países con mayor músculo económico e industrial.
Nuestro país
La Ocde afirma que Colombia posee una economía con solidez y con alguna resistencia a la caída de precios de las materias primas, o en lenguaje menos entramado que el capital internacional puede invertir acá con cierta garantía por la estabilidad del mercado. Advierten en la necesidad que tiene el país de ajustarse a la caída de los precios del petróleo que inciden en los montos del gasto público. Proponen aumentar el recaudo incluyendo nuevos productos gravados y más personas a tributar, e incluir productivamente con mayor intensidad la mano de obra femenina en todas las esferas. Pues si bien ya están vinculadas se requiere ampliar aún más su participación en el mundo laboral.
La representante de Colombia ante este organismo, Catalina Crane Arango, anunciaba con euforia a los medios de comunicación que las “recomendaciones” apuntaban a la gobernanza con transparencia, y mejorar educación, infraestructura, impuestos y desarrollo financiero. “Recomendaciones” todas ellas derivadas de 23 comités que propusieron más de doscientas reformas, ajustes, “modernizaciones” de instituciones, etcétera, las mismas que fueron atendidas rápidamente por el gobierno colombiano. Posteriormente, en reunión entre el presidente Santos y el secretario general de la Ocde Ángel Gurría, informaron que los últimos comités por aprobar en Colombia, son: empleo, comercio, trabajo y asuntos sociales. Dificultades que demuestran las inocultables carencias del Estado colombiano frente a la protección social; por ejemplo, fue evidente la mella producida por Human Right Watch que denunció la situación de los niños wayúu y también la presión de la CUT por el monto del salario mínimo, inferior al de otros seis países de nuestra región.
Las medidas ya tomadas, para lograr la admisión en la Ocde, implican una debilidad institucional, por ejemplo, al eliminar la presencia de los ministros en las consejos de empresas estatales, lo que reduce la autonomía real de las mismas y su potencialidad; asimismo demandan fortalecer la independencia de las superintendencias en la protección legal para la circulación de mercados y establecer un régimen de responsabilidad corporativa.
Además, la entrada del capital extranjero se opone a negocios de fuerte monopolio estatal como, por ejemplo, el alcohol, mercado que ahora debería abrirse. Si así sucede con un sector tan consolidado como éste, ¿qué será de los demás? También exigen modernizar la explotación extractivista con políticas nacionales para la gestión de productos químicos, promover las energías renovables, eficiencia energética y la gestión integral de residuos sólidos.
Pero como si todo lo cedido fuera poco, ahora nuevas objeciones aparecen para doblegar más al país ante el deseado y pretendido ingreso: grandes empresas manufactureras, farmacéuticas y el Consejo Empresarial Internacional de EE.UU insisten en que Colombia debe ajustar en otras tres áreas: ponerle fin, en el curso de dos meses, al programa de chatarrización de camiones –y no dos años como propone el gobierno Santos–; actualizar las leyes de autor y propiedad intelectual, y revisar puntos sobre la venta de medicamentos y derechos de patentes. Todo a favor de las farmacéuticas estadounidenses que señalan que “Las barreras comerciales restringen el acceso al mercado y son inconsistentes con los compromisos internacionales de Colombia y los principios básicos de la Ocde”. En síntesis, es una penitencia mayor la demandada por el capital global para el ingreso del país al club de los neoliberales plenos.
¿Cuál es el lugar de Colombia?
En el fondo este organismo entiende al país dentro del contexto latinoamericano, caracterizado por la baja productividad y abundante vulnerabilidad social, donde existe baja confianza en las instituciones. Temen que la nación colombiana esté quebrada e institucionalmente debilitada, propensa a desordenes populares.
Dentro de los factores de desarrollo por los cuales consideran a nuestro país rezagado, está la educación, con un sistema sin innovación, pues, por ejemplo, el rendimiento está por debajo de la media aritmética de los países miembros. En este ítem demandan estimular la formación de estudiantes preparados para el mundo laboral. Exigencia no casual, ya que el 30 por ciento de las empresas nacionales identifican la mano de obra nacional como un obstáculo para el crecimiento productivo; al mismo tiempo, el 60 por ciento de estudiantes en la educación secundaria no cuenta con conocimientos y habilidades básicas para participar del mercado laboral formal. Los flojos esfuerzos de Colombia la más educada, de no vivirse un cambio sustancial en el presupuesto del ramo, continuarán arrojando resultados mediocres. Lejos está la inversión nacional de la aprobada por Chile, que alcanza al doble, y mucho más de la aporbada por Brasil que representa 30 veces más. Y a pesar de la propaganda sobre las obras de movilidad, para la Ocde nuestro país conserva una deficiencia en la infraestructura que implica incrementos en los costos de transporte de materia prima y mercancías, lo que perjudica al capital.
Pese a todo esto, el afán de quienes detentan el poder en nuestro país no ceja en proceder de acuerdo a lo exigido por este “club de buenas prácticas”, de lo cual da cuenta la reforma tributaria de 2016, con el supuesto propósito de reducir la desigualdad e incrementar la productividad –al reducir la carga impositiva sobre inversión y no prolongar el impuesto al patrimonio neto sobre las empresas.
El gobierno también acepta dejar de depender de ingresos petroleros, para lo cual proseguirá ampliando la base tributaria –incluyendo más personales naturales y jurídicas–; a su vez retoma el tema de la reforma pensional –para reducir parte de los privilegios de las mesadas más altas y permitir pensiones por debajo del salario mínimo legal. De igual manera, modificaría el promedio pensional, pasando de referenciar una media de diez años a una de quince, afectando negativamente el monto de la pensión. Sin mencionar el interés de igualar la edad de pensión entre mujeres y hombres. También valora la posibilidad de reformar de nuevo el tema del IVA, para la totalidad de productos al 18 por ciento, e incluir nuevas productos y mercancías.
Pero, ¿qué ganan quienes detentan el poder con todo esto? Tal vez es la excusa para “modernizar” su Estado, aplicando un conjunto de reformas como condición para “mejorar” la economía nacional y, con ella, el empleo y otros rubros; tal vez para motivar la inversión de nuevos capitales globales, llevando al país hacia nuevos campos del extractivismo; o, tal vez, el simple gusto de saltar a la burocracia mundial de parte de quien se abrogó el Premio Nobel. O todas juntas.
Cualquiera sea la razón, lo cierto es que con este conjunto de concesiones el capital internacional encuentra un Estado más dócil y manejable ante el conjunto de sus necesidades para continuar concentrándose.
Llegados a este punto, el papel que le queda al Estado colombiano será la de contener socialmente con programas de asistencialismo, para que la explotación sea más expedita y, claro, de ser necesario, contener por la fuerza.
Bienvenidos, pues –como tal vez escuchemos en los próximos meses– al “club de las buenas prácticas”, donde la risa será para el capital internacional y el llanto para las mayorías nacionales.
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