En Ciudad Bolívar, una de las localidades más populosas de Bogotá, la violación de los Derechos Humanos es constante. Luchando contra ello tomó vida la Coordinadora Cívico Popular, en la que confluyen alrededor de sesenta organizaciones de las más de trescientas con asiento en este territorio. En el año 2017 se conformó el comité de Derechos Humanos. Aquí un diagnóstico de la situación que en este campo viven sus pobladores.
La situación no es nueva. Las bandas de distinto tipo disputan el control del territorio de esta parte de Bogotá. Para ello se valen del comercio de narcóticos, el cobro de “impuestos” al comercio local, el control del transporte informal que circula por sus calles, la imposición de fronteras imaginarias, así como la propia intimidación ejercida a través de personas armadas que patrullas calles haciendo labores de “campaneros”, pero también a través de la mal llamada “limpieza social”.
Control territorial favorecido por la violación de los derechos básicos de miles de sus pobladores, en aspectos como trabajo, vivienda, salud, educación, recreación, ingresos, alimentación. Librados al “sálvese quien pueda”, el terreno queda abonado para la multiplicación de “ollas”, conformación y multiplicación de bandas –pequeñas y grandes–, así como el comercio ilegal de todo tipo de productos.
Hay que anotar, con paradoja, que la misma existencia de las “ollas” lleva a la multiplicación de drogadictos, los mismos que son controlados a punta de bala por sus creadores cuando se salen de los marcos impuestos por los jefes de zona –incumpliendo con los pagos por el mismo consumo, o robando tiendas del sector–. La multiplicación de asesinatos, por ciertos periodos tiene que ver con esto, cuando no es que afecta a los propios defensores de Derechos Humanos o activistas en general, en cuyo caso corresponde a que sienten disputado su control sobre ciertos territorios, o pagan de esa manera un favor a otros poderes con presencia local, en todo caso contrarios a la justicia y la libertad.
Cuando este tipo de circunstancias toman forma, y se salen de control, la respuesta institucional es enviar más policía a la localidad, como sucedió en el año 2016, cuando multiplicaron la presencia uniformada con otros 750 agentes. El allanamiento de ollas y las capturas también fueron evidentes, lo cual bajó un poco la tensión social, pero solo como remedio temporal, superficial, pues las causas siguieron intactas por lo cual, al poco tiempo, todo siguió igual.
La historia se repite. Durante el año 2017 se presentaron capturas y allanamientos en febrero, abril y agosto, desmantelando bandas como los “profetas”, la cual extendía sus controlen por varias localidades del sur.
Más leña para el fuego
La conflictividad y violación de los Derechos Humanos en la localidad se agudiza por otros dos fenómenos. 1. Los asentamientos informales en zonas estratégicas, los mismos que sirven para la expansión del narcotráfico mediante la apertura de nuevas “ollas”, así como la prolongación de corredores para el tránsito de sustancias psicoactivas. En estos nuevos asentamientos aprovechan diversidad de necesidades de sus pobladores (vivienda, trabajo, alimentos) para controlarlos y explotarlos, apareciendo como “salvadores”.
2. La minería legal e ilegal, que mediante la vigilancia privada intimidan a la población asentada históricamente en esta parte de la capital del país.
En todo caso, hay que recordar que la situación de violencia que aquí vivimos ganó un nuevo pico con el desalojo del Bronx, pues localidades como Ciudad Bolívar y otras del sur fueron las receptoras de los que salieron desplazados de allí. El fuego cruzado entre bandas que traían litigios fue cotidiano, y la inseguridad fue más evidente.
Incremento de inseguridad con un desenlace fatídico, como lo testimonia el asesinato en el 2017 de una menor de 11 años, hecho acaecido en el barrio El Espino I, UPZ Perdomo, víctima de un enfrentamiento entre bandas locales en disputa del control del sector con otros grupos de Soacha. La realidad que esto desnuda es la ya comentada: ni el gobierno nacional ni el distrital implementan políticas estructurales que rompan con los factores que alimentan la violación de los Derechos Humanos que aquí son pan diario.
Es una realidad sin resolución efectiva. Es así como en el año 2018 la constante es la misma: ollas, control territorial, disputas entre bandas y grupos de paramilitares desmovilizados, inseguridad, hurtos, homicidios; nuevos allanamientos y capturas bajan la tensión por momentos, pero unos días después el río vuelve por su cause. ¿Hasta cuándo?
| UPZ | Barrios | Factor de riesgo | ||
| Lucero | Manitas, Alpes, Arabia, Lucero, Estrella, Paraíso, Villas del Progreso, Juan Pablo II, Bella Flor y Domingo Laín | El expendio de sustancias psicoactivas y armas. La disputa por el control territorial es constante y como muestra de su control asesinan a los jóvenes de la localidad. De manera sistemática infunden miedo en la población. | ||
| Jerusalén | Potosí, Verona, Tanque Laguna, Arborizadora Alta y Nueva Argentina | El expendio de sustancias psicoactivas, control territorial por parte de grupos pos desmovilización paramilitar, denominados “Águilas Negras”, “Paisas” y “Costeños”, además de las fronteras invisibles (Caracolí, Grupos, Tres esquinas y dentro del mismo Potosí) que impiden el acceso a los espacios. El exterminio social es también uno de los factores de riesgo más grandes, lo que afecta a jóvenes y adultos. Los habitantes de Potosí, uno de los lugares centrales del conflicto, denuncia que es un epicentro de enfrentamientos entre bandas delincuenciales y Policía Nacional. En el territorio también se encuentran lugares de explotación minera ilegal que han contratado vigilancia privada, creando fronteras invisibles que impiden el libre acceso al territorio. | ||
| Arborizadora | Arborizadora, Atlanta, Ensueño y Coruña, | El expendio de sustancias psicoactivas, enfrentamientos entre hinchadas de fútbol y persecución política a líderes comunales y procesos sociales a manos de grupos delincuenciales e incluso la Policía Nacional. | ||
| Tesoro | Barranquitos, Quiba, Acapulco, Divino Niño, Estrella, Mochuelo y La Cumbre. | Denuncian una problemática ambiental a partir del botadero de basura mal llamado relleno sanitario, por el cual se incrementa el deterioro de la salud de quienes allí habitan. Las protestas de la comunidad tomaron forma y la respuesta por parte del Estado fue la militarización de la zona, persecución, señalamiento e intento de judicialización a líderes sociales. En el sector urbano de la UPZ han ingresado varios grupos pos desmovilización del paramilitarismo y bandas delincuenciales, auspiciando la fronterización invisible y miedo colectivo en la población. | ||
| Ismael Perdomo | xxx | Altos de la Estancia, Perdomo Alto, Espino, Casa Grande, Tres Reyes, Estancia, Santa Viviana y Santo Domingo | xxx | La presencia de grupos pos desmovilización paramilitar denominados “Paisas”, “costeños” y “Urabeños”, los cuales se disputan el control territorial en la zona y lideran corredores de sustancias psicoactivas y armas. Los hurtos recurrentes a los faros que están alrededor de la cancha del Barrio Casa Grande permite que se lleven a cabo asaltos directos contra la Casa Cultural del barrio y acciones amenazantes contra los líderes sociales del sector. La cercanía de la localidad con el municipio de Soacha es un factor importante a tener en cuenta, porque allí se ha demostrado la presencia de escuelas de sicariato en las que enseñan a robar y asesinar. En dicho municipio, a pesar de la desmovilización, grupos paramilitares siguen operando, e intimidando a la población civil. |
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