Lectura, enseñanzas y retos desprendidos de una cita deliberativa en procura de autonomía para los movimientos sociales. ¿Es posible hacer parte de los estadios oficiales a la par que impulsar una institucionalidad extra-estatal?
Circundada por la fuerte revitalización del movimiento estudiantil, sesionó en Bogotá los pasados 9, 10 y 11 de octubre, la Asamblea Legislativa Popular y de los Pueblos por la unidad, la vida, el territorio y la paz (ALP). Al llamado respondieron 1.300 delegados y delegadas de diferentes movimientos y regiones del país, en hermanamiento con delegaciones de organizaciones populares de Nuestra América y Europa, con el fin de adelantar un ejercicio legislativo autónomo que contribuya a la unidad estratégica del campo popular, y concertar una agenda de movilización y acción política para el 2019.
En la Asamblea, pese a sus pretensiones de unidad, fue notoria la ausencia de un amplio margen de organizaciones del campo popular, lo que la redujo a un evento de ciertas corrientes políticas y matrices ideológicas en proceso de reagrupamiento. No obstante la ALP marca una nueva etapa de construcción colectiva que podría ser potente si asumiera los retos de lo que implica una autocrítica sincera de su accionar histórico, una discusión sobre lo que implica el horizonte de construcción de poder popular y un llamamiento de país.
El largo camino del poder popular
En los antecedentes de esta Asamblea se encuentra como primer referente el Congreso de los Pueblos (CP), plataforma constituida en 2010 como una transición que anteponía la construcción de poder popular a la ilusoria toma del poder que había marcado por décadas los objetivos estratégicos de la vieja izquierda partidista. Tiene como antecedente, de igual manera, la irrupción del indigenismo en todo el continente, propulsor de convergencias sociales, a través de la disputa por sus derechos históricos, elevando a primera plana la construcción de autonomía en las agendas del movimiento social.
Es producto de ello que toman forma: la “Minga por la vida, la justicia, la alegría, la autonomía y la libertad de los pueblos”, con la participación de comunidades indígenas y campesinas, promulgando en Cali el mandato indígena y popular en 2004. La cumbre de organizaciones sociales en 2006, en contra de la arremetida de la Fuerza Pública en los territorios. La minga de resistencia social y comunitaria de 2008, formulada como una propuesta del norte del Cauca con el objetivo de ganar aliados y fuerza con la gente “caminando la palabra por el territorio nacional”. La mencionada constitución del CP en 2010, así como el Congreso de tierras territorio y soberanía en 2011, y el Congreso para la paz en 2013.
Desde allí y hasta hoy, en medio de estos procesos de encuentro social y popular, el CP fue perdiendo importantes integrantes, mermando así su impulso inicial, al imponerse en su accionar cotidiano viejas prácticas autoritarias, vanguardistas y sectarias que lo desgastan: el peso preponderante de las estructuras organizativas más fuertes; la exclusión de las organizaciones no afines al “camilismo”; la imposición de una lectura sobre la negociación política del conflicto armado y su adopción como núcleo de la acción principal del CP, todo ello, también, como conformación de un polo diferenciado a la matriz ideológica del “bolivarianismo” afincada en la Marcha Patriótica (MP). Así mismo, la constante subsunción a la agenda institucional sin una discusión sesuda desde la base llevaron a que se profundizaran sus contradicciones internas.
No obstante, ambas plataformas (MP y CP) tuvieron el oxígeno inyectado por la supuesta apertura del proceso de paz con las Farc, generando numerosas movilizaciones, lo que dio nacimiento en 2014 a la Cumbre agraria campesina, étnica y popular. proceso convertido en el nuevo escenario de articulación popular, logrando conquistas parciales que hoy llegan nuevamente a un momento de desgaste, en tanto su acción quedó limitada a la interlocución con el gobierno, arrancando promesas parciales que en su mayoría no han sido cumplidas.
En esta misma senda, después de la última gran minga nacional de finales de octubre y principios de noviembre de 2017, tomó forma la contienda electoral cuyos resultados, y reunión de fuerzas en torno a la Colombia Humana, sitúa al movimiento popular en una situación de marcado antagonismo con las tendencias más retardatarias de la élite política y económica. Es en este contexto que surge la iniciativa de la ALP, con el reto de articular el accionar alternativo, a la par que modificar el balance desfavorable que mantiene la correlación de fuerzas para el campo popular y democrático.
La Asamblea
La Asamblea Legislativa, con la intención de legislar desde la base construyendo organismos de poder popular, en la perspectiva de romper esa costumbre de alzar siempre la mirada hacia el Estado para ver cómo respondemos a sus iniciativas, potencia el acumulado de protesta, movilización y articulación mediante la síntesis de mandatos populares para el corto, mediano y largo plazo.
En la convocatoria, en la que participaron 47 organizaciones, se enfatizaba en que para variar la correlación de fuerzas es necesario retomar los planes de vida, los pliegos sectoriales, las propuestas temáticas, las plataformas de lucha, las propuestas de paz y la agenda de la oposición parlamentaria construida en los últimos años, para unificar una base programática que derive en la constitución de un Bloque Popular y Democrático Alternativo. Alianza de organizaciones estimulada con una hoja de ruta para la movilización, la disputa de una agenda social y el mismo estímulo a la agenda de paz –ahora congelada en La Habana–, al tiempo que la lucha institucional/parlamentaria y el desarrollo de los gobiernos propios, tanto en lo rural como en lo urbano.
El punto fuerte de la Asamblea fue el trabajo por comisiones, donde cada uno de los asistentes expresó su opinión, en un ejercicio de democracia participativa subyacente en la idea de los mandatos populares. Ahí los asistente deliberaron sobre temas como: Movilización, unidad y organización, comunicación, formación, educación, cultura, arte, otras relaciones de poder –anti patriarcales–, tierras y territorios, lo ambiental y minero-energético, la agenda urbana, paz y DH, guardias populares, campesinas, cimarronas e indígenas, y la cuestión internacional.
Cada uno de estos escenarios arrojó un conjunto de mandatos a ser socializados e implementados en los territorios; así como una agenda de confrontación al gobierno de Duque durante el 2019 que, entre otros, incluya dos ejes claves: 1. Movilización nacional durante el primer semestre, en defensa de los territorios, por la solución política al conflicto social y armado, el cese de asesinatos de líderes y defensores de DH, el desmonte el paquete normativo antipopular de reformas: pensional, laboral y tributaria, y en rechazo a la reglamentación de mecanismos de participación y el derecho a la consulta previa; 2. La articulación política y programática para la participación en las elecciones municipales y departamentales del próximo año, que permita concertar mecanismos democráticos para la definición de las candidaturas y acordar mandatos que interpreten fielmente los intereses del pueblo colombiano.
¿Mandatar para construir el poder popular y la unidad?
Como lo expresa su declaración final, la ALP, con su perspectiva de “constituirse como un órgano coordinador del poder popular con expresiones territoriales, sectoriales y temáticas, que fortalezca los gobiernos propios, los mecanismos de defensa y protección de la vida y los territorios”, podría convertirse no solo en una respuesta coyuntural a los problemas del gobierno actual, sino en un intento, que tiene que ver con dar respuesta a la pregunta histórica sobre el qué hacer metodológico en las diferentes faces de la transición hacia una sociedad más libre e igualitaria. En ese proceso ¿qué es y cómo construir poder popular?
Según diferentes tradiciones, se ha planteado toda una gama de exigencias durante el trayecto de cambio, lo que se conoce comúnmente como las 3 fases: 1. “fase de acumulación de fuerzas”; 2. período de enfrentamiento, contando ya con fuerza sociales en capacidad de iniciar un nuevo ordenamiento social; 3. Consolidación, sin las fuerzas enemigas a la vista, de la construcción de una nueva sociedad.
Fiel a este esquema, es claro que en la primera fase es necesario destacar algo que es fundamental, y es que hay un conjunto de actividades que pueden y deben ser realizadas en el seno de la actual sociedad, actividades sociales y políticas que permitan un ejercicio de participación y resolución de problemas de la población. Estas actividades deben generar, al mismo tiempo, nociones y experiencias que contribuyan con el crecimiento de la consciencia y la confianza en las propias fuerzas, proceso que devendrá en la potencia capaz de confrontar el sistema y generar las condiciones para su ruptura. Esta primera fase es la etapa de la construcción del poder popular, de un pueblo fuerte.
Si en palabras de la declaración política de la Asamblea lo que se pretende con los mandatos es: “construir instrumentos que permitan confrontar el sistema capitalista y el régimen de dominación, en una perspectiva de unidad estratégica, profundizando la movilización y la construcción de poder popular”, podríamos decir que la propuesta de la Asamblea es interesante si plantea una solución al empantanamiento en el que se encuentra lo popular debido al desgaste táctico de movilizaciones, acuerdos con el gobierno e incumplimiento de los mismos.
Pero, para que no se repita lo sucedido con el Congreso de los Pueblos, esta nueva iniciativa debe también y sobre todo, superar el obstáculo que traen consigo los diversos modelos leninistas, persistentes en la inercia histórica de la izquierda colombiana, condicionada por circunstancias de sobrevivencia de su funesta experiencia, modelos que han impedido su real reconfiguración, ajustada a los cambios del mundo contemporáneo, con autocrítica sin tapujos, dejando a un lado su discurso panfletario, dogmático, sumamente simplista y distorsionante, que no se percata de la desconexión que tiene con las amplias mayorías del país.
La constitución de una Comisión de Seguimiento de la Asamblea, como mecanismo organizativo en el que tengan representación los procesos y organizaciones que se articulan, debería ser un espacio de dinamización de los mandatos a nivel regional y local, que fortalezcan el gobierno propio a través de alternativas, gestionadas por y desde las mismas comunidades, con base en el fortalecimiento de las guardias de distinta índole, como brazo ejecutivo y presencia real, visible, de las capacidades organizativas de los procesos, pues es así como se expresa el poder popular, que es poder político desde una visión libertaria e igualitaria.
Si los mandatos y la hoja de ruta, se territorializan, y se mejoran con la participación comunitaria local, este evento podría constituir un salto cualitativo hacia la unidad estratégica de los sectores alternativos, a partir del reconocimiento de las experiencias e iniciativas de coordinación y articulación sectorial, temática, territorial y nacional ya existentes. Solamente tejiendo desde abajo, como un experimento profundo de democracia participativa y comunitaria, es que tiene sentido una articulación desde arriba, como la planteada en la materialización de un Bloque Popular y Democrático, que es lo inmediatamente propuesta por esta ALP.
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