Más allá de lo deseado y soñado con los acuerdos de paz firmados entre Gobierno y Farc, Colombia no logra salir del ciclo de violación a los derechos humanos. Signada por la violencia, la muerte y la exclusión conservan sus dominios; la economía al servicio de los más ricos tampoco deja de ser. Motivos más que suficientes para que la escalada social en defensa de la vida gane nuevos picos en los años que se avecinan.
La respuesta del presidente Iván Duque para la Minga indígena realizada en el Cauca a lo largo de cuatro semanas, desnuda la tónica que tendrá el actual Gobierno, a lo largo de su periodo, para asumir las problemáticas sociales: por un lado la solución militarista, por el otro la estigmatización, criminalización, desprestigio y calumnias para quienes osen alzar su voz.
Esto ante lo social. Pero va más allá. Obstaculizar la Agenda acordada con las Farc, y boicotear diálogos posibles de paz, amparado en la “legalidad” –exigencia de sometimiento– es la otra cara de la misma moneda. Más guerra y polarización nacional están en la agenda, la cual ganará nuevos picos en la medida que el país ingrese en el periodo electoral territorial. Polarizar es parte de su estrategia para prolongar su dominio político, económico, militar y control social.
Movilización social, mecanismos para exigir garantías para la vida
La movilización social en Colombia ha sido un mecanismo permanente para la disputa de mejores cocdiciones de vida, así ha sido desde siempre y para todos los sectores sociales negados y/o excluidos. En la última etapa de la vida nacional este recurso también debe emplearse para exigir cumplimiento de lo firmado en protestas varias.
Ante estas constantes, y con la realidad que agobia a la sociedad en general, y a los movimientos sociales en particular, lo que veremos, por tanto, de acá hasta el 2022, será un sinnúmero de protestas sociales contra el gobierno de Iván Duque. Lograr su coordinación, bajo la sombra de una agenda común, sería el reto colecrivo para dejar atrás la dispersión, las agendas corporativas, y pasar a una ofensiva que arrincone al establecimiento.
Cómo no reclamar, cómo no movilizarse, cuando pareciera que son más importantes los problemas externos que los propios. La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha), en sus últimos tres informes referencia la situación de alta complejidad no atendida por la institucionalidad. Por ejemplo, el 28 de febrero en Tumaco (Nariño), se presentó el desplazamiento de por lo menos 190 personas como resultado de enfrentamientos entre grupos armados.
En el Carmen del Darién (Chocó) persiste una grave situación de confinamiento por combates entre la guerrilla del Eln y el Ejército, por lo cual alrededor de 356 indígenas se encuentran prácticamente confinados, con problemas de restricción para su movilidad. Aparte de ello, hay amenazas para quienes denuncian esta situación. Así mismo “[…] se destacan intimidaciones y amenazas por parte del Grupo Armado Organizados Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y del ELN contra líderes sociales que habitan estos territorios, causando temor en las comunidades […] La presencia de cultivos ilícitos y exposición directa a las hostilidades en la zona dado los intereses de los grupos armados, es un factor que agudiza la situación actual”1.
La situación de confinamiento, según medios de información nacionales, deja cuatro niños muertos. En San Calixto, Norte de Santander, se presenta la misma situación, 2.098 personas (600 familias) se encuentran confinadas, “[…] con restricciones a la movilidad, acceso a medios de vida, seguridad alimentaria, agua y cerca de 250 niños, niñas y adolescentes están afectados en su derecho a la educación […]”2. El día 8 de marzo, dos días antes de empezar la Minga por la vida, en Norte del Cauca fue asesinado el líder indígena Nasa Alexander Cunda en zona rural de Miranda. Entonces, frente a este panorama surgen preguntas como ¿Dónde está la institucionalidad? ¿Dónde está el gobierno? ¿Cuáles son las medidas preventivas más allá de la solución militarista? ¿Cuál es el plan para proteger a los líderes sociales? Si la Defensoría del Pueblo emite alertas tempranas para poder prevenir los asesinatos ¿por qué no las atiende el gobierno nacional?
Los ríos de sangre siguen creciendo en Colombia
En materia política, según el informe, ¿cuáles son las líneas comunes? Asesinatos de líderes sociales en el post Acuerdo (2018), es una de ellas. Desde la firma del Acuerdo de paz en 2016, hasta el 31 de julio de 2018, fueron asesinados 343 líderes y defensores de derechos humanos. Los picos más altos de asesinatos se presentaron en los periodos pre y post electorales, especialmente en el proceso del plebiscito por la paz en octubre del 2016, el inicio de la campaña electoral en 2017 y la primera y segunda vuelta presidencial –mayo y junio del 2018.
La violencia política en el post acuerdo se manifiesta en 27 de los 32 departamento del país. Como plantea la Defensoría del Pueblo (2019), los departamentos más críticos son: Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca, Caquetá, Putumayo, Meta, Nariño, Chocó, Arauca y Córdoba. Esta situación, de alta complejidad, pareciera no tener prioridad dentro de la agenda presidencial, legislativa y judicial del país. Lo más preocupante, como lo plantea el informe, tiene que ver con la impunidad que prevalece, la falta de medidas de protección y la omisión frente a los atentados contra el derecho a la vida de los líderes sociales. Los municipios con más ocurrencia de asesinatos contra líderes sociales y defensores de derechos humanos son Corinto y Caloto (norte del Cauca), Tumaco (Nariño) y Riosucio (Chocó)3.
El problema estructural del uso de la tierra
Otro factor que alienta las movilizaciones sociales tiene que ver con el programa nacional de sustitución de cultivos ilícitos. Los campesinos cultivadores de coca, agrupados en la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) anuncian protestas por el incumplimiento en este tema y por el planteamiento de retornar a las fumigaciones con glifosato4 como único mecanismo para combatir el narcotráfico.
El problema de la economía del narcotráfico y las rentas que esta produce tiene varias lecturas. Los cultivadores están en la base más primaria de la producción y son personas predominantemente campesinas, que acuden a esta economía por falta de garantías para desarrollar otro tipo de actividad agrícola. El aislamiento geográfico, la falta de infraestructura, el acceso restringido a mercados, la falta de asistencia técnica y la violencia en las áreas rurales, crean las condiciones para que se mantengan los cultivos de uso ilícito.
En el punto 4 de los Acuerdos de paz –referente a los cultivos de uso ilícito– está la solución básica a la problemática: la promoción de la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito, mediante la “transformación de las condiciones territoriales de las zonas afectadas y la generación de condiciones de bienestar para las comunidades […]”5. Esto se lograría con acuerdos de sustitución y no resiembra, planes de asistencia inmediata (planes de seguridad alimentaria), con la reforma rural del campo colombiano, más presencia del Estado desde una visión social y no militarista, y con una planeación participativa.
Según el reporte del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), la siembra de cultivos tuvo un incremento del 17 por ciento para diciembre del 2017, alcanzando 171.000 hectáreas. Los departamentos más afectados son Nariño, Putumayo, Norte de Santander y Cauca; territorios donde también, por demás, se presentan los picos más altos de violencia política, confrontaciones entre grupos armados y disputas sociales.
Avanzar en la defensa de la vida
En Colombia no existe la posibilidad de la participación social desprevenida y el ejercicio de la protesta sin ser amenazado o asesinado, lo que desprende un reto por encarar por parte de los movimientos sociales: la defensa de la vida y demas derechos humanos. Aunque vivimos en pleno siglo XXI, esta agenda nos regresa a realidades de los siglos XIX y XX, de tal tamaño es nuestra problemática. Precariedad social y política agudizada por gobiernos autoritarios, como el actual, convencidos que “la letra con sangre entra”. Todo un exabrupto que legitima la protesta social, cada día más necesaria para que la violencia no avance y para que la democracia tome realmente forma entre nosotros.
1 Ocha. (2019). Desplazamiento masivo en Tumaco (Nariño)-Transfronterizo. Recuperado de https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/flash-update-no-1-%E2%80%93-colombia-desplazamiento-masivo-en-tumaco-nari%C3%B1o-0
2 Ocha. (2019). Confinamiento en Jiguamiandó- Carmen del Darién (Chocó). Recuperado de https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/confinamiento-en-jiguamiand%C3%B3-carmen-del-dari%C3%A9n-choc%C3%B3
3 Defensoría del Pueblo. (10 de enero de 2019). “El riesgo de los defensores de derechos humanos merece mayor atención del Estado” Defensor. Recuperado de http://www.defensoria.gov.co/es/nube/noticias/7716/%E2%80%9CEl-riesgo-de-los-defensores-de-derechos-humanos-merece-mayor-atenci%C3%B3n-del-Estado%E2%80%9D-Defensor-Defensor-del-Pueblo-Carlos-Negret-Defensor%C3%ADa-derechos-humanos.htm
4 Prohibido a nivel mundial por sus afectaciones a la salud y el medio ambiente.
5 Oficina del Alto Comisionado para la Paz. (2016). El Acuerdo Final de Paz. La oportunidad para construir paz. Recuperado de http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/herramientas/Documents/Nuevo_enterese_version_6_Sep_final_web.pdf
* Sociólogo e Investigador Social de la Violencia Política y el Conflicto Armado Colombiano. Estudiante de Maestría en Sociología Universidad Nacional de Colombia. [email protected]
Referencias
Cinep, CCJ, IEPRI y otros. (2018) Informe ¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de Líderes Sociales en el Post Acuerdo. Recuperado de https://www.cinep.org.co/Home2/component/k2/655-informe-cuales-son-los-patrones-asesinato-de-lideres-sociales-en-el-post-acuerdo.html
OCHA. (2019). Restricciones al acceso en San Calixto-Catatumbo (Norte de Santander). Recuperado de https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/colombia-flash-update-n%C2%B0-1-restricciones-al-acceso-en-san-calixto
UNODC. (2018). Colombia. Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2017 resumen ejecutivo. Recuperado de https://www.unodc.org/mwg-internal/de5fs23hu73ds/progress?id=yzhySxvtKYjUTFRsbyQkH0eDCzNasoTxV8ZTl_7ecP0,
El Espectador. (12 de marzo de 2019). Mueren cuatro niños en Chocó a cauca del confinamiento. Recuperado de https://www.elespectador.com/noticias/nacional/mueren-cuatro-ninos-en-choco-causa-del-confinamiento-video-844524
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