Con un potencial electoral de 37’136.581 votantes, la sociedad colombiana está citada para el próximo 27 de octubre a una nueva elección de autoridades territoriales*, en esta ocasión para ejercer funciones durante el período 2020-2023. Tales funciones, por Constitución, son las de administrar recursos públicos, representar democráticamente a la comunidad, diseñar las políticas públicas y ejecutarlas, ordenar el territorio, y planear el desarrollo local y regional.
Convencidos de que esta es la mejor vía para la participación y para lograr o conservar el país que tienen, así como para reforzar u oxigenar la democracia realmente existente, 117.823 candidatos inscribieron su nombre con pretensión de ser elegidos para alguna responsabilidad territorial.
¿Qué tanto y tan bueno dan estos cargos, que un variopinto y voluminoso grupo de aspirantes los pretenden? Cada uno de quienes leen este editorial tendrá su respuesta. Aspiración de manejar los dineros públicos, aún más llamativa, toda vez que no son extrañas las amenazas, los atentados y los asesinatos de candidatos, sobre todo en territorios en los cuales el poder real está bajo el control de entes, organizaciones o personas al margen del Estado, en contra del aún existente, o como respaldo poco santo al que se prolonga, reformándose y ahondando sus capacidades y poderes, desde dos siglos atrás.
El copamiento de territorios por parte del factor para no es desconocido en el país, realidad que se extiende de diversas maneras en las zonas donde fueron claramente reconocidos y padecidos por la aplicación de un poder omnímodo de muchos años, el mismo que se amplía a otras zonas. El manejo de lo público, como resorte de clientelas (el escaso empleo que generan los municipios, además del desfalco de sus presupuestos), es reconocido por el poder tradicional como factor sustancial para mantener sojuzgadas a las mayorías.
En particular, el poder territorial del paramilitarismo sigue vivo. Después de largos años de operar el modelo de Justicia Transicional, establecido por la Ley 975 de 2005, conocido como Ley de Justicia y Paz o marco jurídico, promovido por el gobierno de Álvaro Uribe y aprobado por el Congreso para facilitar el proceso de desmovilización de paramilitares, los pocos magistrados encargados de aplicar la ley concluyen en que ésta sirvió para enjuiciar tan solo a los comandantes, pues los mandos medios continuaron ejerciendo su arbitrariedad y su potestad en las regiones donde dominaban. Además, los procesos adelantados han servido para demostrar las relaciones sistémicas e históricas entre paramilitares, terratenientes, partidos o grupos políticos del establecimiento, administraciones territoriales, fuerzas armadas y empresas transnacionales que explotan recursos locales. Peor aún, los líderes paramilitares, después de pagar una breve condena, están libres, como es el caso de su promotor en el Magdalena Medio, Ramón Isaza Arango, uno de los fundadores de las autodefensas y conocido narcotraficante a quien la Ley de Justicia y Paz le documentó y comprobó 3.000 hechos criminales que dejaron un saldo de 15.000 asesinatos entre 1977 y 2006. El 29 de enero de 2016, un juez especializado de Medellín ordenó la libertad de Isaza. Y así, los grupos y alianzas criminales y políticas campean a lo largo y ancho del país.
En todo caso, cualesquiera que sean las razones o los propósitos de los miles de candidatos inscritos, lo cierto es que su abultada cantidad no es despreciable. O la seguridad de que el Estado renta en buena cantidad y de manera suficiente, vía gobierno, pesa mucho a la hora de optar por ser elegidos, o en nuestro país existe conciencia y compromiso en cuanto a la democracia formal. Es fácil deducir cuál de las dos pesa más.
No hay que olvidar, asimismo, que el control de terratenientes, paramilitares, sectas religiosas, industriales, comerciantes, especuladores financieros, adheridos a partidos como el Liberal, Cambio Radical, Conservador, Centro Democrático, de la U, o determinantes en sus planes de gobierno, es la nota predominante por todo el país, ya que mantienen su control absoluto en gobernaciones, alcaldías, concejos municipales y Asambleas departamentales. Es así como el flujo entre lo nacional y lo territorial constituye una manguala y eficiente correa de transmisión que blinda los intereses de la minoría beneficiada de un modelo económico, político, social, militar, ambiental, comunicacional y cultural que mantiene en ascuas a las mayorías de quienes habitan en Colombia.
La aspiración por romper esta constante, a través de la formalidad, pretendido de la mayoría de fuerzas alternativas, no da cuenta de la imperante lógica legal-ilegal administrativa, la misma que tiene capacidad para tragar como agujero negro toda energía que se le acerque.
En esa lógica, y de manera también contradictoria con las dinámicas de la coyuntura territorial, y el esfuerzo depositado en estas elecciones por miles de conciudadanos que sueñan con justicia y paz, los liderazgos nacionales, las personalidades que figuran como cabeza de la izquierda o sectores afines, lo que realmente están pretendiendo con los resultados de octubre próximo es situarse lo mejor posible para las elecciones de 2022. De ahí la disputa que mantienen en la principal ciudad del país. Es así como el interés ciudadano queda sometido a la vanidad de los líderes y su no desmentido afán por la presidencia del país. Es esa una valoración del momento político y la definición de qué y cómo hacer, al margen de la participación de sus bases. Así, más allá de lo que digan y prometan, el camino que ahora se recorre es el mismo de los partidos tradicionales: decisiones verticales y disciplina autoritaria.
¿Fuga? ¿Maniobra?
Por no querer aparecer como candidatos de algún partido –pretendiendo ser vistos como ‘independientes’–, fueron inscritos 590 comités de grupos significativos de ciudadanos, de los cuales la autoridad electoral avaló 476. Estos grupos recogieron un total de 17’915.230 firmas. Dicen por ahí que una firma no se le niega a nadie, pero acá el esfuerzo de movilización y el derroche de dinero para sostenerla no es menor ni despreciable, pues las firmas recogidas se acercan al 50 por ciento del potencial electoral. Si al menos a la mitad de los abordados para solicitarle la firma los comités en cuestión le explicaron lo que pretenden con llegar a un puesto público, ya en esa sola acción estaría en marcha un experimento interesante de politización, sin reparar acá en el sesgo de la misma.
También en esto sabemos que muchos de tales esfuerzos son pagos, mecánicos, en no pocas ocasiones falsos, por lo cual la relación con quien es abordado no es para el diálogo y ahondar conciencia sino formalista –“Hágame el favor y firme acá…”. Valga resaltar que, de estos comités, 31 fueron inscritos para impulsar candidatos a gobernación, 336 para alcaldía, 19 para JAL, 200 para concejos municipales y cuatro para asambleas departamentales.
Si cada uno de los aspirantes a cargos con autoridad territorial contara en promedio con un equipo de 30 personas para discutir, definir y difundir las propuestas que debatieran y quisieran airear en sus territorios con sus vecinos, tendríamos algo así como el diez por ciento de la sociedad colombiana movilizada y organizada para una causa común. ¿Qué tal fuera esto así? Esa sociedad movilizada sería un inmenso potencial para el cambio o para el estancamiento social.
Lo cierto, todos lo sabemos, es que las candidaturas reúnen y movilizan gente por un período corto de tiempo, alrededor de una persona, no para discutir y definir programas que sometan y guíen el plan de acción de cualquiera de los inscritos. Lo hacen en lo fundamental para apoyar a alguien en particular, de quien esperan en un futuro cercano algún favor: puesto, contrato, en fin… Y los candidatos, también lo sabemos, participan tras la idea de conservar un puesto –un trabajo– o para acceder al mismo, bien pago, pero además de ello, abren espacios para llegar a ciertos niveles de poder, lo cual redunda en más y mejores clientelas.
Ante esta realidad, tenemos que lo conformado con estos procesos no son embriones de movimientos sociales, o la potenciación de los mismos, sino que lo así formado son clientelas que funcionan alrededor de una personalidad. Conservar la clientela es la principal preocupación del elegido en los siguientes cuatro años, de manera que en la próxima convocatoria sigan apoyándolo con su voto, para el mismo puesto o para uno superior.
Así, aunque no lo pretendan los candidatos, en vez de fortalecer la acción participativa de la ciudadanía, lo que hacen es deformarla y condicionarla, manteniendo o poniendo a cientos de miles de connacionales a vivir expectantes de lo que puedan sacarle al Estado, por vía sana o no tanto. Y todo esto prolonga y ahonda el poder realmente existente, es decir, la continuidad, así haya cambio en ciertos cargos y se aprueben ciertas medidas que eventualmente mejoran la redistribución de la renta en uno u otro sector social.
De este modo, como complemento de lo anotado, y contrariamente a los liderazgos colectivos, lo que se recrea con este proceso son dependencias y liderazgos individuales –personalismos– que, llegado el caso pueden transformarse en gamonalismos y deformaciones autoritarias similares. “Yo te ayudo, tú me ayudas” “Cómo voy yo” (el famoso CVY), esos son los lemas que están en la base de esta dinámica, sin tener espacio la consigna que debiera resaltar: “nosotros participamos, todos decidimos, el candidato obedece”, como también pudiera ser: “autonomía para construir poder territorial, todos opinamos, todos decidimos, todos gobernamos, alguien/algunos –con cargo rotativo– administra(n)”.
Entre tanto, de lo que aquí se trata es de una participación institucionalizada, reglada, delimitada y hasta condicionada; poco o nada pueden hacer las autoridades territoriales alternativas para torcerle el pescuezo al heredado statu quo reinante y prolongado hasta el cansancio y la injusticia total en Colombia.
Como es obvio, lo máximo que un alcalde puede hacer durante su mandato es administrar de la mejor manera posible los dineros públicos, dándoles un efectivo direccionamiento y ejecución final. No mucho más. Los temas gruesos (modelo económico, doctrina militar, relaciones internacionales, matriz energética, etcétera) son del resorte del gobierno nacional. Más limitado aún si no cuenta con mayorías en el concejo de la ciudad, lo cual lo obliga a realizar permanentes malabarismos burocráticos para no terminar bloqueado hasta en sus proyectos menos ambiciosos.
Es esta una realidad que demanda de la autoridad municipal, que de verdad está dispuesta a liderar un cambio más allá de lo cosmético, a blindarse de imaginación y voluntad de lucha, y lanzarse a la acción pública, concitando a la ciudadanía a la movilización y la demanda de cambio en los proyectos de ciudad, para que en esa forma lo público sea revisado por el concejo municipal y se mejore el recaudo impositivo con cargo a los ricos, o tal vez se recuperen y se hagan de nuevo públicos algunos bienes privatizados en administraciones anteriores.
En esa brega, revisar el POT heredado, y con ello atacar el desastroso modelo urbano que impera por todo el país, ya sería una hazaña, difícil de cuajar toda vez que tocaría confrontar como un solo cuerpo a los mayores grupos de intereses existentes en un territorio dado: constructores, urbanizadores, transportadores, comerciantes, etcétera. Es decir, el mayor y mejor proyecto que un alcalde con vocación de cambio real puede liderar es la potenciación del liderazgo y la decisión colectiva de acción directa y cambio efectivo. De lograr este propósito, con alcalde o sin él, durante su gobierno o más tarde, las mayorías pudieran conseguir lo que se propongan. Potenciación de liderazgo también posible de concretar sin el apoyo de lo institucional, siempre y cuando las fuerzas alternativas recuperen la esencia de su proyecto: la conexión con las mayorías, en sus territorios, acompañando, escuchando, procesando, potenciando liderazgos colectivos, estructurando agendas de mediano y largo plazo a partir de la discusión cotidiana y la racionalización efectiva de las experiencias de lucha de esas mismas comunidades, estimulando el germen de gobierno propio a través de encarar la solución de los problemas de servicios públicos allí donde su prestación sea precaria o no exista, o alentando la apertura de experiencias productivas y de mercadeo solidario, germen de una nueva economía y de un nuevo sentido de lo público, en que el lucro deja de ser su centro. Esto, entre algunas de las gestiones que todo gobierno debe adelantar para garantizar (garantizarse como comunidad en este caso) felicidad y vida digna entre los suyos.
Igual cosa sucede en el campo de los gobiernos departamentales, una figura venida a menos, que cuenta con recursos insuficientes para hacer sentir su mandato en todo el territorio que ocupa un departamento; mandato que, para generar algún ruido –alguna transformación de lo heredado–, debiera contar con el apoyo de la mayoría de alcaldes que hagan parte del territorio en cuestión. Realidad difícil de acordar, lo que aleja la posibilidad de una acción coordinada en temas como demografía-territorio, ambiente, minería, manejo de aguas, bosques, crecimiento de ciudades y orientación de las mismas, educación superior, investigación y ciencia, servicios públicos, derechos humanos.
¿Qué espacio y qué posibilidades reales le quedan en un concejo municipal o asamblea departamental a quien es golondrina en medio del invierno y no cuenta con una base social real? Es innegable que los esfuerzos dedicados por quienes comulgan con la participación formal/institucional son mayúsculos, y los resultados muy por debajo de lo que se proponen en cada período electoral. Una evaluación de esta realidad debiera darle paso a un debate dentro de las colectividades alternativas, sacando conclusiones sensatas, rompiendo ideologismo y valorando la posibilidad de un giro en sus estrategias de participación, acción cotidiana, y formatos de gobierno y poder.
Como lo han demostrado las consultas mineras, estas pueden salir avante sin el apoyo de las autoridades territoriales, aunque en varias de las experiencias vividas las mismas se han plegado al liderazgo comunitario, muestra de que es posible administrar y ser gobierno sin necesidad de copar lo institucional. Autonomía, autogestión y socio-centrismo conforman un triángulo necesario para la resistencia y la implementación de planes de vida alternativos, con los cuales, y en proceso de materialización de los mismos, la democracia dejará de ser formal para ser real. En efecto, otra democracia que sí es posible.
Las lecciones son para aprenderlas. Si los mejores resultados proceden de la acción directa, ¿para que invertir pólvora en gallinazo?
*Esta población electoral podrá elegir 1.101 alcaldes, 32 gobernadores, 1.101 concejos municipales, 32 asambleas departamentales, 1.040 JAL, 12.063 concejales, 6.814 ediles y 418 diputados.
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