¡Negociazo!

Imagínese que usted tiene un sitio de diversión el cual funciona en toda hora y tiempo. Imagínese que un día cualquiera le llega una notificación con la cual le informan que por lo menos por el próximo año, o tal vez más, no puede ofrecer los servicios que le han caracterizado. Un año o más, tiempo durante el cual usted no prestará servicios pero sí tendrá que pagar impuestos de todo orden, celaduría, además de hacerle mantenimiento a su local pues, como todos sabemos, el paso del tiempo deja sus huellas: humedades por aquí, goteras por allá, caída de la pintura, y muchas cosas más.

Bien. Usted tendrá gastos pero no ingresos. Y en eso pasa una persona cualquiera y le dice: arriéndeme ese local y pongo ahí un servicio que requiero y para el cual usted no está impedido. Arriéndeme, pero le pago un poco menos de lo que me está diciendo. Claro, usted se hace el duro mientras piensa que con el dinero por recibir podrá darle mantenimiento al menos por un año al local, pagar la celaduría, cancelar servicios públicos, además de ganar algo, y el tiempo que le piden en arriendo el local es por tres meses. ¡Solo tres meses! Usted mira a su futuro arrendador, parece mostrar cara de duda, pero por dentro sabe que lo que tiene ante sí es un negociazo.

Algo similar le sucedió a Corferias con la alcaldía de Bogotá. Con 90 mil metros cuadrados construidos, este recinto de ferias, propiedad de importantes capitalistas de Bogotá y del resto del país, varios de ellos asociados en diversas compañías (Cuadro 1. Algunos de sus propietarios), quedó como elefante muerto tras desatarse la crisis de salud producto del covid-19. Un año o más sin funcionar, ¿cuánto vale mantener 90 mil metros cuadrados construidos? Y en eso aparece la ciudad, a través de su Alcaldía, y le propone que le alquile 15 mil metros cuadrados para instalar allí un centro hospitalario con 2.000 camas para atender los miles de infectados que se supone tendrá la ciudad producto de la pandemia en los meses inmediatos, los que superarán la capacidad instalada de camas para emergencias respiratorias con que cuenta la urbe.

El contrato alcanza la cifra de $ 5.079.920.823 pesos y cubre un periodo de tres meses. Corferias gana, y se supone que la ciudad también. (Cuadro 2. Lo que cobra Corferias)

Todo parece estar bien, pero pensando en la necesidad que tiene la urbe de ampliar la capacidad hospitalaria con que cuenta, la inquietud es, ¿por qué el gobierno de la ciudad, no optó por lo público fortaleciendo sedes hospitalarias ya existentes, algunas con espacio físico por adecuar e instalar allí las unidades de emergencia que demanda la crisis del covid-19? Es conocido que una parte del San Juan de Dios está en condiciones de entrar en funcionamiento con doscientas camas, ¿por qué no se consideró esa opción? ¿Por qué se privilegió lo privado a lo público, en momentos donde es evidente el deterioro de la red pública hospitalaria de la capital del país?

La inquietud vale la pena ya que la cifra comprometida en el contrato de marras le facilitaría a la ciudad conservar, una vez pasada esta crisis, una mejor y mayor capacidad de atención de urgencias, algo que en todo momento le hace falta a cualquier urbe. Es decir, era necesario valorar la posibilidad de una inversión con beneficio por años y no, como en el caso de Corferias, para un beneficio medible en el corto plazo. Una inversión que, por demás, demandará más dinero ya que como es evidente, ante la no resolución de la crisis de salud en curso tendrá que firmarse un otro sí para prorrogar el contrato de marras, el cual, por la cantidad de meses que faltan para que el covid-19 no sea amenaza muy seguramente le demandará a la ciudad invertir en Corferias muchos miles de millones de pesos (Recuadro 3. Condiciones para otro sí).

Además, ¿por qué no se le informó a la ciudadanía sobre este particular? Tal vez no sea asunto de corrupción pero sí de administración pulcra y eficiente, para que exista la cual hace mucha falta la participación directa y determinante de las organizaciones sociales, tanto para perfilar los proyectos como para hacerles seguimiento.

¿Este tipo de contratos le facilita a la alcaldesa la gobernabilidad? ¿neutraliza y gana con ello posibles y poderosos contradictores? Si así fuera, ¿cómo catalogar este proceder?

Recuadro 3.

Condiciones Otro Sí

“PARÁGRAFO PRIMERO: El presente contrato podrá ser prorrogado por acuerdo escrito de LAS PARTES treinta (30) días antes de su finalización, caso en el cual además de mantenerse vigentes todas las obligaciones iniciales se reconocerá como valor adicional el alquiler de los bienes utilizados para el montaje, las adecuaciones básicas y los equipos sanitarios por un valor proporcional al indicado en la cláusula cuarta, esto es, tomando el valor total indicado en la citada cláusula dividido por tres y multiplicado por el número de meses adicionales acordados por LAS PARTES en la prórroga”.

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