Este artículo describe el comportamiento del mercado laboral durante los meses de agosto de 2019-2020, presenta un perfil del director de la recién constituida Misión de Empleo, lo que permite comprender hacia dónde se dirigen las reformas laborales que pretende el actual Gobierno, y explica el Decreto 1174 del 27 de agosto de 2020 expedido por el Gobierno y que condujo al retiro de la participación de las organizaciones de los trabajadores de la Misión a la que habían sido convocados.
El impacto generado por el nuevo coronavirus estimuló un giro decisivo en aspectos como el impulso a la productividad, la implementación de la 4ª revolución industrial (ver diagrama), la intensificación de la explotación de la fuerza de trabajo y, por ende, la elevación de las ganancias del capital. Estos cambios venían operando desde principios de siglo XXI, pero a un ritmo más lento. La gran perdedora de esta disrupción tecnológica es la clase trabajadora. Muchas empresas aseguran que el teletrabajo promueve la hipereficiencia laboral, pues la productividad del trabajo se ha elevado hasta en un 50 por ciento. Pero el costo emocional, somático y social de esta modalidad durante el confinamiento es alto. Se hace realidad, entonces, la advertencia de Marx en los Manuscritos económicos filosóficos de 1844: “La Economía Política sólo conoce al obrero en cuanto animal de trabajo, como una bestia reducida a las más estrictas necesidades vitales”.
Según un nuevo estudio de Oracle y Workplace Intelligence, una firma de investigación y asesoría de recursos humanos, la pandemia hizo del 2020 el año laboral más estresante de la historia a nivel global. El 70 por ciento de las personas consultadas ha tenido más estrés y ansiedad en el trabajo este año que en cualquiera anterior. De esta manera, las nuevas presiones generadas por la pandemia global se han superpuesto a los factores de estrés cotidiano en el lugar de trabajo, incluida la presión para cumplir con los estándares de desempeño (42%), el manejo de tareas rutinarias y tediosas (41%) y el malabarismo con cargas de trabajo inmanejables (41%).
Es así como el sistema mundo capitalista logra reactivarse al cien por ciento y recuperar sus ganancias pero con un 20 por ciento de trabajadores menos (las cargas se redistribuyen entre el 80% de empleados que logra mantener su puesto de trabajo). La crisis del desempleo se vuelve estructural y crónica. Si la oferta es mucho mayor que la demanda, advbertía también Marx, una parte de los obreros se hunde en la mendicidad o muere por inanición.
En Colombia, el Gobierno ha creado la Misión de Empleo proyectada para funcionar entre los meses de agosto de 2020 y 2021. Cuatro son las razones que han impulsado la conformación de la Misión: i) deterioro reciente de los principales indicadores laborales acentuados por el choque del covid-19; ii) cambios en la estructura del empleo y el surgimiento de nuevas formas de contratación; iii) fenómeno de migración; iv) carencia de un balance general de las intervenciones públicas en los temas laborales y de las nuevas instituciones.
El objetivo de la Misión es diseñar estrategias e instrumentos de política viables para mejorar el desempeño del mercado laboral. Las temáticas que abordará son cuatro: i) protección social al trabajador; ii) determinación de salarios; iii) formación para el trabajo y el desarrollo humano; iv) análisis de reformas pasadas y recientes del mercado laboral.
El jefe de la Misión es Santiago Levy, político y economista nacido en 1956 en la ciudad de México; es egresado de la Universidad de Boston. Su pensamiento es una mezcla de neoliberal-institucionalista. De 1994 hasta 2000, sirvió como subsecretario de egresos en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el gobierno de Zedillo (1994-2000) convirtiéndose en el arquitecto principal del conocido programa social Progresa-Oportunidades (hoy Programa Prospera) que beneficia a las personas con carencias económicas. Fue, además, director del Programa de Desregulación Económica de México. Recientemente se desempeñó como vicepresidente de Sectores y Conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Su “mantra” de economía política es acabar con el sector informal bajo una filosofía de darwinismo social “solo sobreviven los más fuertes” (quitándole toda clase de subsidios y estímulos de política pública), fortalecer al gran capital (reduciéndole impuestos) y universalizar la seguridad social (financiándola con un mayor IVA a todos los bienes y servicios, incluidos los alimentos y medicamentos esenciales, y pagado por todas las personas independiente de su capacidad de pago), todo en el marco del libre mercado o libre competencia, el Estado mínimo y el modelo neoliberal.
Con anterioridad a la actual, operó en Colombia la Misión dirigida por el economista norteamericano Hollis Chenery, conformada en el segundo semestre de 1984 para elaborar un diagnóstico y una estrategia sobre el desempleo en Colombia. El informe final, presentado en 1986, diagnosticó que la tasa de desempleo de largo plazo era del 10 por ciento, compuesto de 8 puntos por razones estructurales y 2 por razones del ciclo económico. Las razones estructurales expuestas fueron la inflexibilidad de los contratos, los costos de la contratación y las fallas en el sistema de formación. Las propuestas fueron: i) flexibilizar los contratos y costos de despido, ii) reducir costos inherentes al contrato: a) retroactividad cesantías, b) parafiscales, c) horas extras, y iii) reestructurar el sistema de formación para el trabajo, SENA. Las reformas laborales a que condujeron las recomendaciones de la Misión Chenery quedaron plasmadas en la Ley 50 de 1990 (flexibilización laboral), la Ley 100 de 1993 (elevación de tarifas y privatización de la seguridad social en salud y pensiones), la Ley 789 de 2002 (eliminación de horas extras y ampliación de la jornada de trabajo) y la Ley 1607 de 2012 (desmonte de parafiscales a cargo de los empresarios, y aumento de la carga de los trabajadores).
Desempeño del mercado laboral colombiano agostos 2019-2020
En la jerarquía del sistema económico-financiero mundial, el nuestro es un país periférico. La dinámica de largo plazo de la economía nacional es dependiente y está imbricada en los ciclos globales; sin embargo, las oscilaciones e inestabilidades generadas en los países hegemónicos tienden a provocar alteraciones bruscas en el desarrollo del país. En Colombia han perdurado las instituciones políticas y económicas extractivas; la demanda del resto del mundo por materias primas y productos minero-energéticos es el principal motor de la economía nacional.
En los últimos setenta años, la economía mundial y la del país describen dos ciclos: el primero, entre los años 1950 y la primera mitad de la década de 1990; el segundo, entre finales de los años 1990 y 2020. Actualmente el sistema productivo y financiero global está en la fase descendente del ciclo. La pandemia planetaria ocasionada por el nuevo coronavirus, las cuarentenas impuestas y el freno a la actividad económica aceleraron la tendencia recesiva, ocasionando una significativa caída del PIB en 2020. De acuerdo con los pronósticos del Fondo Monetario Internacional (FMI), publicados en días recientes en sus “Perspectivas de la economía mundial”, la contracción del PIB mundial será de 4,4 por ciento este año y la previsión para Colombia es de -8,2.
De otra parte, en Colombia se registra un desajuste estructural y crónico entre la oferta de fuerza laboral (crecimiento de la población económicamente activa -PEA) y la demanda (dinámica de la población ocupada –PO). Durante los últimos setenta años, la tasa de desempleo registra dos fases: durante el período 1950-1965, la desocupación fue menor a dos dígitos, manteniéndose en un intervalo entre 2 y 8 por ciento; a partir de 1966 la exclusión laboral tiende a mantenerse sobre los dos dígitos, alcanzando dos picos, uno en el año 2000 de 19,7 por ciento y otro en mayo de 2020 de 21,4. La conjunción entre recesión económica y crisis de la salubridad pública evidenció la fragilidad del mercado laboral y de la economía colombiana. El cambio en la tasa de desempleo entre enero-mayo de 2020 (en puntos porcentuales) estuvo muy por encima de otros países: en Colombia aumentó en 10,2; en los países de la Ocde en 3,2; en Chile 2,8; en México 0,6; en Corea 0,6. Entre los empleos destruidos en Colombia, las principales afectadas resultaron ser empleos de mujeres (60% de los puestos de trabajo perdidos); la reducción en población ocupada joven (personas entre 14 y 28 años) fue de 23 por ciento.
El gráfico 1 describe el comportamiento de las principales variables del mercado laboral en Colombia durante el período 2001-2020.
Entre los meses de enero-abril de 2020 se destruyeron en Colombia 5,2 millones de puestos de trabajo. En diciembre de 2019, la tasa de desempleo fue de 9,5 por ciento, en enero de 2020 aumentó a 13 y en mayo escaló a 21,4. En agosto, producto de la reactivación económica en medio del furor de la pandemia (Colombia ocupa el 5º lugar entre los países del mundo con mayor número de contagios: un millón de personas infectadas y 30.000 han muerto por causa del covid-19), la tasa de desempleo se colocó en 16,8 por ciento.
Los infogramas adjuntos describen las variaciones absolutas y relativas de la población total, en edad de trabajar, económicamente activa, ocupados, desocupados e inactivos. La población total aumentó en 1,1 por ciento y la población en edad de trabajar (personas de 12 años en adelante para las zonas urbanas y de 10 años en adelante en las zonas rurales) en 1,3. La población económicamente activa (en edad de trabajar y que quieren y necesitan trabajar) se redujo en 4,6 por ciento producto de la falta de oportunidades, caída en la oferta de empleos y pérdida de esperanza en encontrar alguna ocupación remunerada. Los ocupados cayeron un 10,9 por ciento (2,4 millones de ocupados menos) y los desempleados aumentaron un 48,1 (1,3 millones de desocupados más). La población inactiva (personas en edad de trabajar no ocupadas ni buscando trabajo) aumentaron 11,2 por ciento (se sumaron 1,6 millones de personas más) debido a su salida forzosa del mercado laboral.
La mayoría de ramas de actividad registra destrucción de puestos de trabajo entre los meses de junio-agosto de 2019 a junio-agosto 2020. Por encima del promedio del -16,2 por ciento de caída en la ocupación se encuentran seis ramas de actividad económica de las 15 en que se clasifica la economía nacional: Industrias manufactureras (-17%), Alojamiento y servicios de comida (-28,5%), Transporte y almacenamiento (-20%), Actividades inmobiliarias (-21,5%), Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana (-18,4%) y Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios (-29,3%).
Lo que se espera de la Misión de empleo
Santiago Levy, el jefe de esta Misión, sobresale en su país por sus posturas neoliberales, por la defensa de las soluciones óptimas del mercado y su apología del capitalismo darwiniano. Su libro más conocido es “Esfuerzos mal recompensados. La elusiva búsqueda de la prosperidad en México” del año 2018. El análisis comienza después de la crisis financiera de México de 1994–1995 y acaba antes de que en México se sintiera alguna posible incertidumbre a propósito del futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte después de la elección presidencial de 2016 en Estados Unidos. El libro intenta desplazar el debate sobre el crecimiento en México de una discusión sobre las políticas que influyen en la acumulación de capital humano y físico, a una discusión sobre las instituciones y políticas que impiden el uso eficiente del capital humano y físico del país (y que, a su vez, reducen los incentivos para acumular capital físico y humano).
Levy argumenta que México asigna demasiados recursos a empresas con trabajadores no asalariados en comparación con empresas con trabajadores asalariados, y dentro de estas últimas, a aquellas que incumplen las regulaciones laborales, tributarias y de seguridad social. Por tanto, México induce la dispersión de la producción en empresas más pequeñas. Además, México favorece la entrada de nuevas empresas en lugar del crecimiento de las ya existentes, aun cuando las ya existentes tengan mayor productividad; paralelamente, permite la sobrevivencia de empresas de baja productividad y la salida de empresas de alta productividad.
En el nivel más general, la monografía argumenta dos puntos: i) la mala asignación es la parte central de la explicación de por qué la productividad y el crecimiento en México se han estancado; ii) la mala asignación es el resultado de políticas e instituciones que influyen en las decisiones de los empresarios y trabajadores en dimensiones perjudiciales para la productividad, y no de deficiencias subyacentes de sus características o habilidades (en términos de asunción de riesgos, esfuerzos de ahorro, creatividad, educación o disposición para trabajar, aprender o innovar).
El economista concluye que una nueva perspectiva es esencial, que reconozca que empresarios y trabajadores interactúan en un contexto social, y que la calidad de sus interacciones –las empresas que crean, destruyen, cultivan o castigan– depende de la calidad de ese contexto. La actividad económica en el país no puede divorciarse del contexto social más amplio en que esta actividad se lleva a cabo. Una política económica que ignora las instituciones sociales es una mala política económica, y una política social que ignora los incentivos económicos resulta en una economía pobre. Es difícil que el crecimiento incluyente se produzca en el marco de instituciones excluyentes y deficientes.
Levy cree que la magnitud del sector informal es la causa del estancamiento económico y la baja productividad y no su síntoma. Se preguntó cómo era posible que habiendo México logrado la estabilidad macroeconómica y el aumento del capital humano (escolaridad y salud), no había logrado un crecimiento rápido de la economía ni una reducción significativa de la pobreza. Encontró la causa en el casi nulo aumento de la productividad (total o conjunta de los factores) de la economía, lo que se explicaría, a su vez, porque el país invierte demasiado en el sector informal de la economía y muy poco en el formal. La heterogeneidad de la economía de su país, al igual que la colombiana, es muy alta.
En materia de informalidad y productividad, Levy está descubriendo el agua tibia; estas materias se analizaron con profundidad desde los años 60 en América Latina.
Carlos Salinas de Gortari fue presidente de México durante 1988-1994, sexenio dominado por el pensamiento neoliberal y durante el cual se dieron importantes cambios económicos, entre ellos firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, privatización masiva de empresas estatales, incluida la banca, y la implementación del Programa Nacional de Solidaridad. Santiago Levy ha apoyado todos los gobiernos neoliberales de México desde entonces. Levy fue el diseñador principal del programa antipobreza Progresa-Oportunidades-Prospera (POP), siendo Subsecretario de Presupuesto en el Gobierno de Zedillo (1994-2000), que el nuevo gobierno de México ya desapareció. En Colombia estos programas se conocen con el nombre de transferencias condicionadas, como “Familias en acción” y “Jóvenes en acción”.
El Jefe de la Misión de Empleo en Colombia propone continuar con el POP pero institucionalizándolo y mejorar la calidad de la educación y de los servicios de salud. Apoya la universalización de la atención a la salud y el acceso a la seguridad social, desligando ambas del empleo pero propone, como lo ha hecho siempre, financiar esa universalización con un IVA alto y aplicado a todo el mundo y a todos los bienes y servicios (incluso alimentos básicos y medicinas). Afirma que hay que trascender los programas sociales, insinuando que la política económica debe ser el instrumento principal para reducir la pobreza, tesis a la que llega tarde y cuando ya no funcionará por la implementación de la 4ª revolución industrial y la automatización creciente de los procesos productivos. Levy sabe poco del mercado de trabajo y no entiende los efectos de la globalización, la automatización, las contradicciones del sistema mundo capitalista y los antagonismos capital-trabajo, que son centrales para (fuera de las pandemias) entender la dinámica de los mercados de trabajo.
Con seguridad, la Misión propondrá quitar toda clase de apoyos a la economía informal y bajar los impuestos al capital, reducir aún más los parafiscales que financian –por parte de los empleadores– parcialmente la seguridad social. Con otros fondos o recursos provenientes de una reforma tributaria estructural la Misión buscará ampliar la cobertura de la seguridad social, pero ello no aumentará el empleo que depende de la dinámica económica y de la rapidez de la automatización. Las centrales obreras y, en general, todos los sindicatos colombianos y clase trabajadora deben proponer la reducción de la jornada semanal de trabajo sin reducción salarial, apoyar la universalización de la seguridad social, promover el ingreso ciudadano universal –gradual y anti cíclico– y profundizar la democracia con la participación real y decisoria de los trabajadores en lo referente a las políticas públicas y el modelo de desarrollo.
La expedición del Decreto 1174, aperitivo de la reforma laboral
Los centrales obreras CUT, CGT, CTC y las confederaciones de pensionados CDP y CPC, convocados por el gobierno nacional para integrar la Misión de empleo, se retiraron de la misma hasta tanto el ejecutivo derogue el Decreto 1174 del 27 de agosto de 2020, violatorio del Artículo 48 de la Constitución Política de Colombia (CPC) que consagra el derecho a la Seguridad Social.
Además, la expedición de este Decreto se realizó sin que el Gobierno lo sometiera primero a consideración de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, infringiendo de esta manera el Artículo 56 de la CPC que afirma: “Una comisión permanente integrada por el Gobierno, por representantes de los empleadores y de los trabajadores, fomentará las buenas relaciones laborales, contribuirá a la solución de los conflictos colectivos de trabajo y concertará las políticas salariales y laborales”.
El Decreto 1174 recorta los derechos legalmente adquiridos, desestabilizando la garantía democrática de lo logrado al amparo de la ley, vulnerando la seguridad jurídica, esencia del Estado social y democrático de derecho. Las normas recién expedidas consagran una figura nueva dentro del ordenamiento jurídico colombiano, que agrega una especie de nuevo pilar precario al sistema general de seguridad social o paralelo al existente. Ahora un trabajador o trabajadora, pese a tener contrato laboral o de prestación de servicios, por el hecho de no completar por concepto de salario u honorarios mensuales un salario mínimo legal mensual, ya no estará vinculado al Sistema General de Seguridad Social Integral como afiliado dependiente o independiente con ingresos. Este Decreto también es una invitación hecha a los empresarios para reenganchar trabajadores, bajo la modalidad de contratación por horas y con absoluta flexibilización y precarización laboral.
El decreto 1174 viola también la recomendación 111 de la OIT de 1958 que en su numeral 2 literal b número 6, extiende la formulación y aplicación de la política de no discriminación a la protección de la seguridad social, servicios sociales y prestaciones sociales en relación con el empleo, y en su numeral 6 establece que la aplicación de la política de no discriminación no debería menoscabar las medidas especiales destinadas a satisfacer las necesidades particulares de las personas a las que, por razones tales como el sexo, la edad, la invalidez, las cargas de familia o el nivel social o cultural, generalmente se les reconozca la necesidad de protección o asistencia especial. Todo lo anterior, en concordancia con el Convenio 111, sobre el tema de la no discriminación.
Además, la norma contraviene el Convenio 102 de 1951 de la OIT sobre la Seguridad Social y la Recomendación de 1944 sobre Seguridad de los medios de vida, puesto que desconoce cómo dichos sistemas fortalecen la cohesión social y son la clave para garantizar la distribución justa de los beneficios del progreso para todos y el crecimiento sostenible, con una elevación en los niveles de vida. De igual forma desconoce los pisos de protección regulados por la Recomendación 202 de la OIT para los que no tienen nada, el Protocolo de San Salvador y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que reconocen la Seguridad Social como un derecho humano, así mismo, el principio de progresividad.
En conclusión, las organizaciones de los trabajadores afirman de manera concertada que es necesario convocar la Comisión Nacional de Concertación, que es del más alto nivel (gobierno, empleadores y trabajadores), con poder decisorio. Las centrales obreras exigen al gobierno, como condición para retornar a la Misión de Empleo, además de la derogatoria del decreto en mención, el compromiso público solemne y vinculante de que no se llevará al Congreso de la República ninguna propuesta de reforma que no haya sido aprobada en la Comisión de concertación de políticas sociales y laborales y que no se utilizarán las facultades de emergencia económica disponibles para tomar decisión alguna que modifique el régimen laboral vigente, precarice aún más el mercado de trabajo y atente contra el bienestar y la dignidad de las clases trabajadoras.
Es una actitud positiva la tomada por las organizaciones sindicales, pero el debate que proponen deben extenderlo a toda la sociedad a través de diálogos de diverso tipo, así como de campañas informativas. La pandemia no puede pasar sin dejarnos lecciones positivas y sin que implementemos cambios en nuestras formas de hacer. El mundo sindical no puede ser solo para quienes están asociados en él, precisamente lograr una mayor tasa de sindicalización obliga a desnudar toda esa campaña desinformativa que por años ha imperado sobre su carácter, razón de ser y funcionamiento real. Medida que debe ir aparejada con la defensa abierta de la necesaria regulación de la inmensa informalidad hoy imperante, sin que ello implique bajos salarios ni el desconocimiento de los pocos derechos aún no perdidos por hombres y mujeres que cada día marcan el reloj al llegar a la empresa.
Una ocasión para iniciar este ejercicio público, de politización social, son los días previos e inmediatamente posteriores al paro nacional del 21 de octubre, antecedido por la importante minga procedente desde el Cauca y que, con su fuerza humana y denuncia de los incesantes homicidios que los afecta, de la criminalización de la protesta social y de la práctica desaparición de los pocas formas democráticas que aún subsistían en el país, conmueve a la sociedad colombiana país. La ocasión es optima, entonces, para liderar un debate que confronte la visión de sociedad imperante desde siempre.
En ese ejercicio, en todo caso, quienes viven de la venta de su fuerza de trabajo poco pueden esperar de la Misión de Empleo, la que sin duda no alcanzará a postular las necesarias reformas para avanzar, sin desconocer los derechos de todo tipo que aún gozan los trabajadores, en medidas que por un lado quiebren las altas tasas de desempleo que registra el país y que se han tornado permanentes y, por otro, que reafirmen estabilidad laboral, mejoría en el salario, el trabajo digno y la democracia plural y radical.
* Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desdeabajo.
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