Los antecedentes de desindustrialización, desplazamiento desde el Pacífico y el norte del Cauca vinculado al despojo narcoparamilitar y a la violencia socio política entorno a la tierra, de segregación urbana y el declive de una centenaria dirigencia política de élites conservadoras y racistas, aunados a un panorama actual de degradación de todos los índices socioeconómicos, acumularon el inconformismo y la rabia social que el país vio estallar en Cali a partir del 28A bajo las claves de una subjetividad juvenil renovada.
La particular intensidad con que se ha vivido el paro nacional en la ciudad de Cali, tanto en la masividad de las movilizaciones como en la respuesta brutal del binomio Ponal-Esmad bajo el mando del Ministro de Defensa y del Presidente Duque, rebautizó la ciudad, de la sucursal del cielo a la sucursal de la resistencia.
Se ha dicho que lo ocurrido en Colombia a partir del 28A es un “estallido social”. Una especie de olla pitadora abandonada al fuego que la presión acumulada hizo estallar. Los estallidos sociales tienen de común que se dan por un acumulado de demandas insatisfechas de diversa índole, dispersas, desarticuladas, que en su conjunto expresan un malestar social acumulado o un estado reprimido de indignación social, y que se manifiestan colectivamente con un detonante, un florero de Llorente, una gota que rebasa la copa; el famoso “no son treinta pesos son treinta años” después que las chicas en la estación del metro en Santiago de Chile saltaran la registradora en rechazo a la subida de los pasajes.
La multiplicidad de demandas de los autoconvocados que rebasó las de los convocantes, hacen parte del malestar social acumulado y del mar de indignaciones reprimidas. El estallido, descentralizado, con la ausencia de una dirección delimitada y multiplicidad de direcciones difusas, sobrepasó así todas las estructuras sociales y políticas construidas por el conjunto de las organizaciones existentes. Solo una variedad de circunstancias vinculadas a esos malestares e indignaciones, que convergen en el estallido social, pueden explicarlo, descartando así, de entrada, cualquier visión monocausal de esa explicación, insostenible desde las ciencias sociales. Queda al posterior análisis sociológico desarrollar con mayor profundidad académica la diversidad de causas por las que el estallido social en Cali fue particularmente agudo, cuáles de éstas tuvieron mayor peso.
Sin duda, factores relativos a la profunda crisis económica consolidada en el país antes de la pandemia que jugaron un papel clave en el estallido de finales del 2019, y que profundizaba la exclusión social de amplios segmentos de la sociedad caleña, la pobreza y la erosión de la clase media, entre otros, han contribuido al estallido actual, pero desde luego hay elementos históricos, como la segregación socio-espacial, que sin duda han abonado a la bronca acumulada de amplios sectores sociales en Cali. Nos limitaremos en este artículo a hacer eco de hipótesis y explicaciones que han circulado.
En primer lugar, el papel de la incidencia de la agudización de la crisis económica durante la pandemia particularmente en la ciudad, ampliamente constatada por cifras del Dane que arrojan luces en torno a la considerable degradación de las condiciones materiales de miles de caleños. En términos de desempleo, según El Espectador citando al Dane1, reveló que “al cierre de 2020 (trimestre octubre-diciembre), la tasa de desempleo alcanzó el 18,6 por ciento (el nacional fue de 13,8%), mientras que en el mismo periodo de 2019 el indicador era de solo el 12 por ciento (el nacional fue de 9,5%). Esto implica que la población ocupada pasó de 1’277.000 a 1’158.000 personas. Es decir, la capital del Valle del Cauca perdió 119.000 empleos en 2020. Además, la población desocupada subió en 90.000, pasando de 175.000 a 265.000 personas”.
En términos de pobreza monetaria, como se constata en los informes del Dane2, la ciudad pasó de 21,9 al 36,3 por ciento entre 2019 y 2020, de 558.360 a 934.350, es decir, 375.990 personas adicionales. Según Mauricio Cabrera3, prestigioso consultor económico, “a comienzos de 2020 la situación de Cali era menos mala que la del resto del país, con una tasa de pobreza del 21,9 por ciento, frente al 35,7 nacional; en pobreza extrema los porcentajes eran 4,7 y 9,6 por ciento respectivamente, y en el índice de desigualdad 0,46 y 0,52 por ciento. La pobreza nacional llegó a 42,5 (un aumento de 7 puntos) y 3,5 millones de personas se volvieron pobres (un incremento del 20%). También creció la desigualdad medida por el índice de Gini, la cual pasó de 0,52 a 0,54, volviendo a los niveles de principios de siglo. La tasa de pobreza ascendió 15 puntos (el doble de la nacional) llegando a 36,3, y el número de pobres aumentó 67 por ciento, es decir más del triple de lo que pasó en el país. Otro indicador alarmante en la ciudad es la pérdida de ingresos de los más pobres: mientras que en el conjunto del país fue del 24 por ciento, en Cali fue del 50 por ciento”.
En segundo lugar, el factor histórico del desplazamiento, ya que Cali ha sido receptora de dos procesos migratorios: el afrodescendiente de la Costa Pacífica y el procedente del norte del Cauca. El primero, motivado por razones económicas, de huida de la pobreza, empezó a gestarse a mediados del siglo XX para asentarse en la periferia de la ciudad de la época, en barrios como Siete de Agosto, Alfonso López, entre otros. La continuidad de este proceso migratorio tuvo un nuevo impulso a finales de los años 70 y principios de los 80, con una gran oleada de personas afrodescendientes que dio origen al sector de Agua Blanca y que hoy son las Comunas 13, 14, 15 y 16, que ostentan los peores índices socioeconómicos y se encuentran inmersas en complejos procesos de violencia vinculados a microtráfico, dinámicas de “pandillaje” y fronteras invisibles. Esta población proviene fundamentalmente de Buenaventura, Tumaco, López de Micay y la causa de su emigración es fundamentalmente el desplazamiento originado en el despojo paramilitar y la violencia del narcotráfico.
Como se señala en un artículo de UNperiódico digital 4 “la pobreza en Cali está marcada geográfica y étnicamente: la mayor parte de la población pobre recae en los afrocolombianos, quienes se asientan en las riberas del río Cauca o en las zonas de ladera, y para ellos el resto de la ciudad son ricos”. Es decir, buena parte la población afrodescendiente (que hoy sobrepasa un tanto las 600 mil personas en Cali) está sometida a una doble condición social: excluida y marginada en la ciudad y con heridas en la memoria, tras historias de desplazamiento y despojo.
El segundo proceso migratorio está motivado tanto por el conflicto armado como por la violencia socioeconómica que arrastra por décadas el norte del Cauca en torno a la tierra y que ha afectado el ejercicio de autonomía territorial de las comunidades indígenas, impulsado fundamentalmente por el Cric. Proceso vivido en medio de la confrontación militar derivada de la disputa por el control territorial de la subregión “sur del Valle, norte del Cauca”5. Este corredor, según el estudio “Dinámicas del conflicto armado en el sur del Valle y norte del Cauca y su impacto humanitario”6 fue controlado social y militarmente por décadas por las Farc y le permitía una conexión directa con el Pacífico para paso de tropas, el tráfico de armas y de droga, que fue luego disputado por los paramilitares, muestra de ello sus incursiones con masacres como las del Nilo y del Naya, y ahora, tras la desmovilización de las Farc, ha quedado en disputa entre narcoparamilitarismo, el Eln y grupos posfarc.
En tercer lugar y en relación con lo anterior, tanto Cali como Jamundí, por su proximidad en esta subregión “sur del Valle, norte del Cauca”, se han integrado a la dinámica de violencia de este corredor, convirtiéndose en centros de lavado del dinero del narcotráfico que se mueve en la zona. Esto le ha dado continuidad a la cultura traqueta heredada de la época del reinado del Cartel. Estas son las condiciones propicias para que en las actuales protestas se activen numerosas estructuras criminales que apuntan a sofocar con diversas estrategias de terror parapolicial las manifestaciones, entre estas la proliferación de civiles armados a pie, en camionetas blancas y en motos desde donde se dispara contra los manifestantes a distintas horas del día y de la noche. Hechos y estrategias que son el anuncio de un paramilitarismo urbano renovado que viene en consolidación, asociado a esas estructuras criminales vinculadas en varias escalas con el narcotráfico, que afloran durante las actuales protestas y que viene también redimensionándose políticamente.
En cuarto lugar, y como consecuencia del proceso desindustrializador que produjo la apertura económica, Cali ha sido sometida a un proceso de reconversión económica que la proyectó, de una ciudad con vocación industrial a una con vocación de servicios y atracción turística. Este proceso ha ido paulatinamente destruyendo el tejido industrial de la ciudad; prácticamente la industria localizada en los barrios Porvenir y Salomia ha desaparecido en favor de empresas dedicadas a la infraestructura vial, turística y de ornato urbano, además de las dedicadas al negocio inmobiliario. En la idea de ciudades competitivas, se ha vendido por fuera del país a Cali como centro de negocios internacional, luego, había que embellecerla urbanísticamente. Esta intervención urbanística en su centro histórico ha sido expropiadora y generadora de migración interna, implicando un fenómeno de gentrificación7.
Por último, la ciudad fue gobernada ininterrumpidamente por unas élites políticas asociadas al cultivo de la caña de azúcar y los grandes apellidos y abolengos, profundamente conservadoras y racistas. Es lo que se ha dado en llamar “la oligarquía caleña”. Esto ha originado una especie de sentimiento anti élite, una rebeldía electoral difusa contra los candidatos de esas élites que implica votar contra ellos: la elección del alcalde John Maro Rodríguez, tuvo mucho de reacción a la nefasta administración de Ricardo Cobo, alcalde de ese segmento de poder, de quien fue su asiduo crítico como periodista radial; el rechazo consecutivo de Kiko Lloreda, derivando en apoyo a Apolinar Salcedo, y luego a Jorge Iván Ospina. En las últimas elecciones locales la élite caleña se congregó inicialmente en torno a la candidatura de Eder, y posteriormente cerraron filas al rededor del candidato uribista el “Chontico” Ortiz, que perdió frente al actual alcalde Ospina, dando cuenta de la permanencia en ese sentimiento pro “outsider”.
A las trayectorias históricas de la ciudad, a las múltiples razones de crisis económica y social que abonaron a la explosión inicial en noviembre de 2019, se suma, además, una psicología o renovada subjetividad producto de la pandemia, como lo señala el sociólogo Sebastián González8. Pudo la gente durante el 2020 vincular de manera más clara su biografía personal y familiar a las decisiones de política pública cuando palpó de manera directa los efectos de esas decisiones políticas en su vida íntima y su cotidianidad. Pudimos identificar y sentir en lo más inmediato el efecto dramático de las decisiones de los gobernantes sobre la vida y la muerte de nuestros seres queridos, sobre el encierro, el poder de la Fuerza Pública en la circulación, ver su papel en la dramática tragedia económica familiar de millones de colombianos.
Los cambios en la subjetividad de la juventud precarizada
La tercera medición de la encuesta nacional “¿Qué piensan, sienten y quieren los jóvenes?” liderada por la Universidad del Rosario, El Tiempo, Hanns Seidel Stiftung y Cifras y Conceptos arrojó, que a enero del 2020, la categoría “corrupción” ocupaba el primer lugar en las preocupaciones de los jóvenes con un 30 por ciento, y en segundo lugar registraron el desempleo y la estabilidad laboral con 20 por ciento. Para mayo del 2021, el primer lugar lo ocupó la falta de empleo con 74 por ciento, y la pobreza el segundo con 53 por ciento, relegando la corrupción al tercer lugar. Sin duda este cambio de percepción que han tenido los jóvenes nos dice mucho sobre la situación material por la que están pasando, pero además nos habla de un fenómeno relacionado con el desarrollo de esta subjetividad o psicología personal y colectiva afianzada en los efectos políticos de la actual pandemia.
No solo miles de colombianos vieron morir sus padres, familiares y vecinos en el contexto de un sistema de salud ineficiente y un Gobierno errático ante la gestión de las vacunas, sino que millones de connacionales vieron agudizar su situación de hambre y otros millones empezaron dejar de comer una y dos veces por día, junto con sus familias, gracias a la destrucción de miles de empleos por la quiebra de las mipymes y a la imposibildiad del rebusque informal por los confinamientos. Pero lo significativo del momento es que reconocieron con crudeza que “no hay recursos para las pequeñas empresas, no hay dinero para subsidiar la nómina y la renta básica, pero en cambio sí hay para tanquetas y Esmad, para aviones de guerra, para subsidiar las empresas súper ricas, para los bancos”.
Otro dato interesante es que en el periodo enero/2020 a mayo/2021 y ante la pregunta: frente al último año ¿su situación ha mejorado, permanece igual o ha empeorado?, la respuesta en todos y cada uno de los ámbitos emocional, económico, laboral, seguridad personal y salud, es que “ha empeorado”. Se registra un retroceso en lo mejorado en todos los ámbitos señalados.
Frente a la confianza en las instituciones, el registro es muy bajo en todas, tanto que la universidad pública, la institución en la que más confían los jóvenes, registra solo un 58 por ciento. El Congreso de la República, la Presidencia, los entes de control, los gobiernos locales, los medios de comunicación, la Iglesia, los partidos políticos, todos se rajan. A esta desconfianza en la institucionalidad subyace de fondo, tanto la crisis de representatividad que aqueja desde hace un buen rato a las democracias occidentales, como la crisis del mecanismo de gestión de la crisis en sí mismo, que se ha soportado en la capacidad que tiene el Estado Democrático liberal moderno de dar sentido y legitimidad al orden social y político, elementos que han sido socavados en buena medida por la crisis del capitalismo exacerbado y de las promesas neoliberales fallidas, como lo ha sugerido Castells9 en sus análisis de estallidos previos en otros contextos.
Pero esa crisis de representatividad, que en el marco del paro se expresa con el “nadie nos representa” de los autoconvocados hacia los convocantes y hacia todo el establecimiento, ha traído serias dificultades para articular mínimamente las demandas de la calle, que permita definir un horizonte a estas expresiones de rebeldía e indignación que explotaron después del 28A. Una expresión de estas dificultades se dio en torno a la necesidad de implementar los corredores humanitarios y flexibilizar los bloqueos. En algunos puntos no se comprendían que mantener indefinidamente la barricada y el bloqueo total de vías tendría un efecto contrario hacia el Paro mismo, pues le restaría apoyo popular de parte de la ciudadanía caleña que se empezaba a sentir afectada por la subida de precios de alimentos, fenómeno que un sector político de derecha atribuiría hábilmente al Paro y no a la falta de voluntad de diálogo del gobierno nacional, restringiendo la legitimidad pública del movimiento.
El panorama nacional sobre la juventud, del cual Cali hace parte, explica en buena medida el protagonismo que han tenido los jóvenes en la ciudad en estos días de paro. El paro sacó a flote una realidad hoy dramática: los jóvenes más humildes, marginalizados, ignorados e incluso despreciados socialmente, encontraron no solo comida en los puntos de resistencia a través de las ollas comunitarias, sino que recibieron reconocimiento, valoración y la solidaridad de la comunidad que acompañó los puntos. Pero no solo los más humildes, también jóvenes con procesos sociales y políticos a cuestas encontraron en los puntos de resistencia un espacio enriquecedor de debate y discusión política, que sin duda contribuye a la acumulación de fuerza social que se requiere en este esfuerzo de largo aliento en que nos encontramos para transformar de fondo la sociedad colombiana.
¿Y ahora qué? Las salidas a la crisis en clave de reactivación y cultura política
La crisis entonces, tanto en Cali como en el país, venía anidándose desde antes de la aparición del covid-19 y tiene sus causas en aspectos estructurales, y la llegada de la pandemia no solo agravó esta situación de crisis económica y política, sino que desató una psicología en clave de renovación en la subjetividad de una juventud que vio en su precariedad un resultado de decisiones políticas emitidas desde los gobernantes. Se atisbó una explicación históricamente poco generalizada para el momento, que la sociedad colombiana enfrentaba la emergencia sanitaria en una situación de vulnerabilidad sin precedentes producto del abandono estatal y el fracaso de un modelo económico que provocó, entre otras cosas, un escenario en el que las unidades productivas, principalmente las pequeñas empresas, han cerrado o en el mejor de los casos están operando por debajo de su capacidad.
Aunque a nivel nacional el PIB empiece a crecer en terreno positivo, la cifra no guarda relación con la pobreza y el desempleo, particularmente en el suroccidente colombiano. Por lo tanto, la reactivación económica y sobre todo la recuperación social, objetivo imperativo del momento, requieren un aumento en el ingreso disponible de esos miles de hogares para provocar un consecuente aumento del consumo interno, de esta manera activar la producción, el empleo y el crecimiento con perspectiva social.
Por los tenaces efectos descritos sobre el tejido productivo y empresarial, se evidencia un impedimento para que el sector privado se recupere de manera automática. Ante esta realidad, el Estado debe actuar en favor de la economía en términos de aumentar la productividad, generar empleo y por lo tanto generar riqueza, y así responder a las afugias que claramente han planteado los jóvenes en particular y el país en general. Por tanto, el Estado tiene la obligación de asumir un rol de empleador de última instancia ya que el sector privado no tiene incentivos para contratar mano de obra.
En ese sentido, hemos propuesto un programa de empleo mediante un proyecto de ley, en el que el Estado garantice la reactivación de la demanda, no a través exclusivamente de transferencias que redistribuyen una renta, sino a través de la generación de riqueza a partir del trabajo. La iniciativa consiste en remunerar aquellas actividades que son excluidas del mercado y no son vistas como trabajos merecedores de recibir un salario por el mismo.
No se trata de crear burocracia en las entidades estatales, sino de financiar masivamente las nóminas de iniciativas privadas como microempresas o asociaciones comunitarias y/o campesinas que desarrollen actividades intensivas en mano de obra y que estén constituidas principalmente por jóvenes y mujeres. Además de dirigir inversión pública hacia obras públicas de baja complejidad que permitan mitigar el rezago en infraestructura básica, aumente la productividad e inserte a las juventudes en dinámicas laborales que ponderen sus virtudes, sus talentos y sus sueños.
Un rescate social de esta magnitud requiere una fuerte inyección de liquidez a través del sistema público de crédito que tenga como intermediario a la banca pública, de la misma forma como se viene haciendo para rescatar a la banca privada, de esta manera pueden construirse cooperativas y asociaciones mutuales juveniles, campesinas, indígenas o de mujeres.
Evidencias de Programas públicos de empleo de la misma naturaleza en países como Argentina arrojan un efecto multiplicador del 2,5. Eso quiere decir que cada peso invertido por el Estado se multiplica por más del doble en la economía real, lo que da cuenta del efecto reactivador mediante formas menos ortodoxas que las tradicionales.
El programa jefes y jefas de hogar, creado en ese país como respuesta a la crisis económica de finales de los años 90 arroja cifras muy favorables, uno de los más positivos es la participación de las mujeres, 71 por ciento de participación entre la totalidad de beneficiados y en cuanto al desempleo, a un año de implementado el programa la tasa de desempleo se había reducido 5,9 puntos porcentuales, sin generar un aumento en el índice de precios.
El proyecto de ley mencionado para crear un programa similar, firmado por todos los candidatos presidenciales del Pacto histórico está cursando en el Congreso de la República, seguramente va a ser rechazado por unas mayorías gobiernistas. Sin embargo, una alternativa real para Cali y la región, depende de la voluntad del Gobierno para implementar una salida a la crisis que nos vincule como sociedad, democratizando los recursos públicos, generando confianza en las instituciones y pensando en que el Estado tiene capacidad de rescatar a la ciudadanía de la misma forma como ha procedido para rescatar a los bancos.
Ante las negativas del Gobierno a salidas estructurales, los sectores progresistas debemos volcarnos a construir y estimular formas organizativas del tamaño y de la naturaleza que reclama el momento, que nos permita acumular organizativamente y fortalecer una cultura política diversificada y expandida con este potente movimiento actual, con dos apuestas fundamentales: evitar que el gobierno uribista saque réditos de este momento con estrategias de terror y confrontación violenta, y asumir los retos que implica el apoyo popular al gobierno alternativo que ganará en las elecciones de 2022.
* Senador de la República y líder social del Valle del Cauca, respectivamente.
1 Las cifras para entender el estallido social en Cali. Consultado el 4 de mayo de 2021 en: https://www.elespectador.com/economia/las-cifras-para-entender-el-estallido-social-en-cali/
2 Dane. 2021. Presentación de resultados. Consultado el 4 de junio de 2021 en: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2020/Presentacion-pobreza-monetaria_2020.pdf
3 Cabrera Galvis, Mauricio, “¿Qué pasa en Cali?(2)”. Consultado el 4 de mayo de 2021 en: https://www.portafolio.co/opinion/mauricio-cabrera-galvis/que-pasa-en-cali-2-paro-nacional-2021-551776
4 “Protesta y estallido social: ¿Qué está pasando en Cali?”. Consultado el 4 de mayo de 2021 en: https://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/protestas-y-estallido-social-que-esta-pasando-en-cali/
5 La subregión “se ubica al suroccidente del país y está conformada por municipios del sur del departamento del Valle y las subregiones del norte y oriente del Cauca. Florida, Pradera y Palmira componen la zona del Valle de Cauca analizada, mientras que en jurisdicción de Cauca figuran los municipios de Buenos Aires, Caloto, Caldono, Corinto, Guachené , Jambaló, Miranda, Padilla, Inzá, Páez, Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Toribío, Suárez y Villa Rica.” “Dinámicas del conflicto armado en el sur del valle y norte del cauca y su impacto humanitario”, p 4. Consultado el 4 de mayo de 2021 en: http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/53b5910826062.pdf
6 “Dinámicas del conflicto armado en el sur del valle y norte del cauca y su impacto humanitario”. Consultado el 4 de mayo de 2021 en: http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/53b5910826062.pdf
7 El término gentrificación denomina procesos de transformación de espacios urbanos deteriorados urbanísticamente a partir de “proyectos rehabilitación” muchas veces con estructuras que apuntan a redensificar provocando un aumento en los alquileres o coste habitacional, o con estructuras de uso comercial. Cualquiera de los proyectos induce a que los residentes tradicionales abandonen el barrio hacia zonas más periféricas, llevando que los nuevos edificios residenciales sean ocupados por clases sociales con mayor capacidad económica o por negocios de otro tipo.
8 González, Sebastián. 2021. “Análisis del Paro Nacional desde el Portal Américas”. https://www.youtube.com/watch?v=yp_8Wzj80Vk
9 Castells, Manuel. 2018. Ruptura. La crisis de la democracia liberal. Madrid, Alianza Editorial.
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