Vivimos tiempos de paro nacional. Asistimos a tiempos de crisis con asomo de alternativas para solucionarla, las cuales indican que un inmenso segmento de la sociedad colombiana está hastiada de gobernantes que la administran pensando solo en sus intereses, que son los de la minoría que desde siempre ha gobernado.
No es casual, por tanto, que como parte de los objetivos del paro esté la lucha contra la corrupción y la defensa del patrimonio público. Este gobierno no solo es perverso, también es corrupto. y así lo recuerda una vez más el “Acuerdo de Exclusividad” firmado entre el nefasto exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla Barrera y Felipe Bayón Pardo, presidente de Ecopetrol, el cual no solo violenta la autonomía administrativa y presupuestal de Interconexión Eléctrica S.A. ISA, sino que pone en grave riesgo este valioso patrimonio público.
Este “Acuerdo de Exclusividad” aborda la venta del 51,41 por ciento de las acciones de la Nación en ISA para “fortalecer a Ecopetrol” pero en realidad es un distractor con dos tiempos: 1. Poner todo el conglomerado ISA en mano de la empresa petrolera pero no para que esta se fortalezca sino para 2. Facilitar su posterior venta a multinacionales. Una maniobra que en el Acuerdo firmado no alude a las filiales que ISA, como empresa industrial y comercial del Estado, posee en Colombia y en el exterior.
Es una acción que no puede prosperar y para lo cual, en defensa del patrimonio público, SintraIsa y SintraE, unidos con el Movimiento Cívico de Medellín y el Área Metropolitana, interpusieron demanda legal contra el referido “Acuerdo de Exclusividad por violar la Constitución y la Ley.
Al revisar con detalle la magnitud y lo que en realidad representa ISA para nuestra sociedad (ver gráfica), es claro que estamos ante el riesgo de una enorme estafa por parte de quienes dicen dirigir un país soberano y digno, un proceder a todas luces animado por prácticas corruptas y autoritarias. Propósito para el cual, como medida previa a lo que exigen todos los posibles compradores de bienes nacionales –recibir las empresas en condiciones “cero kilómetros”, es decir, sin litigios laborales– atacan, deslegitiman e ilegalizan a SintraIsa. Su desaparición es lo que buscan, propósito al que se oponen de manera férrea sus directivos, como lo han hecho en otros momentos para denunciar y tratar de impedir la privatización de otras importantes empresas de nuestra nación.
Esta lucha entre el gobierno, más quienes administran ISA, vs. SintraIsa, entra ahora al plano jurídico, aunque no por ello deja de lado la acción pública callejera, como lo enseña el paro desatado en Colombia desde el pasado 28 de abril, el cual le ha recordado a la oligarquía que no administran una finca sino que están ante un país habitado por millones que se cansaron de padecer abusos, y demandan la transformación en las formas de gobernar y en el rumbo que lleva su país. No más corrupción, protección de los recursos estratégicos del país, reorientación de las políticas de estas empresas garantizando con ello acceso a servicios públicos eficientes y con tarifas accesibles para la totalidad de hogares, son reivindicaciones de plena actualidad y con impacto sobre el conjunto de nuestra sociedad. ¡Hagámonos actores de y por los mismos!
La venta de ISA y el incremento del precio de los servicios públicos
La feria del ahorro de todas y todos, materializado en unas cuantas empresas que todavía conservamos como país continúa. Es así como el actual gobierno está promoviendo una ilegal negociación directa con Ecopetrol para concretar el proceso de privatización de ISA haciendo creer a incautos, que simplemente se trata de una “transacción entre dos empresas estatales”, que supuestamente no afectará el patrimonio y el bolsillo de los colombianos.
Como siempre tiene una disculpa para justificar sus procederes que afectan al país, ahora el gobierno dice que como no puede recoger la “plática” pretendida con la reforma tributaria “completa” que recién tuvo que retirar de su tramite en el Congreso producto del alzamiento social a que asistimos, no le queda otro camino que el de vender YA a ISA y a Ecopetrol, feriándolas a las multinacionales de manera directa y sin los procedimientos de ley, o entregándoles el uso y renta de sus “servicios”, como en el caso del SENA y otros bienes públicos.
Los efecto perversos de este proceder sobre los hogares colombianos no será poco, como no lo fue el que tuvo la venta de otras empresas del sector eléctrico en décadas pasadas, con el empeoramiento del servicio en amplios regiones del país y el incremento de tarifas, producto de lo cual decenas de miles de hogares fueron desconectadas del servicio eléctrico, considerado esencial para el buen vivir. En esos mismos años fue subastada la empresa de telecomunicaciones, las de gas, algunas de agua y otras, sus efectos perversos en tarifas, en el desmonte de planes estratégicos de integración nacional –igual calidad en el servicio para todas las regiones, entre otros aspectos– aún los estamos viviendo y pagando.
La supuesta eficiencia que traería su venta a privados quedó desvirtuada en la realidad. Lección que debería propiciar el paso a nuevos modelos de gestión y administración de lo público, en los cuales la comunidad tenga cada vez un espacio más preponderante. Sentir o encarnar la propiedad de lo público es fundamental para defenderlo.
En 1994, el Congreso de la República aprobó leyes como la 142 de Servicios Públicos Domiciliarios y la 143 o Ley Eléctrica, con la que se habilitó a gobernantes para privatizar las empresas del sector eléctrico; iniciando un proceso de desmembramiento de empresas como ISA. Su estocada final la quieren propinar este año, para lo cual las directivas de ISA han desatado un ataque total contra los directivos sindicales, llegando incluso a desconocer a Sintraisa y sus órganos de dirección, negando así el derecho a la asociación sindical, y llevando al extremo la sobrevivencia de estos y de sus familias.
Como en las décadas anteriores, cuando persiguieron, desprestigiaron y apresaron directivos sindicales y destruyeron organizaciones, ahora no renunciarán a ningún recurso para entregar a ISA y Ecopetrol al capital global.
Confiamos en que las mayorías nacionales se opongan a este exabrupto.
#QueNoNosApaguenLosDerechos
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