En el presente artículo me ocupo, como urbanista, de algunos aspectos de la propuesta de Plan de Ordenamiento Territorial, en particular lo relacionado con los equipamientos colectivos en donde se prestan servicios sociales, y de los barrios de origen informal localizados en el Tratamiento de Mejoramiento Integral de Barrios; tema de menos atractivo para las discusiones mediáticas, y con clara independencia y compromiso ético con la sociedad.
El debate sobre el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial para Bogotá está a la orden del día, un proceso en el cual las evaluaciones críticas presentadas por los urbanistas a la propuesta de Plan de Ordenamiento Territorial, POT, se enfocan principalmente en: evaluar el modelo de ordenamiento, la influencia regional del Distrito Capital, ampliación de la ciudad en altura a partir del desarrollo de planes parciales de desarrollo o en renovación urbana y las condiciones ambientales definidas en la Estructura Ecológica vinculada con el modelo de ciudad.
Temáticas todas ellas de innegable importancia para el futuro de Bogotá; pero también es cierto admitir que son temas que aglutinan mayor audiencia mediática, pero principalmente son el tema que interesa al sector de la construcción privada y, por tanto, con amplios intereses en el desarrollo de este negocio en relación con lo que se defina en esta propuesta POT. También es cierto, que los urbanistas que escriben sobre estos temas en la mayoría de los casos tienen vínculos con sectores políticos en el concejo de la ciudad o con grandes constructoras privadas; dinámica que ha enrarecido en los últimos doce años el proceso de adopción del POT para la capital del país.
Sin dejar esto de lado, debo resaltar que en lo que a mi respecta, me interesan otros énfasis, y para ello, a partir de la serie de artículos publicados en varias ediciones del periódico desdeabajo durante el año 2019, en el marco de la discusión de la propuesta del POT presentado a consideración del Concejo de Bogotá para esa época (2019), llamó mi atención el artículo titulado: “El fin del ciudadano, de lo público y de los servicios sociales colectivos”1, artículo en el que se destacan las implicaciones en la localización de los equipamientos en reemplazo de las fracasadas centralidades descritas en el Decreto Distrital 190 de 2004 POT, donde los equipamientos que prestan servicios sociales impulsarían el desarrollo económico de la ciudad y las economías de escala, sin advertir los impactos urbanos que esto generaría principalmente en las áreas de periferia en donde se localizan barrios populares.
Barrios populares y equipamientos colectivos
Los equipamientos colectivos en la actual propuesta de POT, no distan mucho en el análisis realizado en el artículo referenciado, reconociendo que para esta ocasión el equipamiento toma importancia a partir de la propuesta de la Ciudad del Cuidado bajo la estrategia de la Ciudad de los 15 y 30 minutos. Pero en estos documentos no se menciona que la realidad de la Ciudad del Cuidado está condicionada a intervenciones sin precedentes en el Tratamiento de Mejoramiento Integral de Barrios, principalmente en: vías, espacio público, servicios públicos y equipamientos, situación que no se refleja en el presupuesto asignado para los próximos 12 años de vigencia del POT, en caso de ser adoptado.
Luego ante la persistente idea (de la propuesta POT 2019 y 2021) que los servicios sociales localizados en nodos de equipamientos sean el eje del desarrollo económico y de economías de escala, cumpliendo la función de nuevas centralidades, la propuesta deja a un lado el reconocimiento y valor simbólico de los equipamientos dentro del proceso de Construcción Social del Territorio. Este carácter simbólico debe entenderse para este artículo, como la relación entre el Estado y el ciudadano como parte de aquel contrato social representado físicamente en un espacio urbano, situación que no puede ser vista únicamente a partir de garantizar las relaciones económicas y los intereses privados inmobiliarios.
La propuesta de los equipamientos en relación con la construcción social simbólica en el espacio urbano implica la participación de la ciudadanía de manera amplia e incluyente desde la formulación del plan, situación que no se ha dado de manera suficiente desde la incidencia ciudadana en la presente propuesta. Luego el elemento simbólico y colectivo del equipamiento en la ciudad, a partir de entender que la prestación de los servicios sociales y su cubrimiento no debe fortalecer un modelo asistencialista en la sociedad que lo demanda, situando al ciudadano como ente pasivo y receptor de servicios ofertados por el sector público y en otros casos por el sector privado.
La propuesta del POT en relación con los equipamientos es respuesta a modelos estadísticos y de análisis del cubrimiento de servicios sociales en el territorio, como estrategia para minimizar el amplio margen de déficit en la prestación de los servicios en localidades donde se aglomeran población en estrato 1 y 2. Pero aunado al déficit histórico ya mencionado la actual administración distrital adoptó en el Plan de Desarrollo 2020-2024, “Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, el Sistema de Cuidado haciendo necesaria su implementación urbanística en la actual propuesta de POT, convirtiéndose en apéndice de la Estructura Funcional y de Servicios.
Cuatro aspectos, entre otros, se identifican en consecuencia con la propuesta de localización de nodos de equipamientos en áreas de Mejoramiento Integral de Barrios:
1. La consolidación de un modelo asistencialista en la prestación de servicios sociales en la ciudad, entendido por las entidades públicas como la forma adecuada para la identificación de indicadores positivos de calidad de vida, equidad social, espacial y justicia social para la población.
2. No es obligación destinar suelo de cesión pública para equipamientos, como parte del cubrimiento de las necesidades de una población nueva y existente en barrios populares en donde pueden adelantarse proyectos de Planes Parciales de Renovación Urbana impulsados por grandes empresas de inversión privada. (muchas de estas áreas persistente el déficit en cubrimiento y atención de servicios sociales).
3. La posibilidad del pago de las obligaciones urbanísticas a fondos compensatorios destinados a equipamientos, espacio público y vías; fondos que en la actualidad estiman dificultades para la asignación de presupuestos en obra pública.
4. La construcción de grandes equipamientos y nodos de equipamientos de mayúsculo tamaño que solo podrán ser levantados por grandes empresas de la construcción.
Lo anterior no deja de identificar la preocupante propuesta de POT que cursa en el Concejo capitalino en lo atinente a equipamientos, toda vez que identifica que los servicios sociales no solo impulsan las ganancias de los sectores inmobiliarios privados, sino que también son parte de una gran maquinaria burocrática desde la gestión pública, alimentada por las influencias político-económicas de las administraciones de turno, que claramente benefician a los sectores privados inmobiliarios.
Entonces, ante el contubernio imperante desde hace muchos años del Estado con los sectores inmobiliarios privados en la administración pública de la ciudad, el ciudadano del común solo tiene como alternativa dos caminos: primera, entregarse como “cordero manso” a las fauces del leviatán Público-Privado. Y segunda, mantener activa la Primera Línea de protesta como garantía de los derechos ciudadanos fundamentales, que a partir de la experiencia de la protesta del 2021 es un eficiente mecanismo de equilibrio de poderes, sin perder de vista que este camino al cual están empujados los ciudadanos del común implica el sacrificio de muchas vidas humanas.
Al ser esta la realidad, al no reconocerse en la propuesta POT el proceso de construcción simbólica a partir de la participación de los sectores populares en los equipamientos donde se prestan servicios sociales, se desvanece la posibilidad de Construir Socialmente el Territorio, dejando ausente el espacio de participación de la ciudadanía en la construcción de un hábitat digno para los segmentos sociales más vulnerables.
La propuesta de POT en tema de equipamientos presenta otras particularidades que son objeto de mención, así: Se propone la mezcla de usos en suelo dotacional, quedando sin claridad la definición descrita en el numeral 4 del artículo 177 del documento de octubre de 2021 en donde se menciona que se pueden localizar en áreas de cesión publica para equipamientos, “[…] actividades necesarias para el funcionamiento de los servicios sociales”, dejando libre el fantasma de la segregación del uso dotacional al apetito desmedido de las inmobiliarias privadas para el desarrollo de proyectos de vivienda y grandes plataformas comerciales en suelo destinado exclusivamente para localizar servicios sociales. Por otro lado, se ha privilegiado la norma urbanística por encima de la seguridad humana a partir de la adecuación constructiva de equipamientos públicos y privados que no han podido acogerse con las normas de ocupación y edificabilidad descritas en el Decreto Distrital 190 de 2004, y que no han logrado tramitar licencias de construcción. Por información de una fuente confiable conocedora de este trabajo se indicó que existen propuestas trabajadas entre la Secretaría de Educación Distrital y algunos representantes de los sectores privados que manejan equipamientos educativos, trabajo en donde se reconocen situaciones que desde la norma urbana podría solucionar las necesidades de colegios localizados en tratamientos de Mejoramiento Integral de Barrios y que poseen convenios de servicio otorgados por la Secretaría de Educación Distrital. (ver Decreto Distrital 421 de 2019 que compila el Decreto Distrital 052 de 2019; decretos que actualmente se encuentran vigentes y que incluyen algunas de estas normas y que no son parte de la propuesta del POT).
Entonces, para concluir este aspecto ignorado dentro de la propuesta de POT 2021, es preciso decir que si bien el equipamiento cobra importancia en esta propuesta como agente físico del Sistema del Cuidado, se dejó de lado la posibilidad de apropiación simbólica y representación social en el espacio urbano como imagen inequívoca de la relación entre el Estado y el ciudadano, eje y equilibrio fundamental de una sociedad igualitaria.
Para el segundo caso que abordaremos en este artículo, está la propuesta para el tratamiento de Mejoramiento Integral de Barrios, ya mencionada desde los equipamientos; pero es importante comentar algunos aspectos como son: se reconoce que a diferencia de la propuesta del POT del 2019, el proyecto de acuerdo POT 2021 permite el desarrollo urbano en barrios de origen informal que en la actualidad se encuentran legalizados (se incluye de forma dramática el tratamiento de renovación urbana, se permiten mayores alturas según el tamaño de los ejes viales en donde se ocupa la vivienda, se plantea el desarrollo de proyectos inmobiliarios en manzanas que engloben predios que configuren lotes mayores a 2000 m2, etc;); ante estas posibilidades es importante identificar quien se beneficiará de las normas urbanísticas para estos sectores de la ciudad.
Estas zonas, en donde viven familias en estrato socioeconómico 1 y 2, se han desarrollado casi exclusivamente en vivienda unifamiliar, pero en la actual propuesta se permiten proyectos multifamiliares bajo Planes Parciales de Renovación Urbana en donde el índice de construcción puede llegar a 7, esto quiere decir que es posible desarrollar proyectos de vivienda con alturas mayores a 20 pisos aproximadamente. No deja de ser preocupante el desarrollo de este tipo de proyectos, en donde se alojará nueva población y que necesariamente demandará nuevas redes de servicios públicos, vías, espacio público y equipamientos; entendiendo que estas áreas en donde se ubican barrios populares todavía no alcanzan a un cubrimiento adecuado de este tipo de servicios urbanos.
Sumado con la anterior contradicción, la propuesta de POT no permite de manera explícita la participación de organizaciones de Provivienda; organizaciones en su mayoría resultado del trabajo comunitario en la construcción de barrios levantados por la gente del común, que hoy acumulan un conocimiento y forma de trabajo en la construcción de barrios legales, cumpliendo las normas urbanísticas. Luego, el desarrollo de proyectos inmobiliarios ya sea por englobe de predios o por la formulación de Planes Parciales en manos del sector inmobiliario son los únicos que podrán desarrollar este tipo de proyectos, con el agravante de tener al servicio herramientas de gestión urbana como son la expropiación por vía administrativa con beneficio para terceros, norma tomada de la Ley 388 de 1997 e incluida en el proyecto de decreto al POT para el desarrollo de proyectos de vivienda en tejidos residenciales populares.
Finalmente, esta propuesta de Plan de Ordenamiento Territorial pone a los ciudadanos de Bogotá ante la siguiente encrucijada: la negación y archivo de la presente propuesta de POT por parte del Concejo de Bogotá al no cumplir con las expectativas de parte de los ciudadanos –dejando a la ciudad en un limbo normativo que aumentará su retraso en comparación con otras ciudades de la región–. Por otro lado está adoptar una propuesta de ordenamiento territorial como la que cursa en el Concejo de la ciudad, en la que se evidencian grandes contradicciones y vacíos que no resuelven las necesidades apremiantes que se esperan de una propuesta en parte legitimada por el consenso de un importante segmento de su población. En ambos casos la ciudad y todos perderemos otra oportunidad de Construir Socialmente el Territorio de esta urbe. Cualquiera sea el camino que tome, la historia y nuestros hijos serán nuestros jueces2.
1 Periódico desdeabajo, Año XXVIII, octubre 20 a noviembre 20 de 2019. Nº 262, pp. 16 y 17.
2 Se recomienda ver el artículo: “La encrucijada de la Alcaldesa Mayor de Bogotá”. Periódico desdeabajo, año XXIX, abril 20 a mayo 20 de 2021, Nº 278.
* Arquitecta y urbanista
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