Juventud: fuerza sociopolítica del cambio

En la campaña electoral para elegir quien encabece el país en el periodo 2022-2026, y contrario a lo anunciado por las grandes cadenas de comunicación, se presenta un giro en la intención de voto a favor de la coalición sociopolítica Pacto Histórico, en el trasfondo de lo cual está la juventud. Un acercamiento a la exclusión y negaciones que la afectan, y las políticas oficiales diseñadas, supuestamente, para superarlas, permite comprender este cambio.

El domingo 19 de junio, fecha de la segunda vuelta para elegir Presidente para el cuatrienio 2022-2026, tendrá lugar una confrontación intergeneracional, clasista y de cosmovisiones. Los más jóvenes, entre 18 y 34 años de edad (cerca del 40 por ciento del censo electoral) son afines políticamente y partidarios de la coalición sociopolítica “Pacto Histórico”, con su fórmula presidencial Petro-Márquez y el lema “Cambio por la vida”. Un amplio segmento de la juventud está por los cambios sociales y políticos que requiere el país, confirmando un principio de la democracia representativa: la posibilidad de las transformaciones pacíficas mediante el sistema electoral.

Es una actuación viva, de alguna manera una prolongación de su copamiento de calles y confrontación directa con el Esmad y las fuerzas de choque que actuaron a su alrededor y que duró varias semanas tanto en 2019 como en 2021, agitando sus banderas de cambio, evidenció las históricas exclusiones que los afectan, y los antagonismos intergeneracionales entre estilos de vida, cosmovisiones y modelos de desarrollo.

Estamos ante un suceso fundamental. En mayo 19, en la primera vuelta, un porcentaje de jóvenes cercano al 50 por ciento votó por Rodolfo Hernández. Algo sorprendente pero explicable: vieron este candidato al sujeto anti establecimiento que podría romper con una tradición de negaciones y exclusiones, con gobiernos de ricos y para ricos. Pero en unas semanas, tal identidad cambió. ¿Qué lo propició?

En política es frecuente que sumar implique restar. Todo indica que lo fundamental fue la llegada de la extrema derecha y la lumpenoligarquía para asociarse o aliarse a la campaña de quien decía, no de manera explícita pero sí como consecuencia de su discurso antipolítico y anticorrupción, estar contra ella. La juventud vio el verdadero rostro de Rodolfo Hernández tras la máscara construida por sus asesores de estrategia y decidió quitarle su apoyo y acompañar a su contendiente de izquierda democrática. Entre los meses de mayo y junio de 2022, el empresario constructor y prestamista perdió 17,1 puntos porcentuales del apoyo de la población entre 18 y 34 años de edad; cantidad relativa que aumentó las preferencias en este rango etario por el tándem Petro-Márquez (gráfico 1).

Su silencio, su insistencia en que no acepta acuerdos con el uribismo, que “está picho” no convenció a la juventud que, según encuestas de reciente realización, giraron hacia el Pacto Histórico. Es un segmento social que va desde los 18 y hasta los 34 años de edad. Luego de esa edad, la mayoría de la población, defensora del “statu quo” y temerosa del cambio, opta por el llamado Ingeniero. De igual manera, los estratos socio-económicos altos se inclinan por el candidato de la centro-derecha y menos por el de la izquierda democrática1.

Las mismas encuestadoras indican que el 19 de junio la votación será mayor. En la primera vuelta, el 29 de mayo, el 54,91 por ciento de los colombianos aptos para sufragar se acercó a las urnas, según la Registraduría; para la segunda vuelta el 62,5 de las personas afirma que “definitivamente sí votara”. Con una novedad que no debe pasar desapercibida: del total de las 39.002.239 personas aptas para concurrir a las urnas 8.986.997 son jóvenes de entre 18 y 28 años, 50 por ciento son mujeres (4’526.801) y la otra mitad hombres (4’460.196); es decir, 1 de cada 5 del gran total de quienes pueden votar hacen parte de la juventud. Bogotá es la ciudad donde hay mayor cantidad de menores de 28 años que pueden ejercer su derecho al sufragio: 1’192.036. Que son, como en el porcentaje nacional, el 23 por ciento del total del censo electoral en la capital. Por lo anterior, no es simple coincidencia que en 10 de las 12 Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ), de la subdivisión urbana de Bogotá, el “Pacto Histórico sea hegemónico en los resultados de la primera vuelta y en la intención de voto para la segunda (el candidato empresario Hernández ganó, en la primera vuelta, en las dos UPZ donde viven los más ricos, al norte de la ciudad).

Además, según los resultados de la primera vuelta, tres de cada cuatro electores demanda un cambio en el destino del país. Un cambio fundamental es garantizar la vida digna, el goce de los derechos humanos, la justicia, la paz y la democracia sustantiva para que la juventud pueda florecer plenamente de acuerdo con sus necesidades y capacidades. Un pacto histórico con la juventud es la demanda y la necesidad actual de la sociedad colombiana.

Una historia de organización y participación juvenil por la democracia y la vida digna en Colombia. El concepto de juventud es producto de la modernidad. La puesta en escena del sujeto juvenil en el país es referente existencial en las biografías de las cuatro últimas generaciones. Dos acontecimientos actúan disruptivamente durante esta época: la violencia de mediados del siglo XX y la Constitución Política de 1991.

La primera actuó, una vez más, como partera de la historia –las identidades juveniles nacieron en medio de la guerra–. Adolescentes y jóvenes fueron estigmatizados y considerados problema y “objeto” de políticas públicas y represión. Transcurridos 43 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución Política de 1991 (CP) reconoció las juventudes como sujetos de derechos y protagonistas del desarrollo de la nación desde el ejercicio de la diferencia y la autonomía. Desde entonces las juventudes del país han luchado de manera organizada por tener una vida digna, con garantías en el ejercicio de los derechos humanos y la construcción de una sociedad democrática, justa e inclusiva. La historia no ha sido fácil, veamos2:

• • Años 1960-1970. Confrontación a la exclusión del régimen del Frente Nacional impuesto arbitrariamente por los partidos del establecimiento (liberal y conservador). Lucha por las reivindicaciones políticas de la ciudadanía juvenil. Influencia del movimiento contracultural y político europeo y norteamericano.
• • 1980-1991. Lógica del “No futuro”; la sociedad se mostró incapaz de atender e integrar las dinámicas y necesidades que presentaba la juventud, siendo expulsada hacia los límites sociales, aplicando una visión estigmatizada y peligrosa, justificando ideológicamente la respuesta represiva del Estado ante sus demandas. Incorporación de los jóvenes a grupos armados y a la delincuencia organizada.
• • 1991-1997. La Constitución Política (CP) incorpora las políticas poblacionales y de identidad, pero sin cambiar su estructura sectorial; también abre espacios de participación y toma de decisiones. Reconocimiento explícito de la ciudadanía juvenil, creación de la democracia escolar y formulación de políticas públicas de juventud.
• • 1998-2003. reevaluación crítica de los preceptos establecidos en la CP en medio de un conflicto interno armado, donde el mayor porcentaje de víctimas –en todos los escenarios de la crisis– corresponde a esta población. Incapacidad del sistema político nacional para abrir nuevos espacios democráticos y de posibilidades de acción y transformación social incluyente.
• • 2004-2015. la relación entre criminalidad y población adolescente y joven es multicausal y está ligada a los ciclos de violencia del país y a las complejas, injustas, excluyentes y profundas causas que los generan. No puede pensarse de manera unilateral que el aumento de las muertes de los jóvenes fue causa únicamente del conflicto interno, hay otras igual de importantes como la lucha contra y entre los carteles de la droga, el uso de los jóvenes por bandas delincuenciales que se aprovechan de sus vulnerabilidades, la cultura de resolver los problemas mediante la violencia, la intolerancia en la convivencia cotidiana, y, de últimas, pero no menos importante, los crímenes cometidos por el Estado en el contexto de las ejecuciones extrajudiciales, que según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por lo menos suman 6.402, cuyas víctimas correspondían a jóvenes empobrecidos, campesinos y urbanos.
• • 2016. Las negociaciones de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc para poner fin al conflicto armado interno desembocaron en la firma del Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto en Bogotá el 24 de noviembre de 2016.
• • 2017-2022. Pasadas tres décadas de aprobación de la CP se exacerba la contradicción entre una juventud cada vez más ilustrada y empoderada vs. la negación de derechos por parte del Estado y un modelo de desarrollo que los excluye. La creciente de protestas en demanda de educación, cese a la impunidad y otras reivindicaciones ganaron cuerpo entre los años 2013 – 2021. Las medidas del Gobierno se caracterizaron por la represión, la falta de diálogo y por una calificación generalizada que definía a los manifestantes como “vándalos”.
• • Como cierre de estas constantes, el gobierno de Duque, pretendiendo cooptar y manipular el creciente descontento juvenil, encubrir la persecución, criminalización y asesinato del liderazgo de este sector social, y deslegitimar los alzamientos sociales de 2019 y 2021, organizó y citó precipitadamente a la juventud a participar en la elección de los Consejos municipales y locales de juventud el pasado diciembre de 2021. El rechazo fue la respuesta, dejando en claro la profunda fractura que existe entre este grupo poblacional y la institucionalidad pública; y, de otra, el escepticismo imperante o la poca credibilidad que ofrece la manoseada democracia formal para la participación activa y decisiva de este sector social en los asuntos estratégicos del país.

Un pacto histórico con la Juventud. Es necesario recordar la diferencia entre la condición juvenil (dato biológico y límite social y políticamente establecido) y la situación juvenil (pertenencia a una clase social, estrato socio-económico o ethos territorial). Teniendo esto claro, Pierre Bourdieu pudo afirmar que “el hecho de hablar de los jóvenes como de una unidad social, de un grupo constituido, que posee intereses comunes, y de referir estos intereses a una edad definida biológicamente, constituye en sí una manipulación evidente”.

En efecto, en Colombia los adolescentes y jóvenes según la “situación de vida” se encuentran sobrerrepresentados en los niveles más bajos de la estratificación socioeconómica: los estratos uno y dos concentran el 76,3 por ciento de este segmento poblacional. Registran, además, graves carencias. El valor promedio del índice multidimensional de pobreza –IMP– es 37,8 por ciento en la población de 12 a 28 años; en contraste, a nivel general la pobreza multidimensional se ubicó en 18,1 por ciento en 2020. Además, teniendo en cuenta que la desigualdad del desarrollo es desigual en sí misma, estos adolescentes y jóvenes crecen en realidades muy diferentes dependiendo de los contextos y pares de contrarios antagónicos: riqueza/pobreza; urbano/rural; guerra/paz; jóvenes/viejos, entre muchos más. En general, el horizonte de posibilidades es reducido y cerrado para tres de cada cuatro adolescentes y jóvenes.

Una realidad que permite comprender por qué se levantaron, protestaron y resistieron con tanta vehemencia en 2019 y 2021, ya no solo estudiantes universitarios sino también, y sobre todo, hombres y mujeres que en la flor de sus vidas padecen un No futuro. Lo saben, lo sienten, y por ello tratan de conseguir por propia mano el peso diario para salir adelante, junto a sus familias, actuando para ello por medio de bandas y otro tipo de estructuras que los socializan, cohesionan y les hace sentir fuertes.

Ahora, como no se ha registrado en otras elecciones, están llegando a las urnas. De las múltiples encuestas que circularon al día último en que podían publicarse (11 de junio), una afirma que hay un cambio sustancial en la tendencia del voto y ella favorece al Pacto Histórico por efecto del giro optado por el sector juvenil; las restantes persisten en registrar la delantera de Hernández por un escaso punto, o un poco menos, es decir, un empate técnico, y una decisión que puede girar a favor de uno u otro, en lo cual el factor juvenil marcará la pauta.
En caso de confirmarse el triunfo de la coalición sociopolítica “Pacto Histórico”, lo más probable según las tendencias, el nuevo Gobierno y la sociedad colombiana deben concertar una política pública de juventud (ver recuadro) y materializarla a través de un Plan de Juventud que materialice el “espíritu” de la Constitución Política y esté integrado orgánicamente al Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Existe una deuda histórica con ellas y ellos, y es hora de pagarla.

¿Qué es una política pública de juventud?

Es el conjunto coherente de principios, objetivos, metas y estrategias que identifica, comprende y aborda las realidades de las juventudes (construcción sociocultural que alude a unas prácticas, relaciones, estéticas y características que se construyen y son atribuidas socialmente), da vigencia y garantía al disfrute de sus derechos humanos y responsabilidades, reconoce y reafirma sus identidades y afianza sus potencialidades, resultado de consensos y acuerdos entre las juventudes, el Estado, la Sociedad, la cooperación internacional y el sector empresarial, privado, cooperativo y comunitario. Esta política y plan deben fundamentarse en la Ley 1622 de 2013, que establece las competencias de la Nación, los departamentos, los municipios y el Distrito Capital.
Definición de Juventud: Toda persona entre 14 y 28 años cumplidos en proceso de consolidación de su autonomía intelectual, física, moral, económica y social y cultural que hace parte de una comunidad política y en ese sentido ejerce su ciudadanía (Ley 1622 de 2013, Estatuto de ciudadanía juvenil).

En la década de 1990 los adolescentes y los jóvenes pasaron a ser sujetos de la política pública nacional. El núcleo articulador y el mecanismo de gestión de esas políticas es el Sistema Nacional de Juventudes (SNJ). La Ley de Juventud 1622 de 2013 define ese Sistema como el conjunto de actores, procesos, instancias, orientaciones, herramientas jurídicas, agendas, planes, programas, y proyectos, que operativiza la ley y las políticas relacionadas con juventud, mediante la creación y fortalecimiento de relaciones entre el Estado, la sociedad civil, la familia, las entidades públicas, privadas, mixtas y las y los jóvenes y sus procesos y prácticas organizativas (ECJ, artículo 22). Una revisión a la política e institucionalidad formal que prevalece en el país para atender a este sector social nos permite una radiografía de lo existente y unas conclusiones sobre el particular1. La línea de tiempo adjunta describe la evolución de las instituciones, políticas y estrategias de juventud.

Nueve conclusiones pueden extraerse del análisis de la evolución del marco jurídico, institucional y de políticas públicas:

• El desarrollo jurídico es prolífico y ha animado la creación de instituciones especializadas en políticas poblacionales en el nivel nacional y en las entidades territoriales (si bien son una mezcla abigarrada de enfoques poblacionales y sectoriales: infancia, adolescencia, jóvenes, adultos mayores, etnias, género, salud, educación, empleo, emprendimiento, etc.). No obstante, no existen espacios reales y permanentes de participación democrática (excepto los recién electos Consejos de Juventud) y los recursos financieros son marginales e insuficientes.
• Los documentos Conpes son reiterativos y repetitivos en el diseño de estrategias y políticas que buscan la inclusión de los jóvenes como ciudadanos plenos, y su inserción, junto a los adolescentes, en el ámbito socioeconómico, y la titularidad de los derechos reconocidos en la CP. No existe una evaluación integral de los alcances, limitaciones, desarrollos y fallas de los Conpes de juventud. La ley de juventud de 1997, el código de la infancia y la adolescencia de 2006 y la Ley Estatutaria de Juventud de 2013 tampoco han sido evaluadas ni se sabe de su apropiación por parte de los actores y agentes del SNJ.
• La estrategia e instrumento principal de las políticas públicas es el SNJ sin embargo, su diseño, operación, gestión y coordinación es confuso y, desde su propuesta inicial –Ley 375 de 1997– no ha funcionado como han operado otros sistemas más robustos (educación o salud, por ejemplo).
• Junto al retroceso, en la década de los noventa, del modelo que consideraba, de manera épica, a los adolescentes y jóvenes como protagonistas del cambio necesario de la sociedad, a un anacrónico modelo preconstitucional que los califica de nuevo como grupos poblacionales “de riesgo y en riesgo” y como objetos de políticas asistenciales, se presenta también un recular de dos décadas en la institucionalidad de juventud.
• En el nivel nacional se registra, tanto una duplicación de funciones y roles en relación con la adolescencia y la juventud, como una falta de coordinación y ausencia de comunicación entre las políticas poblacionales de juventud (Colombia Joven o ICBF, por ejemplo) y las sectoriales (educación, salud, formación para el trabajo, entre otras).
• Pasadas tres décadas de promulgada la Constitución de 1991 y 24 años de haber sido aprobada la primera Ley de la Juventud (375 de 1997), el desarrollo del Sistema Nacional de Juventudes es débil, precario o inexistente, según se observa en al ámbito nacional o en la diversidad territorial.
• En general, el subsistema institucional en el nivel nacional y territorial es poco especializado y carece de fortalezas técnicas, políticas y financieras. La organización y el funcionamiento del subsistema de participación igualmente son desiguales, descoordinados, aislados, poco representativos y sin logros evidentes.
• A partir de la década de los años 1990, la mayoría de los planes de desarrollo nacional incluyen la formulación de la Política Pública de la Juventud, pero sin llegar a materializarla. El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 no es la excepción, una de sus metas contempla la formulación de la Política Pública Nacional de Juventud y sus estrategias de seguimiento y evaluación, pero el Gobierno Duque incumplió esta promesa; a manera de compensación precaria y apresurada, en agosto de 2021, el Gobierno aprobó el Documento Conpes 4040 “Pacto Colombia con las Juventudes: Estrategia para fortalecer el desarrollo integral de la Juventud”; al igual que los Conpes precedentes, reitera una y otra vez lo ya escrito, no contiene contenidos sustanciales, estructurados y sostenibles, no aporta mayores recursos financieros o presupuestales, ni avanza en resolver el conflicto institucional entre una organización sectorial y el desarrollo de políticas poblacionales y de identidad.
• En Colombia las acciones orientadas a mejorar la calidad de vida y promover la participación de la juventud registran un comportamiento cíclico con sus fases diferenciadas de promoción, auge, declive y crisis. Entre 1990 y 1993 el país vivió un entusiasmo y promoción de las temáticas de juventud; entre 1994-1998 se registró un auge legislativo y de construcción de políticas públicas de juventud; entre 1999-2012 se registra un declive en la evolución de la institucionalidad, la legislación, las políticas y los recursos financieros orientados a favorecer a las juventudes del país; en 2013 se expide el estatuto de ciudadanía juvenil que pretende generar las condiciones para que la juventud pueda ejercer su ciudadanía y sus proyectos de vida individuales y colectivos; el entusiasmo que despertó esta Ley Estatutaria 1622 alcanza hasta el año 2017; entre 2018 y 2022 el Estado desanda o recula frente a lo construido y vuelve a la vieja sociedad tradicional, cerrada al pensamiento crítico y reluctante al cambio; los jóvenes son estigmatizados y se aplica una política deshumanizante, excluyente, represiva y violenta frente al movimiento juvenil.

Las políticas de juventud, una fachada sin contenidos estructurados y sostenibles. Las personas jóvenes viven hoy con mayor dramatismo, que el resto de la población, una serie de tensiones y paradojas2:
• Una de las principales es que la juventud goza de más acceso a la educación y menos a un empleo digno. En los análisis de su inserción laboral, resalta el alto nivel de desempleo y subempleo y la alta precariedad de quienes logran ocuparse (expresada en inestabilidad laboral, bajas remuneraciones y escasa cobertura de la seguridad social).
• También gozan de más acceso a información y menos al poder. Al referirse al problema de los jóvenes, el sociólogo Pierre Bourdieu era categórico al afirmar que “En la división lógica entre jóvenes y viejos está la cuestión de poder”. Esto es, cuando aparecen los conflictos sobre los límites entre las edades está en juego la trasmisión del poder y de los privilegios entre las generaciones.
• Desean más autonomía, pero tienen menos opciones para materializar su emancipación.
• Se hallan más previstos de salud pero menos reconocidos en su morbimortalidad específica.
• Son más móviles pero al mismo tiempo están más afectados por trayectorias migratorias inciertas y los desplazamientos forzosos.
• Son más cohesionados hacia adentro pero con mayor impermeabilidad hacia afuera. La inclusión hacia adentro va tensionada, en términos de valores e identidad, con exclusión hacia afuera.
• Más aptos para el cambio productivo pero más excluidos de este.
• Ostentan un lugar ambiguo entre receptores de políticas y protagonistas del cambio.
• Viven una tensión entre la expansión del consumo simbólico y la restricción en el consumo material.
• Son actores de una doble dualidad: autodeterminación y protagonismo, por una parte, y precariedad y desmovilización por otra.

1 Sarmiento Anzola, Libardo. (2022). Diagnóstico de la garantía de los derechos humanos en adolescentes y jóvenes en enfoque diferencial, estructural e histórico, según censos de 1993, 2005 y 2018. Fondo de Población de las Naciones Unidas-DANE; Colombia; pp. 35-38.
2 Organización Iberoamericana de Juventud-CEPAL. (2004). La juventud en Iberoamérica. Tendencias y urgencias. Chile, pp. 17-20.

1 Cifras basadas en la encuesta INVAMER S.A.S. de junio de 2022. Fuente de financiamiento: Noticias Caracol, Blu Radio y El Espectador. Objetivo: Conocer la intención de voto de cara a las elecciones presidenciales de 2022. Universo: hombres y mujeres de 18 años en adelante, de todos los niveles socioeconómicos a nivel nacional, con cubrimiento urbano y rural. Margen de error: los márgenes de error dentro de unos límites de confianza de un 95%, se encuentran entre el 2 y el 5 por ciento dependiendo de la región geográfica. Fecha de recolección de los datos: del 3 al 7 de junio de 2022.
2 Sarmiento Anzola, Libardo. (2004). Política pública de juventud en Colombia: logros, dificultades y perspectivas; en Construcción de políticas de juventud. Programa Presidencial Colombia Joven, Organización Iberoamericana de Juventud, Unicef, GIZ, et alt; Colombia, p. 118.
* Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia y desdeabajo.

Para adquirir suscripción