La realización de la COP16, con la biodiversidad como su eje central, invita a preguntarse por la realidad del campo colombiano, en gran medida en manos de terratenientes, y por las circunstancias de vida de quienes lo pueblan, sobre cuyos hombros recae la conservación de la gran diversidad que tiene la vida en la ruralidad nacional, en sus bosques, llanuras, selvas, y otros territorios, siempre en el ojo de los negociantes de la vida. En ese marco, las Zonas de Reserva Campesina, un propósito y logro, faro de lucha del campesinado sin tierra, se constituye en un gran logro que debe ahondarse.
Las movilizaciones campesinas de finales de años 80 e inicios de los 90 dieron como resultado la Ley 160 de 1994 que estableció las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) en Colombia, propuesta que nace en el marco del Encuentro Nacional Campesino de 1991 realizado en la ciudad de Cali, en el que participaron organizaciones como Fensuagro, Anuc, CNA, entre otras organizaciones de carácter local y regional.
El contexto político y territorial de la lucha campesina de aquella época estuvo marcado por la violencia exacerbada, generada por los distintos actores armados que hacían presencia en los territorios de la ruralidad colombiana, dando pie a desplazamientos forzados, amenazas contra la vida y los modos, costumbres y formas de relacionamiento del campesinado con la tierra. La creación de las ZRC fueron una estrategia para dar una solución a estas problemáticas de injusticia.
Las ZRC son territorios autónomos, geográficamente delimitados, que protegen el derecho a la tierra de las comunidades rurales. Promueven prácticas de sustentabilidad de la vida y el cuidado del medio ambiente; ayudan a detener el creciente aumento del monocultivo y la deforestación; y permiten la creación e implementación de políticas públicas que verdaderamente beneficien al campesinado.
Actualmente existen 14 ZRC en todo el territorio colombiano, de las cuales 7 han sido aprobadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro (Ver recuadro). Las ZRC establecen marcos de funcionalidad que permiten la participación democrática de las comunidades rurales, ayudan a consolidar diálogos desde lo local, regional y nacional con las y los campesinos propendiendo su organización, coordinación y unidad. Algunos de los mecanismos estratégicos que se desarrollan para lograr de ellas los mejores reditos, implican la creación de asociaciones, cooperativas, comités de gestión y apoyo en términos de la producción, educación, salud, medio ambiente, derechos de las mujeres, así como la realización de asambleas comunitarias, y ejercicios colectivos de planeación territorial, entre otros.
Es importante resaltar el papel fundamental que da el Acuerdo de Paz del 2016 firmado entre las Farc-ep y el Estado colombiano a las Zonas de Reserva Campesina en el punto uno de Reforma Rural Integral, destacando la necesidad del acceso, distribución, titulación y usos adecuados de la tierra, el reconocimiento integral de las y los campesinos como sujetos especiales de derecho y la soberanía territorial, como pasos necesarios para saldar la deuda histórica con el campo colombiano.
La implementación de las ZRC avanza en medio de grandes obstáculos generados por empresarios de la agroindustria, gremios de ganaderos, sectores políticos tradicionales, grandes terratenientes y actores armados que lentifican los procesos de adjudicación y formalización de la tierra, así mismo, la continuidad del conflicto y las prácticas paramilitares pone en riesgo permanente la integridad y la vida de las comunidades que lideran dichos procesos.
Algunos desafíos para las ZRC
En primer lugar, es urgente darle fin al conflicto armado y la violencia que persiste en los territorios que siguen produciendo desplazamientos forzados y sembrando miedo en las comunidades. Es necesario decir que muchas de estas violencias están articuladas con la defensa de los intereses económicos de proyectos extractivistas y agroindustriales, que además de poner en riesgo las formas de vida de las y los campesinos, amenazan con la destrucción de la naturaleza.
Así mismo es necesario eliminar las desigualdades en el campo en términos de infraestructura, acceso a servicios básicos como luz, agua, gas, conectividad de internet, acceso a una educación y salud digna, desarrollo de vías que permitan la movilidad del campesinado y la circulación y distribución de los productos del campo.
En tercer lugar, persiste la necesaria capacitación del campesinado y su formación para desarrollar estrategias que permitan la diversificación económica en el campo y que sean alternativas productivas para enfrentar los efectos del cambio climático en la producción agrícola.
En cuarto lugar, es imprescindible reconocer a las mujeres como poseedoras de la tierra, implementar prácticas, políticas y acuerdos que permitan su participación en todas las dimensiones de la vida. Reconocer social y económicamente las labores del cuidado y la crianza y promover su equitativa distribución.
Finalmente, aunque estos procesos de constitución de ZRC son aprobados a través de trámites administrativos estatales, no debe olvidarse que su origen, organización, dinámica e implementación, viene de la lucha histórica de gran parte del campesinado, que con determinación luchó, y lo sigue haciendo, por conquistar sus territorios propios donde vivir en dignidad.
Se trata de luchas lideradas al margen de la tutela estatal, en lucha contra este, cualidad que no debe perderse y se constituye hoy por hoy, en el Gobierno del Cambio, un reto inmenso por conservar. Aunque se trata de una administración amiga, esa relación tiene límites que pueden evidenciarse, en un momento dado, según necesidades, propósitos, formas, etcétera, levantados por el campesinado y los que esté dispuesto a patrocinar el Gobierno.
Autonomía aún más necesaria, consolidando formas propias de organización y lucha, al darse un cambio en los inquilinos de la Casa de Nariño. Ante esa posibilidad, es necesario preguntar: ¿qué pasaría si llega otro gobierno y decide terminar con las ZRC? ¿Cómo se implementarán las ZRC más allá del Estado para así consolidar la autonomía y defensa de los territorios rurales?
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