¿Cómo proteger la biodiversidad cuando los defensores del medio ambiente están en la mira? Esta la angustiante paradoja que se debe enfrentar, más aun en América latina y Colombia, donde el nivel de violencia hacia los activistas ambientales sigue siendo el más elevado del mundo.
A pocos días de la apertura de la COP 16 de Naciones Unidas sobre la biodiversidad (Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica) en Cali, el próximo 21 de octubre, las noticias mundiales acerca de la destrucción de los hábitats de los animales, de los paisajes y espacios naturales, pero también en torno a los estragos resultantes de eventos climáticos cada vez más numerosos e intensos, demuestran la gravedad y complejidad de la situación actual. En América latina, la sequía de la Amazonia y los incendios masivos, en curso en muchos países, son uno de los motivos de más apremiante preocupación.
En ese contexto, existe un motivo adicional de fuerte inquietud: vemos como, particularmente en América latina, la protección del medio ambiente sigue siendo una acción de muy alto riesgo. Las razones de esa dinámica de violencia son complejas, tanto al nivel nacional como regional o internacional, tal como se evidencia en numerosos informes de ONG colombianas y mundiales al respecto. Especialmente, se trata de entender por qué Colombia continúa siendo, desde hace varios años, el país más peligroso para los defensores del medio ambiente. Examinamos aquí algunos datos y posibles explicaciones, específicamente en torno a las amenazas regionales sobre la biodiversidad que se relacionan con dicha violencia.
Una violencia en auge contra defensores del medio ambiente
Es preocupante observar que persiste, o incluso se agrava, la violencia en contra de los defensores del medio ambiente en el continente latinoamericano, pues de los diez países donde esta violencia es la más elevada en 2023, ocho son latinoamericanos (Filipinas e India los otros dos).
En el 2023, son 196 personas asesinadas en el mundo por defender el medio ambiente y sus tierras. Entre ellos, 79 asesinatos ocurrieron en Colombia, país con el número más elevado (40% del total de casos registrados), seguido por Brasil (25 asesinatos), Honduras (18) y México (18). Luego se incluyen otros países latino-americanos, entre los diez primeros: Nicaragua (10 casos), Guatemala (4), Panamá (4) y Perú (4), a los que se suman Paraguay (2), Ecuador (1) y Venezuela (1). De ese modo, América latina representa el 85 por ciento del total de asesinatos registrados en 20231.
Además, es importante destacar que de los 79 asesinatos ocurridos en Colombia, casi la mitad (37) conciernen personas pertenecientes a comunidades indígenas (31) y afrodescendientes (6). La mayoría de los casos se registran en el Cauca (26), Nariño (9) y Putumayo (7). Esos tres departamentos constan entre los más afectados por una serie de dinámicas sociopolíticas y económicas, en particular el cultivo de la coca y el narcotráfico, cuyas rutas se desplazan hacia Ecuador y Brasil, pero también las diferentes formas del conflicto armado entre una nebulosa de actores armados o ilegales, en zonas con recursos mineros o naturales. Entre esos fenómenos, pueden encontrarse algunas causas de la violencia, pero se precisa identificar factores propios de cada contexto y factores comunes.
Si bien las dinámicas difieren entre países –pues existe una leve mejoría en México y una mejoría en Brasil que pasa de 34 a 25 casos, en contraste con la agravación en Honduras, país con el mayor número de asesinatos per cápita–, existen múltiples factores regionales comunes, además de los propios de cada contexto. Estos factores comunes giran en torno a la explotación de recursos fósiles (petróleo, gas, carbón), mineros (oro, litio) y naturales (maderas, especies animales, plantas medicinales usadas para patentes) apetecidos a nivel mundial y sujetos a diversos tráficos. Esa sobre-explotación internacional de recursos primarios, a menudo en condiciones que contravienen el derecho laboral, los derechos humanos y el derecho ambiental, concierne entonces a diversidad de especies vivas y de recursos naturales, apropiados masiva o ilegalmente2.
Los defensores ambientales, al luchar contra la apropiación o explotación ilegal de tierras y recursos naturales, enfrentan actores criminales o grupos armados ilegales, pero también compañías internacionales que usan a veces mercenarios privados, así como fuerzas públicas represivas. Así que persiste la impunidad que protege a los autores intelectuales, como a los asesinos, pero también desapariciones y desplazamientos de grupos o de líderes sociales amenazados, pues siguen desconocidos los autores materiales e intelectuales, aunque suelen ser miembros de grupos armados o criminales los responsables identificados en los casos registrados.
La violencia contra actores ambientales, que incluyen líderes comunales o indígenas, afecta comunidades vulnerables, en el plano social y cultural; comunidades que además no reciben beneficios de la explotación de los recursos locales, pero que enfrentan contaminaciones en los ríos y los campos, en especial en lugares donde prevalecen la fumigación de la coca, la minería que usa productos químicos, o los derrames petroleros, por ejemplo.
Eso ocurre a pesar de la oposición expresa de diferentes grupos de población organizados en alianzas multisectoriales, mediante diferentes mecanismos legales, incluyendo consultas previas o populares, como se vio en países como Perú, Guatemala o Colombia. Pero la manera como se implementan o se conciben los dispositivos participativos puede restringir o desviar el proceso, incluso cuando existe una acción no violenta que busca construir una visión alternativa llamada “ciencia de resistencia”, como ocurrió en el sur de Ecuador3.
Esas cifras, apenas una muestra de la realidad, demuestran que América latina se mantiene como la región donde persiste el mayor nivel de violencia hacia los activistas ambientales, mientras que el modelo extractivo de recursos primarios y mineros no logra revertirse pese a luchas locales contundentes.
Dinámicas mezcladas entre factores de violencia: algunas tendencias regionales
El nivel sumamente superior de casos registrados en Colombia y en países de Centroamérica requiere examinar la complejidad de factores y de dinámicas locales, regionales e internacionales allí mezcladas. En cada caso, existen factores múltiples que pesan, pero es la manera como los fenómenos se conjugan que permite explicar la dimensión y las modalidades de la violencia y por ello, una mirada específica a cada país es necesaria. Aquí se plantean unas observaciones breves sobre ciertos factores comunes, con algunos ejemplos.
Para empezar, se debe recordar que de manera general, existe un subregistro de casos y una falta de investigación judicial que permita identificar autores, modalidades y víctimas de este modo de violencia específica. Si bien esas realidades no son nuevas y más bien se asientan en el tiempo, la dificultad de evidenciar estos procesos y de enjuiciar los responsables restringe la capacidad de acción de los poderes públicos, además de la corrupción de sistemas y fuerzas judiciales o policiales.
La diversidad de actividades agrícolas, industriales o mineras, relacionadas con la defensa del medio ambiente, es muy amplia. Bien sea porque activistas y poblaciones locales rechazan un proyecto minero, luchan contra la deforestación o las modalidades de pesca industrial, o bien contra un proyecto de infraestructura (represa, central hidroeléctrica), impuesto sin consultar con los habitantes del lugar, cualquier oposición a esas industrias extractivas se percibe como un cuestionamiento al estatus quo, lo cual a su vez genera una violencia hacia los oponentes por parte de grupos armados o criminales que consideran afectados sus intereses económicos.
Así, el narcotráfico impacta las poblaciones campesinas que producen coca o que no logran sustituirla, debido a las amenazas que reciben, especialmente en el Putumayo o Nariño y a lo largo de la frontera con Ecuador. Aun así, habría que aclarar por qué, pese al auge del narcotráfico en Ecuador desde hace unos pocos años, la violencia contra defensores ambientales parece menor, o al menos solo se registra un caso en 2023, aunque es muy probable que en un contexto de violencia en auge, como el que se dio a fines de 2023 con enfrentamientos urbanos entre bandas rivales, aun no sea posible para las organizaciones presentes registrar los casos. También es difícil, por la mezcla entre distintas actividades económicas licitas e ilícitas, discriminar la actividad industrial que origina la mayor violencia, aunque en Colombia y Centroamérica, la actividad minera y extractiva parece constituir la que más se rodea de violencia hacia sus oponentes.
El hecho tal vez más inédito es que cada vez más se ven afectadas poblaciones indígenas residentes en la Amazonia, o en otras zonas en proceso de deforestación, ante la presión por la extensión de la crianza de ganado y los cultivos de exportación (aceite de palma). Incluso en zonas de la selva cada vez más codiciadas por sus recursos, existen pueblos autóctonos en aislamiento voluntario o con muy pocos contactos con la población y la actividad “occidental” y urbana, que enfrentan la entrada en el bosque de empresas o redes de tráfico en búsqueda de maderas especiales o de especies silvestres, pero también de plantas medicinales. Además, esos pueblos se ven amenazados por los incendios forestales y la sequía que acechan actualmente ese territorio4. Incendios que no ocurren únicamente en la selva o las zonas más rurales, sino también en los ámbitos urbanos, como se vio a fines de septiembre con la ciudad de Quito cercada por 5 grandes incendios 5.
Esas diversas amenazas a los defensores del ambiente, particularmente en zonas forestales o frente a la explotación de todo tipo de recursos, así como la manera de tratar los eventos climáticos como “catástrofes naturales” o como acontecimientos aislados, sin evidenciar las lógicas comunes al nivel local regional o mundial, que requieren de un análisis pormenorizado y trabajo de campo, facilitan la violencia omnipresente contra los actores sociales y los grupos de población afectados, en América latina.
COP 16, en medio de un contexto de conflicto socio-ambiental regional
Pese al mayor conocimiento y consciencia, al menos en generaciones más jóvenes y en organizaciones y actores sociales o educativos, de las causas del cambio climático o de la existencia de modelos agrícolas alternativos respetuosos del medio ambiente y de las poblaciones locales, a pesar de difundirse un discurso alrededor de la valorización de conocimientos autóctonas para preservar la biodiversidad y manejar los espacios selváticos para su uso hoy y mañana, la complejidad de los desafíos hacia el presente y el futuro no mengua.
Por ende, cuando falta avanzar colectivamente en la lucha contra el cambio climático y por la protección de la biodiversidad, es preciso ver qué aportes nacionales y regionales se presentarán en la COP 16, conferencia que tiene la tarea fundamental de propiciar la implementación del Acuerdo de Kunming-Montreal, elaborado en la COP 15 en 20226. Los 196 países firmantes deben ahora implementar los marcos comunes de preservación, restauración y protección de los seres vivientes y de los ecosistemas más afectados, sean terrestres o marinos. El reto es lograrlo en el contexto mundial de guerras que se multiplican, mientras se intensifican los eventos climáticos extremos (lluvias en Europa Nepal o África del este). Contexto en el que la reflexión se restringe a tratar la emergencia a corto plazo.
En América latina, si bien no existen guerras entre naciones, los contextos de cada país son una fuente de conflicto socio-ambiental. Especialmente en países como Brasil donde, con el regreso de Lula al mando se esperó un giro en la política ambiental y una mejor protección de la Amazonia, menguando un poco la violencia, pese a lo cual la misma sigue entre las más altas del continente. En Colombia, donde se fragiliza más la política de la Paz Total del gobierno Petro, la preocupación por una extensión nacional del conflicto sigue preminente. A pesar de ello, enfrentar la sequía y los incendios que acechan a casi todos los países amazónicos, requiere no solo de una mayor coordinación de la lucha contra la deforestación y los estragos del cambio climático, sino atender la sobrevivencia de los pueblos indígenas y preservar la biodiversidad, que están bajo fuego cruzado. Este es el reto más apremiante, entre tantos otros.
1. Cifras propuestas por la ONG Global Witness (2024), Voces silenciadas, p. 14. Informe accesible en: La violencia contra las personas defensoras de la tierra y el medioambiente | Global Witness (10 de septiembre de 2024).
2. Massal J. « Hacia la paz con la naturaleza. Retos y perspectivas de la lucha por la justicia ambiental en Colombia », Desde Abajo, n°315 (Julio-agosto de 2024).
3. Ecuador: “ciencia de resistencia” noviolenta en el Proyecto Mirador – Accion noviolenta (flacso.edu.ec)
4. Incendios forestales en Sudamérica en la peor sequía en 121 años (rtve.es) (consultado el 2 de octubre de 2024)
5. La REDESCA insta a una acción urgente ante la crisis ambiental en América del Sur provocada por los incendios forestales (oas.org) (consultado el 2 de octubre de 2024)
6. Texto del Acuerdo accesible en este link : Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (cbd.int)
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