Sin sorpresas. El gobierno nacional radicó en el Congreso de la República una reforma tributaria. Según ha dicho, no es para generar más recursos, ya que el recaudo anda muy bien. El propósito, de acuerdo a sus explicaciones: mejorar la equidad, crear más empleo formal y gravar las rentas de las personas que tienen más ingresos.
Con estos argumentos, y con la reforma radicada ante la bancada hegemónica en el Congreso de la República, de una parte, se exonera a los empresarios de pagar algunas cotizaciones patronales a la seguridad social (3% para el Sena, 2% para el ICBF y 8,5% para salud), con lo cual se supone la reducción efectiva de los costos a la contratación de trabajadores y, por tanto, se propicia el incremento del empleo formal.
Al mirar la otra cara de la moneda, se destaca que los gravados serán los asalariados de ingresos medios y altos con el famoso IMAN (Impuesto Mínimo Alternativo Nacional). Con éste, quienes ganen más de 3,4 millones de pesos no podrán descontar plenamente los gastos de educación, vivienda, salud y endeudamiento, sino que deberán pagar un impuesto equivalente a un porcentaje fijo de sus ingresos. Esta sería la forma de gravar los mayores ingresos.
Razones y proyecciones oficiales que dan pie para dos preguntas: 1) ¿Es cierto que el desempleo y la informalidad dependen de las contribuciones a la seguridad social? 2) ¿Qué pasará con las entidades financiadas con tales contribuciones? Respecto a la primera, sería lo mismo que decir que los impuestos que pagan las empresas generan desempleo. Eso sería cierto si el recaudo de los tributos se guardase en las arcas del Banco de la República. Pero no es así: esos impuestos son gastados luego a través del presupuesto nacional y tienen un efecto expansivo sobre la economía. Lo mismo pasa con las contribuciones a la nómina orientadas a financiar prestaciones sociales.
Tales contribuciones existen en todos los países de la Tierra y son una forma de garantizar la continuidad de las prestaciones sociales, de tal forma que no dependan del ciclo político o económico. Se trata de derechos sociales que, en este caso, nacen del contrato social entre el capital y el trabajo (se trata de prestaciones sociales que nacen de la relación laboral). Tocar esas prestaciones sería romper dicho pacto, que entre otras cosas está consagrado en la Constitución Política.
Al tiempo que se desmontan los aportes sobre la nómina, el impuesto de la renta sobre las empresas se reduce del 33 al 25 por ciento. Sin embargo, se crea un nuevo impuesto de 8 por ciento, llamado el CREE (Impuesto sobre la Renta para la Equidad; la sigla no coincide con el nombre del tributo), con lo cual la tarifa efectiva volvería al 33, pero esos 8 puntos se supone que reemplazarán los recursos que se les quitan al Sena, ICBF y la Salud.
Esta propuesta tiene varios problemas: 1. El 8 por ciento sobre las ganancias de las empresas es un recurso volátil que desaparece en las crisis económicas. 2. Ese tributo está sujeto a las deducciones que hagan los empresarios. 3. Una cosa es una destinación específica del presupuesto nacional, que es el caso del 8 por ciento, y otra una prestación social que nace de una cotización en el trabajo, en cuyo caso la prestación tiene el carácter de derecho social. 4. Cuando falten los recursos para la salud, les dirán a los trabajadores que el 4 por ciento que hoy cotizan debe ser aumentado porque la cotización patronal dejaría de existir.
La reforma no corrige los problemas que dice atacar: 1. Se alega que promueve la equidad porque grava las rentas más altas, pero lo que hace es gravar a las clases medias en beneficio de las altas. 2. Alega que promueve el empleo y su formalización pero esto no depende de las contribuciones sobre la nómina para la seguridad social. Estos fenómenos son resultado precisamente del modelo económico que se viene promoviendo en el país y que la administración Santos ha potenciado: un modelo basado en la inversión extranjera en minería extractiva, que genera poco empleo, y que a la vez está produciendo una fuga de divisas del país vía el pago de dividendos y utilidades.
De acuerdo con Álvaro Moreno, “entre 2000 y 2011, la extracción de rentas fue en aumento, pues pasó de 28 dólares por cada 100 dólares de inversión extranjera, en 2002, a 107 dólares en 2011: un balance nítidamente negativo para la economía nacional”. El capital extranjero extrae recursos a costa de deprimir el consumo de las familias y la remuneración de los asalariados en el país (ver recuadro).
Es por esto que resulta un chiste que el Gobierno defienda la actual reforma tributaria alegando que beneficia la equidad. Es todo lo contrario: beneficia al capital, en contra de los intereses de los trabajadores. Como siempre, se trata de una disputa entre el capital y el trabajo, esta vez en beneficio del primero.
Recuadro
Extracción de rentas
Los últimos dictados de la ortodoxia en política económica impulsan a gravar los salarios medios y aumentar los impuestos indirectos, para equilibrar mayores deducciones al capital. Y ese es el espíritu que envuelve a la reforma tributaria que propone el Gobierno.
En Colombia, la participación de los salarios en el PIB ha tenido una caída sostenida que la hizo retroceder del 36 por ciento en 1999 al 31 por ciento en 2005. De igual modo, la participación de la demanda de los asalariados en la demanda total se ha contraído 6,5 por ciento desde 1994, cuando representaba el 72,9, para pasar en 2011 al 66,4.
Sin embargo, en los últimos 11 años, las remesas al extranjero por rentas han aumentado, pues de 28 dólares que se remitían al exterior por cada 100 dólares invertidos en el país en 2002, se pasó a 107 dólares en 2011. Lo que nos hace una economía de enclave y muy solícita en la entrega de los excedentes.
La disminución de la participación de la industria y la agricultura en el PIB, y el aumento del peso de la minería, con la reforma tributaria nos ubica en una doble condición desventajosa, pues el aumento de los márgenes de ganancia al capital son simultáneamente drenajes de riqueza al extranjero. Nuestro salario promedio es uno de los más bajos del continente, y hacerlo tributar aún más únicamente tendrá como efecto la reducción de las condiciones de vida de nuestra sociedad.
Por César Giraldo, profesor Asociado Universidad Nacional de Colombia
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