En las últimas semanas, miles de personas se volcaron de nuevo a las calles de las diversas ciudades para volver a exigir con insistencia la garantía del derecho a la salud en el país.
Sin lugar a dudas estamos ante un alza –nuevo ciclo– en la indignación social producto de la crisis que afecta al sector salud, en especial por la propuesta de nueva reforma a la ley 100 que presentó el gobierno a través del proyecto de ley 210 de 2013, en debate –segunda vuelta– en el Congreso de la República. Una reforma para retocar el modelo privatizador de salud, sin las salidas estructurales que demanda su efectiva transformación.
La movilización y la protesta social son múltiples, con expresiones en acciones colectivas como plantones, marchas, cacerolazos, asambleas permanentes, debates públicos, difusión de información por redes sociales, peticiones de rechazo a través de plataformas virtuales. En su curso, han engalanado las calles con cientos de pancartas y consignas, de manera particular, teñidas de color blanco, dado que los principales participantes son los estudiantes de las áreas de la salud, tanto de pregrado como de posgrado.
La gota que rebosó esta vez el vaso es el proyecto de ley 210 de 2013. Por tercera vez se pretende rediseñar el sistema general de seguridad social en salud, pero tal como está estructurado no aborda las causas –estructurales– de la crisis del sector: la intermediación financiera de las aseguradoras, el establecimiento de barreras económicas, administrativas y geográficas que imponen estas aseguradoras, el énfasis en la atención a la enfermedad individual y no en la promoción y la prevención, los déficits financieros de la red pública hospitalaria, la pérdida de calidad en la formación del talento humano en salud, la falta de oportunidad y de calidad en la prestación de los servicios de salud que ha generado un enorme costo en enfermedad, sufrimiento y muerte en la sociedad (ver recuadro, lo que pasará de ser aprobada esta nueva reforma).
De manera particular en esta nueva ola de protestas sociales en salud, los estudiantes de pregrado y posgrado (residentes) lideran el llamado a la movilización, inyectándole aire juvenil a las reiteradas marchas blancas.
La pregunta que surge acá es ¿por qué en esta ocasión los estudiantes de las áreas de la salud están tan involucrados en la protesta? Dos pueden ser las respuestas. De un lado, un artículo del proyecto de ley, que hábilmente ya fue retirado por el Gobierno Nacional, que estipulaba que la formación y titulación de especialistas en salud no sólo la podían realizar las universidades, sino también los hospitales sin necesidad de aval de una universidad o una escuela de medicina.
De otro lado: que esta propuesta de reforma no resuelve el tema de la precarización laboral y la subordinación administrativa de los profesionales de la salud, asunto que desde hace un buen tiempo coloca a los gremios médicos y de otras profesiones de la salud en la orilla de los sectores que demandan un cambio estructural a la Ley 100.
En esta ola de protestas el acuerdo de los diversos sectores que la impulsan y se comprometen en ella, está alrededor de exigir al gobierno nacional el retiro de este proyecto de reforma, en tanto no resuelve la profunda crisis en salud que vive el país desde hace varios años.
Algunas de las expresiones de la crisis del sector son: 1. La insostenibilidad financiera de las Empresas Sociales del Estado (ESE u hospitales públicos), producto de las deudas contraídas por las EPS con estas y por el proceso de liquidación e intervención a las EPS que hace imposible la recuperación de esta cartera. 2. Por las actividades No POS del régimen subsidiado que deben financiar los entes territoriales sin la apropiación de recursos por el orden nacional; y, 3. La enorme inestabilidad laboral en el sector, en parte por la imposibilidad financiera de ampliar las plantas de personal en el 100 por ciento de las instituciones.
La propuesta de reforma no le da salida a esta crisis hospitalaria y por el contrarío permite el avance en la integración vertical, es decir que las nuevas Gestoras (EPS) contraten con su propia red prestadora de los servicios de salud, con lo cual se desangran más las finanzas de los hospitales públicos al no ser contratados. Ya se vislumbra –de ser aprobada la reforma– una fase final de liquidación de la red pública hospitalaria, siguiendo el mismo curso de la liquidación que sufrieron las instituciones públicas de la seguridad social en el país.
El clamor es claro: retirar el proyecto de ley actual, pero bajo la comprensión que su mismo retiro no resuelve la situación de crisis acumulada en el sector y, por lo tanto, prosigue la demanda de la configuración de un nuevo sistema de salud que, en efecto, garantice este derecho, coloque el acento en lo público y brinde un servicio digno al conjunto de la población.
En este aspecto, indigna el desconoci-miento del gobierno nacional y del Congreso de la República de las iniciativas presentadas por los sectores sociales, que pueden dar salidas a la crisis del sector, pero que sin lugar a dudas afectarían los intereses económicos de los empresarios de la salud en cabeza de las aseguradoras privadas de salud y respaldados por altos funcionarios del gobierno nacional y por la mayoría de congresistas.
Para la sociedad debe ser claro que la movilización y protesta social es el escenario con que se cuenta para poder generar el cambio necesario en el sector salud. Los escenarios del gobierno nacional y del Congreso de la República están cerrados, desde allí no fue ni será posible avanzar en una perspectiva distinta a la salud como negocio, en tanto existe un triángulo de poder económico y político muy sólido entre las aseguradoras privadas de salud, el Gobierno y el Congreso.
La revelación del aporte de las EPS y la industria farmacéutica a las campañas de los partidos políticos en el año 2010, muestra la estrecha relación económica y política entre las aseguradoras y los nombrados como gobernantes y congresistas, que son quienes definen en el país el curso de las decisiones en salud. Las cifras revelan que en el año 2010 estas empresas privadas de salud “aportaron” al partido de la U 445 millones, el Conservador 252 millones, el Liberal 135 millones, el PIN 14 millones, el Polo 25 millones y Cambio Radical 1 millón (ver recuadro).
Por esto, y tal como lo muestran y enseñan las protestas realizadas durante los años 2011, 2012 y 2013 (defensa de la educación pública, del agro y del campesinado), sí es posible detener medidas gubernamentales que lesionan los derechos sociales, lo que alienta sostener y profundizar la protestas en salud.
En ese camino vivimos momentos importantes, con la intensidad de la movilización del sector de finales del año 2009 y comienzos del 2010 en contra de la llamada emergencia social en salud, o las que vivimos alrededor de la configuración de la propuesta de su Ley estatutaria del 2012. Pero necesitamos tener conciencia que ahora debemos mantener la ola de protesta, aún en el escenario posible del retiro del proyecto de ley, dado que la apuesta de gran calado es el quiebre definitivo de la Ley 100.
El reto es involucrar cada día más al conjunto de la sociedad, ganarnos su comprensión e indignación. Por esto bienvenidas todas las formas innovadoras de la protesta: las y los estudiantes que amplían la movilización, las iniciativas desde las diversas redes sociales, las peticiones virtuales por retirar el proyecto de ley y establecer un nuevo modelo de salud. Estas y otras son bienvenidas.
La energía y la constancia deben ser colectivas. Debemos estar seguros que de sostener, incrementar y profundizar la ola de la protesta social que tenemos en este momento, podremos vencer y conquistar la aspiración de otra-nueva política de Estado que geste un modelo y un sistema garante del derecho a la salud para todas y todos, que permita que la sociedad retome la salud en sus manos.
* Para la elaboración del presente artículo he retomado el artículo de mi autoría Nueva ola de protestas por el derecho a la salud en Colombia, aparecido en el No. 376 del Semanario Virtual Caja de Herramientas.
** Médico Salubrista Público.
Recuadro 1
¿Qué pasará de aprobarse el proyecto de Ley 210 de 2013 que reforma el sistema general de seguridad social?
1. Se mantendrá el enfoque mercantil de la salud establecido por la Ley 100 de 1993.
2. Las EPS ahora se llamaran Gestoras de Servicios de Salud, pero mantendrán la intermediación en tanto serán las que contraten y paguen los servicios a las instituciones prestadoras de servicios de salud. Se mantendrá entonces las autorizaciones y se aumentarán las barreras de acceso que de este esquema se desprende.
3. Con este esquema de intermediación no se resuelven las deudas y se reduce el porcentaje de contratación con la red pública hospitalaria nacional, y por lo tanto empeora la situación de estas instituciones, declarando su muerte.
4. Un listado de exclusiones será el nuevo No POS, con la diferencia de que ahora no lo pagará el Estado sino las familias de acuerdo a su capacidad de pago. Podrá haber tutela cuando haya alguna negación, pero no para lo excluido, de esta manera revive decretos de la emergencia social en salud.
5. Las personas deberán continuar pagando las cuotas moderadoras y los copagos, que se sabe constituye barreras de acceso.
6. La legalización de formas inestables de contratación laboral mantendrá la precariedad del trabajo en salud y los impactos en acceso, oportunidad y calidad de la atención.
7. Las IPS podrán tener su hospital universitario, es decir que no se requiere de escuelas de medicina, ni Universidades, que den el respaldo y seriedad académica a la formación de los profesionales de salud. Se avanzará entonces en la educación en salud como negocio.
8. Habrá un cambio en la distribución interna de los recursos de salud del Sistema General de Participaciones, que refuerza el enfoque de aseguramiento, debilita la oferta pública de servicios, mantiene los reducidos recursos de salud pública y acaba con los de oferta.
9. La propuesta adolece de un claro modelo de atención que garantice el cuidado integral de la salud, por lo cual el sistema de salud seguirá centrado en la atención a la enfermedad.
10. No se habilitará ninguna forma de democratización y participación real de la ciudadanía en las decisiones del sistema de salud.
11. Habrá una depuración de las nuevas Gestoras de Servicios de Salud (antiguas EPS) para pasar a una concentración de Gestoras privadas, desapareciendo las públicas.
12. Se aumenta y se fortalece la contratación de las Gestoras con sus propias clínicas (integración vertical) acabando los hospitales públicos.
Fuente: Comunicado Comité Nacional de Secretarios de Salud, Gerentes de Hospitales, Movimientos Sindicales y Sociales. Bogotá, 25 de octubre de 2013.
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