Tres que son uno. El Plan de Desarrollo Municipal Cali (2012-2015), el Acuerdo Municipal del G-11 –aprobado recientemente por la mayoría en el Concejo local– y el borrador de revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), resumen y potencian una ciudad al servicio del capital nacional e internacional, propósito concretado a través de una planificación que define unas políticas y un modelo del territorio al servicio de una agenda regional priorizada de acuerdo a las necesidades del mercado y de la élite empresarial.
Una perla. El POT establece el Macroproyecto de Interés Social Nacional Ecociudad Navarro, que permite la construcción de viviendas de interés social a menos de un kilómetro del relleno sanitario de Navarro, cuando existen estudios que señalan que deben construirse a una distancia, mínima, de tres kilómetros. También establece el Plan Jarillón Aguablanca y obras complementarias (Pjaoc), el cual contempla la reubicación de las 5.500 familias que habitan en estos territorios (1). En el POT no se reglamenta la participación de la plusvalía generada por éstas y otras obras, así como las cargas y beneficios específicos. Cabe señalar que este proyecto de revisión y de ajuste del POT fue calificado como deficiente por el Consejo Municipal de Planeación.
De esta manera Cali se ajusta a las dinámicas de las principales ciudades del país, donde la prioridad es la “belleza”, la “competitividad” y su capacidad de atracción para las inversiones de capital extranjero. Con ello transforman la urbe en una mercancía a la venta (city marketing), una plataforma de negocios para que las inversiones sean más rentables para el empresariado, para lo cual imponen el despojo de la población y someten el patrimonio público al interés privado.
En materia de servicios públicos la imposición de este proyecto urbano orienta el grueso de las inversiones que realizan las Empresas Municipales de Cali (EmCali) hacia la generación de mayor rentabilidad para las inversiones del sector privado. En este sentido, fueron comprometidos el año pasado 304 mil millones adicionales para las vigencias comprendidas entre 2014 y 2017, pretendiendo con ello sacar de la quiebra las 21 Megaobras, que han generado sobre costos y problemas económicos a los habitantes de la ciudad.
Con esta misma orientación, los proyectos de servicios públicos priorizados en el actual borrador de ajuste y revisión del POT, fueron definidos para el área de expansión del corredor Cali–Jamundí (ver mapa), de esta manera pretenden viabilizar los proyectos que las constructoras ya están ofertando en estos terrenos, los cuales fueron convertidos en urbanizables a través de planes parciales decretados por el alcalde de la ciudad.
Estos proyectos de acueducto y alcantarillado en el área de expansión y en las zonas de redensificación, contenidas en el borrador de ajuste y revisión del POT, beneficiarán principalmente a las constructoras y el sector especulativo inmobiliario, sin embargo serán financiados por las Empresas Municipales de Cali. Así se impuso en el acuerdo de pago suscrito entre Juan Manuel Santos y Rodrigo Guerrero en el marco de la devolución de la empresa, y quedó establecido en el Conpes 3750 de 2013, donde quedó detallado el plan de inversiones.
Por estas razones, el gerente general de EmCali Eice Esp Oscar Pardo, asumió el compromiso en los últimos meses –en declaraciones públicas– con la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) y la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), con anticipar el pago de la deuda que tiene la empresa con la nación, para garantizar lo más pronto posible las obras que requieren las constructoras y el sector inmobiliario en las áreas de expansión y redensificación, estas últimas se concentrarán principalmente en el centro de la ciudad con el proyecto de urbanización ciudad Paraíso, que despojará a la población de los barrios San Pascual, El Calvario y Sucre de la Comuna 3, que de acuerdo a proyecciones realizadas en el 2009 “beneficia” a 3.072 personas reunidas en 978 hogares (2).
Este proyecto de urbanización se realizará sobre una extensión de 23,16 hectáreas, correspondientes a 30 manzanas, lo que afectará a 926 predios que son de uso predominantemente residencial, para estratos 1 y 2, aunque también hay allí actividades comerciales. Esta zona está ubicada en el centro tradicional de la ciudad, específicamente entre las carreras 10 y 15 con calles 12 y 17.
Este territorio queda establecido como un área de redensificación, en la cual se permitirá construir edificaciones hasta de 12 pisos, dentro de la planificación se proyecta edificar 2.464 apartamentos, un centro comercial y una estación intermedia del Sistema Integrado de Transporte Masivo “MIO” (3).
El dinero por cancelar no es poco. Al 31 de diciembre de 2013 la deuda de la Empresa con la nación ascendía a 1 billón 37 mil millones de pesos, y en el año 2025 –cuando se termine de pagar– ascenderá a más de 1 billón 500 mil millones de pesos, incremento exponencial resultado de las condiciones del acuerdo de pago suscrito entre Santos y y el alcalde Guerrero. Estos recursos son los que pondrán a disposición de los proyectos de servicios públicos requeridos en las áreas de expansión y redensificación establecidas en el actual borrador de ajuste y revisión del POT. Este compromiso, sumado a los adquiridos con las 21 Megaobras y el G-11 pondrán en riesgo la viabilidad financiera de Emcali.
Este sometimiento del patrimonio público que representa la Empresa pública de quienes habitan en Cali, al servicio de las constructoras y el sector inmobiliario, hace parte constitutiva del proyecto de ciudad de corte neoliberal impuesto desde el inicio de la década de los años 90, profundizado con la gestión del alcalde Guerrero. Es por esto que fue reconocida la deuda con la nación, recursos orientados principalmente a las áreas de expansión y redensificación definidas en el POT, aunque esta deuda sea ilegítima en su composición y en los intereses que le han cargado.
Hay que recordar que las Empresas Municipales de Cali vienen de un periodo de 13 años de intervención del gobierno nacional, que le impuso el pago prioritario de sus deudas con el sector financiero, lo que impidió atender las prioridades de la población. Ahora se prioriza los interés de las constructoras y el sector inmobiliario, nuevamente en contra del patrimonio público y de las reales necesidades que tiene la población para acceder a los servicios públicos en condiciones de calidad y justicia.
Por estas razones es fundamental confrontar este proyecto de ciudad de corte neoliberal, impuesto por diferentes gobiernos municipales y con la anuencia del Concejo. Con este propósito se conformó el Frente Amplio por la Defensa de la Ciudad, para confrontar este modelo de ordenamiento y forjar un territorio para la vida digna, salvaguardando las empresas públicas y los derechos colectivos.
* Asesor de SintraEMCALI
1 De acuerdo a la Secretaría de vivienda social de la ciudad, informe de gestión 2012, “Se realizó una verificación vivienda a vivienda en 12 sectores ubicados e el jarillón del río Cauca y 11 sectores en las lagunas del Pondaje y charco azul, realizando una caracterización socioeconómica e iniciando un proyecto social articulado con PJAOC (Plan Jarillón Agua Blanca, Obras Complementarias), este proyecto pretende la reubicación de estas 5.500 familias, con apoyo del Fondo de Adaptación Nacional con lo cual se cumplió con el 100% de la meta”.
2 Fuente: http://www.emru.gov.co/contenido/archivos/paraiso.pdf
3 Tomado de http://www.emru.gov.co/contenido/paraiso.html (consultado el 9 de junio de 2014).
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