Cojan la corriente, antes que nos quiten la luz

Como es ya habitual, tras un anuncio presidencial los grandes capitales construyen un relato apocalíptico sobre las implicaciones de los cambios. No ha sido distinto con la intención de modificar la tarifa en el servicio de energía, “no se puede regular con criterios políticos sino técnicos”, alegan quienes se lucran. En nuestro país no existe una cobertura total, varias regiones padecen de constantes interrupciones y tarifas elevadas. Toma cuerpo la disputa por el control de la Creg, entidad que podría regular las tarifas y darle viabilidad a las propuestas de la administración Petro.

Desde finales de año el presidente Petro aludió a la necesidad de asumir de manera directa las funciones de la Comisión de regulación de energía y gas (Creg) por un periodo de tres meses, lo intentó con un decreto que se encuentra suspendido provisionalmente por el Consejo de Estado. De nuevo el grito en el cielo, tanto oposición como medios de comunicación recitan que es una extralimitación y puede perjudicar aún más la situación. ¡Qué tal si se mencionara la palabra expropiación!, contemplada en el artículo 116 de la ley de 1994 que da origen el actual sistema de generación, transmisión, interconexión, comercialización y distribución de energía para los hogares.

La Creg, entidad integrada por seis comisionados expertos en asuntos energéticos y encargada de fijar las tarifas, establece fórmulas que son revisadas cada cinco años. En ella tienen asiento la ministra de Minas y Energía Irene Vélez, de Hacienda y Crédito Público José Antonio Ocampos y el director de Planeación Jorge Iván Gonzáles, o a quienes deleguen. Recientemente el Presidente nombró cuatro comisionados ante la salida de igual cantidad entre renuncias, cumplimientos de periodo y suspensiones. Consecuente con su pretensión, el Presidente ahora presenta un nuevo proyecto de decreto que está en etapa de comentarios del sector eléctrico y con el cual busca cambios en la bolsa de energía, mejorar los costos de oportunidad y contratos con empresas afectadas por las volatilidades del mercado. Y una valoración del recurso hídrico y térmico, buscando no solo frenar el aumento sino también bajar las tarifas para el usuario final.

Gremios como Andesco (Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones) y Asocodis (Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica) señalan que la intervención presidencial podría llevar al país a la situación de México, país donde el costo por mala calidad de energía representa un incremento del 40 por ciento en la facturación. Incluso a la de Argentina, país no autosuficiente, lo que incrementa los costos para la población. Finalizan la argumentación con “lo político no puede primar sobre lo técnico”. Recientemente la calificadora de riesgo Fitch Ratings advirtió que Petro podría poner en peligro la expansión del sector en el corto plazo, al afectar las decisiones sobre cuándo invertir en el sector para garantizar rendimientos y deteriorar los flujos estables de caja operativa del sector de generación de energía. Señalan que el presidente puede establecer una política general, pero no de carácter regulatorio. Lo que realmente dicen, es que cualquier intervención estatal asustaría al mercado, es decir, ¡reduciría las ganancias que desde hace décadas obtienen los actores privados!

De lo público a lo privado

En el siglo XVII se descubren las propiedades de este tipo de energía y sus posibles aplicaciones. Tecnología es saber aplicado: el primer uso fue sobre la iluminación, encendida en 1860 cuando se logró la invención de las bombillas. Resulta interesante la fecha, porque solo treinta años después las calles de Bogotá ya contaban con iluminación eléctrica a partir de la fuerza hidráulica gracias a la potencia generada por el Rio Bogotá; pocos años después lo harían Medellín y Cali con sus respectivos ríos. Otra cosa fue la historia en la Costa Caribe que recurrió a la energía térmica, lo que explica en parte los problemas a futuro. Sólo hasta 1954 el Estado logró interconectar las regiones.

El sector energético fue privatizado, como otros varios sectores de la economía, en la década de los 90, una vez el neoliberalismo fue pleno en el país, y por medio de la Ley 142 de 1994 se establece el régimen de servicio público domiciliario. En su artículo 69 se crea la Comisión de Regulación de Energía y Gas –Creg–adscrita al Ministerio de Minas y Energía y se establece entre otros asuntos definir las metodologías para regular las tarifas a cobrar por los servicios.

El sector, bajo argumentos como ineficiencia estatal, corrupción, altos costos y tarifas, fue privatizado y una a una la mayor parte de las empresas prestadoras de este servicio, con excepción de las Empresas Públicas de Medellín, que hoy por hoy es un emporio nacional e internacional. En este caso, ¿por qué allí no prima la corrupción y la ineficiencia? O será que, a pesar de ser pública funciona como empresa privada y, por tanto, ¿para qué privatizarla?

Hay que recordar que el tendido eléctrico nacional, los embalses para la generación de energía, la interconexión del sector a lo largo y ancho del país, y otros procesos adjuntos al sector, fueron construidos con base en los ahorros del país, producidos por el trabajo de todas y todos. Un proceso al cual el sector privado no le jugó. Pero una vez hecho todo y evidenciada su alta rentabilidad, los privados sí fueron por todo el pastel, representado en millones de hogares que facturan mes a mes, sin excepción.

Por lo tanto, si lo público pasó a lo privado, ¿por qué no puede vivir el proceso inverso? ¿Las ineficiencias denunciadas por más de 130 mil hogares, por la mala prestación del servicio, sus altas tarifas, la falta de inversión para modernizar las redes, y otros asuntos que afectan a decenas de miles de hogares, no son acaso suficiente motivo para llevar a cabo la estatización del sector? En la mayoría de esos reclamos, no hay recurso de apelación, es decir, hay queja sin posibilidad de solución, lo que desmotiva a la ciudadanía para denunciar la totalidad de sus padecimientos por el mal servicio.

Denuncias que en gran proporción podrían proceder de la región Caribe, donde la mala calidad del servicio y un sobrecosto supera el 70 por ciento, motivando denuncias diarias. Ahora, con las empresas públicas, desde Medellín se cobra por adelantado el consumo de energía –tarjetas prepago–, como medida para cortar el no pago por parte de miles de familias ahogadas por la crisis económica. Medida que dibuja la crudeza del neoliberalismo, que transforma todo derecho en un negocio. La realidad, en el conjunto total de denuncias interpuestas según la misma Superservicios, 961.188 provienen de la ciudadanía bogotana que reclama indignada ante las deficiencias y mal servicio, a pesar de tratarse de la ciudad capital donde se supone hay mayor cobertura, conectividad, eficiencia del soporte técnico y tarifas justas. Sin duda en las regiones la situación es peor pero la gente no denuncia. Ante este mal servicio, la cultura de no pago e ilegalidad complica aún más la situación tal como sucede en la costa.

Kilovario, ¿cuánto vales?

Las tarifas aumentaron en el 22 por ciento solo el año pasado; si tomamos un periodo de referencia más amplio, los precios por kilovatio se han incrementado cerca del 252 por ciento. El costo actual del kilovatio/hora, según datos de la Creg a marzo, oscila entre $ 309 y $773, pero con nuevas alzas podrían rondar cifras entre $ 1.000 y $ 1.400, y en casos extremos incluso los $1.800 o $ 2.200.

Según el decir de “los expertos” del sector, tal dinámica corresponde, además del incremento del dólar, a los precios del soporte contingente del sistema eléctrico en nivel de embalses y a la capacidad del sistema de distribución. Además, dicen, la facturación del servicio está vinculada a la inflación y la tarifa está indexada tanto al índice de precios al productor como a un componente de la canasta de consumo.

Frente al destino de los recursos de pago por cobro tarifario (ver recuadro), sorprende que el costo de distribución sea superior al de producción, que es donde hace más presencia el sector. Y que el costo de la lectura de medidores, factura y recaudo donde juega la especulación empresarial, sea casi el doble a la transmisión del servicio de centrales hasta las ciudades.

El marco normativo que tiene la Creg contempla dos tipos de cargos: el primero, por unidad de consumo que refleja siempre un nivel y estructura de costos que varían con el consumo y demanda del servicio. El segundo, por cargo fijo, y refleja los costos económicos involucrados para garantizar la disponibilidad permanente independientemente del nivel de consumo.

Antes los períodos de vigencia de las fórmulas para el determinar la tarifa de cobro eran anual, ahora tienen una vigencia de cinco años, salvo que haya acuerdo entre la empresa y la Creg para modificarlas o prorrogarlas por el mismo tiempo. La fórmula contiene, además, unas variaciones en los indicies de precios que sirven como marco de movimiento en el mercado. La fluctuación del dólar incide en el valor de transacción de la energía en el mercado. La ley permite un tope máximo de cobro, es decir que es lo permitido, pero pueden cobrar menos algo que nunca sucede. Estos valores también están sujetos al nivel de los embalses.

El desconocimiento de la gente sobre el sector es funcional para toda esta oposición al cambio que se beneficia con el servicio fundamental, pues el desarrollo de la tecnología actual fue posible gracias a la revolución eléctrica. La dependencia de la energía es clara pues sin ella no tiene sentido ningún aparato que utilizamos. Naturalizamos el hecho de su privatización para el lucro de ciertos sectores. En el sistema los usuarios carecen de representación efectiva pues la misma recae en las empresas comercializadoras. Los espacios institucionales, como los comités de desarrollo y control social de los servicios públicos domiciliarios, que deben existir en todos los municipios, son instrumentalizados o son decorativos. Si no defendemos las intenciones de equilibrar los beneficias de las empresas con los costos que asumen los usuarios, nos quedaremos sin energía porque se nos fueron las luces.  

https://libreria.desdeabajo.info/index.php?route=product/product&product_id=179&search=suscrip

Información adicional

La necesidad de regular el sistema tarifario
Autor/a: Edwin Guzmán
País: Colombia
Región: Suramérica
Fuente: Periódico desdeabajo N°301, 18 de abril-18 de mayo de 2023

Leave a Reply

Your email address will not be published.