Acumulando a su favor. El 1 de junio de 2019 es elegido como Presidente de El Salvador, Nayib Bukele Ortez. En sus dos primeros años de mandato no contaba con la Asamblea Legislativa a su favor –como parte del grupo oficialista–, lo que logra revertir en las elecciones de febrero del 2021, alcanzado de esta manera el Ejecutivo control pleno sobre el Legislativo, lo que le permitió profundizar su acción en la política pública.
Es una expansión de sus dominios que alcanza al poder judicial, logrando con el concurso del Legislativo la destitución de los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General de la Nación en ejercicio. Así, poco a poco, fue erosionando a su favor la independencia y división de poderes para un justo equilibrio en el ejercicio del poder.
Avanza el señor Bukele, no hay duda, hacia una acumulación total del poder, lo cual se verá materializado con la ampliación de su mandato a 6 años y su muy posible reelección, potenciada por su campaña contra la delincuencia, enmarcada toda ella como “maras salvatruchas”. Una acción, sin reparo alguno en los derechos humanos de los sindicados y sí transformada en plataforma de propaganda de las supuestas capacidades y logros de su gobierno.
La política criminal pública de sometimiento y reducción
Con mayorías absolutas en el órgano legislativo por parte del oficialismo como partido de gobierno, Bukele pudo iniciar la profundización de su lucha frontal contra la delincuencia organizada. Para ello dejó a un lado la normatividad ordinaria y se dotó de poderes especiales y excepcionales con la declaratoria el 27 de marzo de 2022 de Estado de Excepción, sin acudir para ello a los canales ordinarios de su poder administrativo como Presidente, y sí revistiéndose de poderes especiales y excepcionales a partir de la primera declaratoria de Estado de Excepción, así autorizado por el controlado cuerpo legislativo, el mismo que hasta el pasado 15 de marzo le ha refrendado tal norma por 12 ocasiones de manera ininterrumpida. Un año continuo y poco más bajo reglas propias de estado de Excepción en las que muchas facultades residen de manera exclusiva en el Ejecutivo, en cabeza del Presidente, motivo por el cual y no sin razón, algunos analistas ven de manera crítica la incubación de un nuevo dictador.
Para justificar la aprobación de la medida de excepcionalidad, el Presidente salvadoreño se valió de la alta tasa de homicidios que registraba su país, con marcas imbatibles como los 66 asesinados el 26 de marzo de 2022. Así, con la sociedad aterrorizada, y con el anuncio de “lucha frontal contra la delincuencia organizada”, pocos cuestionaron el proceder aprobado.
Es decir, que a partir de facultades excepcionales se permite la intervención directa de el Ejecutivo en la limitación de derechos y garantías constitucionales para todos los habitantes del país centroamericano por periodos de 30 días, que como se indicó van en 360 días y contando, en los que las libertades de expresión, libre circulación y garantías asociadas al derecho de defensa y debido proceso han sido las más limitadas, al punto que los organismos internacionales de protección de los derechos humanos han realizado fuertes llamados de atención para que se restablezcan las mismas y cese la prolongación de los estados de excepción.
Amparado en esa libertad para hacer y deshacer, el Ejecutivo ha dado luz verde, siempre con el concurso del legislativo, a políticas tan polémicas como:
Ley Mordaza, conocida así porque reforma el código penal para incluir sanciones penales para procesar a cualquier medio de comunicación que reproduzca o transmita “mensajes o comunicados originados o presuntamente originados” por pandillas.
Prohibición de grafitis. La misma reforma sanciona la elaboración y reproducción de propaganda, mensajes, señales o grafitis alusivos a las pandillas. Establece que quienes elaboren, participen o faciliten la ejecución de “textos, pinturas, diseños, dibujos, grafitis y cualquier otra forma de expresión visual en inmuebles públicos y privados”, que transmitan mensajes explícitos e implícitos que aludan a las pandillas, serán condenados con una pena de diez a quince años de prisión.
Reutilización de bienes y armas. Se aprobó también la iniciativa del presidente Bukele que autoriza al Estado a utilizar el armamento, dinero y bienes incautados a las pandillas para luchar contra ellas mismas. “De esta manera, ocuparemos sus mismos recursos para combatirlos”, detalló Bukele en su cuenta de Twitter.
Hay autorización para intervenir las comunicaciones sin previo aval judicial.
Se extendió el plazo de detención administrativa a 15 días, cuando en tiempos normales es de 72 horas.
La nueva reforma penal contempla además que los menores que tengan entre 12 y 15 años de edad podrían enfrentarse a hasta 10 años de prisión, mientras los mayores de 16 años podrían enfrentarse a penas de hasta 20 en caso de pertenecer a pandillas.
En tiempo récord, desde la ejecución de sus políticas de lucha frontal, se construyó en una aislada zona rural una gigantesca prisión, dotada de mucha tecnología. El presidio está ubicado a unos 74 km al sureste de San Salvador, y es conocido como Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot); allí están llevando a los más de 62.975 pandilleros detenidos a partir del régimen de excepción. Según el gobierno salvadoreño, es la “más grande de América”..
De la cárcel construida y sus condiciones de seguridad y aplicación de un régimen de terror. Si bien el gobierno de Nayib Bukele ha declarado como reservada toda la información sobre las prisiones y sobre sus políticas de seguridad, por diferentes medios de comunicación –tanto de denuncia como de propaganda del gobierno–, se informa del rigor con que funciona la misma.
Es así como se conoce que el presidio consta de 8 pabellones (patios), con fuertes sistemas de control tecnológico, con escasas condiciones de privacidad, sin áreas de sol, de recreación y mucho menos espacios para visita conyugal. De hecho, los detenidos solo son conducidos a salas de audiencia virtual dentro del mismo penal, pero lo más paradójico es que los familiares de los privados de libertad deben pagar (cada mes? al año?) en dólares por el sostenimiento de sus allegados, así: 35 por alimentación, 15 por artículos de higiene, 30 por vestimenta, 20 por limpieza de área y 70 por misceláneos, este es el plan obligatorio.
También se comenta de un sistema de “tiendas institucionales al interior del penal” a las que los familiares depositan sumas de entre 5 y 150 dólares al mes para que sus allegados puedan acceder a otros productos necesarios para pasar el día a día. Denuncian los familiares que “Todo lo compran a sobreprecio. Una Coca Cola que afuera vale 2,50 USD ahí las venden a 10 USD”. Con lo cual también se crea un manto de duda sobre la escandalosa cifra que tal sistema de encierro y control punitivo –sostenido por los familiares de los privados de libertad– podría generar para el Estado; un sistema carcelario con superávit a punto de exprimir los ahorros de miles de familias de aquel país.
Finalmente, mencionar que no contento con lo ya expresado, el Gobierno ha iniciado un despliegue mediático con alarde de su política de sometimiento, incluyendo fuertes imágenes y videos en los que permite ver el tratamiento que reciben los privados de libertad, imágenes ante las cuales –y no en vano– los medios de comunicación y la comunidad pro defensa de los derechos humanos no han dudado en denominar como campos de concentración, con los reos exhibidos como trofeos, como objetos de una lucha que el gobierno oficialista de Bukele reclama y predica está ganando.
Derecho Penal del enemigo y la justificación de la eliminación de garantía
El famoso y muy actual penalista alemán Günther Jakobs, dentro de sus desarrollos funcionalistas para el derecho penal, logró instalar una de las teorías que a nuestro juicio más reconocimiento, o al menos impacto, ha causado en el contexto del derecho penal, que podría explicarse en la lógica amigo-enemigo, desde el sistema de garantías o las respuestas que debe ofrecer el derecho penal, es decir, uno es el derecho penal para los amigos y otro (con menos garantías o hasta sin ellas) para los enemigos del Estado.
La recensión de su obra ha sido magnifica y popularizada incluso a nivel latinoamericano a partir de la traducción de sus escritos por otros dogmáticos de habla hispana, a la par siempre se han criticado los riesgos de sus planteamientos teóricos para las latinoamericanas democracias de forma.
En este contexto, de entrada nos atrevemos a decir que el suceso de la política criminal de sometimiento a las maras que aplica el gobierno Bukele, es una clarísima manifestación de políticas propias del derecho penal del enemigo, que propenden por el recorte de garantías y desconocimiento de las mismas para esa parte de la sociedad que pone en jaque además el Estado de Derecho.
Es tan evidente que la teoría se ha vuelto práctica, que es recurrente escuchar al presidente salvadoreño en algunas de sus manifestaciones públicas, o en redes sociales, que no se puede mantener un sistema de garantías para los infractores de la Ley, incluso ha realizado una defensa férrea del discurso de los derechos humanos “para los buenos”, “para los ciudadanos del bien”, pero para las pandillas, para los maras, para los del crimen organizado, se ha preguntado: ¿por qué tantos derechos humanos? ¿por qué tantas garantías? ¿por qué darles tantos derechos si les quitan los derechos a los ciudadanos de bien?
Efectivamente, Bukele ha convertido una realidad el discurso del derecho penal del enemigo, una decisión frontal por recuperar espacios de poder y reconocimiento democrático a partir de la eliminación del mal: ¿Cuál mal? En este caso las bandas criminales reconocidas como “maras”, eliminando toda garantía para su defensa y proceso penal; un ultra derecho que otrora también fuera fundamento de la ideación de los campos nazis de exterminio y que ahora se traduce en sofisticadas cárceles o lugares de privación de libertad bajo una exacerbada dosificación de mal o males que incluso cubren a la familia del privado de la libertad, obligada a su sostenimiento tras rejas.
La retorica discusión del derecho penal del enemigo y sus riesgos, se trasladó de manera intensa a la realidad de un país centroamericano, y lo analizado y desarrollado por muchos autores desde Europa, como los riesgos asociados a sus incipientes prácticas a partir de los hechos del 11 de septiembre con el derrumbamiento de las Torres Gemelas en Estados Unidos, se está volviendo costumbre en El Salvador a partir de una declaratoria excepcional que ha perdido la excepcionalidad por su permanencia –más de un año ininterrumpida– para la fecha de escritura de este artículo.
Quienes bregamos por un derecho penal contenido bajo principios teleológicos que fundamentan un sistema de valores que aporta al desarrollo pleno del principio de legalidad y todas las garantías asociadas al debido proceso que se reclaman desde la época de Ilustración, asistimos con asombro al triunfo de las líneas más duras del funcionalismo radical y lamentamos que lo que parecía una mera discusión académica, en la que se han escrito páginas que parecen sin fin, sea una dura realidad que padecen más de 100 mil personas privadas de su libertad.
Los aplausos que confunden
Según cifras reveladas por sondeos realizados en El Salvador para mediados de marzo de 2023, el presidente Nayib Bukele cuenta con una aprobación del 91 por ciento con relación a su gestión pública, que incluye sus practicas del derecho penal del enemigo contra las pandillas criminales; además cerca de un 70 por ciento de los encuestados apoya su futura reelección, posibilidad que, como se explicó, ya tiene asegurada con la toma de los demás órganos del poder y con un oficialismo volcado a su favor.
Es más, Bukele está convertido en un verdadero fenómeno político en diversidad de países, en los cuales su sistema punitivo es defendido por muchos políticos que dicen estar dispuestos a emularlo, política criminal que, lo anticipamos desde ya, será caballo de batalla en muchos de los procesos electorales por venir, con discursos recios de derecha que estimularán un electorado cansado de la inseguridad, de la insatisfacción de sus necesidades básicas, derecha que les venderá la falsa idea de seguridad y de recuperarlo todo si se encierra a los “delincuentes” y se eliminan todos sus derechos, pues al fin de cuentas “son los causantes de todo el mal”.
Pero tras esos ensordecedores aplausos que parecen llegar de todo confín, en el mismo país centroamericano se acalla la denuncia de líderes de Derechos Humanos, de las organizaciones no gubernamentales que denuncian el uso y abuso de un derecho penal y procesal penal sin garantías, que crean delitos para acallar la libertad de expresión, que recortan garantías básicas con relación a los términos precisos de detención, derecho penal y procesal con el que están llevando a una dramática cifra de desaparecidos por los que seguramente nadie responderá.
Con esos aplausos acallan de manera estrepitosa las voces de las madres, padres, hermanos, que buscan a sus parientes sin encontrar apoyo oficial para ello, acallan los reclamos justos de millares de privados de la libertad tratados como objetos que exhibir para generar terror en el resto de la población, acallan el sentido crítico de quienes consideran que a partir de la excusa del sometimiento de las pandillas en El Salvador, se está gestando un nuevo dictador.
Por otra parte, desde este lado, desde abajo, ante esta realidad y tendencia penal creciente no estamos pensando políticamente qué hacer, porque pareciera que sintiéramos que ese es un asunto que tendrán que resolver los poderes políticos de El Salvador.
Actitud conformista y complaciente que no da cuenta de la realidad que vivimos, en la cual el aleteo de una mariposa en la otra parte del mundo sí alcanza a sentirse con claridad en el nuestro. Es decir, hoy el debate y la realidad jurídica pasa de una frontera a otra sin mucha dificultad. Por ello deberíamos estar preocupados por el derribamiento en un país del discurso de garantías que tanto ha costado construir desde la academia y la acción política por derechos humanos plenos.
Es una actitud conformista que le deja el terreno teórico y social libre a un discurso absolutamente radical funcional que a costa de prometer un poco de seguridad, obliga a todos a ceder cada vez mayor terreno en el ejercicio de las libertades, bajo el pretexto inocente que no tenemos que preocuparnos ya que el ejercicio penal que nosotros pasamos a criticar es solo para los enemigos y, ¿usted que leyó este artículo de qué lado está?
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