Hegemonía, contrahegemonía y medios de comunicación como oposición política

El texto de Poulantzas, Poder político y clases sociales en el estado capitalista (1968) rompe el maniqueísmo del marxismo ortodoxo y muestra que la hegemonía y la contrahegemonía tenían que concebirse no de la burguesía como un bloque único y el proletariado como bloque exclusivo, sino –vía Gramsci– dos bloques históricos en pugna, el uno liderado por una facción de la burguesía, y el otro por una facción de las clases en contra: un bloque hegemónico y otro contrahegemónico, uno en el poder y otro en lucha por el poder, cada uno con una facción dominante a su interior que marcaba la pauta.

La hegemonía en Colombia durante todo el periodo de la Constitución del 91 ha sido liderada por un bloque en el poder que aglutina (en clave de gremios) a la burguesía financiera (Anif, Asobancaria), exportadora-importadora (Analdex) neoliberales, la industrial (Andi), la comercial (Fenalco, Camacol, Fedecámaras, Fasecolda), la pequeña burguesía industrial (Acopi), las clases medias altas y los terratenientes (Sac, Fedegan), sustancialmente, y un bloque contrahegemónico que se aglutina finalmente alrededor del Pacto Histórico, de trabajadores (sindicatos), clases media, minorías, mujeres, jóvenes, indígenas, negritudes y subalternos (Primera Línea, por ej.).

En los periodos de hegemonía autoritaria (2002-2014/2018-2022), lideró el bloque, como facción dominante, los terratenientes (liderazgo centenario) y en especial los ganaderos como facción hegemónica consolidando la democracia restringida que el Frente Nacional institucionalizó y fortaleciendo el proyecto societal neoliberal que, frente al socialdemócrata y el multicultural, había quedado integrado disfuncionalmente a la Constitución del 91 y desarrollado institucionalmente por la Corte Constitucional, el Banco de la República, el sistema de Hacienda Pública y la política de “internacionalización de la economía” que ambientó e impuso constitucionalmente el gobierno de Cesar Gaviria y mantuvieron todos los gobiernos en los últimos 32 años.

La victoria electoral del Pacto Histórico logra la presidencia y un segmento parlamentario significativo en el Congreso, pero no consolida un bloque mayoritario que sí continuaba en cabeza de los sectores tradicionales de la derecha conservadora y neoliberal que no solo mantenían unas mayorías legislativas para mantener su hegemonía (Partidos Conservador, Liberal, de la U, Cambio Radical) sino sumaban el dominio de instituciones de control claves como la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría (todas en cabeza de fichas del Centro Democrático y los partidos de derecha), pero también las Altas Cortes. Los colegas abogados obviamente se escudan en la supuesta independencia de los jueces, pero quienes han leído las teorías críticas del derecho saben que la autonomía, neutralidad y objetividad de las “decisiones en derecho” mimetizan posturas conservadoras y progresistas y que en buena parte en Colombia aquellas son dominadas por elites jurídicas de línea conservadora, prioritariamente.

En ese contexto, con una derecha que desde la primera vuelta ya se veía desarticulada, la oposición política la asumieron los medios de comunicación de manera frontal y tan efectiva que, más allá de las torpezas del gobierno, ha logrado en el primer año revertir su favorabilidad drasticamenter gracias a una campaña sistemática de desinformación, claramente ideologizada y politizada en contra de todas sus iniciativas y reformas.

Medios, opinión pública y democracia

La posibilidad real de una democracia deliberativa, pero incluso formal (una poliarquía como le diría Robert Dahl) que complemente una democracia liberal secuestrada por una cultura política súbdito-parroquial dominante¹, reside en una esfera de opinión pública plural de públicos hegemónicos y contrahegemónicos, públicos y contrapúblicos².

Esto concreta lo que se ha denominado democracia semiótica y para ello el papel de los medios de comunicación como vehiculizadores de opinión y voluntad de opinión pública es esencial y la fiscalización y veeduría ciudadana sobre los medios condición sine qua non. En esa línea Habermas retoma el código ético sugerido por el periodismo independiente en USA para garantizar que el cubrimiento informativo cumpla con unos mínimos que satisfagan una comunicación pública no distorsionada³.

“1. Vigilancia sobre el entorno sociopolítico, informando sobre desarrollos que probablemente repercutirán, positiva o negativamente, en el bienestar de los ciudadanos;

2. una buena configuración del orden del día, identificando los asuntos claves de cada día, incluyendo las fuerzas que les han dado forma y que tienen capacidad para resolverlos;

3. plataformas para una defensa inteligible e iluminadora de las cuestiones que fuere por parte de los políticos o por parte de los portavoces de otras causas y de los portavoces de grupos de interés;

4. diálogo a todo lo ancho de un espectro variado de puntos de vista, así como entre personas que ocupan posiciones de poder (en la actualidad o prospectivamente) y el público de a pie;

5. mecanismos para hacer que quienes ocupan o han ocupado cargos públicos den cuenta de cómo han ejercido su poder;

6. incentivos que empujen a los ciudadanos a aprender, a escoger, a implicarse y no limitarse simplemente a seguir y a tironear el proceso político;

7. una resistencia de principio contra los intentos, por parte de fuerzas externas a los medios de subvertir la independencia, integridad y capacidad de estos para servir a su público;

8. un sentido de respeto por cada miembro del público, en tanto que potencialmente concernido y capaz de buscar y dar un sentido a lo que ve en su entorno político”.

Este código apunta a que un cubrimiento que garantice mínimos de exhaustividad debe incluir al afectado, el oficial, el experto y la oposición para ofrecer los elementos que permitan a la audiencia formarse un juicio fundamentado sobre la noticia y tomar una posición no coaccionada y suficientemente ilustrada sobre el particular. De ello depende pasar de un espacio político público intolerante a un espacio político público democrático, de una audiencia pasiva y manipulada a una audiencia activa y crítica, de un público hegemónico unidimensional a un contrapúblico plural contrahegemónico, de una democracia electoral a una democracia deliberativa.

Integralidad de la información

Si bien la “objetividad” es subjetiva, lo cierto es que los estudios especializados han logrado definir parámetros que permiten registrar el mínimo de exhaustividad en el tratamiento de la noticia que un medio debe garantizar para ofrecer una información integra ante su audiencia que posibilite cualificar su cultura política en términos democráticos y no autoritarios. El estudio de McQuail define unas variables que permiten registrar el grado de objetividad alcanzado por un medio cualquiera, al menos como un ideal regulador (que podría también asimilarse a la exhaustividad de la noticia), inferido de la literatura especializada.

Los medios de comunicación tienen la función social de garantizar un manejo de la información integral, imparcial y equilibrado en orden a crear en sus audiencias flujos de opinión publica suficientemente ilustrados que no sean usufructuados por actores y grupos de interés que distorsionen sus juicios autónomos, permitiendo así una cualificación democrática de la cultura política colombiana que permita superar las tensiones que la inclinan a asumir posturas y salidas autoritarias de poder.

Se aplicó el instrumento ya utilizado en otras mediciones del grupo de investigación de la Universidad Nacional Repensar El Derecho, poniendo énfasis en las subvariables de verificabilidad, fuentes externas, espectro de cobertura, paradigma implícito de democracia, sensacionalismo, selección de noticias, en el factor Factualidad; y valoración imparcial, acceso proporcional, omisión, parcialidad y lenguaje (incluye modulación de la voz, entonación, gestualidad) y presentación de la noticia en el factor Imparcialidad. El siguiente cuadro ilustra las diferentes variables y subvariables que el estudio de McQuail permitía inferir⁴.

Estudio de casos

El resultado del seguimiento, en términos generales, arrojó las siguientes conclusiones (editadas para este artículo por cuestiones de espacio, pero pueden ser solicitadas al autor). En Colombia, frente al primer gobierno de transición de izquierda que constituye la transformación de una hegemonía de (ultra)derecha a un régimen democrático, los principales medios de comunicación del país han optado por encarnar la oposición política al gobierno.

En efecto, ante la falta de una oposición coordinada, el primer año del gobierno Petro se ha caracterizado porque la oposición política ha sido asumida por los grandes medios de comunicación, escritos Semana, El Tiempo y los regionales (El Colombiano en Antioquia, El Heraldo en el Caribe, El País en el occidente, Vanguardia en la zona nororiental), así como televisivos, en especial RcnTV y CaracolTV, y particularmente los radiales.

Entre los radiales, que son los que aglutinan casi el 70 por ciento de la audiencia, LaFM, toda su mesa. BluRadio en segundo lugar con más de la mitad de sus periodistas y editorialistas, y Caracol 6AM, en especial con su director, y un par de editorialistas, sentando en conjunto una línea de oposición, no crítica y ecuánime sino sesgada e ideologizada, que las emisoras regionales de cadena o independientes adoptan como paradigma.

Esta oposición política desde los medios de comunicación se presenta como una información “objetiva e imparcial” cuando en verdad constituye una desinformación sistemática y una manipulación de la opinión pública, tanto en la presentación y perspectiva de las noticias como en sus opiniones editoriales.

La postura de los grandes medios de comunicación se escuda, como siempre, en la libertad de expresión –que hay que defender sin cortapisas por supuesto– pero sin explicitar ante las audiencias su posición y oposición políticas, con lo cual distorsiona ante la opinión pública el cubrimiento de la información. Libertad de expresión sesgada que vulnera el derecho ciudadano a información veraz.

Los medios de comunicación juegan un papel esencial en la cualificación de una cultura tradicional y autoritaria en una pluralista y democrática, pilar de la estabilidad institucional y una opinión pública crítica. Su politización incentiva tendencias retardatarias, antidemocráticas y desinstitucionales.

Esta situación desnuda una terrible tensión para la democracia, en especial en un país como Colombia donde por primera vez accede al poder la izquierda democrática: la tensión entre la libertad de expresión detentada por grandes medios de comunicación de derecha y el derecho de la ciudadanía a una información imparcial e integra.

De facto

Después de la primera vuelta de las elecciones en Colombia, a finales de mayo, en la que se escogieron los dos candidatos que disputarían las elecciones para presidente que llevarían a Gustavo Petro al poder, hasta finales del primer semestre del 2022, el seguimiento empírico abarcó la presentación de noticias y los respectivos comentarios de la franja entre 5.30-8.00 AM de lunes a viernes, sustancialmente, de las cadenas raciales noticiosas de mayor audiencia en el país, a saber: BluRadio, Caracol6AM, LaFM y WRadio.

La emisora BluRadio que se presentó inicialmente, desde septiembre del 2012, como una alternativa a la radio noticiosa, alejada y crítica del poder, fiscalizadora del statu quo, paulatinamente, bajo la conducción de Néstor Morales, paso de este eslogan que casi nunca se cumplió, a ser el programa de noticias que más defendió al gobierno de Iván Duque, quien era cuñado de Morales y lo cual nunca se puso de presente ante la audiencia como éticamente tenía que explicitarse. Bajo el disfraz de una defensa de la institucionalidad, se le dio una recepción muy favorable y poco crítica al cubrimiento de las noticias que involucraban al gobierno Duque, sin darle espacio ni a la oposición ni a expertos e incluso afectados en el tema específico, convirtiéndose en la práctica en una oficina de prensa bis de la presidencia.

La emisora CaracolRadio6AM despertó ciertas expectativas con el cambio de su anterior director Darío Arizmendi y la salida de varios de sus integrantes. Sin embargo, esto no redundó en una verdadera democratización del panel. En el periodo registrado, los “editoriales” de su nuevo director Gustavo Gómez han sido sesgados y politizados, asumiendo un ataque de principio primero a las propuestas del candidato Petro y después a todas las iniciativas de su gobierno.

La emisora LaFM prácticamente no merece análisis. En la práctica es la voz de la (ultra)derecha en Colombia, con una mesa totalmente alineada en una sola postura política. Luis Carlos Vélez que parecía ser el heredero elegido de Arizmendi, quien sacó a Gustavo Gómez para La Luciérnaga (donde calaba mejor por su estilo), y que en Caracol se media en sus inclinaciones políticas, como director de la LaFM está desbocado. Su parcialización en la presentación noticiosa y conducción de la mesa es absolutamente congruente con la política institucional de derecha de RCN, aunque no es nunca tan reaccionario en sus comentarios al aire como Néstor Morales.

La emisora WRadio, por último, ha tenido un giro interesante, primero con el intento de reclutar a María Jimena Duzán –una periodista de talante democrático– que no duró mucho, segundo con la salida de la ultraderechista María Isabel Rueda, enconada uribista, y después con El Reporte de Daniel Coronell, periodista reconocido por su profesionalismo e imparcialidad, que consolidó una línea investigativa critica e imparcial que ya venía pronunciándose con otros y otras periodistas. Recuperó con esto una línea no solo investigativa sino más plural, menos institucionalista y derechizada por principio y ha logrado un equilibrio en la presentación de las noticias políticas que contrasta con las emisoras que comparten el liderazgo en audiencias.

En síntesis, en los medios radiales (que son los que arrastran la mayor sintonía, pues los escritos son de impacto mínimo) existe una alta tendencia a adjetivar y a incluir calificativos peyorativos que prejuician la noticia y a sus protagonistas, no solo en la información política, sino ahora también en la presentación de las noticias jurídicas y económicas que antes, al menos, se presentaban de forma más técnica.

La diversidad de fuentes es escasa. No se buscan fuentes alternativas, y se replican ahora las institucionales de medios de control (Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo) todas en cabeza de miembros de la oposición de derecha, nombrados por el anterior gobierno, con lo cual mimetizan su perspectiva politizada. Es esporádica la participación de analistas y ópticas especializadas, y si lo hacen son también académicos de derecha, y ya ni siquiera en temas económicos, de salud e, incluso, internacionales hay garantía de perspectivas mínimamente neutras.

La relevancia otorgada a cada noticia es caprichosa, según lo que se quiera destacar negativamente contra el gobierno: hay hechos que merecen un mejor despliegue, hay otros hechos que tienen un despliegue excesivo dada su menor relevancia. De ahí que la tendencia a caer en el sensacionalismo es permanente, a través no solo de las imágenes que pretenden manipular la emotividad del lector (acudiendo a la página web o al Twitter) sino en los mismos tonos de voz y gestualidad de los presentadores, periodistas y comentaristas.

Conclusiones

La percepción general de los principales medios radiales es que las mesas están alineadas con posturas políticas tradicionales de derecha, sustancialmente, y presentan una información sesgada de las noticias. La actitud de “todo está bien” en el gobierno derechista anterior de Iván Duque, contrasta ahora con “todo va mal” en el gobierno de Petro. Incentivan así en sus audiencias valores de intransigencia, fanatismo, exclusión y unanimismo de corte autoritario frente a los de tolerancia, inclusión y pluralismo de corte democrático. La afectación en los índices de favorabilidad del gobierno, además de sus desaciertos sin duda, muestran la efectividad de la desinformación.

Estimulan más una percepción afectivo-carismática que cuestiona al líder que crítico-racional de defensa de las instituciones y contra la corrupción. Propician así, como tendencia dominante, una cultura política súbdito-parroquial inclinada hacia el autoritarismo y la intolerancia antes que a la democracia y reconocimiento de la diferencia. Y lo es, precisamente, porque no garantizan una información exhaustiva, integral y equilibrada que le permita a sus audiencias hacerse un juicio pleno y no sesgado sobre las situaciones políticas abordadas.

El dilema moral, político y jurídico que se presenta y que la Corte Constitucional ojalá tuviera que ponderar, si hubiera realmente abogados “emancipatorios” que lo demandaran, es entre el derecho a la una libertad de expresión irrestricta, sustancialmente de grandes medios de comunicación privados vinculados a poderes económicos significativos, y el derecho ciudadano a una información integral y equilibrada.

A esto se suma un punto adicional no menor. El Bloque contrahegemónico, que detenta el gobierno, pero no el poder, no tiene una facción hegemónica o dominante definida y, sobre todo, actuante. Esto desplaza en el Presidente la representación estratégica y simbólica de todo el gobierno, lo que lo pone fácilmente en los limites del populismo al identificarse en él, y no en una facción de clase alrededor de la cual se aglutine la orientación política transformadora, todo el peso de la estrategia reformista del Pacto Histórico.

De esta manera, mientras esa facción no se defina con claridad y ejecute políticamente su plan de acción, mientras el centro gravitacional contrahegemónico gire alrededor de la figura presidencial, la derecha, que ahora empieza a aglutinarse alrededor en estrategias sistemáticas de oposición y figuras explícitas de liderazgo como no lo había logrado antes, seguirá jalonando, consolidando y profundizando el proceso antirreformista en contra

1 Jürgen Habermas, Facticidad y validez, Madrid: Trotta, 1998.

2 Nancy Fraser, Iustitia Interrupta, Bogotá D.C., Siglo, 1997; Michael Warner, Publics and Counterpublics, Cambridge, Zone Books, 2002.

3 M. Gurevitch y G. Blumler, et.al., Democracy and the Mass Media, Cambridge, Mass, 1990.

4 Denis McQuail, La acción de los medios, Buenos Aires: Amorrortu, 1996.

* Profesor Titular de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia

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