No podía ser para menos. El comienzo del Gobierno del Cambio deja amplias y profundas huellas en la opinión y en todo nuestro tejido social. Algunas señales marcan la corporeidad de adeptos, espectadores y contradictores. Pocos hechos y ninguna configuración política y social quedan por fuera del bisturí del cambio prometido, así su impacto esté por concretarse.
Las solas ideas, algunas traducidas en proyectos de ley, así como otras con dibujo apenas a modo de retos de la humanidad en reiterados discursos del Presidente, tienen el filo necesario para penetrar en la piel de quienes habitan Colombia, y tienen asimismo el corte a pesar de autolimitarse, cuando al mismo tiempo el Mandatario enuncia que lo pretendido es “desarrollar el capitalismo”. Y es así porque, en nuestro país, los oídos han captado durante años y más años, con escasas excepciones, solo palabras refrendadoras de la continuidad, la tradición, el orden –en interés y beneficio de los privilegiados–, en un reverdecido mensaje de los políticos alojados ya en el Palacio de San Carlos, ya en la Casa de Nariño. Con novedad ahora, a los oídos llegan cuestionamientos que, aunque no sean estructurales, sí alcanzan a concitar escucha y avivar expectativas.
El verbo presidencial se caracteriza por un nuevo timbre, y habla de justicia, equidad, respeto por la naturaleza y los demás, valoración del trabajo ajeno; también de la vida, del presente y del futuro. Y, como si detonaran decibeles más allá de lo aguantable por nuestras humanidades y pese a ello, ante esos mensajes con sentido de cambio en la población, unos sienten satisfacción plena sin fórmula de juicio, mientras otros opinan que no todo en su fórmula puede ser aprobación. Una parte se tapa los oídos, un sector considerable sale corriendo con sentido de oposición y hay quienes añoran que la historia tenga retrocesos.
A la vez, esos mensajes debieran debatirse cada día más allá del informe escueto o con sesgo de los medios de comunicación del poder, carentes de ética y equilibrio para tratar la totalidad de variables que implican una y otra de las propuestas que son noticia. Sumado a ello, una débil, ausente o errada estrategia comunicativa oficial; pero también, fruto de la ausencia de liderazgo comunicativo en el activismo para encarar la disputa informativa mediante la construcción de una información alternativa con vocación colectiva y de disputa de la opinión pública, limitaciones y errores, todo lleva a que los asuntos del gobierno, de la administración de lo común, de las políticas públicas, sean considerados cosa de ‘especialistas’ elegidos y no del empoderamiento de una voz popular. Esto no es un error de poca monta.
Al permitir que esto suceda y se prolongue, el Gobierno impide que la democracia deje de ser formal y se torne una convicción general y de legitimidad plural en la construcción de mayorías, directa, radical en enarbolar la dignidad, plebiscitaria, sin hegemonismos. Incumplido este requisito, el Gobierno demora o impide –o al menos desmotiva– la organización territorial en cientos y miles de lugares, de suerte que, en cada barrio, liceo, universidad, vereda, corregimiento, exista un ánimo de acercamiento entre los pobladores, demandando que el Gobierno y el poder residan en sus manos, y las decisiones tengan un método de consulta.
Estamos entonces ante una administración pública que se autolimita y contradice en su mensaje de cambio, en la medida en que no potencia la ruptura social con lo heredado, y con ello la realización plena de los derechos que busca tramitar por medio de leyes, garantizando salud, trabajo, pensión, tierra, educación, etcétera, a sectores cada vez más amplios de la sociedad. No solo porque son norma sino además porque –a pesar de no serlo– la sociedad, la nación y un sujeto en el avance de ser activo, en aspirar y ser gobierno, bajo la experiencia de manejar lo común y de unas condiciones de memoria, conducción-liderazgo colectivo, podrá acercar el momento de hacerlos realidad por mano propia.
Estamos ante un acontecimiento y la suma y “correlación de fuerzas”, como resultado de un cambio efectivo. Verbalmente, por la vía de las palabras con que han sido expuestos hasta ahora, y como fruto de hacer de la llamada cosa pública algo cotidiano. Este factor, por motivación de la gente en conformación de mayorías, no reducida al encuentro de activistas, debe conseguir forma en cada espacio territorial. Ojalá se proceda, llegado el caso, por medio de procesos asambleatorios, que avancen en forma de espiral y giren alrededor de uno, dos o tres temas gruesos por año, con decisión, acerca de los asuntos que les competen.
Para este logro, el Gobierno tiene el reto y la obligación de difundir estadísticas y reflexiones, soportadas en las mejores experiencias mundiales en cuanto al manejo de lo público –en salud, educación, transporte, tierra, medios de comunicación y cultura, medio ambiente…–, favoreciendo un intenso proceso deliberativo, con fuerza de opinión, que convenza a la sociedad y acreciente su interés político. Odo, con presencia y argumentos suficientes para exigirle al cuerpo de congresistas la aprobación de una u otra reforma con tal o cual orientación, rompiendo amarras con los grupos de poder económico que siempre están detrás de muchos de quienes legislan y condicionan en buena parte sus proyectos y votos.
Es esa una decisión que, en una coyuntura de “gobierno sin poder”, debe estirar su margen para adquirir capacidad de transformarla en leyes nacionales. Leyes, desde luego, dado que esas mismas mayorías pueden poner en marcha muchos proyectos de iniciativa local, de autogestión y presupuesto, en cada una de estas áreas, satisfaciendo sus necesidades sin esperar que gobierno alguno lo autorice. Necesariamente, presionando para tal fin las deliberaciones y las decisiones del Legislativo, acompañado en directo en sus debates y decisiones por una sociedad movilizada que le imponga y demande legislar en beneficio de las mayorías.
Visto así, el mayor de los puntos críticos que sobresalen de este primer año del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez es no proceder en la forma dicha, sino reclamar apoyo fanático o incondicional para el Gobierno, y no en lo fundamental y como debiera ser, para el cuerpo de reformas prometidas, y que en su momento los movimientos sociales llegaron a prever tras años de lucha por derechos plenos.
Estas consideraciones críticas se asocian, además, a la ausencia de estímulo para que los movimientos sociales se activen en las calles y le exijan al gobierno mismo que apoyan, su gobierno, que cumpla lo prometido. Por supuesto, que supere el tiempo de las palabras, las promesas y las excusas, y que muestre otras realidades; que concretice ya, en debate público y abierto, los términos de una coalición con peso decisorio, cimentada en la inclusión y la dignidad contra la pobreza. Esta maniobra es indispensable, bajo la brújula y el reto de hacer visible una energía que toque todo el cuerpo social, y, sobre todo, que tranque y ponga en evidencia los intereses y la frialdad del poder, de sus partidos antiguos y sus disidencias. Esto es fundamental.
En este hacer cotidiano es determinante romper con el ejercicio de la política de acuerdos de sala, por arriba; de alianzas poco santas, de componendas a espaldas del pueblo, de reproducción de métodos que reducen la política a las fechas de elecciones, y estas materializadas en clientelismo y maniobras en las que el que más tiene es quien decide. Este proceder desinteresa y desestimula la participación social, además de abrirle espacio o reproducir la corrupción. Todo esto, que tiene raíz en la cultura política del status quo, es la forma de ser y hacer, de hablar y de realizar, de reunirse-deliberar y decidir, de modo prevaleciente en este primer año del nuevo gobierno, desvío que resulta imperioso enmendar.
Y todo aquello, pronto, ya; no dentro de un año o en más tiempo, ya que, de lo contrario, los proyectos políticos que en un principio despertaron confianza e ilusiones –como el Pacto Histórico, Colombia Humana y otros– quedarán reducidos a un ejercicio gamonalista y clientelar; a más “de lo mismo”. El reto del presente, en un cambio real, es la mayor suma de participación posible, asociada al mayor agregado de procesos educativos factibles, ligados a la más grande cifra de movilización posible. Esto es: un cambio que depende del abajo más no del arriba; de que los proyectos políticos y sociales dejen de autolimitarse en la crítica y la acción puntual, sin más temor a interpelar al que consideran un gobierno que deben apoyar, no criticar ni reclamar, pues así “favorecen a sus enemigos”. Entonces, preguntamos, ¿es este un apoyo real cuando se oculta la crítica ante errores evidentes, y en no pocos casos vergonzosos, cometidos a nombre del gobierno del cambio?
“Porque te quiero te aporrio”, dice el saber popular, y en este caso es sabiduría cierta. Hay que ser francos, dejando a un lado los cálculos políticos que se funden en correlaciones de fuerzas, garantizando autonomía de lo social ante el alto gobierno. Para superar los errores y los límites autoimpuestos por los nuevos inquilinos de la Casa de Nariño, hay que potenciar el debate abierto, franco, pues ese intercambio de argumentos educa a la vez que refuerza energías sociales de todo tipo, movilizadas, sin las cuales es imposible el cambio. Lo contrario sería seguir creyendo que las transformaciones proceden de arriba, algo que la historia de la humanidad ha demostrado una y otra vez que es errado. El poder no se autocorrige, y sí se reproduce en sus líneas y sus matrices más perjudiciales para las mayorías sociales.
El cambio, más que un gobernante con aires y acciones de profesor, exige mayorías apropiadas de lo público. ¿Estaremos a la altura del reto?
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