Estimados/as lectores/as compartimos la serie de artículos más leídos durante el 2023. Una relectura necesaria de hechos y proyecciones de diferentes temas tanto nacionales como internacionales. Esperamos que su lectura sea de utilidad.
Por medio de un enfoque social, político y económico, este artículo examina los factores estructurales que determinan el campo de batalla político entre la oligarquía hegemónica y las fuerzas progresistas de cara a los comicios de octubre próximo. Históricamente corresponde al crónico antagonismo ideológico y de clases oligarquía-pueblo.
Como fue relevante en sus discursos, propuestas, acciones, cubrimiento mediático y movilización social en general, la elección presidencial 2022-2026 expresó, una vez más, el persistente antagonismo entre una oligarquía defensora del statu quo y el movimiento popular promotor del cambio social, un enfrentamiento entre fuerzas políticas que no parece perder potencia al resaltar de formas diversas a lo largo de los 14 meses transcurridos de gobierno del Pacto Histórico; fenómeno que de nuevo brillará en las urnas en octubre próximo, escrutinio que dará su veredicto sobre la gestión hasta ahora adelantada. Los grupos hegemónicos intentan recuperar el poder absoluto del Estado en el orden territorial; en paralelo, los movimientos alternativos defienden el espacio conquistado. Los resultados electorales son una buena y significativa señal.
La disputa de octubre
El suceso electoral que se avecina promete una escena fundamental para las partes en litigio: para el Pacto Histórico, porque su resultado reflejará la encuesta real sobre el grado de confianza y aceptación logrado por su gestión en cabeza del presidente Gustavo Petro, un resultado que proyectará desde ese mismo momento posibles escenarios para los comicios presidenciales del 2026. Y también lo es para la oposición, la oligarquía liberal y conservadora en sus distintos matices y ramificaciones (Partido de la U, Cambio Radical, Centro Democrático, etc.) que en las urnas constatará si está recuperando el apoyo perdido en segmentos de la sociedad y, por lo tanto, si ahonda su negativa a las reformas propuestas por el gobierno del cambio.
Con claridad de ello, uno y otros afinan sus estrategias y procuran las más diversas y hasta iconoclastas maniobras, alianzas y promesas. Nada limita sus pretensiones, lo importante es lograr el resultado pretendido: “todo vale” y “los fines justifican los medios” (sentencia sin principios).
Un proceder que tal vez toma en cuenta que las diez generaciones que han construido la sociedad colombiana a partir de la Constitución de 1821 tienden a mantener a través del tiempo las fidelidades políticas y partidistas de orden familiar y territorial. Los odios “sectarios” y los resentimientos históricos también se heredan. Sociedad conservadora cuyas fidelidades pueden ser reforzadas o rotas, sin embargo, por fenómenos culturales o económicos o políticos de amplio impacto local o global, como quedó demostrado en las urnas en el 2022, como también por la intervención de los grupos armados ilegales, las mafias locales y los clanes políticos regionales.
Como parte de lo anotado una referencia: Previo al inicio de las elecciones presidenciales de 2022, el Dane indagó mediante la Encuesta de Cultura Política sobre las preferencias políticas de la población mayor de 18 años. Interrogados los miles de encuestados de decenas de municipios sobre su postura política, 44,3 por ciento se situó en el centro, 17,9 a la derecha y 14 a la izquierda, otro 23,8 dijo no saber. Aun así, el candidato del Pacto Histórico ganó la primera vuelta con más del 40 por ciento de los votos, y la segunda, con unas décimas por encima del 50. Es claro que algunos de los electores de centro votaron por el gobierno del cambio; otros también se fueron al lado de la tradición y el statu quo.
El gráfico 1 y las tablas 1 a 3 permiten analizar la situación del país en torno a las fuerzas hegemónicas oligárquicas, de una parte, y la expresión territorial de los movimientos proclives al cambio social, de otra, según los resultados de la segunda vuelta de la elección presidencial 2022-2026.
El comparativo del comportamiento político territorial muestra un equilibrio entre el enfrentamiento de las fuerzas defensoras del statu quo y la alianza de movimientos y partidos por el cambio social. La polarización del país y los antagonismos ideológicos y de intereses son evidentes. Durante los dos siglos de vida republicana los partidos del establecimiento, liberales y conservadores, gobernaron hegemónicamente. Los movimientos sociales, los partidos de izquierda democrática, los sindicatos, los defensores de derechos humanos, los pensadores críticos y los promotores de cambios eran perseguidos, declarados ilegales por el Estado, exiliados o asesinados.
Sobre el trasfondo de una abstención histórica del 55 por ciento del censo electoral, los movimientos sociales y los partidos de izquierda democrática nunca lograron conquistar más allá de una cuarta parte de los votos efectivos. Por regla general, al disminuir la abstención, las fuerzas democráticas por el cambio social aumentaban proporcionalmente su caudal electoral. En la elección de 2022, la alianza política Pacto Histórico obtuvo en promedio el 50,8 por ciento del total de los votos, la abstención disminuyó a 42 por ciento y un amplio sector socialdemócrata o de “centro” apoyó al “Gobierno del Cambio”. Las fuerzas políticas activas del país se polarizan por mitades, 50 contra 50 por ciento
Los territorios que optan por las fuerzas de cambio tienden a ser más homogéneos que aquellos con preferencias por los partidos del establecimiento, la tradición y el statu quo. El coeficiente de variación es de 32,7 por ciento en el primer caso, y de 35,1 en el segundo. En consecuencia, el rango de variación es menor en el voto por el progresismo respecto al voto por los grupos hegemónicos. El mínimo de votos alcanzados por el Pacto Histórico fue de 20,9 por ciento (en Norte de Santander) y el máximo de 81,9 (en Chocó); el candidato que logró concentrar todo el voto de derecha y representó al statu quo registró un mínimo de 16,5 por ciento en Chocó y un máximo de 77,8 en Norte de Santander.
La matriz de correlaciones permite analizar la fuerza de interdependencia entre variables: la de votos obtenidos por el pacto político a favor del cambio se asocia positiva y significativamente con los departamentos que han padecido en mayor proporción y crónicamente el flagelo de las violencias y que a la vez registran los niveles más altos de población viviendo bajo condiciones de pobreza; en contraste, la asociación es negativa con el nivel de riqueza por persona en los territorios y con los departamentos de más alta participación política.
La variable de votos obtenidos por las fuerzas hegemónicas en defensa de la tradición y el statu quo está correlacionada negativamente con las variables que expresan las condiciones de violencia y pobreza; en contraste, se ven asociadas positivamente con los niveles más altos de riqueza y de participación política.
Entre las fuerzas de la tradición y las del cambio, la oposición es significativa y negativa: al aumentar las preferencias territoriales por una fuerza política decae de manera directamente proporcional las opciones de triunfo de la oposición en el espacio compartido. La identidad política de los territorios es homogénea, antagónica, polarizada y excluyente.
Los modelos de regresión múltiple permiten analizar el grado de causalidad, determinación y explicación entre una variable dependiente y otras independientes. Curiosamente, las fuerzas políticas de derecha e izquierda enfrentan condiciones similares ante las variaciones de los parámetros determinantes en las contiendas territoriales de octubre de 2023. Para las propuestas de defensa del statu quo y las de cambio social las situaciones de aumento de la violencia, el ingreso per cápita y la oposición ideológica les son, individual y en conjunto, adversas; en contraste, les favorecen positivamente los niveles más altos de pobreza y de participación política.
En resumen, no todo está definido en los resultados de las elecciones territoriales de octubre de 2023. El campo de batalla política registra simetrías entre los efectos de las variables determinantes para cada una de las fuerzas opositoras. La opción política estratégica es el populismo, tanto de derecha como de izquierda. El asistencialismo de la mano de las tradicionales prácticas clientelistas y paternalistas genera réditos políticos. El populismo medra en medio de la miseria y la ignorancia; utiliza los recursos públicos para cooptar estas poblaciones marginales, pero sin acciones de cambio estructural en el modelo de desarrollo ni en el ordenamiento político del poder o la sumisión ideológica de trabajadores y clases populares.
En igual lógica, las fuerzas políticas antagónicas deben aupar la participación política de una parte significativa del 55 por ciento de la población que tradicionalmente no vota bien sea por no creer en las instituciones democráticas o por no confiar en los partidos políticos y sus representantes. El cuadro 1 y el gráfico 5 muestran que la media de participación política territorial en la segunda vuelta de la elección presidencial en 2022 fue de 54,6 por ciento, con un coeficiente de variación de 17,4 por ciento y un rango de votación de 35,5 puntos porcentuales: un mínimo de participación electoral de 32,5 por ciento correspondiente al Archipiélago de San Andrés y Providencia, y un máximo de 68,0 en Casanare.
Otro objetivo táctico es atraer al 44,3 por ciento de los electores que se consideran de centro en el espectro político; un factor determinante es, de una parte, la evaluación de los resultados parciales del primer año de gobierno del Pacto Histórico y, de otra, el convencimiento logrado por la oposición a través de la formación (o malformación) de la opinión pública a través de los medios de comunicación que controlan, están a su servicio o son de su propiedad privada.
Sin embargo, es ingenuo no tener en cuenta que la inercia estructural delimita el campo de batalla política: el clientelismo, las mafias criminales, la corrupción, el paramilitarismo, los caciques locales y los clanes políticos regionales controlan sus territorios, tienen hechas sus apuestas, han realizado alianzas estratégicas y cuentan con dados cargados y cartas marcadas. Veamos, por tanto, así sea de manera somera, aspectos nodales de dos de estos fenómenos:
Paramilitarismo y clanes políticos
Son realidades políticas, del poder real, que se manifiestan en los territorios locales y regionales con expresiones clientelares, armados o no, con trasfondo mafioso o no, que pesan de manera notoria en la expresión electoral de amplios y diversos grupos sociales.
En el caso de las agrupaciones paramilitares, hay que tener en cuenta su interés en redondear el poder armado que ejercen en ciertos territorios con el control o incidencia sobre alcaldías, gobernaciones y otras expresiones del poder político territorial. Una prolongación o ampliación de su capacidad militar, que ahora no es tan evidente o abierta como sí lo fue a inicios del presente siglo, y que también se manifiesta en poder económico y político –control de instituciones públicas, dominio del comercio en ciertos municipios, así como en el monopolio de la tierra, la minería, el transporte y otras manifestaciones de la economía, el mercado laboral y la producción local.
Como lo permite verificar distintos sucesos políticos y militares acaecidos en años pasados, el fortalecimiento de este fenómeno ha sido propiciado por los intereses y la cultura política derivada de la violencia, la corrupción, el narcotráfico y la alianza entre grupos armados emergentes, fuerzas armadas, políticos regionales, hacendados, ganaderos, agroindustriales, empresarios, partidos políticos de derecha y transnacionales. Actualmente hay una política de camuflar o negar la actividad continua e influyente del paramilitarismo en las estructuras institucionales regionales y su presencia activa en más de la mitad del territorio nacional (en particular en las zonas centro y norte del país, de occidente a oriente).
Por su parte, los clanes locales expresan, de manera consumada y hereditaria el Estado clientelar, como botín, y el voto como una mercancía más. Se conoce, por lo menos, la existencia de clanes tales como: Los Char (Barranquilla/Atlántico); García Romero (Sucre); Cotes (Magdalena), Gnecco (Guajira), Aguilar (Santander), Uribe (Antioquia), entre algunos de los más nombrados en periodo electoral.
Un clan político refleja el poder político y económico de un conjunto de personas en un territorio dado del país, poder que en la mayoría de casos recae sobre un grupo familiar. Es un poder que expresa el control alcanzado por este grupo de personas del Estado, de algunas de sus instituciones, convertidas en botín, para beneficio propio, con el cual ponen en marcha cada tanto una amplia agenda clientelista fruto de manejar y determinar nombramientos en cientos de puestos de la administración pública o en otorgar contratos a diestra y siniestra.
Tal poder, aliado o unido al poder paramilitar en esas mismas circunscripciones territoriales se traduce en hegemonía y control total del Estado y el gobierno regional o municipal, así como de sus poblaciones, al determinar la economía de la misma y, por tanto, la posibilidad de empleo, subsudios sociales, contratos e ingresos para miles de personas.
De ahí que la realidad sea cruda: mientras no se quiebren estos dos fenómenos debemos aceptar que la cultura política colombiana prosiga limitada por intereses particulares que hacen del Estado un botín y de cada uno de los ciudadanos una mercancía más que podría comprarse, y también venderse o, simplemente, desecharse.
Es claro, nuestra sociedad está en mora de liderar una profunda ruptura política y cultural con la cual deje atrás la delegación de sus intereses y asuma por cuenta propia, como democracia directa, radical, plebiscitaria, todos y cada uno de sus derechos, defensa de intereses y construcción de un proyecto de nación. Un reto que va mucho más allá de lo que pueda hacer un presidente y la maquinaria gubernamental y estatal de que pueda disponer o aceitar, en tanto es algo que cruza todas las cotidianidades que le dan su carácter y esperanza a una sociedad.
Es un reto y una movilización/transformación de costumbres y formas de convivencia, de rupturas, que parecen no tener cabida en el actual gobierno, dominado, determinado y limitado en sus posibles logros por un presidencialismo de amplio espectro, aferrado a valores y referentes capitalistas, con lo cual lo individual sigue primando sobre lo colectivo, el acuerdo interclases sobre la lucha directa entre estas, el Estado, en sus tradicionales formas de manejarlos, sobre el bien común, la democracia y el beneficio común, en manos de todas y todos. También, sin mayor conciencia del determinismo estructural y la confrontación histórica, ideológica y de clases oligarquía-pueblo.
Antagonismo tradición-cambio
Al pensar en el factor electoral, hay que tener en cuenta que, al interior del territorio colombiano, como apenas es lógico, se reproducen las condiciones del sistema mundo capitalista: diferenciación centro-periferia y desarrollo desigual y combinado. A nivel departamental, las condiciones económicas, políticas, sociales reflejan estas diferencias y oposiciones (tabla 1 y gráficos 1 a 5).
Como parte de su estructura y formación histórica, socioeconómica y política, tenemos el conflicto armado interno, que afecta de manera directa a cerca del 25 por ciento de los connacionales. El coeficiente de variación (% desviación estándar/media) es significativamente alto: 95 por ciento. El número total de víctimas (según estadísticas oficiales), causadas por el conflicto interno (acto terrorista/combates, amenaza, delitos contra la libertad y la integridad sexual, desaparición forzada, desplazamiento forzado, homicidios, minas antipersonales, secuestro, tortura, vinculación de niños y adolescentes a grupos armados, abandono o despojo de tierras, perdida de bienes, lesiones personales y confinamientos), durante el periodo 1985-2023, suma un total de 11,1 millones de personas. Los territorios más afectados son los periféricos, en particular los de las regiones Caribe, Pacífica, Sur, Amazonía y Orinoquía.
La riqueza económica es altamente concentrada en los principales centros urbanos y económicos, en unión con los territorios de extracción minero-energética y zonas agroindustriales. En contraste, las condiciones de personas viviendo bajo condiciones de pobreza por bajos ingresos registra un promedio de 46,8 por ciento en el país, un coeficiente de variación de 27,2 por ciento; el rango es de 45,5 puntos porcentuales, con un mínimo de 22,8 por ciento (Cundinamarca) y un máximo de 68,3 (Vichada).
En Colombia, cada ciclo de violencia presenta fenómenos inéditos, reconfiguraciones territoriales, nuevos actores, alianzas y conflictos, negocios, extracción de rentas y hegemonías políticas. De acuerdo con los hallazgos de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), la guerra que vivió Colombia desde los años 1960 fue una disputa por el poder político, la democracia, el modelo de Estado, la tenencia de la tierra, el control del territorio y las rentas. La guerra entre 1985-2017 fue diferente a la conocida como “La Violencia”, acaecida a mediados del siglo XX, fruto de un conflicto entre sectores de la oligarquía, expresada por medios de dos partidos políticos, y fue distinta también a los conflictos armados actuales que persisten en algunos territorios, cuyas dinámicas son una mezcla de objetivos políticos y económicos. El conflicto armado interno que cabalga entre las décadas de fin del siglo XX y comienzos del XXI fue una guerra entre ideologías extremas, una modernización violenta y excluyente, una contrarreforma agraria, el desmonte del precario Estado de bienestar, la financiarización de la economía, la privatización fraudulenta de los activos públicos y la apertura del mercado nacional, la mayor concentración del ingreso y la riqueza, una consolidación del poder de las oligarquías, la toma del Estado por organizaciones mafiosas, corruptas y criminales y la destrucción del tejido social y sindical. El estilo de desarrollo, bajo el dominio neoliberal también ha estado en el centro de los antagonismos
A partir de 2018 se inicia un nuevo ciclo de violencia de manera ascendente en el Catatumbo, Arauca, Antioquia, Putumayo, Cauca, Valle del Cauca, Andén Pacífico (desde Nariño hasta el Chocó), en la Orinoquía y la Amazonía. En efecto, Colombia vive en la actualidad un nuevo ciclo de violencia, cruzado entre disputas por recursos económicos provenientes de fuentes variopintas (corrupción, minería ilegal, producción de cocaína, narcotráfico, venta de armas, expoliación de tierras, construcción y negocios inmobiliarios, robo de combustibles, contrabando, lavado de divisas, extorsión a empresas minero-energéticas, secuestros, crédito extra bancario, trata de personas y redes de prostitución, migración ilegal, tráfico de animales, deforestación, entre otros) y control territorial y poblacional. Según el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz), en 2022 los grupos narco paramilitares hacen presencia en 27 de los 32 departamentos de Colombia (sobresale el ‘clan del Golfo’ –siniestra alianza entre reductos paramilitares y narcotraficantes), los grupos post-Farc-ep en 20 y la insurgencia del Ejército de Liberación Nacional (Eln) en 19.
El documento “Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana. Garantías Para La Vida y La Paz 2022-2026” (Psdcc), publicado por el Ministerio de Defensa Nacional en abril de 2023, afirma que el conflicto interno viene en aumento y se expresa en la reducción de la seguridad, la expansión del fenómeno criminal, la adaptabilidad de las redes ilegales, la obsolescencia de algunas capacidades institucionales, la afectación del medio ambiente y la falta de garantía de derechos para la población. El gobierno coloca como central el concepto de “organizaciones multicrimen”. Este reúne una mirada compleja del fenómeno criminal, en la cual se involucran asuntos económicos, sociales, políticos, culturales y territoriales. Se reconoce así la capacidad de mutación que las organizaciones ilegales han tenido en los últimos años; las relaciones que se establecen entre el nivel local, regional, nacional e internacional; el cambio de una disputa por las rentas criminales a una que busca también el control de entidades públicas, territorial y de la vida de las poblaciones; la incursión dentro del mercado legal y los circuitos financieros; el contubernio entre grupos sociales y políticos dentro de la ley y fuera de ella, así como la imbricación que se genera entre la violencia urbana y la rural.
De alguna manera, las entidades que hacen monitoreo a la violencia y al conflicto armado interno sintetizan la nueva fase del conflicto armado interno en Colombia, de acuerdo con las siguientes características: i) Confrontaciones en focos determinados por intereses particulares que, a escala nacional, no están interconectados bajo las lógicas de lucha por el poder político; ii) Se da el cierre de una fase de reconfiguración armada, en el cual las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) se reafirman como la principal fuerza narco paramilitar entre aquellos que surgieron luego de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2006; iii) Los grupos pos-Farc pasan de una atomización a afianzar tres estructuras de coordinación en el Bloque Suroriental, Segunda Marquetalia y Comando Coordinador de Occidente; iv) Se fortalecen como estrategias centrales de actuación, operaciones de pequeños grupos armados y la tercerización de las acciones criminales; v) Hay una urbanización del conflicto, fortalecimiento de los vínculos de las estructuras armadas de alcance nacional e internacional con bandas/combos locales; vi) No hay una intención de confrontación a las fuerzas del Estado; vii) La centralidad en estos elementos no significa la desaparición del paramilitarismo; si bien se pasa de un conflicto armado generalizado a uno focalizado, se mantiene la condición de conflicto armado interno; viii) consolidación del fenómeno paramilitar al completar las fases de su desarrollo: sometimiento armado de poblaciones, represión selectiva, infiltración de organizaciones políticas, construcción de poder económico, político, social, cultural, comunicacional y militar, legalización e institucionalización; ix) la mayoría de estos grupos armados no tienen objetivos políticos claros y alimentados, eso sí, por los dineros de las economías subterráneas, ilegales y criminales.
Con atención a esta realidad cambiante y en desarrollo de fuerzas con poderes reales en distintos territorios, las grandes preguntas que debemos hacernos son, ¿qué tanto pesará esto en el voto por escrutarse en octubre próximo? ¿volverá a consolidarse de manera hegemónica la oligarquía, la tradición y el statu quo o el movimiento social por el cambio consolidará su fuerza política? ¿cambiará la correlación de fuerzas política oligarquía Vs. pueblo que en los resultados electorales se enfrentan porcentualmente 50 a 50?
* Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos desdeabajo y Le Monde diplomatique, edición Colombia.
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