Parafraseando a Hegel, “el mochuelo de la filosofía política alza su vuelvo sobre Colombia al caer la noche”. El articulo no busca hacer un balance de lo positivo o negativo de dos años de gobierno sino mostrar los grandes trazos de cómo ha sido sitiado por la derecha para impedirle gobernar, sus propios errores tácticos para enfrentar el bloqueo y sus reacciones para llevar adelante las reformas proyectadas
La Constitución del 91: un proyecto frustrado
La Constitución del 91 incluyó tres proyectos societales: uno socialdemócrata, democracia participativa y estado social de derecho, del M19 y el liberalismo de Serpa, el multicultural de ascendencia indígena y el neoliberal que el gobierno de Gaviria y su ministro de gobierno ambientaron e impusieron. De los tres, el que más se desarrolló fue el neoliberal, la privatización de la educación, salud, transporte, comunicaciones, la venta de las empresas del Estado, las concesiones privadas, etcétera, mientras que el “Estado social de derecho” se concretó en magnificas piezas jurisprudenciales de la Corte Constitucional con relativa y nula eficacia en su cumplimiento; y el multicultural, tanto filosófica como procedimentalmente, quedó sometido a la lógica liberal, en el mejor de los casos, y en el peor discriminatoria de facto de la sociedad colombiana.
Es decir, a 33 años de la Constitución, lo que se desarrolló fue una política y una ideología neoliberal de privatización que, además, durante el gobierno autoritario de Álvaro Uribe Vélez (AUV) catalizó dinámicas mafiosas que capturaron tanto al Estado como al sector privado y la sociedad colombianas, dejando de lado no solo amplios sectores de la población sino territorios que progresivamente cayeron en manos del narcotráfico, el paramilitarismo, la guerrilla y los grupos armados de muy diversa y compleja índole.
Gobierno de izquierda y proyecto reformista
En ese contexto, con la desigualdad más grande del surcontinente, la primera tarea de un gobierno de izquierda democrática era actualizar el proyecto socialdemócrata de la Constitución Política Nacional –CPN–/91, darle presencia a los millones sin voz, recomponer el rol social del Estado, ambientar una paz total –todavía no consolidada en el país– a través de reformas estructurales, cándidamente se pensó, tramitadas por el legislativo, reincorporar a la nacionalidad los territorios olvidados de la amplia periferia del país, discriminados por el hegemon neoliberal que no vio mercado en ellos y los dejó al tenor de su suerte y de los actores armados que terminaron cooptándolos.
Como estrategia política se concibió, inicialmente, una gran coalición de centroizquierda bajo el supuesto de que muchas de las clases medias, e incluso dominantes, podían acompañar este ambicioso proyecto de reformas sociales en procura de los más desfavorecidos del país. Proyecto reformista que en cualquier latitud sería considerado moderado, sin visos siquiera de socialismo radical, un proyecto incluso liberal social, como el que se planteó en los años 30 López Pumarejo, Gaitán, más tarde el mismo Lleras Restrepo, de corte cepalino, en defensa de la industria nacional y las clases no solo populares sino medias también afectadas por décadas de empleo sin derechos, educación privada, salud deficiente en amplias zonas del país y una calidad de vida decreciente.
El giro a la izquierda y el vacío de liderazgo contrahegemónico
Pero la coalición con el centro derecha fracasó. Los sectores políticos liberales y conservadores, la facción ClaudiaLopista de las Verdes, la expresión política de las altas clases medias en el gobierno, incluso sectores de la izquierda radical empezaron unos a criticar y otros a torpedear desde dentro el proyecto reformista y Petro, con poco tacto político para algunos, obligado por el saboteo interno para otros, rompió la coalición con la derecha, el centro y la ultraizquierda sin siquiera haber cumplido un año de gobierno. Esto desestabilizó la inicial hoja de ruta que tenía el gobierno, a lo que se sumó un vacío de liderazgo sociopolítico (es mi hipótesis) que generó un limbo en el rumbo del proceso.
Nikos Poulantzas (Poder político y clases sociales en el estado capitalista, 1968) plantea que un bloque en el poder (en este caso) contrahegemónico, que conquista un gobierno siempre tiene una facción dominante y una facción reinante que le dan orientación estratégica al proceso. Al romperse la coalición legislativa con el centro y la derecha el gobierno pareció perder, no su dirección, pero sí su camino y sobre todo el bloque sociopolítico de liderazgo que algunos habían querido ver en los sectores sin voz, las juventudes rebeldes, el campesinado pobre, los indígenas y las negritudes, las clases populares en abstracto. Pero estos no tenían la presencia institucional para cohesionar una política contrahegemónica más allá de la coalición parlamentaria del Pacto Histórico (PH).
De ahí porque en ese momento se acudió a lo que podríamos llamar un desliz populista (porque en todo caso este no ha sido en general un gobierno populista, aunque esa discusión no puede darse aquí) y es el Presidente, con todo el peso que legalmente le permite el presidencialismo colombiano, quien asume en su persona la orientación exclusiva del proceso, con los riesgos que ello entraña. Y a partir de aquí, paulatinamente, va reconfigurando una facción reinante con la vieja militancia del M19 (recodemos la base popular de Anapo, además), únicos que le merecían toda su confianza, y el sindicalismo radical (CUT, Fecode) y una facción dominante con el bloque parlamentario de PH, las negritudes (Francia Márquez), asociaciones indígenas, juventud rebelde, por no etiquetarla maniqueamente de Primera Línea, y sectores de clase media democrática, sin duda dando un giro de izquierda moderada que se evidenció en los proyectos bandera que impulsó en el parlamento.
Fragmentación de la derecha y medios, IAS y gremios como oposición política
Recién posesionado el gobierno y más tarde ante la renuncia del ingeniero Hernández y sus imputaciones de corrupción, así como la judicialización de AUV y su repliegue relativo de liderazgo, el bloque hegemónico de derecha no encontraba un norte de oposición. Hay que aclarar que, en términos de hegemonía y contrahegemonía, la derecha en general tiene todavía la hegemonía política en el país, pese al gobierno contrahegemónico que conquista el poder ejecutivo.
El vacío inicial de liderazgo de la derecha lo llenan paulatinamente, en primer lugar, los medios de comunicación radiales (BluRadio, 6AM Caracol, LaFM, en estudio que desarrolló el grupo de investigación a mi cargo), los canales de TV, RCN y Caracol, la prensa regional toda y Semana/El Tiempo, sustancialmente. Pasamos de un periodismo de investigación a un periodismo ideologizado, politizado y tendencioso de oposición al gobierno, convalidado por organizaciones privadas de defensa de la libertad de prensa, en detrimento del derecho constitucional a una información integral, veraz y equilibrada.
Pero, en segundo lugar, lo que además fue ambientando la caracterización del “golpe blando”, tanto la Fiscalía de Barbosa como la Procuraduría de Cabello, y la Defensoría del Pueblo de Camargo, exfuncionarios del gobierno de ultraderecha de Duque, asumieron una postura, no de control constitucional sino de franca oposición política al gobierno. A lo que se sumó, en tercer lugar, la postura reactiva de todos los gremios, liderada por la Andi y Fenalco, contra la totalidad de reformas legislativas y políticas públicas que pretendieran afectar el esquema de privatización hegemónico de la sociedad colombiana. Esa coalición medios-IAS-gremios más la derecha parlamentaria fue cerrando el sitio más furioso al gobierno de izquierda como solo se había visto contra López Pumarejo en los 30 y que derivó en la violencia y la dictadura de los 50.
“Golpe blando”, bloqueo institucional y “autogolpe”
Ante esto no es extraño que Petro hablara de un “golpe blando”, alimentado además por diferentes voces de la ultraderecha llamando expresamente a no permitir terminar el periodo constitucional del gobierno. Porque además de las IAS, los medios y los gremios y el saboteo de la (ultra)derecha y sectores del centro en el Congreso, se sumó lenta pero sistemáticamente un bloqueo institucional en diferentes grados y niveles. Primero, en la operación tortuga de la burocracia de un Estado que durante los últimos veinte años ha reclutado sus cuadros en las filas del clientelismo de derecha, después de cinco gobiernos consecutivos de (ultra)derecha.
Pero segundo, también en las altas Cortes, en especial la Constitucional y el Consejo de Estado que, por supuesto, con todo el peso de la normatividad ha declarado inconstitucional e ilegal proyectos sociales del Ejecutivo, leyes y disposiciones de carácter social, sin hablar de la sistemática perdida de investidura de representantes del PH, independiente de que ello haya sido inspirado políticamente o no. Aclaremos a los ingenuos que lo de las “decisiones neutras, objetivas e imparciales” de los jueces, lo digo como profesor de Filosofía/Teoría del Derecho, es parte del dispositivo de dominación de la democracia liberal del siglo XVIII que la teoría crítica jurídica cuestiona profundamente.
Y a esto se suma la deslegitimación por los escándalos cercanos al Presidente que ha configurado un “autogolpe”: el hijo, el hermano, Benedetti, la financiación oscura de la campaña, Laura Sarabia, los nombramientos de la esposa, las rencillas internas, los regaños al gabinete, y un extenso etcétera, que obviamente los medios han magnificado en su amarillismo politizado, junto a los errores de ejecución y presupuestales ministeriales, la ingenuidad en la concertación y hundimiento de algunas reformas (educación, política, salud), la corrupción en la Ungrd (que crece y crece y crece), coadyuvando así al sitio al gobierno y contribuyendo a que no fluya la voluntad reformista del proyecto político encabezado por Petro.
Poder constituyente como alternativa
Frente al sitio del statu quo económico, judicial, institucional, legislativo, la única salida parece ser la eclosión del poder constituyente ciudadano que la derecha en su conjunto (desde políticos, legisladores, medios hasta expertos y profesores constitucionalistas) ha querido interpretar desde los cánones procedimentales del poder constituido. Lo cierto es que son dos conceptos opuestos: el uno, el poder constituido, que resume todo el Estado de derecho formal, el espectro social, político y mediático de derecha dominante, la procedimentalidad constitucional y legal para convocar una asamblea constituyente.
Y, en la otra orilla, el “poder constituyente” (Negri, 1994), como expresión de la voz y movilización popular y ciudadana, las protestas de las comunidades, la democracia asamblearia (Negri&Hardt, Asamblea, 2019), contestaria (Pettit, Republicanismo, 1997) u obstructiva (Rosanvallon, Contrademocracia, 2006) o lo que el mismo Rawls ha denominado razón pública (LP, 1993). Un poder constituyente ciudadano no secuestrado ni hipostasiado por el poder constituido ni reducido a los procedimientos ni la cultura fetichizada del constitucionalismo conservador y/o (neo)liberal (Habermas, Soberanía popular como procedimiento, 1989).
Poder constituyente que, en este momento, ad portas de la segunda mitad de su mandato, empieza a buscar las mediaciones con el poder constituido para transitar a un Acuerdo Nacional que permita adelantar las reformas frustradas o convocar a una Asamblea Constitucional (para reformar la CPN/91) o una Constituyente (para promulgar una nueva y ojo con la diferencia), que permita romper el oscuro y desestabilizador sitio al primer gobierno de izquierda del país en 200 años que no le ha posibilitado adelantar adecuadamente la realización de su proyecto. En dos años veremos. .
* Profesor Titular de la Universidad Nacional de Colombia. Filósofo (UNC), M.A. en Filosofía Moral y PH.D. en Filosofía Política (P.W.U., USA). Adelantó su segundo Doctorado en Filosofía del Derecho (UNC). Es también Posdoctorado en Derecho de la misma universidad.
Periódico desdeabajo N°315, 19 de julio – 19 de agosto de 2024
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