Indiferencia hacia la Bogotá joven. La situación en Usme, Ciudad Bolívar y San Cristóbal

En la actualidad los jóvenes como gran sector poblacional hacen que el país no sea tan viejo, como los países europeos. Pero son nuestros jóvenes los más afectados por las condiciones económicas y por los fenómenos de violencia urbana2 .

Escojamos las localidades que concentran la mayor población juvenil en Bogotá, y particularmente la localidad de San Cristóbal, donde se redujeron considerablemente los indicadores de hurtos contra vehículos, motos, bancos, establecimientos comerciales y personas, pero al mismo tiempo aumentaron los homicidios casi hasta el doble, tomando como referencia los dos años anteriores.

A finales de la década pasada los indicadores eran aún mucho mayores y estaban relacionados con luchas entre pandillas y limpieza social. Después vendría un proceso de reducción entre los años 2000 a 2004 del 30 al 15 por ciento, hasta dispararse últimamente y llegar a 53 homicidios registrados en el primer semestre de 2005; cometidos en su mayoría con arma de fuego, con la riña como segundo móvil. Frente a la primera causa se tiene dificultad en establecer las causas del crimen, por lo que según autoridades aumenta el grado de impunidad.

Las organizaciones sociales han mostrado preocupación por las causas reales de las muertes, aunque las autoridades responden que no se debe interpretar estos datos con los de Ciudad Bolívar que correspondería a un caso aislado. Los casos presentados en San Cristóbal tienden inicialmente a focalizarse en áreas cercanas a los Cerros Orientales y el Parque Entre Nubes. Posteriormente a concentrase en Las Brisas y Buenos Aires, barrios con mayor número de casos y conocidos por el expendio de drogas, y otras zonas como barrios San Isidro, Guacamayas, Altamira, Granada Sur y Atenas.

Para los jóvenes de la localidad las situaciones de pobreza, desempleo, des-escolarización e inasistencia social son los mayores problemas. Cerca de 126.000 jóvenes representan junto con los niños los dos grandes sectores de la población (entre un 26 y 33,2 por ciento respectivamente). Al ser mayoría, es altamente probable que se encuentren dentro del 74 por ciento bajo línea de pobreza, o aún peor, en condición de miseria la cual es sufrida la cuarta parte de la localidad.

En relaciones de conformación de vínculos familiares, incluyendo aquellos no consanguíneos, tienden a establecer familias cada vez más jóvenes en unión libre, ocupando espacios habitacionales en condición de arriendo. Sólo un 5,6 por ciento de ellos puede acceder a la universidad. El desempleo constituye el principal problema para la obtención de ingresos. No pueden recibir ayuda de sus padres pues el rango de dependencia es tal que por cada trabajador hay 4 o 5 personas dependiendo de ese ingreso.

Para las mujeres jóvenes, si son madres de familia y en condición de jefe de hogar (establecido por las encuestas como aquél que proporciona ingresos) es mayor la probabilidad de vivir sin cónyuge a diferencia de los hombres.

Toda esta situación, corre conjunta con los delitos contra la propiedad privada que están involucrados con la población juvenil. El problema no es la delincuencia sino la exclusión, por eso la alternativa no es el aumento de policías sino de oportunidades para los jóvenes.

Y aunque las autoridades quieran desconocerlo, han comenzado a operar grupos ilegales relacionados con el paramilitarismo. Casos como las primeras amenazas a jóvenes, reportados ante Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Interior, éste último respondió con la entrega de chaleco antibalas y un avantel, son apenas la primera muestra.

También se conocen procesos de reclutamiento con estos grupos desde hace año y medio, para ir a cuidar cultivos de coca y ser después presentados como desmovilizados. Como se sabe, en algunos casos al acabarse la ayuda del Estado se involucran de nuevo a la estructura paramilitar.

Aún más grave, son las recientes presencias de grupos armados que cobran vacunas a conductores de bus en la antigua vía al Llano, que comunica la localidad de San Cristóbal con la de Usme, a la altura de los barrios Juan Rey y J.J. Rondón.

De otro lado, las muertes  entre miembros de pandillas se desprenden por el control de zonas donde se distribuye la droga. Uno de los últimos casos –conocido por la comunidad local–, sucedió el pasado 31 de octubre a las 8 p.m., cuando un joven recibió dos impactos en el pecho y uno en la cabeza, por sicarios disfrazados aprovechando “la noche de brujas”.

Si tomamos la historia de Ciudad Bolívar, algunos líderes y organizaciones de derechos humanos han señalado que los paramilitares habían contactado inicialmente pandillas impulsando un proceso de lucha entre ellas, coactando aquellas que iban ganando territorio. En ese entonces, nadie prestó atención a los primeros números de muertos como diciendo “es que se lo merecían esos malos muchachos”. La situación fue empeorando cuando comenzaron muertes selectivas a líderes comunitarios y personeros estudiantiles. Es así como se llegó a la alarmante cifra de más de 300 jóvenes asesinados en lo recorrido de estos últimos años.

En el caso de San Cristóbal, las muertes han sido justificadas por la comunidad barrial con su silencio, pues al tener una mayor percepción de inseguridad justifican la llamada «limpieza social», y no ven la necesidad de movilizarse para exigir justicia social.

De las tres localidades, Usme tiene los mayores indicadores de desescolarización, demanda de vivienda, así como un mayor número de miembros que residen en el hogar, esto es: aquellos que viven bajo el mismo techo y comen en la misma olla, o viven en la misma olla. Por otra parte, San Cristóbal es quien presenta una mayor desnutrición crónica. En todas se concentran los casos de deserción escolar de establecimientos oficiales.

El sur y sur oriente se hunden en la miseria y con ella también se va nuestra juventud. Es necesario exigir mayores políticas para los jóvenes.  Que no los utilicen para avalar diagnósticos y proyectos hechos desde las instituciones. Es hora de que la Alcaldía Mayor rompa la indiferencia con los jóvenes.

1          Las cifras y datos demográficos como el índice de homicidios utilizados tienen como fuente los documentos manejados por Bienestar Social y el Sistema de Información de Violencia y Delincuencia. www.suivd.gov.co

2          Confírmalo en “Estado del Arte, Juventud Bogotá 1990-2000” (coordinador de equipo investigativo José Fernando Serrano Amaya) Alcaldía Mayor, Universidad Central, Bogotá, 2002.

En un nuevo hecho de sangre que compromete al Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad de la Policía Nacional, el pasado 8 de marzo fue asesinado Oscar Leonardo Salas, estudiante de Filosofía de la Universidad Distrital.

Su deceso se produjo en momentos en que estudiantes de la Universidad Nacional y Distrital, llevaban a cabo una jornada de protesta contra el Tlc y en defensa de la educación pública. Alrededor de la 1:00 p.m., los estudiantes fueron atacados por el  Esmad, resultando herido de gravedad (trauma cráneo encefálico), y falleciendo pocas horas después, el joven estudiante.

Oscar Salas, era oriundo del municipio del Líbano, trabajaba en su tiempo libre en la emisora comunitaria café 93.5 FM, de este municipio tolimense, desempeñándose como técnico programador y desarrollando actividades de periodismo. De igual manera representaba la emisora en el grupo de jóvenes de Planeta paz y participaba activamente del proceso de Tolipaz en el norte del Tolima.

Este nuevo asesinato, se suma a los de Jhony Silva Aranjuren (22 de septiembre de 2005); Nicolas Neira Alvarez ( 1º. de Mayo de 2005); Carlos Geovanny Blanco Leguízamo (7 de noviembre de 2001); Jaime Acosta, (noviembre de 2002).

Como en otros temas de la ciudad que relacionan a los jóvenes, es prominente el silencio del Alcalde. ¿Real politik?