La designación de un nuevo Rector para la Universidad Nacional de Colombia (UN) ha producido malestar en la comunidad universitaria, pues la mayoría del Consejo Superior Universitario –CSU– (con la excepción de los representantes profesoral y estudiantil), optó por nombrar a un profesor que no cuenta con el respaldo mayoritario de los estamentos.
El mecanismo establecido por el Estatuto vigente se limita a una consulta a la comunidad académica (profesores y estudiantes) para conformar una terna (que ahora es un quinteto) de nombres, entre los cuales el CSU es el que define. La consulta es una mera encuesta de opinión, no una elección directa de la máxima autoridad de la universidad. El CSU es presidido por la ministra de Educación, el rector en ejercicio no tiene voto y la mayoría de sus integrantes no pertenece a la comunidad universitaria activa.
Este mecanismo, aplicado desde hace varias administraciones con resultados similares, ha provocado un gran escepticismo entre la comunidad que tiende a marginarse del mismo. En la consulta reciente más un 80% de los estudiantes y un 40% de los profesores se abstuvo de participar. Los empleados administrativos no son consultados.
Globo de ensayo
El masivo movimiento estudiantil universitario del año pasado puso en evidencia la grave crisis que afecta a toda la educación superior pública. Uno de los problemas más protuberantes ha sido el desconocimiento por parte del gobierno de la autonomía universitaria. Las administraciones de las universidades se convirtieron en muchos casos en botín politiquero, y en otros (como el sonado de la Universidad de Córdoba) cayó directamente en manos de los paramilitares, con nefastas consecuencias para la vida académica.
La Corte Constitucional ha señalado en varias providencias los alcances de la autonomía universitaria. Es el derecho reconocido por el estado a las instituciones de educación superior de autogobernarse, definir sus propios estatutos y planes de desarrollo, así como administrar discrecionalmente su presupuesto. Esta autonomía parte del hecho de que la producción y difusión del conocimiento científico no puede estar al servicio de los propósitos coyunturales de un gobierno, sino que son un bien social cuya protección se delega en los propios universitarios.
Mecanismos como el aplicado en la Universidad Nacional desconocen de hecho esa capacidad de autogobierno de los universitarios.
La decisión de la mayoría del CSU, aunque legal, carece de legitimidad ante los ojos de la comunidad, y es un globo de ensayo que lanza el gobierno para medir fuerzas con el movimiento estudiantil.
Movilizarse en defensa de la autonomía
De consolidarse la decisión del CSU y no atender el llamado que hizo una masiva asamblea estudiantil –donde se rechazó el nombramiento del rector y se conminó al CSU a modificar su decisión, respetando la opinión mayoritaria de quienes participaron en la consulta– es probable un nuevo período de anormalidad académica en la institución.
Otras universidades públicas, pero también la UN, están amenazadas por diversos problemas (presupuestos insuficientes, plantas docentes inestables, carencia de garantías de permanencia para los estudiantes) y sobre todos ellos gravita el problema de la autonomía.
Esta es una gran oportunidad de conquistar la democracia para los universitarios. El ejemplo de la Universidad del Tolima, donde el año pasado se reivindicó el derecho a una Constituyente que definiera democráticamente el futuro de la institución, puede generalizarse a muchas universidades. Pero estos ejercicios de deliberación no tendrán mayores consecuencias si no son respaldados por un vigoroso movimiento de protesta.
Si el movimiento universitario nacional toma como propia la bandera de la democratización de la Universidad Nacional de Colombia, buque insignia de toda la educación superior colombiana, –empezando por exigir la elección directa de sus autoridades y la conformación órganos de gobierno compuestos por profesores, estudiantes y administrativos– se habrá dado un paso en firme para la conquista de la verdadera autonomía universitaria, uno de los ejes del Programa Mínimo de los Estudiantes Colombianos, defendido por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE). Ese movimiento debería ser respaldado con decisión por las organizaciones profesorales como ASPU y Fenalprou, haciéndolo extensivo al Frente por la Defensa de la Educación Pública, en el que coincidimos con Fecode, Sindesena y otras organizaciones sindicales del sector.
El año pasado el movimiento estudiantil hizo una demostración de fuerza que dejó atrás los estériles enfrentamientos de pequeños grupos de encapuchados con las fuerzas represivas del Estado. Este año, en cambio, se inició con la muerte de varios estudiantes, víctimas de explosivos artesanales, que el gobierno ha utilizado para tratar de deslegitimar la protesta y estigmatizar a los jóvenes.
Es necesario retomar la agenda de movilización masiva y democrática, recuperar la iniciativa frente a la ofensiva mediática del gobierno, y volver a las calles a ganar el respaldo de la población por la conquista de una universidad pública gratuita, de libre acceso, con alta calidad y verdadero bienestar estudiantil.
Leave a Reply