Con poca gloria para Santos, mucha pena para el pueblo de La Heroica y muchos interrogantes para el continente, terminó la VI Cumbre de las Américas en Cartagena de Indias. El presidente colombiano, en lugar de salir en hombros, como hacía prever el enorme despliegue económico (25 millones de dólares), organizativo y de propaganda, salió a defenderse culpando a los medios de haber azuzado el fuego con los temas candentes: Cuba, Malvinas y drogas. La V Cumbre de los Pueblos, por su parte, emitió una declaración conjunta sobre estos y otros temas estratégicos, y se puso del lado de quienes dejaron atrás la sumisión a Estados Unidos.
La ausencia de Cuba, Puerto Rico y Ecuador, por la intransigencia y el colonialismo estadounidenses; la salida intempestiva de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, por la falta de consenso en su solicitud de respaldo en la exigencia de reconocimiento de la soberanía de su país sobre las islas Malvinas; la ausencia de Nicaragua y posteriormente la salida del presidente de Bolivia, Evo Morales, dejaron una lánguida foto y un balance que empeoraba con el paso de las horas.
De los 34 países del continente, 33 coinciden ahora en que “no habrá una sola cumbre más que reúna a los gobiernos del continente sin la participación de Cuba”. Desde los gobiernos conservadores hasta los progresistas, han llegado a un consenso en este punto, anunció ante los medios de comunicación, el lunes 16 de abril, el canciller venezolano Nicolás Maduro.
El gobierno de Colombia, a pesar de los tiempos que corren, mantiene su posición de genuflexión con el conjunto de la política estadounidense, y por eso el fracaso de Santos no equivale al éxito de la agenda social colombiana. Barack Obama vino a acelerar la entrada en vigencia del TLC para beneficio de las corporaciones estadounidenses. El sector avícola, resignado, anuncia que se está adaptando, “a pesar de la brecha competitiva”, a la entrada de 27.000 toneladas de pollo estadounidense en el primer año del Tratado, y que la competencia ya no será sólo con los cuartos traseros baratos (pierna y pernil) sino también con la pechuga de pollo, que ha bajado de precio en Estados Unidos, producto de la reducción del consumo en medio de la crisis económica.
Sigue la militarización norteamericana de todo el continente, con efectos perversos en el conflicto armado colombiano; se acelera un convenio energético consistente en hidroeléctricas que seguirán explotando el recurso estratégico del agua e imponiéndose sobre los derechos territoriales de las comunidades, a la vez que contribuyen a profundizar la crisis climática. El ministro de Minas Mauricio Cárdenas afirma pomposamente que Colombia se pone a la vanguardia de la integración energética del continente, mientras millones de personas todavía no cuentan con acceso a la electricidad o tienen que pagar 10 o más por ciento de su ingreso mensual por contar con este servicio.
La presencia disidente
Al otro lado de las murallas de la Ciudad Heroica culminó la V versión de la Cumbre de los Pueblos, bajo el lema “La verdadera voz de las Américas”, que se sumó al rechazo frente a que Estados Unidos siga imponiendo la agenda continental, a la vez que abordó los verdaderos debates del continente y sentó su posición de respaldo a Cuba, a la soberanía Argentina sobre Malvinas y en contra de la llamada “guerra contra las drogas”. Así lo consignó en la declaración final, construida de manera consensuada entre organizaciones sociales de Colombia y delegaciones internacionales. También se produjeron declaraciones sectoriales de sindicatos, mujeres, estudiantes e iglesias, que realizaron sus encuentros en el marco de esta Cumbre.
La presencia y la actuación de las corporaciones trasnacionales en diferentes renglones de la economía de América Latina fueron temas transversales a las reflexiones de las organizaciones sociales en los diferentes paneles, talleres y conversatorios de la Cumbre de los Pueblos. El debate llega a la misma conclusión: los intereses de la megaminería, los agronegocios, la banca, las multinacionales del agua, los recursos naturales, las telecomunicaciones, las farmacéuticas y la tecnología, entre otras, están detrás de la militarización, la represión, el señalamiento y la persecución de los líderes sociales que se oponen a que controlen los recursos estratégicos. Estas corporaciones, a la vez, sobornan, presionan o se alían con funcionarios gubernamentales para imponer sus propias reglas de juego a través de los Tratados de Libre Comercio, los Tratados Bilaterales de Inversiones y toda la legislación interna que se ha modificado para garantizarles cada vez más derechos. Todo esto ocurre en un contexto de crisis económica en Estados Unidos y Europa, cuando el gran capital busca reacomodarse acumulando cada vez más rentas, territorios y recursos, y mira hacia nuestros territorios con avaricia.
Minería: locomotora rota
El gobierno colombiano les devuelve a las multinacionales mineras en exenciones de impuestos aproximadamente al 30 por ciento de lo que pagan estas empresas en regalías. Esa fue la denuncia presentada por Mario Valencia, de la Red Colombiana de Acción Frente a la Megaminería (Reclame), durante el panel “Megaminería y Desarrollo”, realizado el primer día de la V Cumbre de los Pueblos. “El estado colombiano le está regalando los minerales a esas empresas, por estar cargados de exenciones que equivalen a dos billones de pesos anuales, que es justamente lo que los estudiantes están pidiendo para mejorar la calidad y la oferta educativa de la universidad pública”, señaló Valencia, quien afirmó que el Estado debe recuperar el control de la minería.
La problemática minera atraviesa el continente, pero no todos los países juegan el mismo papel. Raúl Burbano, integrante de la organización no gubernamental canadiense Frontera Común, que le hace seguimiento a la minería, afirmó en el panel “Implementación de los TLC” que dos tercios de la minería mundial es de origen canadiense, y recordó que Canadá ha ‘asesorado’ la reforma a los códigos mineros de varios países del continente, con lo cual termina favoreciendo a las 1.500 empresas y los 1.246 proyectos mineros canadienses. En los últimos cinco años, el crecimiento del sector pasó de 35 a 50 por ciento. La mayoría de estas inversiones están en Honduras, Colombia y Perú, países donde no se respetan los derechos humanos, añade Burbano, con lo cual la minería canadiense busca evadir su responsabilidad con trabajadores y comunidades, para aumentar su margen de ganancias. Frontera Común promueve un marco legal en su país que permita el control al comportamiento de la minería más allá de las fronteras.
¿Guerra, contra qué?
La llamada Guerra contra las Drogas fue abordada por la V Cumbre de los Pueblos bajo el eje de militarización, derechos humanos y criminalización de la protesta social. Ricardo Soberón Garrido, ex zar antidrogas del Perú, analiza los intereses que la dinamizan: “En el terreno empresarial, obviamente los laboratorios farmacéuticos internacionales que pretenden seguir manteniendo el monopolio del control de las situaciones de neurosis, de psicosis, de distinto tipo de patologías a partir de sus propios medicamentos y no permitir que la gente tenga salidas más naturales (recurriendo a plantas de uso tradicional, estigmatizadas por esta misma política). En el terreno militar, estamos evidenciando un proceso de privatización de la guerra, particularmente en América Latina. Organizaciones y agencias de seguridad y de orden público del aparato tecnológico militar de Estados Unidos están interesadas en alimentar a las fuerzas armadas y policiales de nuestros países, y a sus servicios de inteligencia, para poder encomendarles nuevas misiones, entre otras el control del narcotráfico; el seguimiento y monitoreo de vuelos sospechosos, de embarcaciones sospechosas, la devolución de migrantes, etcétera. Hay también otros actores ideológicamente interesados, en algunos casos podemos hablar de sectores muy conservadores”.
Soberón renunció hace algunos meses a su cargo como Zar Antidrogas de su país por presión de Washington. Se hizo presente en la V Cumbre de los Pueblos para compartir sus reflexiones y señalar esta temática como un asunto del resorte de cada país: “No hay un problema mundial de drogas: hay problemas nacionales que deben ser respondidos en términos nacionales, porque uno de los trucos sobre los cuales se ha basado el sistema internacional ha sido hacernos pensar que el problema es global, que la respuesta es global, y que nadie puede poner en tela de juicio ese paradigma internacional”.
Los TLC: leyes de implementación podrían ser inconstitucionales
La multiplicación de los Tratados de Libre Comercio está generando un nuevo orden legal internacional que pone en juego las normas nacionales e incluso las normas internacionales que protegen los derechos humanos. Así se desprende de las discusiones que tuvieron lugar bajo el eje “TLC: negociación, implementación y resistencias”, durante la V Cumbre de los Pueblos.
En el panel sobre implementación de los TLC, los estragos de los Tratados de Libre Comercio no fueron sólo un pronóstico. Jorge Coronado, de la Comisión Nacional de Enlace, red de organizaciones sociales costarricenses, presentó el balance de lo que han sido siete años de implementación del TLC con Estados Unidos para Centroamérica: la balanza comercial se invirtió completamente. Hoy, Centroamérica importa de Estados Unidos más de lo que exporta. El 73 por ciento de la biodiversidad está patentado, el desempleo aumentó y la informalidad representa el 66 por ciento de la economía, y es perseguida por la policía. Existen fuertes restricciones en materia de propiedad intelectual, las fotocopias están penalizadas en Centroamérica y la responsabilidad recae sobre los dueños de los pequeños negocios de copiado, reveló Coronado.
El analista y economista Héctor-León Moncayo, integrante del consejo editorial de este periódico, afirmó que en Colombia, como en otros países con TLC, las leyes ya no se desprenden de la Constitución sino del acuerdo comercial. También afirmó que en la demanda de inconstitucionalidad presentada por diversas organizaciones sociales, académicas y sectores empresariales, en 2009, quedó un espacio abierto para la incidencia jurídica, y es que la Corte declaró constitucional el TLC con Estados Unidos pero afirmó que algunas leyes de implementación pueden ser inconstitucionales. Moncayo insistió en que la lucha contra los TLC está vigente y debe darse también en el terreno jurídico, pero fundamentalmente a través de la movilización social.
El gobierno no acoge propuestas de la MANE
La educación, en particular la superior, está en el centro de los debates sobre el modelo económico en el continente. La disputa por la educación pública, gratuita, universal y de calidad le ha dado dividendos muy importantes al movimiento estudiantil en el continente, particularmente en Chile y Colombia, donde mantienen detenidas las reformas que profundizan la privatización. El reconocimiento por esos logros se hizo sentir en todos los escenarios y momentos de la V Cumbre de los Pueblos, donde la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) se hizo presente.
Ante la presión del movimiento estudiantil, el viceministro de Educación Javier Botero Álvarez tuvo que asistir al foro sobre autonomía universitaria convocado por la MANE, en el marco de la V Cumbre de los Pueblos. El funcionario se reafirmó en la postura gubernamental de centralizar la autonomía universitaria en una junta directiva o consejo superior, a pesar de las recientes críticas que rodearon la elección del rector de la Universidad Nacional de Colombia, en el marco del debate sobre la educación pública en el país.
Los integrantes de la MANE participantes en el Foro denunciaron que el gobierno colombiano no acoge sus propuestas, aunque públicamente se declara dispuesto al diálogo. “No quieren salir del marco neoliberal porque apuntan a abrirle espacio a la inversión privada y al capital extranjero en la universidad pública”, señaló Leonel Eduardo Vargas, vocero de la MANE, quien anunció que la movilización seguirá.
Sin la voz de las mujeres, otra América no es posible
Con esta consigna, cerca de 200 representantes de organizaciones de mujeres de Cartagena, la Costa Caribe y el país, junto con delegadas internacionales, se reunieron en un encuentro realizado en el marco de la V Cumbre de los Pueblos para discutir las relación entre las reglas y las normas del modelo económico, y los derechos humanos. A pesar de los avances de la lucha feminista, las mujeres siguen siendo las principales responsables del trabajo doméstico no remunerado que combinan con las actividades productivas, duplicando su jornada laboral. Adicionalmente, las tasas de desempleo de las mujeres son más altas estructuralmente en todo el continente. En Colombia, en el período septiembre-diciembre de 2011, el desempleo de las mujeres fue de 12,5 por ciento, mientras el de los hombres fue de 7 por ciento.
El modelo actual está fuertemente sostenido en sus hombros mientras les ofrece condiciones precarias de trabajo. Los sectores de la economía nacional que desplazan los TLC en los países llamados en desarrollo son la agricultura y la industria (incluyendo el desarrollo tecnológico). Las economías locales quedan sostenidas en sectores como comercio, hoteles y restaurantes, y en los servicios comunales, sociales y personales. Estos dos son las principales fuentes de trabajo para las mujeres, también porque son una extensión de los roles de cuidado, tradicionalmente asignados a ellas. En el país, 63 de cada 100 mujeres trabajan en comercio y servicios, según estadísticas del Dane.
La reducción del Estado recae también sobre los hombros de las mujeres. Una muestra de ello es el trabajo de las madres comunitarias, a quienes históricamente se les ha negado su relación laboral con el Estado. Las madres comunitarias del departamento de Bolívar denunciaron durante el encuentro que, con el programa de atención a la primera infancia, “De Cero a Siempre”, lanzado por el gobierno nacional, su trabajo está en riesgo. Las ONG van a recibir los recursos de Bienestar Familiar para atender a la infancia, y son ellas las que van a contratar a las madres. María Valencia, del Sindicato de Madres Comunitarias de Bolívar, anunció que las organizaciones que las agrupan en todo el país realizarán una marcha nacional en mayo de este año para denunciar esta situación y exigirle al gobierno nacional unos programas que las incorporen y reconozcan sus derechos.
Las ventas por catálogo se han convertido en otra ocupación generalizada para las mujeres en la región. Algunas lo asumen como trabajo adicional para completar sus ingresos. Mientras las multinacionales de belleza y otros artículos de aseo y nutrición acumulan enormes ganancias por este concepto, las mujeres deben poner el capital inicial, crear las redes de ventas y pagar por los catálogos. Todos los costos los asumen las vendedoras, sin llegar a tener relación laboral o contractual con estas compañías.
La salud y la seguridad social son dos de las enormes deudas del modelo económico con las mujeres. No hay atención en salud que reconozca los derechos sexuales y reproductivos en las distintas etapas de su vida, y, por el contrario, la atención en salud se ha precarizado, deshumanizado y estandarizado, señalan las mujeres. Ecuador, a pesar de tener un sistema de salud pública, y Chile, con TLC firmados con muchos países, comparten este diagnóstico sobre la atención. María Clara Plata, de la Mesa Mujeres y Economía, de Colombia, afirmó que “el libre comercio convirtió a las y los pacientes en clientes, y a la salud en un negocio” e invitó a las participantes a sumarse al Referendo por la Salud y la Seguridad Social, cuyas firmas se están recogiendo en Bogotá, y a participar en el Congreso Nacional por la Salud, el próximo mes de agosto.
Las mujeres también recordaron que el 12 de abril se cumplieron tres años de la violación de Jessika Beltrán. Su mamá denunció que el sargento Michael Cohen y el contratista César Ruiz, ambos ubicados en la base de Tolemaida, desarrollando labores del ‘plan Colombia’, violaron a su hija cuando tenía 12 años. El caso sigue en la impunidad. A través de esta denuncia, rechazaron la militarización de la vida cotidiana y denunciaron la violencia de los actores armados contra las mujeres, insistiendo en la exigencia de la solución política del conflicto armado de Colombia y la desmilitarización de la vida civil en el continente.
Objeción de conciencia frente al modelo neoliberal
“El escenario de la guerra ya no se limita al control del territorial y de los recursos económicos sino que ahora las guerras buscan también la dominación de la mente y el cuerpo de las personas, y apuntan a la construcción de un pensamiento único”. Esta fue la principal conclusión a la que llegó el Encuentro Ecuménico, realizado durante la V Cumbre de los Pueblos.
En la declaración, suscrita por 31 organizaciones cristianas, de personas de fe, jóvenes, mujeres, indígenas y afrodescendientes, acordaron ampliar el trabajo de la objeción de conciencia al servicio militar, al neoliberalismo en su conjunto: “No podemos seguir pensando y actuando con los criterios de este mundo neoliberal que se nos impone con su lógica de muerte y destrucción humana y de la naturaleza”. El Encuentro Ecuménico también acordó fortalecer la organización del sector ecuménico, conocer las experiencias de opciones políticas y económicas que están surgiendo en la región, como el socialismo del siglo XXI y el Buen Vivir, trabajar por lo solución negociada del conflicto armado en Colombia, la reparación, y la restitución de las tierras a desplazados y víctimas.
La ciudad y las Cumbres
En un ambiente hostil al movimiento social y en medio de un fuerte control militar y policial en la ciudad, se desarrollaron la V Cumbre de los Pueblos y la VI Cumbre de las Américas. El pueblo cartagenero tuvo restringida la movilidad dentro de su ciudad, particularmente en las zonas de Bocagrande, el centro y la ciudad amurallada. Los vendedores ambulantes sintieron el impacto económico negativo en sus ventas por la falta de público. La ciudad, limpia y despejada, daba la sensación de una paraíso aterrador, al estilo del mundo feliz.
En un acto de total abuso de autoridad, la fuerza pública les ordenó a los dueños de hoteles expulsar a estudiantes y sindicalistas hospedados en el sector de Bocagrande que participaban en la V Cumbre de los Pueblos. Mientras trataba de vender la imagen de un líder internacional que concilia intereses divergentes en el continente, el gobierno de Juan Manuel Santos dio muestras de un profundo Estado represivo, que quiso ocultar y acallar la voz de la protesta social en Cartagena.
Pero no lo consiguió. Ocho mil personas marcharon en medio de fuertes dispositivos de seguridad por un trayecto corto, desde el Coliseo Chico Navarro hasta el sector de Chambacú, al cabo del cual se leyó la declaración final, que concluye: “Esta es nuestra voz, la verdadera voz de los pueblos de las Américas, y así lo proclamamos ante el mundo”.
Mientras los analistas colombianos cuentan las monedas que quedaron de la cacareada Cumbre, el continente sigue en sus realidades y las cartas quedan sobre la mesa: el modelo neoliberal avanza desafiando a los pueblos, y éstos han asumido el desafío. El triste espectáculo de sumisión a la hegemonía estadounidense se desgasta. Subyacen poderes no suficientemente desafiados: el patriarcado, el sistema financiero, la plutocracia, el poder corporativo que se alza sobre los Estados mismos. Poderes todos presentes en la vida cotidiana, esa que el movimiento ecuménico llama a desneoliberalizar desde la conciencia, siendo más grandes que el sectarismo político.
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