Es un hecho que las negociaciones en la Habana se adelantan entre dos de los actores del conflicto armado, las farc, representadas por delegados de su dirección política y militar, y el gobierno colombiano representado por una comisión nombrada por éste. No sobra recordar que el gobierno ejerce a su vez la suprema dirección de las Fuerzas Armadas; aún así es de resaltar que en dicha comisión se han incluido dos oficiales en retiro, uno de la policía y otro del ejército. La pregunta que muchos se hacen es: ¿Cómo puede participar en este proceso la sociedad civil colombiana? Cabría incluso una pregunta anterior: ¿Es necesario que esté allí? ¿No es acaso asunto exclusivo de los actores armados? Desde luego, es claro que en la propia comisión de gobierno aparecen de alguna manera los gremios empresariales, por lo cual habría que referirse solamente a una parte de la llamada sociedad civil, los sectores populares.
Acerca de la necesidad de la participación hay varias posiciones. En abstracto, es posible admitir que, para el pueblo, los resultados de la negociación –los acuerdos– no son, de ninguna manera, ajenos; sin embargo hay quienes sostienen que el momento de expresar su punto de vista (como ciudadanía) está en la última fase: la refrendación. Ahora bien, entre quienes reconocen como válida la participación durante el proceso hay varias posturas. La menos ambiciosa señala que el papel de la “opinión pública” es presionar a los negociadores para que lleguen a un acuerdo; desde la derecha se atreven a decir que debe obligar a la guerrilla a reconocer su condición de criminales derrotados para que faciliten el acuerdo; desde ciertos sectores progresistas, se trataría de una suerte de “veeduría”. La otra parece ser la adoptada por los propios actores: la sociedad civil puede y debe expresar sus opiniones respecto a cada uno de los puntos de la Agenda. El procedimiento ya se ha puesto en práctica a través de los Foros facilitados por las Naciones Unidas y la U. Nacional.
De cualquier manera, en este orden de ideas la participación popular sigue siendo externa. No faltan, sin embargo, voces que reclaman un involucramiento más directo. Como es bien sabido, se habla con frecuencia del conflicto social y armado, para poner el énfasis en que una verdadera resolución del conflicto, sobre todo como primer paso para la consecución de una paz duradera, tiene que ver con la eliminación de las causas que le dieron origen. Como supuesto y principio ético y político es, desde un enfoque particular, incontrovertible, sin embargo no resulta fácil de aplicar en las condiciones concretas.
Para empezar es evidente que no se trata de un proceso revolucionario que hubiese llegado a esta forma de culminación. Más allá de las valoraciones puramente militares, lo cierto es que no existe una crisis definitiva de las actuales relaciones de poder y el Estado conserva una significativa porción de legitimidad, aunque no tanto como pretenden las clases dominantes que, por supuesto, aspiran a que la insurgencia simplemente la acepte.
Pero hay algo más importante: nadie (o casi) estaría dispuesto en este momento a otorgarle a las farc una condición de vanguardia representante de los sectores populares. De hecho, ni siquiera representan a la totalidad de la insurgencia. Pero, por la misma razón (ausencia de situación revolucionaria), no es siquiera concebible que sean los movimientos sociales quienes directamente (poder popular) negocien con los representantes del “antiguo régimen”.
De todas maneras, es claro que, en este contexto de negociación, los movimientos sociales (por lo menos su componente organizado) mantienen sus propias aspiraciones las cuales coinciden, ciertamente, en algunos casos con las de las farc, pero no en todos. Esto tiene que ver con la naturaleza, los términos y el calado transformador de los acuerdos. El problema consiste en que para las farc, los alcances tienen que ver con el estado actual de la correlación de fuerzas, principalmente militar. Lo han planteado explícitamente. Sus propuestas se ubican, de manera sensata, entre lo deseado y lo posible. Contrariamente a lo que vocifera la derecha, nadie ha planteado aquí una “revolución por decreto”. Pero es también cierto que si se quiere eliminar las causas, las históricas, las actuales y las futuras, sí tiene que resultar de esta coyuntura una transformación significativa acorde con los problemas contemporáneos. Razón de más para la participación social efectiva.
La mayoría de las dificultades provienen de la naturaleza de la actual negociación. El clima de opinión, manipulado desde el poder, apunta en dos sentidos: de una parte, a que el problema de la negociación es exclusivamente de la insurgencia y, de otra, a que el modelo empleado es el de “sometimiento a la justicia”. De ahí se deduce el tono de los debates actuales: se trata de definir, en el marco de la justicia transicional, qué tantas garantías se le pueden otorgar a las farc para que participen como partido en el juego “democrático”.
Una ilustración sobre este particular se encuentra en la discusión sobre el segundo punto de la agenda, la “participación política”. Para el establecimiento se está hablando de la participación de las farc, para nosotros, para los sectores populares (expresado incluso en el Foro correspondiente) se trata de las condiciones de la participación política en general, es decir de la forma del Estado y del régimen político. En esta lógica, por supuesto, no cabe hablar de transformación o por lo menos se deja para el futuro cuando el “nuevo partido” esté en el Congreso. Se excluye, por lo tanto, de entrada, la voz de los sectores populares.
Desde luego, no se trata de escamotear o minimizar la cuestión de las garantías para la insurgencia y las condiciones de su desmovilización. Es algo que tiene que resolverse, clara y efectivamente. Pero, en perspectiva, aún sin recurrir a argumentos de programa revolucionario, una transformación es indispensable. Está en juego la posibilidad real de un futuro, no sin conflictos sociales ni sin nuevas propuestas de transformación, pero superando las condiciones actuales de violencia. En realidad, el planteamiento de la negociación podría interpretarse de esta manera, y es por eso que los puntos de la agenda están estrechamente interrelacionados.
Aquí vale la pena resaltar como un acierto de las farc el que se haya planteado el “enfoque territorial”. Y no se nos escapa que la clave de la conflictividad contemporánea se encuentra justamente en la disputa por el ordenamiento territorial que hoy avanza de acuerdo con las actuales formas de acumulación de capital y que todos los sectores populares (principal aunque no únicamente rurales) buscan revertir. Baste mencionar cómo el problema de la participación política está íntimamente ligado con la estructura de los poderes locales y regionales, que se asienta, a su vez, en las formas de tenencia y apropiación de la tierra y los recursos naturales.
Como se ve, aquí la iniciativa y la fuerza de los sectores populares es definitiva. Más allá de lo que puedan alcanzar las farc en la mesa de negociación. Es necesario, por lo tanto, presionar para que se supere el actual modelo de negociación arriba descrito. Pero existe, además, un problema que, como se verá enseguida, es a la vez, el principio de la solución. Se trata de los tiempos, que hasta ahora se ha relacionado mañosamente con los cronogramas electorales. No se trata del plazo fijado para terminar la negociación, sino del tiempo del desarrollo y la ejecución de los acuerdos. Obviamente está relacionado con los términos para la desmovilización, la dejación de las armas y la reincorporación a la política no armada.
Pero aquí sí que es cierto que no vale ninguna fórmula “express”. No basta con llegar a transacciones en cada uno de los puntos, que generalmente se quedan en los arreglos retóricos de los textos. Nadie, y mucho menos las farc, quedaría conforme con declaraciones de buena voluntad; son necesarias modificaciones constitucionales, desarrollos legislativos y disposiciones ejecutivas concretas. Aunque esa es la pretensión de las clases dominantes, nadie aceptaría como garantía la buena voluntad del Gobierno hacia el futuro. Justamente es esa forma de Estado lo que está en cuestión. En estas condiciones, si bien no se trata del largo tiempo de la historia, sí va a ser un proceso de mediano plazo.
Como se dijo, hay aquí un principio de solución para el interrogante planteado al comienzo de estas notas. En efecto, es también el lugar y el tiempo de la participación social. Las farc han planteado una Asamblea Constituyente, por desafortuna la han reducido a una modalidad de refrendación. La hipótesis que se extiende para el debate incluye una variante. Para la refrendación bien puede aceptarse una modalidad de plebiscito o referendo, la cuestión está en que allí mismo se apruebe una Asamblea cuyas formas de integración y su mandato específico queden definidos explícitamente. Al respecto, debe advertirse que, como lo demostró la experiencia de 1991, la mayoría de las transformaciones sustanciales dependen en realidad de desarrollos legislativos y no de enunciados constitucionales. En ese sentido, la Asamblea tiene que ser, simultáneamente, constitucional y legislativa.
De esta manera, un largo y amplio debate público debe abarcar todo el proceso de principio a fin. Es aquí donde es necesaria y posible la participación social. Desde el debate, que ya se está haciendo, sobre los puntos de la Agenda hasta la definición concreta de la forma y mandato de la Asamblea. Ya se ha sugerido que su conformación puede combinar modalidades de sufragio universal con elecciones sociales, étnicas, y territoriales. En ese sentido, diversas formas de participación “constituyente” desde la base, como se experimentó en Brasil en 1988, se pueden intentar en la etapa previa. Y lo que es más importante: fácil es imaginar la riqueza de las discusiones y de las decisiones en la Asamblea cuando se trate de materializar los acuerdos nominales verificados en la mesa de la Habana.
Como diría John Lennon, es posible que yo sea un soñador. De todas maneras, ya sea ésta o cualquier otra alternativa la que se ponga en práctica, su éxito va a depender no tanto de los negociadores como de los propios movimientos sociales. Es el punto de partida. La participación no solamente se solicita, se impone.
Barranquilla, junio 29 de 2013
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