En “el mundo al revés” del poema de José Agustín Goytisolo, que se hiciera popular como canción en la voz del artista español Paco Ibáñez, los corderos maltratan a los lobos y los piratas son honrados. Pues bien, ese parece ser el mundo que en Colombia despertó el anuncio de la venta de la participación del gobierno nacional en la empresa de generación eléctrica Isagén (57% de las acciones). No se entiende de otra manera que Álvaro Uribe, presidente de uno de los períodos más oscuros del país, haya instaurado una acción popular en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con el fin de evitar la venta de las acciones, propiedad del Estado. Él, precisamente él que entre los múltiples atentados contra lo público privatizó, entre otras entidades a Telecom; Ecogas; las electrificadoras de Norte de Santander, Cundinamarca, Boyacá y Santander; los aeropuertos de Bogotá y San Andrés y la infraestructura del Instituto de los Seguros Sociales. Como tampoco se entiende, salvo que se trate del mundo al revés, que Simón Gaviria, quien funge como jefe del partido liberal y curiosamente es hijo de César Gaviria, iniciador de la etapa neoliberal en 1990, que dejó entre muchas otras consecuencias nefastas la entrega de las empresas más representativas del patrimonio nacional a las multinacionales, en declaraciones a la radiodifusora Caracol se declarara también opuesto a la venta de las acciones de Isagén.
Las razones que esgrimen esos extraños opositores al negocio que pretende realizar el gobierno nos reafirma que se trata de un verdadero mundo alrevesado, pues son copia de los argumentos que los auténticos defensores de lo público han mostrado como contundentes motivos para calificar como felonía las entregas sucesivas de nuestras empresas al capital internacional. Que Isagén, a 31 de diciembre del año pasado muestre activos por 7 billones (millones de millones) de pesos y el gobierno aspire a recaudar 4,5 billones por la venta es ya de por si sospechoso, como también lo es que la empresa no solo sea considerada en el mundo financiero como altamente rentable sino que se busque enajenarla poco antes que la ampliación de su capacidad generadora en 42% sea una realidad, en menos de un año, con la entrada en funcionamiento de Hidrosogamoso. Este último proyecto hidroeléctrico, cuya inversión total será de 4,1 billones de pesos, está calculado para producir el 10% de la energía del país y se estima que representará un ingreso adicional de 22,6 millones de dólares anuales a Isagén, cifras que por sí solas hablan del nuevo saqueo que se proyecta.
La revista Dinero (30-X-2009), hace poco más de tres años llamaba la atención sobre la llegada de nuevos jugadores al mercado de la energía eléctrica, entre los que resaltaba a los fondos privados de inversión internacional, los fondos de pensiones (estos fondos son dueños del 15% de Isagén) y los grandes grupos económicos locales como el Grupo Empresarial Antioqueño, con Colinversiones; el grupo Santo Domingo con participación en la Compañía Eléctrica de Sochagota y con presencia en Contour Global –un fondo internacional que invierte en energía– y Luis Carlos Sarmiento, con inversiones de portafolio a través de Corficolombiana ¿El afán del gobierno Santos y la reacción de Uribe tendrán que ver con ciertas preferencias acerca del posicionamiento que buscan estos grandes jugadores en un sector estratégico y cada vez más monopolizado? Sea como sea, lo cierto es que los caracteres anecdóticos de la disputa distraen de la importancia que el país debe darle a la estructura energética del mañana y a lo que significa que dentro de las visiones de nuestro “desarrollo” se encuentren las hidroeléctricas de gran escala, dejándose de lado su condición de depredadoras de gente y diversidad biológica y cultural.
Un mundo esquizofrénico
La generación de electricidad a nivel mundial está dominada por las termoeléctricas alimentadas por combustibles fósiles (67% de la producción), siendo el carbón el que predomina (ver gráfico). En América Latina, la importancia de los combustibles fósiles disminuye hasta 41%, pero aun así es muestra que la adicción del capital a este tipo de fuente energética es muy elevado, y que el freno al calentamiento global carece de una base cierta, pues el peso de las energías alternativas es muy pequeño. El Banco Mundial reactivó, después del 2003, las inversiones en grandes represas, con la tesis que las hidroeléctricas son una solución plausible a las demandas de electricidad. Se considera que dos tercios de la cartera de inversiones de ese Banco en energía corresponden a grandes represas y combustibles fósiles, ¿existe acaso un calificativo distinto al de esquizofrénico, para el actuar de esa manera y simultáneamente alarmarse por el cambio climático?
Colombia es en ese sentido una nación atípica, pues las hidroeléctricas proveen más del 63% de la electricidad del país. Y es allí donde reside tanto la atracción que despierta la nación en los capitales internacionales como el peligro de que los macroproyectos se enseñoreen del territorio en el futuro inmediato.
En los últimos 25 años la demanda de energía se ha duplicado a nivel mundial, y las proyecciones de la demanda del sector eléctrico calculan que a mediados del siglo XXI ésta se duplicará respecto a la actual, por lo que la búsqueda de nuevas fuentes se hace imperiosa para el capital. Colombia, según algunos estimativos, tiene un potencial de 90.000 megavatios de desarrollo hidroeléctrico de los que se encuentran instalados cerca de 9.000. Eso significa multiplicar por diez las áreas inundadas actualmente, con los consecuentes problemas de desplazamientos, pérdida de biodiversidad, alteración de ecosistemas, erosión de tierras y alteraciones del ciclo hidrológico.
La comunidad académica internacional ya muestra preocupación porque el foco para la construcción de represas se ha centrado en el Amazonas. En lo que corresponde tan sólo a Colombia y Perú se encuentran proyectados 151 embalses, de los cuales la mitad se piensan como megaproyectos. Dado que la cuenca amazónica comprende una red de más de 100.000 km de ríos y arroyos que conecta los ecosistemas amazónicos como un todo, según los expertos, si el flujo de los ríos se altera, el riesgo de afectaciones en cascada a la integridad de los biomas puede constituir un serio peligro para la reserva natural. Pero, lo más insólito del asunto, es que la energía que se piensa generar no apunta a satisfacer las necesidades locales sino que se dirige a la exportación. La presidenta de la Asociación Colombiana de Energía (Acolgen), Ángela Montoya Holguín, sostiene que con el desarrollo de los proyectos que deben entrar a funcionar de acá hasta el 2018 en Colombia, se generará un excedente de energía de por lo menos 3.900 megavatios, con lo que la venta a otros países se convierte en necesidad. Además de las exportaciones que se hacen a Ecuador y Venezuela, se piensa llevar una línea de transmisión hacía Centroamérica que se iniciaría en Panamá.
Las represas no son “Verdes”
Se estima que en el mundo existen cerca de 45.000 grandes presas, de las cuales 22.000 se encuentran en China, 6.390 en USA y 4.000 en India, es decir que tan sólo cuatro países concentran el 72% de este tipo de infraestructura. El total de agua embalsada se calcula en 5.500 km3, de los cuales dos tercios (3.660 km3) es agua útil, mientras que el tercio restante no se puede utilizar por su calidad. El 58% de la represas fue construido en los últimos veinte años, el 28% tiene entre 20 y 40 años y el 14% restante tiene más de 60 años y debe pensarse en su desmantelamiento.
Las represas no han sido ajenas a sufrir catástrofes, y entre algunas de las más devastadoras se pueden citar la de Vaiont en Italia, en 1963, que produjo un fuerte temblor cuando la comenzaron a llenar, causaron derrumbes que al caer en el embalse, provocaron un oleaje que superó la represa y en el deslave arrasó la población de Longarone, causando la muerte de casi todos sus 2.000 habitantes. También merece mencionarse la ruptura en cadena de 63 represas del río Huai, en China, en 1975, que comenzó con el colapso de la represa Banqiao, debilitada por un tifón, con un saldo de 85.000 muertos tan sólo por las inundaciones, pues se afirma que el hambre y las enfermedades mataron por lo menos otras 100 mil personas. Más recientemente, en 2001, en Nigeria, el súbito escape de agua de las represas Tiga y Challawa, dejó 200 muertos y 82.000 afectados. En nuestro continente, en Méjico, en 2002, en un mismo día se rompieron dos presas en san Luis Potosí y en Zacatecas, dejando como saldo 21 muertos y 3.000 desplazados; en Brasil, en junio del 2004, la represa Camará inundó las poblaciones de Alagoa Grande y Mulungu, donde perdieron la vida cinco personas y 800 familias quedaron sin hogar.
La Comisión Mundial de Represas (CMR), institución establecida en mayo de 1998 y que en 2000 publicó su Informe Final, fue concluyente en señalar los graves problemas asociados a la construcción de éste tipo de obras. Se deben señalar entre las cifras más importantes, que se calcula entre 40 y 80 millones de personas las que han sido desplazadas en todo el mundo por las represas. 472 millones de seres humanos que viven río abajo de los embalses han visto seriamente amenazados sus medios de subsistencia, y en algunos casos su salud se ha visto afectada. Además, no en pocas ocasiones las poblaciones se ven obligadas a dispersarse, perdiéndose prácticas culturales comunitarias ancestrales, no siendo raros los eventos en los se ha visto destruido el patrimonio arqueológico de estos pueblos.
En cuanto a los impactos ambientales de las grandes represas la CMR remarca la perdida de bosques, biodiversidad, riqueza ictiológica y calidad del agua. La Comisión desmitifica que la hidroelectricidad no es generadora de gases de efecto invernadero, por lo menos en los embalses estudiados en los trópicos, en los que el nivel de emisiones puede ser incluso mayor que el de una termoeléctrica que genere la misma cantidad de energía; en los climas templados, al parecer, existe una mejora sustancial en ese aspecto.
Las alteraciones sustantivas de los regímenes de lluvias, resultantes del calentamiento global, agregan otro problema a las mega-hidroeléctricas, pues si la pluviosidad se distribuye de forma más asimétrica, concentrándose en un período corto de tiempo, mientras que en un intervalo largo el clima permanece seco, la amenaza de ruptura o de saturación de la represa se hace fuerte para los primeros periodos, mientras que en los segundos se puede inutilizar por falta de caudal. Las recomendaciones de la CMR han tenido por lo menos un efecto parcial, obligando a la adopción de un protocolo de 23 puntos que elaboró en 2006 la Asociación Internacional de Energía Hidroeléctrica y que procura la evaluación de la sostenibilidad de los sistemas hidroeléctricos, con el fin de que los proyectos a emprender sean ambientalmente sostenibles. Sería bueno saber si en Colombia ha existido, por lo menos, el interés de formalizar dichos requerimientos.
Si bien es cierto que alrededor de 1.500 millones de personas aún no acceden en el mundo a la electricidad, esto no justifica de ninguna manera la construcción de macroproyectos, máxime cuando las energías alternativas como la solar y la eólica no sólo son viables técnicamente sino que permiten desconcentrar un sector estratégico del consumo humano y democratizar en alguna medida su gestión. Incluso personajes como Jeremy Rifkin, libre de toda sospecha “izquierdizante”, construye su tesis de la tercera revolución industrial sobre la descentralización energética y su producción en escalas personales.
Quizá no está de más recordar que la generación y distribución de energía tuvo desde sus inicios dos visiones encontradas: la de Nicola Tesla, quien diseñó los mecanismos de distribución de la corriente alterna, y que propugnaba por un manejo descentralizado y autónomo de la energía y Tomás Alba Edison, quien terminó asociado con J.P. Morgan en la General Electric y veía el uso de la energía como negocio. Hoy parece que la generación centralizada de la energía empieza a mostrar sus debilidades, y que el uso de las fuentes alternativas debe tender hacía la producción en escalas locales e incluso particulares.
La resistencia de las comunidades a los macroproyectos muestra que estas ya no se dejan deslumbrar por el canto de sirena del “progreso”. Las luchas de los Embera-katío contra Urrá, pese a las muertes y el desplazamiento sufridos; el conflicto en Ituango por el pago de las compensaciones y las protestas contra el desplazamiento forzado y la criminalización de la población, acusada de pertenecer a grupos armados y encarcelada con esa disculpa; o el levantamiento de la población de los municipios de Gigante, Garzón y Agrado en el Huila, para enfrentar los atropellos derivados de la construcción de la represa del Quimbo, son una pequeña muestra, en Colombia, de la fuerte oposición de las comunidades al desalojo y la violencia que acompaña la construcción de megahidroeléctricas. Esta resistencia es generalizada en todas partes del mundo y es constitutiva de los conflictos más agudos que hoy enfrentan los grupos subordinados.
De tal suerte que el rifirrafe caricaturesco Santos-Uribe no debe distraer ni permitir que la discusión se detenga en la propiedad de los activos. Lo que se debe concitar es una profunda reflexión sobre el modelo energético, que no sólo debe ser de gestión socializada, sino que debe romper con el gigantismo, la centralización y la concentración de la propiedad y de la producción, para dar lugar a uno descentralizado, democrático y de verdad amigable con la naturaleza. El desafío está servido y las organizaciones políticas y populares de todos los sectores deben asumir esa lucha como si de su campo de acción particular se tratara.
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