Múltiples son los aprendizajes durante los ocho (8) meses de la experiencia de recolección de firmas a favor de una Moratoria Minera (MM). Uno de ellos, la urgencia de mecanismos y espacios de debate, donde los distintos sectores sociales, la ciudadanía y las regiones incidan en las políticas públicas y en las decisiones estatales sobre nuestros territorios.
Esto porque la gente no encuentra eco estatal al clamor regional sobre la inconveniencia de la política extractivista del gobierno nacional. Por ello, cuando se topa con esta iniciativa, que se constituye en un instrumento mediante el cual puede hacerse partícipe de una manifestación colectiva de profundo cuestionamiento a la minería, convertida en uno de los pilotes del modelo de desarrollo del país, siente encontrar un canal para hacerse sentir.
Cada jornada de firmas en la calle suscita la discusión activa de diversidad de comunidades. Allí, de manera fresca y dialógica, exponen casos concretos de arbitrariedad de las empresas mineras la ausencia de regulación gubernamental, los impactos sentidos por las comunidades en sus territorios, la vista gorda de las autoridades ambientales; la campaña, permite así que fluya el dinamismo de los procesos sociales en clara resistencia a la minería. De ello, dan cuenta la Vereda Río Frío en Tabio, frente a la explotación de gravilla por Albania SA; Las peñas en Tinjacá y la región del Alto Ricaurte incluyendo Sutamarchan, Santa Sofía y Villa de Leyva frente a la exploración de carbón; la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá ante la explotación de canteras que atentan contra la salud de la población, el río Tunjuelo y el ecosistema subxerofítico; las poblaciones Wayú en la Guajira contra el desastre de la explotación carbonífera, la consulta triunfadora en Piedras –Tolima– defendiendo su agricultura frente a la intención de tratamiento de lixiviados de la Anglo Gold Ashanti; pero también en pueblos de Caldas, la Costa Atlántica, Santander entre las innumerables regiones, que evidencian sus problemáticas y se suman a la iniciativa de exigencia de MM.
Esta aproximación a casos concretos, a las vivencias negativas de las poblaciones que habitaban lugares de actual explotación minera, y las acciones locales emprendidas por colectivos ambientales o poblaciones campesinas, indígenas y negras, nos muestra las múltiples formas de expresión social en defensa de nuestros territorios, que claman por ponerle freno a la locomotora minera apelando a formas novedosas de resistencia, además e aquellas que otorga la legislación.
La iniciativa de MM es una dinámica viva y en construcción. En los diversos espacios visitados la gente presenta interrogantes de qué hacer, cómo frenar la locomotora minera y se solicita apoyo a las formas de lucha regional o local; estos interrogantes y dinámicas sociales denotan la urgencia de grupos, poblaciones y también de la ciudadanía a nivel individual por pronunciarse y jugar un papel transformador en su territorio, por eso se identifica con los argumentos expuestos en la MM. Los doce puntos expuestos como condición antes del otorgamiento de un título minero, connotan un debate de fondo sobre la inconveniencia de la minería para la sostenibilidad ambiental, la seguridad alimentaria y la calidad de vida, lo que significa transitar hacia la construcción de un modelo NO extractivista.
Los resultados alcanzados hasta el momento por las organizaciones promotoras son ilustrativos de la urgencia de la Moratoria, que no es otra cosa que un instrumento transitorio para tomar una decisión definitiva sobre la minería en Colombia.
En este lapso debe estudiarse a profundidad los temas económico, ambiental, cultural y alimentario sobre los cuales han llamado la atención Rudas, Rodríguez, Fierro y Garay, entre otros, para tener soportes de peso para una convocatoria nacional hacia la definición de una política ambiental y agroalimentaria que no puede plantearse como una disyuntiva entre conservación y desarrollo, dicotomía falsa que solo maquilla el interés por privilegiar al sector privado nacional y multinacional a la hora de hacer uso de nuestros bienes nacionales: recursos minerales, energéticos, suelo, biodiversidad y agua.
Minería, desarraigo territorial, riesgo ambiental y alimentario
“El día se anunció con alba pálida y melancólica; amanecer de angustia y de duelo, porque esa jornada iba a ser como corolario de la noche. En lo que fue vivienda de Orrego humeaban aún los escombros. El molino Las Vueltas era completa ruina: un enorme raigón, o la monstruosa herida que queda donde descuajaron a fondo el tronco de un árbol (…)
Pasadas las ocho, Florencio Botero iba y venía a largos pasos por el salón, sin lograr sobreponerse por entero a su nerviosidad creciente. Intuía que no estaba lejos el momento en que se definiría su destino. Afuera, en el patinejo, la mula ensillada se impacientaba, extrañando acaso la demora de su dueño al salir. El reloj cucú de la pared daba las nueve cuando un ruido fuerte de pisadas anunció la proximidad de muchas personas. Andar sonoro, acompasado, de esos que dan la impresión de ir derecho e irrevocablemente al objetivo. A poco, golpes enérgicos dados con algo metálico hicieron temblar la puerta de entrada.
Un oficial joven, a la cabeza de un pelotón, interpeló con arrogancia.
¿Es esta la vivienda del señor Florencio Botero?
– Esta es la vivienda, y yo soy Florencio Botero –respondió este con calma, mirando a su interlocutor.
El oficial se desconcertó al principio; pero, reaccionando en seguida, añadió:
Vengo en cumplimiento de órdenes superiores. El general Mandíbula me envía a ocupar esta casa.
El general supone, sin duda, que está deshabitada –replicó Florencio con la voz un poco alterada.
No sé, lo ignoro. Me limito a cumplir la orden. Deshabitada o no, debo tomar posesión de ella en el acto.
¿Y cómo piensa usted obrar? Le advierto que hay aquí una señora y una niña. Tal vez lo mejor sería aplazar esta diligencia, mientras hablo con el general. La ocupación inmediata es materialmente imposible.
Es inútil. El general Mandíbulas no admite reclamos […]
Han transcurrido varios años. Marmato, el renombrado centro minero, se agita día y noche, sin descansar jamás […]”1.
Esta narración, que podría parecer del siglo XXI, no lo es, pertenece a la narrativa de los años 30 del siglo pasado. Desde ese entonces se desplazaron mineros tradicionales locales por grandes emporios, que socavaron la riqueza del pueblo, aún en las bases del subsuelo que soportaban su trama urbana, poniéndolo hoy en riesgo.
Es claro que los conflictos ocasionados por la minería se remontan a la colonia y perdurado hasta nuestros días; su expansión ha ocurrido sobre el despojo, por compra legal o presión, para el caso tiene el mismo efecto, el desplazamiento involuntario de población y con él, el desarraigo territorial y la desmembración de comunidades que otrora construyeron territorialidad aupada por el tesón del trabajo, la solidaridad y el tejido social, otorgando significado a sus lugares de habitabilidad y vida social. Grandes cráteres es lo que se erige sobre tales suelos, desproveídos de suelo, vegetación, agua, para configurar una geografía de cráteres en las cordilleras y valles de Colombia.
Los riesgos ambientales y alimentarios han sido advertidos de manera recurrente, uno de sus mayores exponentes ha sido el exministro de ambiente Manuel Rodríguez, citando los datos reportados por el Juan Camilo Restrepo, a su vez exministro de agricultura, en relación a que el 53% de las áreas de producción agropecuaria coinciden con títulos mineros2, indicativo de las prioridades gubernamentales. Un dato alarmante sobre el riesgo de nuestra futura soberanía alimentaria, si a ello se suman la concentración de tierra en grandes latifundios dedicados a la ganadería extensiva y monocultivos con la expectativa de producción para biocombustible.
Por otra parte, la superposición de títulos mineros con áreas protegidas (37 en parques naturales, 47 en humedales, 416 en páramos y 71 en áreas forestales protectores), otorgados en la última década3, evidencia la disputa por territorios donde existen ecosistemas estratégicos, vitales para la biodiversidad y la preservación de fuentes hídricas, que ponen en riesgo la disponibilidad de agua dulce y de buena calidad para el abastecimiento de asentamientos humanos y centros urbanos. El tan mentado caso por estos días, de la contaminación a las aguas y ecosistemas marinos en Santa Marta, por el inadecuado manejo del polvillo de carbón por parte de la Drummond, es solo una muestra de los riesgos ambientales que afrontamos en las distintas regiones expuestas al ciclo productivo de oro, carbón, ferroniquel, coltan, etc.
Ahora bien, si los argumentos desarrollistas exhibidos con tanto ahínco por el gobierno fueran ciertos, la calidad de vida debería arrojar indicadores incuestionables, pero, por el contrario, los resultados en municipios y departamentos con explotación minera refutan tal discurso, así lo reportan los índices en municipios como Montelíbano y Puerto Libertador que percibieron regalías por cuenta de Cerro Matoso, con más de la mitad de sus poblaciones con Necesidades Básicas Insatisfechas; otro tanto reportan los departamentos del Meta, Cesar y Guajira según fuentes Dane citadas por Rudas y Espitia4. El análisis económico de otros indicadores económicos, realizado por el citado Guillermo Rudas, son clara muestra del desbalance entre ingresos económicos, vía regalías, contra exenciones tributarias, donde los territorio siempre salen perdiendo, sin duda alguna.
Sin pretender una solución definitiva para salvaguardar los valores ambientales, culturales y agroalimentarios del país, la moratoria es un mecanismo para profundizar el debate que reclaman los territorios acerca del impacto de la explotación minero-energética en Colombia e incluso en América Latina. Es una convocatoria al gobierno nacional a escuchar y explicar cuál es el balance en términos de calidad de vida e ingresos para la economía en contraste con el lucro de las multinacionales mineras, la valoración ambiental, la capacidad de resiliencia de ecosistemas destruidos con la intervención durante los procesos de exploración, explotación y cierre y el costo social de expulsión de poblaciones de tierras productivas.
Este debate debe ser serio, transparente y responsable, para definir el derrotero de las políticas públicas sobre la minería en Colombia y las alternativas de desarrollo sostenible y sustentable que nos merecemos. Es una necesidad ineludible y por ello la tarea de los colectivos y organizaciones que impulsamos esta iniciativa, consideramos exigible la interlocución con el gobierno para detener la locomotora minera.
Iniciativa en proceso
La invitación a los procesos sociales es seguir apoyando la iniciativa, sin descuidar otras estrategias y las dinámicas regionales propias. Hasta el momento se han recogido aproximadamente 18.000 firmas desde su lanzamiento el 1º de mayo de 20135. Para este año, como parte de la revitalización de la propuesta, se hará la convocatoria a un encuentro nacional sobre la minería en Colombia, que se llevará a cabo en marzo de este año, en el cual se espera la confluencia de diversos procesos regionales, locales y nacionales para analizar alternativas al modelo extractivista desde las organizaciones sociales y populares.
Si aún no ha firmado y le interesa la propuesta, puede hacerlo desde internet, en la página web www.moratoriaminera.org, o ponerse en contacto con alguna de las organizaciones convocantes.
¡Por la soberanía de nuestros territorios!
¡No al modelo de desarrollo extractivista!
* Antropóloga, Mg. En Gestión Ambiental para el Desarrollo Sostenible; ambientalista de Unión Libre Ambiental, una de las organizaciones promotoras de la Moratoria Minera.
1 Sánchez Gómez, Gregorio. “La bruja de las minas”. Fragmento de su novela, escrita en 1938 y reeditada por el Ministerio de Cultura en 2010 e impresa para la colección de literatura afrocolombiana. Bogotá DC.
2 Rodríguez Becerra, Manuel. Entrevista realizada por Fundación Razón Pública y Corporación Post-office Cowboys, de la serie Mineria, en: http://www.youtube.com/watch?v=vMjxtTobJq0. Consultada 10-01-2014
3 Bermúdez Liévano, Andrés en www.Lasillavacia.com “Los tres temores sobre el regreso de la ventanilla de títulos mineros” publicado el 13 de junio de 2013.
4 Rudas, Guillermo y Espitia, Jorge Enrique. “La locomotora minera. ¿Motor del desarrollo regional?”. En Revista Semana sostenible. Informe especial No6, dic.2013
5 En la página web: moratoriaminera.org se reportan 3933 firmas digitales y 13500 firmas impresas, sin contar los formularios que aún reposan en manos de líderes y lideresas de varias regiones.
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