El departamento del Cauca sobresale en Colombia por su tradición de organización indígena y resistencia civil. Hechos como la condena decretada a los siete guerrilleros indígenas de las Farc que el pasado 4 de noviembre asesinaron a dos miembros de la comunidad Nasa, evidencian la contundencia de la justicia indígena que actúa de manera autónoma, y la firmeza de la acción sin armas de su Guardia que defiende, entre otros aspectos, el derecho a la soberanía de su territorio.
La resistencia civil se consagra en las
declaraciones universales de los derechos
humanos como uno de los derechos fundamentales y,
en el caso de que el Estado los viole o no los garantice,
los ciudadanos tienen el deber y el derecho de acogerse
a la resistencia civil para recuperarlos
Eugenio Guerrero
Sucedió el pasado cinco de noviembre. Un sonido seco y tajante rasga la piel cada vez que la contacta el cuero con que está hecho el perrero de arriar ganado. El dolor se prolonga 20 veces, número de fuetazos decidido por la comunidad indígena para remediar la desarmonía de Daniel Coicué y Manuel Tumiñá, tras el asesinato de otros dos de sus miembros.
Luz y sombra. Las piernas de los dos menores de edad encontrados culpables tratan de soportar la aguda vibración de los fuetazos; sombra. Pero el dolor causado por el castigo, según la tradición, ayudará a que los implicados retornen a su origen. El fuetazo como transmisor de energía ancestral, el fuetazo como rayo; luz. El rayo como padre de los Nasa, mediador entre lo claro y lo oscuro, elemento purificador que devolverá la armonía que rompieron los jóvenes de rasgos notoriamente indígenas.
Sin embargo, la condena no se reduce solo al fuetazo. De manera casi unánime la población elige 40 años de cárcel para cuatro de los milicianos indígenas; 60 años de cárcel para el autor de los asesinatos y para los dos restantes, por ser menores de edad, el envío a un centro de rehabilitación mientras cumplan la mayoría de edad.
La justicia de la comunidad indígena del Cauca ha sido elogiada por la agilidad y eficacia en el juicio celebrado alrededor del asesinato de dos de sus miembros, con funciones de Guardia, pero también criticada por no contar con un debido proceso en el que los milicianos farianos puedan acceder a la defensa, así como a una segunda instancia, como lo reprocharon el abogado y exprocurador Jaime Bernal Cuellar y el representante de la ONU en Colombia, Fabrizio Hochschild, quien además agregó para Caracol Radio que a los siete guerrilleros condenados les violaron los derechos humanos.
Ante estas declaraciones, el activista y exconsejero de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), Carlos Houghton, opina que a la justicia indígena la miran con vista occidentalizada, sin analizar que para ellos los derechos colectivos priman sobre los individuales. Por eso la importancia que le otorgan a la armonización de la comunidad: es el nivel de desarmonía causado lo que define la gravedad del hecho.
“Cuando la prioridad es otra, el debido proceso es para la comunidad, no para el individuo. No tuvieron un abogado pero sí miembros de las familias de los acusados, para señalar y controvertir a la comisión. Además, los responsables reconocieron su culpa. Es una justicia asamblearia y casuística, que no está escrita en ningún lado”, añade Houghton.
Ley de origen
Así es como nombra a la justicia que aplican en las comunidades la Organización Nacional Indígena de Colombia –Onic–, debido a que su origen va mucho antes del Estado. “No vamos a renunciar nunca a ella, porque sería renunciar a vivir como somos y desaparecer. Pero se trata de dos derechos distintos, y en algunos casos enfrentados”.
Sin embargo esto no quiere decir que los indígenas busquen sustituir por completo el Estado colombiano, sino asegurar un grado de autodeterminación para los suyos dentro de sus territorios ancestrales.
La ausencia del Estado en la comunidad, el crecimiento de la inequidad social y la problemática de la apropiación de tierra ayudó a que en 1971, en la coyuntura de la reforma agraria vivida en las décadas del 60 y 70 en el país, surgiera el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), “con el objetivo de hacer reconocer los derechos de los indígenas como pueblo”, según un artículo realizado por Anders Rudqvist y Roland Anrup.
Para 1991 la Constitución Política de Colombia generó el ambiente legislativo propicio para que la resistencia civil surgida de las comunidades indígenas diera fruto. Es así como el artículo 246 consagra su jurisdicción especial, “Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales” documenta Castro Blanco en el libro Multiculturalismo y Constitución Política: el neocontractualismo de John Rawls, Charles Taylor y la Constitución Política de Colombia de 1991.En esa medida la ley estatal establece que esta jurisdicción especial deberá coordinarse con el sistema judicial nacional.
Para ese tiempo, surgen estructuras indígenas zonales, entre ellas la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), organización creada en 1994, que luego de diez años sería merecedora del Premio Ecuatorial a “logros extraordinarios en el empeño por reducir la pobreza mediante la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad”, otorgado por el secretario general de la ONU, Kofi Annan, gracias a los avances de la Asociación en etnoeducación, tenencia de la tierra, cultivos y demás proyectos de desarrollo comunitario.
Para esa misma fecha, los delegados de los comuneros Nasa pidieron en Nueva York a la ONU que brigadas internacionales de paz los acompañaran como escudos humanos. Años después solicitarían que la Guardia Indígena, creada de manera formal en el 2001, fuera declarada “agente internacional de paz”.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de la comunidad por mantener su autonomía en el territorio, el conflicto en el departamento del Cauca procede de varias décadas atrás.
Asiento insurgente
La presencia de grupos guerrilleros en este departamento es histórica. El latifundio, la discriminación, el sometimiento de los indígenas por los gamonales, pero también la posición geográfica y la presencia de megaproyectos mineros, son algunas de las razones por las que esta parte del país es uno de los mayores focos de conflicto en Colombia. Allí, en 16 de sus 42 municipios, sus habitantes han visto vulnerado, en numerosas ocasiones, el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos humanos.
Según un análisis realizado por la Corporación Nuevo Arco Iris, en la zona, y a través del tiempo, han tenido presencia diferentes organizaciones armadas: Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), El Ejército de Liberación Nacional (Eln), el Movimiento 19 de Abril (M-19), el Movimiento Quintín Lame, el Movimiento Jaime Bateman Cayón, el Comando Ricardo Franco Frente-Sur, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (Prt) y el Comando Pedro León Arboleda (Pla). Actualmente, las Farc despliegan allí los frentes sexto y octavo, y las columnas–móvil– Jacobo Arenas y Arturo Ruiz.
Solo para el año 2012 este departamento sumó catorce tomas guerrilleras, más de 400 hostigamientos y una lista incalculable de heridos, según cifras del entonces gobernador del cabildo de Toribío, Marcos Yule, lo que ha causado que existan tensiones entre la guerrilla y las organizaciones indígenas.
El 15 de julio 2012, según la investigación de Rudqvist y Anrup, la Acin mandó una carta a Timoleón Jiménez, comandante de las Farc, en la cual explica sus “acciones de liberación y armonización” de los territorios indígenas y reitera que “no queremos la presencia guerrillera, ni de ningún ejército” en nuestros territorios. La Acin demanda que la guerrilla se aleje de los sitios poblados y de vivienda, que no realice mas “ataques que con toda seguridad van a afectar a la población civil aunque pretendan atacar solo a la fuerza pública”, que no use armas de efecto indiscriminado, como los llamados tatucos o las minas antipersonales, que no se atrinchere en las casas y que los milicianos no guarden armas ni explosivos en las viviendas de las familias.
Luego de reiteradas peticiones por parte de la comunidad indígena, los grupos armados siguen actuando sobre este territorio. El asesinato de dos de los guardias indígenas más queridos por la comunidad de Toribío propició, una vez más, el ahondamiento de la tensión entre esta guerrilla y las autoridades del norte del Cauca.
La disputa no termina. La Acin, a través de comunicados, sigue solicitando estrategias reales al Estado colombiano y el reconocimiento jurídico de la Guardia Indígena como un sujeto de reparación colectiva. Paralelo a esto también preparan para este año el “Encuentro de mingas por la vida y en defensa del territorio”, a celebrarse entre el 24 y 25 de noviembre, que agrupará líderes en contra del proyecto megaminero de La conga en Cajamarca, Perú, de La Colosa en Cajamarca, Colombia, y otros activistas en contra de las actividades extractivas que se adelantan en sus territorios.
Las iniciativas de los pueblos indígenas del Cauca cada día tienen más seguidores. Esto probablemente se deba a la concientización de la comunidad sobre su papel como actores políticos “luego de la negociación de San Vicente del Caguán, empiezan a hacer una propia lectura de la guerra y se dan cuenta que la estrategia que su comunidad ha elaborado es mucho mejor que la de los actores armados, en términos de mejoramiento de las condiciones de vida, de formación de conciencia, de organización y control territorial. Además de tener mayor poder y credibilidad que ellos. La montonera indígena es más poderosa, la montonera indígena construye más lazos con la gente”, reflexionaHoughton.
En estas circunstancias, y mientras la comunidad indígena del norte del cauca continúe padeciendo violaciones a los derechos humanos, probablemente proseguirá su resistencia civil en búsqueda de su autonomía territorial, jurídica y administrativa; teniendo como objetivo la consecución de la paz y la armonía de sus territorios, alterada por la persistencia del latifundio, de los gamonales y de más de cincuenta años de conflicto armado en Colombia.
Recuadro 1
El Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric)
Surge en 1971 en el municipio de Toribío, Cauca, en la coyuntura de la reforma agraria vivida en las décadas del 60 y 70,con el objetivo de hacer reconocer los derechos de los indígenas como pueblo. Proponen siete objetivos primordial es en su plataforma:
1. Recuperar las tierras de los resguardos
2. Ampliar los resguardos
3. Fortalecer los cabildos indígenas
4. No pagar terraje
5. Hacer conocer las leyes sobre indígenas y exigir su justa aplicación
6. Defender la historia, la lengua y las costumbres indígenas
7. Formar profesores indígenas para educar de acuerdo con su situación particular y en su respectiva lengua.
Es una de las organizaciones indígenas más grandes de Colombia: “comprende 77 resguardos, más de 115 cabildos y alrededor de 246 mil miembros pertenecientes a siete pueblos diferentes, de los cuales los Nasas son el mayoritario, al constituir un 80 por ciento del total de los miembros de la organización”.(Hernández Delgado, Resistencia civil artesana de paz, Experiencias indígenas, afrodescendientes y campesinas).
Aparte del Cric, que tiene una cobertura departamental, hay importantes prácticas a nivel local y zonal tales como el Proyecto Nasa, el Proyecto Global, la Resistencia Indígena Comunitaria de Caldono y la experiencia de La María, entre otras.
Recuadro 2
Guardia Indígena, “agente internacional de paz”
Fue creada, de manera formal, a través de la resolución 003 del 28 de mayo de 2001, expedida por los cabildos indígenas de la zona norte en el municipio de Caloto, con el apoyo del Cric.
La Guardia Indígena está compuesta por indígenas nasas, guambianos, coconucos, totoroes y yanaconas y sus símbolos son un brazalete verde o rojo y un bastón de mando.
La misión de la Guardia Indígena es la de preservar la integridad y autonomía del territorio y defender los derechos de los pueblos indígenas, respetar y difundir la cultura y el derecho autóctono, hacer prevalecer el poder de las autoridades propias y prevenir o solucionar cualquier situación que atente contra la existencia de los pueblos indígenas. Sus actividades son principalmente las siguientes:
– Controlar el movimiento interno y externo de los comuneros.
– Controlar el tránsito de comerciantes y vendedores ambulantes.
– Acompañar a la comunidad y cabildos dentro del contexto de la población civil.
– Mantener informada a la comunidad y cabildos sobre el orden público y exigir respeto
como organización social a los actores del conflicto.
– Investigar antecedentes y el destino de personas y vehículos que ingresan al territorio.
– Hacer decomisos, allanamientos y requisas, con previa autorización de la autoridad
propia.
– Defender los derechos humanos, denunciando todos los actos que atenten contra el
bienestar y la tranquilidad de la comunidad.
– Controlar los eventos importantes que se desarrollen en las comunidades como marchas, congresos, asambleas, etcétera.
“La Guardia Indígena está conformada por 10 representantes de cada una de las 320 veredas para un total de 3.200 personas, a las que se pueden sumar más, según las demandas del momento. Este es uno de los modos de resistencia en el cual participa voluntariamente un grupo de comuneros elegidos por los habitantes de cada vereda y luego ratificados por el cabildo de cada resguardo”.(Minga en resistencia).
El servicio de guardia es por un periodo de uno o dos años y las guardias son además escuelas de formación donde se capacitan los futuros líderes de las comunidades. Los guardias solamente van armados con bastones y radios transmisores.
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