La acción criminal contra los jóvenes no encuentra límite en Bogotá. Durante el año 2014 los sicarios asesinaron 215, de ellos 72 en la localidad de Ciudad Bolívar.
Los informes de la Policía y otras instituciones de control reportan estos crímenes, entre otros factores, como venganza o control del territorio –dominio de ‘ollas’. La sensación que generan los mismos hechos entre amplios sectores juveniles, en el conjunto urbano como en la localidad en cuestión, es de zozobra y temor a ocupar las calles.
En efecto, un informe de estos organismos describe así esta realidad: “A lo largo del 2014 se presentaron 215 asesinatos por sicariato que tuvieron relación directa con el posicionamiento del microtráfico en barrios de 6 localidades: Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Bosa, Usme, Engativá y Suba respectivamente cuya causa principal fue la venganza1”, y continúa “[…] los conflictos […] se presentan entre los poderes mafiosos por testaferrato y disputa minera de territorios luego de la muerte de Víctor Carranza”.
Asesinatos y violencia que desune. No es extraño, por tanto, la desconfianza reinante entre jóvenes en distintos barrios populares de Bogotá. No es casual el temor. Y éste, además de la desunión y la demanda de más presencia policial, cámaras de control, alarmas, cuadrantes de seguridad, etcétera, hace parte de las pretensiones y de los logros de quienes temen la protesta juvenil, sectores del poder colombiano que desde siempre han estimulado el consumo de alcohol o de sustancias psicoactivas por parte de los potenciales rebeldes. Aunque suene extraño esto es así. Lo fue en Estados Unidos donde con ello controlaron la rebeldía negra en los años 70 del siglo veinte, y lo es entre nosotros donde este tipo de consumo desune, individualiza, confronta, impide que miles de jóvenes centren su rabia en contra de quien les niega un presente de realizaciones.
Estos sectores, como es público, muestran a diario su eficiencia, a través de los reportes de los grandes medios de comunicación, con informes de capturas de jíbaros, el eslabón más frágil y menos importante de la cadena.
Silencio cómplice y acción policial ineficaz. Es conocido en cada barrio el lugar donde está ubicada la olla, pero también es público que en muchas partes sus controladores pasan “la mordida” para que no los persigan. Y todo sigue igual: drogadicción y mercado; juventud y criminalización; acciones delictivas menores e informes constantes de los medios oficiosos de comunicación que recrean la inseguridad ciudadana, ambientando la necesidad de mayor presencia policial y mayor control social.
Duda. El diagnóstico de los asesinatos sucedidos durante el 2014 en Bogotá difiere de un informe privado firmado por Carlos Mario Perea2, construido a partir de un seguimiento de los homicidios cometidos en la ciudad durante 6 años, que indica lo siguiente:
Número de homicidios según tipo de circunstancias. 2005-2011
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Cálculos nuestros.
Es decir, la problemática que padece la juventud no está reducida al consumo y mercadeo de psicoactivos sino que es más amplia y compleja. Al asesinato que los afecta, está determinado por circunstancias de distinto orden, que evidencia que este fenómeno es un mecanismo de control social y que detrás del mismo está la disputa por la misma ciudad. Es decir que con el asesinato, la violencia urbana, se instala una dinámica de control con la cual intimidan, desunen, criminalizan. Y en ese proceder los barrios populares son algunos de los lugares predilectos para operar. El desplazamiento interurbano, como efecto de las rivalidades desprendidas de esta realidad, es otro efecto y manifestación de esta disputa territorial y de este control social.
¿Por qué los barrios populares? Porque en ellos habitan infinidad de desempleados, de inconformes, de rebeldes sin causa, de jóvenes a los cuales el sistema les niega un presente digno. Jóvenes sin futuro, “carne de cañón” de un sistema social inhumano; jóvenes a los cuales hay que impedirles que lleguen a encontrar causa para esa rabia acumulada producto de negaciones y más negaciones. Estamos ante el asesinato como mecanismo de control social, el cual puede tener un primer asidero en la disputa por el comercio de narcóticos pero cuya explicación supera esta realidad.
Para jóvenes pobres: reclutamiento forzoso
Tal realidad también cubre al reclutamiento de jóvenes como fuerza bruta para el Ejército Nacional (ver recuadro), factor ilegal pero que continúan realizando dentro de los sectores populares. Jóvenes humildes, muchos de ellos soporte económico para los adultos de sus hogares, los mismos que por décadas han surtido de “materia prima” a los defensores armados del régimen, así como surtido de “clientela” a las cárceles, otro de los mecanismos de control, colmadas, como lo reconoce cualquier desprevenido, por jóvenes de los sectores populares. Cárceles que, como lo puede reconocer cualquier penalista o estudioso del factor humano, no revitaliza al infractor de las normas vigentes sino que lo destruye, lo convierte en una pieza más del engranaje del crimen, el mismo que como rueda sin fin sirve para hacer más efectivo el control social. Hay que reproducir el miedo, el deseo de protección, pero también hay que reproducir a los potenciales criminales.
Como es vivido, conocido y padecido, lo único que realizan las fuerzas del orden -que más parecen las fuerzas protectoras de los ricos- ante el creciente número de denuncias, son consejos de “seguridad” donde quieren que la misma población ejerza de policía. Buscar la fiebre en las sábanas, esta parece ser la lógica dominante pues las circunstancias estructurales que le dan piso a esta realidad ni siquiera son considerada: una sociedad que le niega el presente y el futuro a sus nuevas generaciones; una sociedad donde los negados de siempre no importan y por tanto son tratados como desechos, como excusa para el control social que garantiza la seguridad de los potentados de siempre.
1 Comunicado de prensa secretaría de gobierno.
2 Resituar la Ciudad: conflicto violento y paz. Instituto de estudios políticos y relaciones internacionales enero – abril de 2013.
Recuadro
Continúan las batidas ilegales en Bogotá
Caso Nº 1
Lugar: Arborizadora Alta Sector Sena (a media cuadra del Centro de Desarrollo Comunitario de la Secretaria Distrital de Integración Social Ciudad Bolívar).
Fecha: Noviembre 23 de 2014
Hora: Entre las 8 y 9 p.m.
Oficial: Ejército Nacional (vestidos de civil).
Procedimiento Ilegal: Durante el desarrollo de los hechos fueron reclutados 30 jóvenes por parte de militares vestidos de civil, quienes con ultrajes los subieron a un camión, el cual toma rumbo hacia el batallón de mantenimiento José María Rosillo, Calle 19 sur Nª 6 40, barrio 20 de julio. A pesar de que varios de los enrolados manifestaron ser estudiantes, la respuesta por parte de sus captores fue el silencio. El 24 de noviembre algunos de estos jóvenes fueron trasladados al batallón de la Avenida Jiménez, y uno de ellos, Santiago Quintero Pulido, estudiante de bachillerato, fue enviado a Saravena –Arauca– lugar en el que ha recibido maltrato físico (tablazos) y permanente maltrato verbal.
Caso Nº 2
Lugar: Corabastos
Fecha: Noviembre 4 de 2014
Hora: 8 a.m.
Oficial: Ejército Nacional
Procedimiento Ilegal: En la primera semana del mes de noviembre es detenido Kevin Alexander Chavarro Martínez citándolo para comparecencia de reclutamiento en el Distrito Militar Número 3 de Kennedy, lugar en el cual le realizaron una serie de preguntas y demanda bajo presión de los militares para firmar diversidad de documentos. A pesar de que en todo momento manifestó ser estudiante (colegio humanista Johann Kepler) y sostener económicamente a su familia, fue reclutado ilegalmente y enviado a Larandia, Caquetá.
Caso Nº 3
Descripción: El 28 de noviembre de 2014, hacia las 7 pm, el joven Jefferson Andrés Alemán Cortéz se encontraba en el sector de San Francisco, localidad Ciudad Bolívar, cuando fue abordado por militares y subido a un camión, en el cual fue llevado al Batallón del 20 de Julio. Al día siguiente José Alemán, su padre, fue a esa unidad militar para entregar documentos que soportan que su hijo es bachiller, los militares no prestaron ninguna consideración y les importó poco el alegato del progenitor. El sábado 29 de noviembre el joven fue enviado al batallón Ayacucho, allí estuvo hasta el 2 de diciembre de 2014 (5 a.m.) cuando lo enviaron a Saravena–Arauca, donde actualmente se encuentra en muy mal estado de salud: ha sufrido desmayos y maltratos permanentes por parte de los militares de dicho batallón. Jefferson Andrés no desea continuar allí y por lo tanto solicita su caso sea denunciado.
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