94 días de paro de los trabajadores de la justicia, en demanda de cumplimiento de los acuerdos para la nivelación salarial firmados con sus sindicatos en octubre de 2012, tensionan al extremo al Gobierno, y desnudan la verdadera realidad del sistema carcelario, con su aguda crisis nunca resuelta, motivando el necesario debate nacional sobre la política criminal vigente en el país.
Al terminar de redactar este articulo el país entra en los albores de cumplir 94 días de paro del aparato judicial, una extrañeza a nivel mundial que tiene a Yesid Reyes, ministro de justicia, y a la arquitectura de la rama que administra la juricidad en el país, en una tensión nunca antes vista. ¿Qué hay detrás de la movilización de jueces, sustanciadores, fiscales y notificadores?
“La mañana del día 13 de enero se respirará con los mismos aires que el desembarco en una guerra”, sostuvo un Juez que prefiere no ser nombrado ante la redacción de desdeabajo. Ambiente que no es para menos: el segundo martes de 2015 miles de trabajadores judiciales en todo el país acaban con su periodo de vacancia judicial y deben regresan a sus puestos de trabajo. Sin embargo la decisión de uno de los sindicatos de la Rama judicial es clara, expresada en la voz de Freddy Machado, presidente de Asonal judicial: “hay que someter a votación si el paro se acaba o no”.
Radiografía del paro
El actual paro judicial solo puede entenderse a la luz de variables complejas, como lo son el no cumplimiento cabal de los acuerdos logrados en el paro judicial de 2012; la capacidad de los trabajadores de este sector estatal para aprovechar el vacío judicial frente a la reglamentación de la parálisis de actividades de los trabajadores públicos; la existencia de una palpitante crisis carcelaria y de política criminal, además de la división de los sindicatos.
En palabras de Freddy Machado “El Gobierno no quiere reflexionar, queremos que nos reconozcan el derecho de la bonificación salarial […] nuestra solicitud es la nivelación del salario, ya que solo se beneficia la élite; a los jueces, CTI, fiscales y empleados sólo se nos da un contentillo, no nos entregan lo que debe ser”1. La incapacidad del Gobierno para desembolsar la bonificación salarial al conjunto de niveles que conviven en el aparato judicial, así como su negativa a indexar la bonificación economía al salario, se convirtieron en los puntos de inflexión para desatar la crisis. El ejecutivo de Juan Manuel Santos no ha actuado para garantizar la nivelación salarial prometida a los trabajadores judiciales.
A su vez, los trabajadores judiciales en parálisis de actividades han aprovechado –pese a que son minoría en los despachos– el vacío jurídico frente a la reglamentación de las actividades de movilización de los trabajadores estatales en el país. Pues aunque ellos aparecen sin derecho alguno a huelga, el ordenamiento jurídico no impide su confrontación. Es decir, aunque –como cualquier trabajador estatal– no cuentan con espacio para negociar convenciones colectivas o para ser reconocidos como parte en la negociación obrero patronal, si pueden presionar por el logro de derechos y garantías legales por vías de acuerdo directo. Lo que enloquece a los gobiernos no es más que una ganancia de facto del movimiento sindical y de los trabajadores del país.
Con olfato político Asonal Judicial aprovechó la crisis del sistema carcelario y de ejecución de penas, para exigir el cumplimiento de sus reivindicaciones. Desde luego, ante la opinión pública esto se convirtió en una excusa para que el ministro Yesid Reyes culpara a los trabajadores judiciales del colapso de la justica. Sin embargo, desde hace décadas, con o sin parálisis, la rama judicial –gracias al desfinanciamiento estatal y a una errada política criminal–, marcha a paso de tortuga.
Sindicalismo dividido
Pese a las reivindicaciones y al olfato del sindicato para ejercer una confrontación en un momento donde las fuerzas se tensionaban con facilidad, el actual paro no ha concitado la unidad de los trabajadores judiciales, por el contrario, ha permitido ver como nunca la división en el mundo laboral y sindical de la rama judicial.
Hace algunos años Asonal judicial se dividió en dos, un sector que recibe el nombre de Asonal Judicial Sindicato de Industria, que es mayoritario, presidido por Luis Fernando Otalvaro, sindicato que fue el protagonista del paro judicial que originó los acuerdos que dieron paso a la bonificación salarial ahora reclamada; y otro sector, agrupado bajo la egida de Freddy Machado el cual es simplemente conocido como Asonal judicial.
Esta última asociación ha desatado la presente movilización pese a no tener consenso al interior de la rama. Por las tensiones desatadas entre los trabajadores y entre los mismos sindicatos, el sector que preside Fredy ha sido llamada al diálogo por Asonal judicial Sindicato de Industria para negociar el paro y posibilitar una salida rápida y eficaz al conflicto laboral. Las tensiones han ido en aumento, pues día tras día el paro mina la imagen y fuerza del sindicalismo judicial, aumentando la disputa en el seno mismo de los trabajadores. La disputa de liderazgos parece ser un factor contrario que impide un acercamiento entre los mismos trabajadores.
Nota del 13 de enero: el levantamiento del paro, con posibilidad de retomarlo en febrero próximo, da cuenta del ambiente que domina en los juzgados y otras oficinas de la rama de la justicia. Las semanas que siguen brindan la oportunidad y abren el espacio para un diálogo y un acuerdo entre los sindicatos que impida su desgaste y permitan la concreción del objetivo buscado con este paro.
* http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/decision-de-levantar-el-paro-judicial-seria-sometida-a-votacion/20150112/nota/2583324.aspx
Recuadro
Anatomía del sindicalismo judicial
Que los trabajadores estatales sean quienes más ejercen la movilización en Colombia ya no es una rareza ni en Colombia ni en el continente. Sin embargo, la realización en los últimos diez años de por lo menos 4 grandes parálisis en la rama judicial colombiana, se convierte en una excepcionalidad completa. Pues lo común es que los aparatos que imparten justicia no sean más que una correa de trasmisión del Estado, manejado fácilmente por los gobiernos de turno.
El variopinto del sindicalismo en la rama judicial, y la capacidad de movilización de sus trabajadores, se convierte en un patrimonio inmaterial por el cual los gobiernos saben que no poseen el control del poder político de la división republicana de poderes en la que está inscrito el país desde el siglo XIX. ¿Por qué es posible tal capacidad de movilización?
Primero, la ruptura política en la interpretación del Derecho y el papel de los jueces durante el Estado de Sitio en Colombia. Nuestro país, a pesar de ser reconocido como “la democracia más vieja y estable del continente” vivió desde abril de 1948 hasta 1991 prácticamente un ciclo continuo de Estado de Sitio, es decir de parálisis del ejercicio pleno de los derechos civiles, donde las fuerzas militares y los gobiernos modelaron una forma de practicar el poder basada en la exclusión y la represión. Sus episodios más oscuros estuvieron inscritos bajo el amparo del tenebroso Estatuto de Seguridad del presidente Julio César Turbay (aprobado en 1979) que le dio la capacidad a los militares de desatar una guerra contra la izquierda y la oposición política del país, guerra que nada tuvo que envidiarle a la Operación Cóndor o a las dictaduras del cono sur.
Durante este periodo, impulsados por la crítica tanto al bloqueo de los derechos civiles como a la Constitución de 1886, fue formada una generación de nuevos jueces y trabajadores judiciales, provenientes además de un origen no aristocrático, que reinterpretó el Derecho y se correlacionó con el intento de defender valores democráticos en el país. Fue en ese momento de la historia nacional donde aparecieron figuras como Jaime Pardo Leal y donde partidos de izquierda (como el Comunista o el Moir) lograron hacer transitar a su militancia universitaria en las aulas de Derecho de decenas de universidades a la lucha por la defensa de los derechos laborales y la autonomía de los trabajadores judiciales.
Esta variable logró expresarse en centenas de pequeñas rebeliones que, sin actos rimbombantes, lograron convertirse en importantes improntas del poder judicial en Colombia. Resaltan acá los numerosos intentos por quitarle a los tribunales militares a los presos políticos –muchos de ellos alzados en armas– que padecían juicios sumarios, o las denuncias de torturas realizadas en la década de los 80 en Colombia por los mismos jueces. Desde luego, ello nunca llegó al plano de la ruptura democrática en el país, pero son rebeliones que dejaron la impronta de la relativa independencia del poder judicial.
Segundo, jueces y trabajadores judiciales también fueron objeto de la guerra sucia en el país. Asonal Judicial, hoy dividida en dos sindicatos, fue fundada en la década de los ochenta y desde su origen fue afectada por la guerra del Estado colombiano contra los sectores demócratas y revolucionarios. No son pocos los presidentes, dirigentes nacionales y regionales del sindicato judicial que han tenido que exiliarse o, incluso, encarar la muerte como parte de su actividad. Si a esto sumamos las decenas de jueces, notificadores, sustanciadores y después fiscales que tuvieron que huir del país, o que fueron afectados por la llamada “mano negra” solo por realizar con ética su labor, encontraremos allí otra de las razones que convierten al campo judicial nacional en un terreno en disputa.
Tercero, la existencia de una tensión entre los principios de la Constitución de 1991 y la política criminal del país, que desatan una constante crisis del aparato penal y carcelario. La Asamblea Nacional Constituyente que dejaría como resultado la Constitución de 1991, sembró las bases de un diseño judicial democrático que concibe los fallos penales como momentos de resocialización y coloca asiento en la capacidad de la sociedad de fabricarse una convivencia en uso pleno de derechos. Sin embargo los legislativos y gobiernos de turno durante los 24 años siguientes a la aprobación de la actual carta magna, se han encargado de endurecer la interpretación del Derecho, el Código Penal y de darle mayor poder a la mercantilización neoliberal de la humanidad.
Siendo así, el ejercicio judicial en el país se ha transformado en una tortura, una enorme máquina de ineficiencia, que atesta cárceles y priva derechos, ante ello los jueces y fiscales no pocas veces actúan a través de decisiones o fallos claramente democráticos. Pero también, se ven sometidos mayoritariamente a ser tratados como fuerza de trabajo híper-explotada bajo las consignas de descongestionar juzgados, atender una crisis carcelaria que ellos no han creado y ser bomberos para que no explote la bomba de tiempo de la política criminal del país.
Vale la pena resaltar que la independencia relativa del poder judicial colombiano solo es comparable con la de su homólogo en Brasil, convirtiéndose en garante para una ruptura democrática en el país. Realidad, sin duda alguna, donde la existencia de un sindicalismo activo y de una alta conflictividad laboral recrean el ambiente donde caldea una interpretación otra del Derecho, además de una capacidad de movilización por preservar o lograr derechos laborales.
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