Hidroarma, el nuevo proyecto energético en el que invierte la Gobernación de Antioquia, no ha llegado a acuerdos con los propietarios de los predios donde pretende desarrollar una de sus centrales hidroeléctricas. La comunidad espera que los atropellos cesen. Aquí la historia.
Diego Vanegas es ingeniero avaluador, gerente de Lonja Oriente y el representante de los propietarios de los predios necesarios para construir la central hidroeléctrica Cañaveral. Él, cumpliendo sus funciones, está convertido en el mayor obstáculo para Hidroarma.
El ingeniero Vanegas, por medio de argumentos técnicos y legales, ha demostrado que la empresa quiere pagar cifras que no representan ni la mitad del valor real de los predios que poseen sus 34 dueños y en los cuales tienen sembrados plátano, banano, mandarina, café, y otros frutos.
El desacuerdo radica en la falta de aplicación de la resolución 620/98, expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), que reúne la metodología necesaria para realizar los avalúos, especialmente, los de los predios que poseen cultivos.
Pese a la existencia de esta resolución, por sobre ella, Hidroarma logró que el Ministerio de Minas y Energía aprobara el Manual de Valores Unitarios, el documento que consigna los avalúos de los predios y que especifica la metodología con la cual se realizaron. En su afán por lograr los predios necesarios para su obra, la empresa desestimó la inexistencia de la firma del representante de los propietarios en el manual, por lo cual y gracias a su aprobación, Hidroarma puede iniciar la expropiación de predios por vía judicial.
Pero este no es el único caso. Según el estudio efectuado por Diego Vanegas, realizar avalúos sin tener en cuenta el decreto 1420/981, ni las resoluciones del Igac, es una costumbre en el país. Proyectos como Hidroituango, Hidrosogamoso, el Quimbo, Porce 3 y Porce 4 no habrían aplicado estas normas, especialmente el decreto 620/98.
Es decir, muchas de las personas que se han visto afectadas por proyectos hidroeléctricos, no han recibido el dinero que merecen por sus propiedades, pese a lo cual los procedimientos han sido aprobados por las entidades del Estado.
Hectáreas en disputa
Hidroarma, empresa promulgada como “mixta”, está conformada por el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea), que es propietario del 99,1 por ciento y el Fondo de Empleados del Idea (Feidea), que posee el restante 0,86. Su objetivo actual es sacar adelante dos proyectos hidroeléctricos: Encimadas y Cañaveral.
Estos proyectos serán dos centrales hidroeléctricas a filo de agua en cadena, a 120 km de Medellín. Se harán en la cuenca del río Arma, que es la frontera física entre los departamentos de Antioquia y Caldas y que tiene un área de 1931 Km2.
Los dos proyectos son prometedores, pues juntos producirán 174 megavatios gracias a la riqueza hídrica de la cuenca del río que las hará factibles. Sin embargo, el tema de los predios para Cañaveral no parece tener solución, o al menos, no una solución consensuada.
El proyecto Cañaveral se desarrolla en el departamento de Antioquia, en el municipio de Sonsón. Las obras más importantes se planean realizar en el encuentro de la quebrada Chorreadero con el río Arma, en la vereda Arenilla, hasta la quebrada La violeta en la vereda Llano Grande.
Por esa zona está ubicado el predio ‘El Jardín’, propiedad del señor Alfonso Jaramillo Orozco y protagonista de la resolución 001 de 2015, la primera expropiación expedida por Hidroarma.
El documento plantea varias razones que supondrían la expropiación. Pero, la cita de una resolución2 expedida por el Ministerio de Minas y Energía, pone en duda la legitimidad de los procesos adelantados por la empresa. Esta es la resolución que aprueba el Manual de Valores Unitarios del proyecto Cañaveral.
Es tan importante la construcción del Manual, que la ley3 establece crear una comisión integrada por tres representantes: uno por la empresa, uno por el Igac, y uno por los propietarios de los predios. Una comisión tripartita que trabaje como un solo cuerpo, para realizar un detenido estudio sobre los predios y sus características y así poder llegar a un acuerdo general para la construcción del documento, que es la base de todo el proceso.
Sin embargo, eso no parece importar, o al menos, no parece tener trascendencia, porque la comisión tripartita no logró, en este caso, un acuerdo y aún así fue aprobado el Manual. El resultado, es la resolución de expropiación expedida por Hidroarma, con lo cual las dos hectáreas del predio ‘El Jardín’, parecen ser el inicio de una cadena de expropiaciones en el municipio de Sonsón.
Más irregularidades
En el acta número 9, realizada el 14 de marzo de 2014, el Representante de los propietarios afirma que Hidroarma habría incumplido la ley por haber contratado unos avalúos con la Lonja de Medellín, y por haber iniciado negociaciones con propietarios antes de que la comisión tripartita aprobara el Manual de Valores Unitarios.
El representante de la empresa, Luis Alejandro Gutiérrez, los abogados y el gerente, Saulo Montoya, sostienen que las resoluciones del Igac son referencias y que el decreto 2024 del 82 está por encima de la ley 56 de1981 –ley marco para el sector eléctrico–. Lo anterior fue ratificado con un rebuzno del representante del Igac, Fabio Criollo, desconociendo otra resolución4 que dice: “Para efectos de la Ley 56 de 1981 el perito delegado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi deberá tener en cuenta, en la elaboración del manual de precios unitarios, los criterios previstos en esta resolución para efectos de los avalúos administrativos”.
Al parecer, por la falta de claridad en la valoración de los inventarios y la determinación del valor comercial de los predios a través de un avalúo, los propietarios decidieron contratar peritos particulares para realizarlos por su cuenta. Para ese procedimiento le pidieron colaboración a Hidroarma pero, según el acta, la empresa se negó.
Ante eso, se vieron en la necesidad de realizar diferentes actividades para recolectar los recursos necesarios y contratar a los expertos. Pero ahora, la empresa acusa al ingeniero de tener un conflicto de intereses porque los contratos fueron efectuados con peritos de Lonja Oriente, donde él es el gerente. Situación que le ha servido a Hidroarma para atacar sus argumentos.
Por su parte, los propietarios enviaron cartas en las que aseguran que los avalúos particulares fueron su iniciativa y que no tienen relación con el Ingeniero, que no lo conocían cuando lo escogieron en Asamblea General.
Ese es el panorama de las negociaciones, pero no es todo. Para el Representante de los propietarios se estaría incumpliendo con más normas, pues según lo estipulado por la ley5, la comisión tripartita tiene tres funciones, dentro de las que está mediar en los conflictos que se presenten por inventarios y áreas.
En una exposición que presentó en la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), Vanegas demostró por medio de una carta que se acordó la finalización de la comisión porque consideraron que ya habría terminado con su trabajo. Pero, como es evidente, siguen existiendo grandes desacuerdos.
La respuesta del Gobernador
Ante la grave situación, los propietarios enviaron cartas al gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama. Una de estas, abierta, en el mes de septiembre de 2014, en donde le exponían toda la problemática y le pedían que mediara y que no avanzara en la expropiación. La segunda, en el mes de diciembre, en donde le pedían “[…] encarecidamente que no se aceptara la propuesta del representante de Hidroarma de finalizar la actividad de la Comisión Tripartita, porque aún había muchos reclamos que resolver […]”. Y aclaraban, “[…] solo pedimos se nos aplique la ley en toda su extensión”.
El sábado 7 de febrero del presente año, llegó la respuesta a la residencia del Ingeniero Vanegas con la firma de Carlos Andrés Pérez Díaz, quien respondió en nombre del Gobernador, y le explicó de una forma muy diplomática, que no podían hacer nada.
Según la misiva, la empresa de naturaleza “mixta” no se encuentra adscrita a la Gobernación de Antioquia y dice, “[…] la vigilancia o control de su gestión excede nuestras competencias, lo que no hace posible intervenir de manera directa en los procedimientos que adelanta […]”. Por lo cual, remitieron su petición a Hidroarma y a la oficina jurídica del Ministerio de Minas y Energía.
Sin embargo, es claro que el 99,1 por ciento de la empresa es de Idea, y esta es una de las entidades descentralizadas adscritas a la Gobernación. Además, la junta directiva del Instituto está conformada por cinco miembros, y uno de ellos es el Gobernador o un secretario delegado por él. Realmente, con el control total de la empresa, ¿es cierto que no pueden intervenir?
El Ingeniero le respondió al señor Pérez con dichos argumentos, pero también, citó el artículo publicado en El Tiempo titulado “Más de la mitad de la energía del país es paisa” en el que se afirma que la Gobernación ha invertido más de 360 millones de dólares en Hidroarma, por lo cual, es casi imposible pensar que no pueden hacer nada para solucionar los problemas presentados.
La mencionada respuesta oficial, evidencia, sin lugar a dudas, la gran desventaja de los propietarios frente a la empresa y el proyecto en marcha, que en medios de comunicación, es resaltado como logro de la administración del gobernador Sergio Fajardo. Pero también evidencia, la guerra perdida que tienen los pequeños y medianos propietarios de tierra ubicados en áreas de proyectos hidroeléctricos en todo el territorio nacional.
Toca esperar para ver si la persistencia y el conocimiento jurídico, acompañado de la solidaridad ciudadana, vencen al poder económico y político, así como al monopolio energético, que en esta ocasión, está en cabeza de una entidad pública.
1 Señala los parámetros para la elaboración de avalúos.
2 Nº. 71 00002 del 7 de abril de 2014.
3 Ley 56 de 1981.
4 1463/93, artículo 27.
5 Ley 56 de 1981.
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