Los días 7 y 11 de mayo, 14 estudiantes y 3 profesores de los departamentos de Sociología, Agronomía y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional (UN) sede Bogotá, así como los estudiantes de las residencias 10 de mayo, fueron víctimas de amenazas firmadas por grupos paramilitares (Águilas negras – bloque capital). Los comunicados intimidatorios enviados a los correos institucionales de cada uno de los implicados, y depositados bajo las puertas de las residencias, acudían a justificaciones estigmatizantes, que descalifican y condenan las recientes iniciativas de movilización adelantadas contra la indignante situación que, en términos políticos, económicos y académicos, sufre esta universidad.
Universidad Nacional, una vez más –¿o la misma de siempre?– en crisis. Ahora no es sólo económica, administrativa, de violencia, ahora la democracia que tanto pregonan hace agua.
Los antecedentes
Para ilustrar la situación hay que resaltar la grave crisis de financiación, sospechas de corrupción y estrechas formas de participación al interior del alma mater que hasta ahora han alcanzado puntos críticos. Varias facultades, como la de Ciencias Humanas, registran niveles aproximados de auto-financiación del 80 por ciento, así como deudas acumuladas con el Findeter de hasta 200 mil millones de pesos. Ejemplos que no pueden pasar desapercibidos.
De igual manera, el Rector Ignacio Mantilla Prada está envuelto en numerosos escándalos referidos a la administración de los dineros públicos: remodelación millonaria de su baño privado, aprovisionamiento de armas a sus escoltas –con un costo aproximado de hasta 40 millones de pesos–, cenas de 20 millones de pesos en Andrés Carne de Res, auto reajuste de sueldo y favoritismo en puestos burocráticos. Estas son algunas de sus triquiñuelas.
Cabe resaltar que su reciente designación o reelección fue ilegítima, pasando por encima de los intereses de la comunidad académica. Un verdadero canto a la antidemocracia realmente reinante en el claustro “del saber” nacional.
Voces y paciencia que estalla. El contexto y desarrollo de las movilizaciones, como el paro de trabajadores declarado el 13 de abril del presente año, está enmarcado en estas irregularidades, paro motivado por el incumplimiento de los acuerdos pactados con la administración de la UN durante el cese de laborales que tomó forma en el 2013. Por su parte, los estudiantes decidieron declararse en asamblea permanente el día 22 de abril, con un pliego radicado siete días después, en medio de la toma del edificio Uriel Gutiérrez, lugar de la sede de la rectoría. Toma llevada a cabo luego de que la administración central se negara a recibir formalmente las exigencias construidas colectivamente, luego de varias asambleas de facultad y de sede.
Los múltiples esfuerzos del estudiantado por constituirse como fuerza social, los llevó a tomar iniciativas sin precedentes, como la toma de algunos de los edificios e instalaciones del campus, con el ánimo de abrir espacios de discusión y deliberación sobre las problemáticas de su centro de labores. Iniciativa liderada por los estudiantes del departamento de Sociología y luego replicado en demás facultades, las cuales hasta ahora son los puntos críticos del movimiento.
Precisamente allí fue donde llegaron los panfletos amenazantes a distintos estudiantes y profesores, que más que significar problemas de carácter personal con los amenazados, son una constante de la vida política universitaria, así como la evidencia de toda una política de seguimiento, intimidación y desarticulación de cualquier potencia o movimiento de expresión crítica y alternativa política al interior de este centro de estudios.
Muestra de esto son las amenazas sucedidas desde el paro del 2008, que tuvo por motivo la reforma a los estatutos de la universidad, la destitución por parte de la Procuraduría –a mediados del segundo semestre del 2014– del ya demostrado inocente profesor de sociología Miguel Ángel Beltrán, y las constantes amenazas en su contra, así como las llamadas telefónicas realizadas el 10 de diciembre del año anterior contra cinco estudiantes de la carrera de Sociología, uno de los cuales ya está en el exilio. Todos estos fenómenos, conectados con las recientes amenazas aquí comentadas, realzan la democracia efectivamente reinante en este centro de pensamiento, resumen de la realidad que vive el país.
Respuesta institucional
Frente a esta problemática, la institución se muestra ineficiente e indiferente. En medio de todo su aparataje burocrático, la dirección de Bienestar universitario se limita a dar recomendaciones de seguridad, y las directivas a escribir comunicados de rechazo que, aunque valiosos, no son real garantía de nada.
En ellos solicitan que cada persona, de manera individual, haga la denuncia acercándose a la URI de su preferencia, sin cuadrar, incluso, una reunión con la Fiscalia y, peor aún, la misma vigilancia privada del campus está dedicado a intimidar a los manifestantes llegando incluso a amenazar con disparar a cualquier personal extraño que interfiera con el cumplimiento de sus órdenes. Esto, unido al hecho de que algunas amenazas las enviaron a través del correo institucional, deja mucho que pensar frente al papel jugado por la institución en estos hechos.
Debe resaltarse, entre otras cosas, frente a la gravisima situación de la universidad, la imposibilidad de dialogar con la administración central, negada a tratar los temas del pliego mínimo de exigencias presentado por los estudiantes en días recientes, respondiendo solo a las vías de hecho (toma del Uriel y el caso de las amenazas) y, como en el caso de los trabajadores, obligados a bajarse del paro, perseguidos mediante procesos disciplinarios y descuentos del sueldo por los días de huelga.
Con un ambiente manipulado. Durante el fin de semana del nueve de mayo la universidad, bajo el pretexto de mantenimiento de los edificios, quitó todas las puertas de acceso a las facultades de Ciencias, Química e Ingeniera, buscando de esta manera romper las jornadas de anormalidad académica en desarrollo.
Hacia un paro general
Aún hay mucho por luchar, y por ganar. La comunidad universitaria llama a sus compañeros de estudio a seguir en asamblea permanente, como fuerza de solidaridad y de avance hacia un paro general de la universidad, que fortalezca la democracia deliberativa y directa en una institución que no tiene órganos de participación para deliberar y decidir sobre el ejercicio de gobierno universitario. En la mayor institución de educación superior del país, sorprende que no existan espacios cuya deliberación sea decisoria: los claustros no lo son, las asambleas estudiantiles tienen poca participación, y el debate en lugar de centrarse en las numerosas problemáticas, o el carácter de la educación pública en nuestra sociedad, versa en su mayoría sobre los mecanismos, los medios de intervención y acción política colectiva.
Que la realidad de facto no logre su propósito. Combatamos la naturalización de las amenazas, presentes ante cualquier iniciativa de democratización, denuncia y protesta. El hecho lamentable de que sean parte de nuestra historia, y nuestra vida cotidiana, no puede significar que nos acostumbremos a ellos, o a cualquier forma de persecución y violencia política en el país.
Las reivindicaciones populares, y la voz crítica de las academias colombianas, no puede seguir sometida y acallada por el tiro del cañón. Si no es así, ¿de qué paz hablamos?
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