En junio de 2014, la organización Pax1 publicó un informe que mostraba las relaciones entre el frente paramilitar “Juan Álvarez”, con las multinacionales mineras Drummond Ltd. y Prodeco (subsidiaria de Glencore Plc) en el departamento del Cesar, entre los años 1999 y 2005. Estas relaciones implicaron el desplazamiento forzado de cientos de familias, la apropiación de tierras en beneficio de la explotación minera, el desmantelamiento del movimiento social opuesto a la empresa y el debilitamiento del sindicato que exigía mejores condiciones laborales. A pesar de la contundencia de las pruebas recolectadas, Drummond negó todas las acusaciones.
Movimientos sociales y organizaciones2 señalan de manera insistente que el paramilitarismo no sólo fue creado como una estrategia contrainsurgente; también, en muchos otros casos y regiones del país, posibilitó la rápida acumulación de tierras y de recursos naturales por parte de grupos económicos con el ejercicio sistemático de la violencia. Oficialmente se reconoce el despojo de 6,7 millones de hectáreas, en el marco del desplazamiento de por lo menos 5 millones de personas. Todo esto se relaciona con la ejecución de fuertes inversiones de capital en muchas regiones del país que tienen aún las heridas abiertas de una violencia desgarradora.
Hay coincidencias, por ejemplo, entre las actividades mineras de una de las empresas más notorias del sector de la gran minería como es AngloGold Ashanti (AGA) y el accionar criminal del grupo paramilitar conocido como Bloque Central Bolívar (BCB). En el año 2012, el Centro Toledo para la Paz, en su informe Grupos Armados e Industria Extractiva, señalaba la responsabilidad de la AGA en una zona duramente golpeada por el paramilitarismo –como lo ha sido el Sur de Bolívar3–, lo que permite afirmar que ya existen graves indicios contra la empresa.
Las razones de hacer énfasis en el seguimiento a la empresa AGA son significativas. La empresa acumula de manera directa o indirecta la mayor cantidad de títulos, operaciones y proyectos de minería de oro a cielo abierto en el país4, es la única con la capacidad técnica, económica y política para jalonar un proyecto minero de oro de grandes proporciones y, de hecho, tiene dos a punto de iniciar la fase de construcción de infraestructura para extracción (Gramalote y La Colosa). Es una de las empresas que operaba durante la ofensiva paramilitar en muy diversas regiones del país, y la que claramente expandió su presencia en el país con títulos y operaciones una vez llevada a cabo la ofensiva paramilitar en el año 2006, después de la aparente desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
La AGA es la segunda multinacional minera de oro en el mundo, su sede se encuentra en Sudáfrica. En Colombia ha realizado durante por lo menos doce años actividades de exploración, priorizando cerca de ocho proyectos, dos de los cuales se encuentran en fase de factibilidad5. Esta empresa se encuentra amparada por una legislación favorable y cuenta con el apoyo de la acción estatal. La empresa es la más sobresaliente de varios grupos empresariales que intercambian información, títulos, acciones y operan sistemáticamente en labores de exploración en el país, lo que se ha denominado como cartel de la minería del oro en Colombia6. La empresa tiene graves antecedentes en sus operaciones en el continente africano, que pasa por la financiación de grupos paramilitares en la República Democrática del Congo hasta demandas millonarias por enfermedades laborales de cientos de miles de sus trabajadores. La consideran como una de las peores empresas multinacionales del mundo por la contaminación tóxica en los ríos de Ghana, África7. En enero de 2015 el senador Iván Cepeda hizo públicos varios contratos del ejército colombiano con empresas extractivas8, entre ellos un contrato por 2,8 billones de pesos con AGA. La empresa nunca se pronunció ni explicó nada al respecto.
Los proyectos de AGA antes del 2006
De acuerdo al Reporte a la Sociedad de AGA del 2005, ésta empezó sus operaciones en Colombia en el año 1999, e inició actividades sistemáticas de exploración de campo en el año 2003. En el informe de exploración del 2005, la empresa ya anunciaba seis proyectos en los que estaba realizando exploración sistemática regional9. En los informes de exploración de AGA no se encuentra información clara sobre los proyectos, especialmente desde antes del año 2006. Sólo se nombran o comentan de manera tangencial, en varios casos sólo brindan el nombre del proyecto pero no su ubicación ni nada que lo referencie.
Para la identificación de los proyectos de AGA antes del 2006 se usaron los informes trimestrales de exploración y de los informes de Reporte a la Sociedad de AGA –todos en inglés–, contrastados con información técnica de empresas mineras exploradoras, la base de datos Noche y Niebla del Cinep, y revisión de prensa. Inicialmente fueron identificados siete proyectos, cuatro de ellos concentrados en el Sur de Bolívar alrededor de lo que es conocido como la Serranía de San Lucas, región sobre la cual la empresa niega su interés, pese a lo cual conserva títulos en la misma.
Entre el 1999 y 2006, la empresa tuvo tres prioridades claramente establecidas, que coincidían en realizar exploraciones en inmediaciones de minas que fueron productivas. Como en el caso de La Colosa, en las inmediaciones de la montaña conocida como La Mina –Cajamarca, Tolima– o alrededor de la mina Miraflores –Quinchía. Risaralda–. La empresa concentró sus esfuerzos en la exploración de la serranía de San Lucas entre los años estudiados. Por el norte de la Serranía, en las inmediaciones del municipio Barranco de Loba, en el lugar conocido como Santa Cruz; en el municipio de Norosí, al noroccidente de la serranía, en el corregimiento de Buena Seña; hacia el noroccidente, en el municipio de Nechí, en asocio con Mineros SA; y de acuerdo a testimonios de comunidades locales, al occidente, en el municipio de Simití, en el corregimiento de Monterrey y San Blas.
En todos estos casos, la empresa actuó en zonas claramente controladas por el BCB. La Serranía de San Lucas fue el lugar donde este bloque concentró sus actividades. En Quinchía, Risaralda, también estuvo operando el frente del BCB conocido como Cacique Pipintá, mientras que en Cajamarca, Tolima, no estuvo presente el BCB, pero si ocurrió una masacre que lo vinculó indirectamente (ver artículo completo).
Perspectivas de las coincidencias observadas
El Centro Toledo para la Paz, en su investigación sobre industria extractiva y derechos humanos en Colombia, concluye que “si bien la mayoría de las empresas dedicadas a la extracción minera o de hidrocarburos resulta beneficiada sin preverlo por ciertas dinámicas del conflicto armado, otras lo hacen de manera más consciente”10. En las gigantescas proporciones de las víctimas y tierras despojadas durante la ofensiva paramilitar, sin duda se presentaron innumerables casos y móviles que beneficiaron directa o indirectamente a empresas extractivas, no sólo mineras.
En los reportes técnicos y financieros realizados por AGA, se encuentra que existieron varios municipios y regiones en las que estuvo presente antes del 2007 –año en el que hicieron pública su presencia en el país–. Del análisis del contexto de derechos humanos y la presencia del BCB, es posible afirmar lo siguiente:
1. Entre 2003 y 2005, en todos los proyectos operados en Colombia por AGA, que aparecen en sus informes técnicos, la empresa operó de manera secreta en municipios también controlados por el grupo paramilitar conocido como BCB.
2. Los proyectos en los que operó la empresa y que eran controlados también por el BCB, se encuentran claramente distanciados por largos trayectos, en departamentos diferentes (Antioquia, Tolima, Bolívar, Risaralda), y contextos políticos y militares disímiles, en los que no había otro elemento en común que el interés minero de AGA.
3. De acuerdo a la información disponible11, no era posible realizar actividades económicas o productivas de envergadura en una zona controlada por el paramilitarismo sin que existieran acuerdos con éstos. Es posible plantear la hipótesis, de que existió un acuerdo de operación entre AGA y el CB, planteamiento reforzado por la enorme diferencia de los casos, por las similitudes temporales, por los señalamientos de comunidades y organizaciones en diferentes regiones, por las coincidencias espaciales en las operaciones, y el carácter secreto de las operaciones de AGA.
4. No existen pruebas que permitan afirmar el vínculo directo de la multinacional minera con el bloque paramilitar. Sin embargo, los hechos documentados hasta ahora permiten exigir a las autoridades de justicia el pronto esclarecimiento del papel de AGA, que operaba de manera secreta en regiones, en momentos que sus pobladores padecieron duramente la violencia paramilitar.
5. Un año después de la aparente desmovilización del BCB, AGA empezó a adquirir masivamente títulos mineros en zonas en las que, aparentemente, estuvo involucrada en exploraciones. La empresa minera acumula en títulos localizados en regiones que han sido controladas por el BCB. Varios de estos títulos, en particular los del caso de Quinchía, Risaralda, fueron cedidos a empresas con las que ha tenido vínculos operativos.
6. El cuestionamiento a AGA no es el primer caso de vinculación entre paramilitares y empresas multinacionales mineras. Como se comentó al inicio de este artículo, ya existen vínculos demostrados entre Drummond y Prodeco con el frente Juan Andrés Álvarez en el centro del Cesar. También AGA tiene antecedentes de relaciones con vínculos paramilitares en la República Democrática del Congo, con señalamientos en Colombia, por centros de investigación y reconocidas organizaciones sociales, por haberse beneficiado –directa o indirectamente– por la violencia ejercida en varias regiones del país.
7. También es necesario señalar que, a pesar de haber operado en zonas de control paramilitar del BCB en las que habían violaciones generalizadas a los derechos humanos, esta multinacional nunca se pronunció, ni se retiró de tales zonas, como lo predican sus códigos de conducta. Es posible pensar, incluso, que sus actividades mineras significaron un factor de empeoramiento de la situación de derechos humanos en las zonas en que estuvo presente.
Junio de 2015
* El artículo completo puede ser consultado en: www.cedins.org
1 Marianne Moor y Joris Van de Sandt, El lado oscuro del carbón. La violencia paramilitar en la Zona Minera del Cesar, Colombia. . PAX, Los Países Bajos, junio, 2014.
2 Sentencia final del Tribunal Permanente de Los Pueblos. Empresas Transnacionales y Derechos de los Pueblos en Colombia. 2006-2008. 21-23 de julio, Bogotá, Colombia. Secretaría General. Fondazione Basso. Roma. Italia.
3 “Es posible afirmar que parece existir cierta responsabilidad de la empresa, de momento por omisión en presuntos hechos de desplazamientos forzados generados como consecuencia de muertes y amenazas contra líderes mineros en zonas de influencia de AngloGold Ashanti en varias de sus áreas de influencia en el Sur de Bolívar”. En: Actores armados ilegales y sector extractivo en Colombia. CITPax Colombia y Observatorio Internacional de Justicia y Paz. V Informe. 2012.
4 La Colosa. Una muerte anunciada, Colombia Solidarity Campaign. 2013.
5 AngloGold Ashanti. Delivering Sustainable Value. Sep 2012. www.anglogold.com/NR/rdonlyres/BFE16A4A-0D31-4066-9D40-9EA2157EB1CF/0/MarkCutifaniatthe2012Denver-GoldForum.pdf
6 Alejo Pulido, “Las preguntas detrás de Anglogold Ashanti”. La silla vacía. 30 de junio de 2011.
7 Ver: La Colosa. Una muerte…, op. cit.
8 Cuestionan seguridad Estatal a Drummond y otras transnacionales. El Espectador. 8 de enero de 2015.
9 “Regional systematic exploration continued in six areas in Colombia. Further target definition”. AngloGold Ashanti exploration report. Q3 2005.
10 Frédéric Massé y Johanna Camargo, Actores armados ilegales y sector extractivo en Colombia. V Informe 2012. . CITpax Colombia y Observatorio Internacional DDR-Ley de Justicia y Paz. 2012.
11 “Los tentáculos de Bloque Central Bolívar”. Verdad abierta. Verdadabierta.com
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