El Pacífico colombiano es nuevamente el centro de atención en el país. El motivo: el derrame de miles de barriles de crudo producto de la voladura de la tubería ubicada sobre la quebrada Pianulpí que alimenta al Río Guisa, afluente del Río Mira, donde fueron a parar, según el presidente de Ecopetrol Juan Carlos Echeverry, alrededor de 10.000 barriles de petróleo. Derrame que produjo un daño ambiental de grandes proporciones y afectaciones a la población de Tumaco, sometida, además, al corte del servicio de agua, ya que su acueducto se surte del mencionado río.
La reacción de los medios de comunicación, amplios sectores de la opinión pública y de las autoridades gubernamentales, no tardó: han insistido vehementemente en responsabilizar a las Farc por los daños ambientales ocasionados y por los perjuicios a la población civil del municipio de Tumaco, cuestionando su voluntad de paz y los compromisos pactados con el Gobierno en la mesa de negociaciones de La Habana.
Las Farc se pronunciaron desde Cuba a través de Carlos Antonio Lozada quien manifestó a nombre de la organización “Debemos reconocer que el agregado de la guerra agrava este panorama, afectando a personas y ecosistemas, y que desgraciadamente lo ocurrido en Tumaco ha tenido terribles y no deseadas consecuencias que obligan a que debamos pensar en esforzarnos por buscar soluciones urgentes a una confrontación cuyo escalamiento ha sido responsabilidad principal del Estado”.
El debate en el país quedó enfocado en pormenorizar los impactos del derramen de hidrocarburos ocultando los factores estructurales que hace décadas afectan a los pobladores de los municipios del Pacífico, tornando en lugar común la miseria, la marginación, la violencia y el abandono gubernamental (ver recuadro, En deuda).
Acercando el prisma
Tumaco (ver recuadro, Población marginada) y Buenaventura (ver recuadro, Empobrecidos), son dos municipios referentes del Pacífico que concentran algunas de las principales problemáticas de la región. Las condiciones socioeconómicas en ambos municipios son alarmantes, además la crítica situación humanitaria que experimentan resulta del hecho que desde hace más de una década son escenarios álgidos de confrontación entre grupos armados que disputan el control territorial de la región. Ambos ofrecen ventajas estratégicas a los grupos armados ilegales (GAI) que han encontrado en terreno fecundo para la generación de ingresos económicos y fortalecimiento organizativo a partir de los recursos generados por la siembra de cultivos ilícitos y exportación de coca.
En una entrevista concedida al periódico desdeabajo Jesús Durán Téllez, miembro del Observatorio Pacífico y Territorio, habló de esta región, de sus dificultades y de algunos aspectos claves en la problemática de la región.
Vertimiento de petróleo, responsabilidad del impacto ambiental
Sobre la coyuntura del vertimiento de petróleo al Río Mira, Durán Téllez tiene una posición bastante diferente a la habitual: “Los impactos si han sido importantes, la muerte de peces, ha caído petróleo al Río Mira, en Putumayo también se ha presentado esta situación. Los impactos en el medio ambiente son verificables, lo que uno no comparte de los medios masivos de comunicación es el uso que le están haciendo a esta noticia y es un uso que no favorece los diálogos de paz y en ese sentido, lo que nosotros pensamos es que fueron resultado del precio de la confrontación y con la intención de afectar la estructura económica que está dentro de sus objetivos militares. El Estado pretende lavarse las manos acusando a las Farc, de contaminantes cuando el tema es precisamente coyuntural […] pero el Estado viene contaminando el país con su locomotora minera, permitiendo que las empresas mineras boten sus vertimientos químicos a los Ríos y ahí los medios masivos no dicen nada”.
Minería y actividades extractivas en la región
La minería y actividades extractivas como tal son particularmente incidentes en la economía de la Región, pues en ellas se basa la fuente única de sustento de miles de habitantes del Pacífico colombiano. Sin embargo, estas actividades no las desarrollan directamente sus pobladores, actividades que sí extienden graves consecuencias sobre el medio ambiente, así lo manifestó Jesús Durán: “La locomotora minera, la tala indiscriminada de bosques, ha sido una política del Estado colombiano, porque para éste el Pacífico representa recursos naturales, no significa grupos étnicos (ver recuadro, Región multiétnica), de ahí que los grupos étnicos siempre hayan hablado de invisibilidad: para el Estado […] cuenta el Pacífico como una puerta de salida y entrada de mercancías, en este sentido hacen obras y proyectan otras (ver cuadro, Inversiones) que, desde luego, contaminan el ambiente […] pero el Estado ha promovido eso, ahora la situación se agrava porque ni siquiera permiten la minería artesanal, sino que la apuesta del Estado es con las multinacionales […] sin facilitar la discusión con los habitantes, que entre otras cosas son dueños de su territorio por facultad de la Ley 70 (ver recuadro, A la luz de la Ley), por facultad de las leyes indígenas que protegen los territorios colectivos […]; contrario a esto, el Estado no permite que decidan sino que impone proyectos desde fuera […] detrás de sus propuestas que usan la cuestión social como comodín lo que hay es explotación forestal, explotación minera y explotación energética”.
Tumaco, Buenaventura: collage de problemáticas regionales
Los municipios de Tumaco y Buenaventura concentran en sus unidades territoriales algunas de las problemáticas de la región. Es frecuente que sean tratados en los medios de comunicación como municipios peligrosos donde impera el conflicto armado, zonas deprimidas por la violencia. Durán Téllez se refirió a esta lectura habitual de la siguiente manera: “Lo primero por decir es que está la tesis del conflicto armado que afecta a estos municipios, ¡no!, el conflicto armado es coyuntural, antes del conflicto armado éstas vivieron situación de pobreza, estas comunidades han sido invisibilizadas, nosotros vemos el conflicto armado, como el caso de Buenaventura que entra con fuerza en el año 99 […] Buenaventura realmente se jodió el día que privatizaron Puertos de Colombia, mecanizaron toda la actividad portuaria, ese día la gente se quedó sin empleo, el día que tercerizaron la actividad de los que uno llama los coteros, los que cargan y bajan las mercancías, el día que tercerizaron a través de cooperativas esa actividad, Buenaventura no tuvo plata […] lo que se vive aquí no va a ser resuelto por este gobierno, no por este Estado que pretende del Pacífico los recursos naturales […]”.
El Pacífico en la mesa de negociaciones de La Habana
Sobre la posibilidad que los acuerdos pactados en la mesa de negociación de La Habana repercutan en la región, sobre la participación de la población, nos dijo Téllez: “Lo que nosotros hemos discutido sobre ese tema es que hay problemas que no son de competencia solamente de las Farc, por ejemplo, el problema minero es un problema que el Estado tiene que resolver con la gente, y ahí tiene que estar la gente, la “sociedad civil”, pero nunca convocan a indígenas y afrocolombianos […]. El problema colombiano es que todo lo hemos resuelto en la Ley, pero si la gente la interioriza no se cumple porque en Colombia hay un fuerte poder en lo local, entonces en La Habana, si no vinculan a estas poblaciones, a estas comunidades organizadas, va a ser difícil que se pueda llegar a unas soluciones concretas, porque hay que ser claro, las Farc tiene intereses o ha tenido intereses hasta ahora en la minería, han sido dueños de retroexcavadoras, lo mismo que muchos alcaldes, lo mismo que muchos políticos, o sea, la minería es una fuente diaria de ingresos […] esos pactos, esos acuerdos (entre el gobierno y las Farc) van a ser difíciles en la práctica y más cuando tenemos en cuenta que la guerrilla no es la única generadora de violencia, en ese rango también cabe Estado, la Fuerza Pública y los paramilitares, que no se han desmovilizado”.
¿Nuevas oportunidades para la región a partir de los acuerdos de paz?
Muchas de las organizaciones del Pacífico decidieron apostarle a la mesa de negociación, pero tienen algunas inquietudes que expresó a desdeabajo Jesús Durán: “Nosotros hablamos con las organizaciones y las organizaciones dicen “nosotros sí le queremos apostar a las Farc”, lo que pasa es que las comunidades negras tienen unas preocupaciones muy claras y es todo lo relacionado con los acuerdos de desarrollo rural, donde hablan de tierras incultas, que no han sido trabajadas, y por eso hay temor de las comunidades negras e indígenas, pero los indígenas lo han resuelto aparte. En el caso de las comunidades negras, donde se ve más división, sienten temor porque la propuesta de las Farc va a fortalecer las Zonas de Reserva Campesina y ellos dicen: “nosotros tenemos que fortalecer los consejos comunitarios”. ¿Qué va a pasar cuando las Farc se desmovilicen? ¿Qué va a pasar en los territorios?, los que viven aquí se van a quedar aquí, pero los que no son de aquí ¿para dónde se van a ir?, ¿cuál va a ser la forma organizativa?, es decir, hay preocupaciones en cómo se van a ejecutar los acuerdos. Nosotros no hablamos de posconflicto, porque a partir de la firma de los acuerdos de La Habana va a haber una batería de conflictos que se van a venir, porque ya queda el camino expedito para la multinacionales, porque de una u otra manera, así fuera a través de impuestos, ahí estaban las Farc, ahí está la guerrilla que le ponía una cortapisa, así fuera para sus propios intereses, ahora el camino será expedito y las comunidades no tendrá quien las defienda”.
Coca en la región
La Región Pacífica está afectada particularmente por los cultivos ilícitos y las problemáticas relacionadas con éste. Es uno de los temas álgidos en el debate nacional y una de las principales fuentes de estigmatización de las comunidades de la región. Nuestro entrevistado expresó una posición bastante diferente a la habitual: “Para nosotros el cultivo de coca es un monocultivo como el de la palma, y es tan ilegal como lo es el de la Palma. Aunque ésta tenga un carácter legal y unos permisos, son claros los compromisos tenidos por los paramilitares en la conformación de esos grupos económicos que impulsan su sembrado, y en el despojo de la tierra han sido tan evidentes como también lo está haciendo el narcotráfico […], Los cultivos de coca han crecido, más que crecer se han desplazado, han tenido movilidad y lo que el Gobierno ha hecho es una cosa maquiavélica–a nuestro modo de ver o a mi modo de ver– y es que a nivel internacional tumbar bosque primario es un delito, es una especie de delito, es condenable, porque el bosque primario tiene biodiversidad, el bosque primario tiene de todo […], entonces lo más fácil para el Estado con su política de ampliación de la frontera agrícola, es dejar que la coca se vaya movilizando por todo el Pacífico, […], el gobierno le prende velas a Dios y al diablo […]” (ver recuadro, Coca y Naciones Unidas).
Alternativas a la siembra de Coca
Problemática que no parece tener solución pues las alternativas al cultivo no han sido suficientes, ni muy necesarias, opina Jesús Duran: “[…] ¿Cuál ha sido la propuesta del Gobierno para esta zona? Siembra de caucho, de palma y de cacao, esas han sido las alternativas, y lo que hay en el Pacífico es hambre. Lo que requiere está Región es garantizar su soberanía alimentaria, pero si un campesino va para que le presten para plátano, para yuca, para cultivos de lo que ellos llaman pan coger, la respuesta siempre es la misma: no hay préstamo, están cerrados, pero si va para palma le prestan, si va para caucho le prestan, esa es la política agraria para el Pacifico colombiano, entonces qué importa si es coca si es palma, lo que le interesa al gobierno es ampliar la frontera agrícola”.
Acuerdos comerciales y futuro del Pacífico
Recientemente el Gobierno suscribió acuerdos comerciales de alta proyección con países con costas sobre el Pacífico (México, Chile y Perú). El Presidente, ha hablado de progreso y desarrollo para la región, en el Pacífico no están totalmente de acuerdo: “La Alianza del Pacífico es preocupante, pero si eres gobernante te genera unos interrogantes. Primero, pues hay que solucionar la economía del país, ¿cómo solucionarla? Pero al mismo tiempo uno también se pregunta ¿por qué han creado un bloque solo con aliados de la política norteamericana, ¿por qué no está Ecuador? Ellos también plantean un modelo neo extractivista pero con énfasis en lo social, en cambio los de la Alianza del Pacífico no, ahí la preocupación para con una ciudad como Buenaventura, que tiene cerca de 500.000 habitantes (cerca de 320.000 personas en el caso urbano, de las cuales cerca de 250.000 personas viviendo en la pobreza ¿Qué van a hacer con esas personas? Si la idea es convertir a Buenaventura en el Singapur de América […] eso implica coger toda la zona donde se encuentra esta gente pobre, que vive de la pesca, que tiene una relación diferente con el mar, que no necesita dinero para comprar la liga (la presa) […] lo que va a pasar con esta Alianza del Pacífico es que como estas personas están ubicadas en zonas estratégicas de la ciudad (zonas de bajamar), los van a desalojar, ya los están desalojando […]”.
La voz de Jesús Durán Téllez compila las opiniones de cientos de ciudadanos del Pacífico colombiano marginados e invisibilizados, a quienes les niegan el derecho a ser escuchados, pero también la posibilidad de construir un proyecto de desarrollo regional a partir de su historia, tradiciones de producción y sueños de vida. La disputa está presente y así continuará por mucho tiempo más.
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