En el marco del análisis del financiamiento político de las elecciones en Colombia, el propio sistema se (auto) favorece. Es mecánico, así recrea las mejores condiciones de todo tipo para los suyos, legales o no. No sorprende, es la lógica del poder. Igual sucede con el clientelismo como herramienta de control social y de reproducción del mismo poder. Lo determinante, por tanto en este campo, a la hora de preguntarnos por las elecciones y la democracia realmente existente en nuestro país, es identificar los sectores económicos que financian el clientelismo, así como los privilegios otorgados por el Gobierno a sus financiadores como contraprestación por el apoyo económico recibido. Tú me das, yo te doy.
Elecciones y clientelismo, una constante no superada en Colombia. Factores de poder, legales e ilegales, la propician, de ahí que, en vísperas de otras elecciones territoriales, sea obligatorio observar la reconversión de parte de las prácticas y de los actores del clientelismo en el sector legal de la economía y su peso, quizás fortalecido, en las decisiones políticas en contra de la voluntad del pueblo colombiano.
Para retomar las palabras de Alfredo de León Monsalvo (ver entrevista) “todos, todos, todos” los sectores económicos tienen injerencia en la política colombiana. Aunque es imposible tener un panorama exhaustivo de las cuentas de las campañas de Santos, de acuerdo a las contabilidades formales entregadas a los organismos de control, es posible establecer los sectores claves que están detrás de las mismas: el financiero, así como la polémica Interbolsa, que declaró una donación de 100 millones de pesos para Santos en 2010, o Bancolombia que otorgó los créditos que financiaron en 2014 el mayor porcentaje de sus campañas, así como la de Zuluaga1. Constructores como Odinsa o Amarillo, y también la industria alimentaria, por ejemplo, Arroz Diana que declaró su apoyo por 50 millones para la campaña en el 2010. Detrás de estos grupos económicos aparecen los tradicionales espacios del poder: las regiones más ricas –Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Atlántico–, así como las familias poderosas, esos “cacaos”, como los Sarmiento Angulo, Santo Domingo y las que están detrás del Grupo Empresarial Antioqueño.
¿Qué buscan estos financiadores? Pueden distinguirse dos tipos de motivaciones principales. Las familias poderosas, con tradición en la acción política electoral, buscan obtener los contratos públicos que retroalimentarán su riqueza y garantizarán el control político territorial; al tiempo que, como un círculo vicioso, favorece el buen devenir político de sus representantes, tanto en las alcaldías, gobernaciones, como concejos, y el mismo Congreso de la república.
Por su parte, y de manera imbricada, las grandes empresas usan el financiamiento político para influir, de antemano, sobre el gobierno de turno, para que las leyes y normas por éste propuestas y aprobadas, no se constituyan en obstáculo para sus negocios.
Gobernar es contratar
Desde el consenso de Washington, y el apogeo del neoliberalismo como modelo de sociedad, ¿en qué cambió el Estado? Lejos de debilitarse y desaparecer, se convirtió en un órgano clave para garantizar el buen funcionamiento del sistema, para lo cual uno de sus roles y soportes sustanciales continúa siendo la contratación pública. Neoliberalismo que amplió sus fueros en nuestro país por doquier, alimentando las prácticas de corrupción a través de la contratación pública.
En este sentido, la cuarta encuesta sobre las prácticas de control de soborno realizada por “Transparencia por Colombia”, publicada en mayo de 2015, es particularmente instructiva. Indica, según sus realizadores, que la corrupción en el sector público es de 40 por ciento y la competencia desleal de 35. La misma encuesta destaca el rol clave del financiamiento político en la corrupción: “En un año electoral, preocupa que solo un 4 por ciento de los encuestados asegura que su empresa lleva un registro contable exacto de contribuciones a campañas políticas”.
El peso financiero de las construcciones de infraestructuras en la contratación pública hace del sector una presa muy apetecida para este tipo de corrupción, y una herramienta clave del poder político: permite, a quien tenga una mano fuerte sobre ella, garantizar su devenir político tejiendo las relaciones contractuales que luego le facilitarán campañas electorales victoriosas. El principal ejemplo lo constituye, sin duda, la trayectoria del actual “vice” Vargas Lleras, que crece como levadura política gracias a su carrera en la infraestructura pública, empezando con la vivienda para coordinar en el actual Gobierno todo el sector, regalo no despreciable de Juan Manuel Santos quien prepara su sucesión a la presidencia.
De hecho, los constructores han jugado tradicionalmente un rol clave en el financiamiento de campañas, y la de Santos en 2010 no fue la excepción. Representando, en los informes oficiales, con alrededor de 200 millones de pesos, cerca del 10 por ciento de los $2.302.785.000 del dinero privado recepcionado por su campaña. Entre las 43 empresas de construcción que aportaron a esta campaña, los siete primeros donantes entregaron 130 millones, o sea, el 65 por ciento de las donaciones del sector.
Entre ellos, el grupo Grupo Odinsa (Icein, Mincivil y Openvias) con una donación total de 25 millones de pesos (13, 10 y dos millones respectivamente) fue uno de los grandes recompensados. El grupo obtuvo en agosto de 2010, tres meses después de la elección de Santos, proyectos de infraestructura pública tan importantes como la Autopista de las Américas; la fase tres del Transmilenio en Bogotá, el tercer tramo de la Ruta del Sol y parte de la obra del aeropuerto El Dorado.
Valga también como ejemplo el caso del Consorcio Mario Huertas Cote que declaró un aporte de 25 millones para la campaña de Santos, recompensado con la contratación para la construcción de tres de los seis primeros corredores del proyecto de infraestructura 4G: el corredor Girardot-Puerto Salgar –por más de 1,3 billones de pesos (1.330.348 millones de 2012)–, la autopista conexión Pacífico 3 –con un presupuesto de 1.183 billones (1.183.261 millones de 2012), el corredor Cartagena-Barranquilla y la Circunvalar de la Prosperidad –por 2.88 billones (2.881.000 millones de 2012)… ¡Valió la inversión!
Las fronteras turbias entre poder político, económico y las familias tradicionales
Los ejemplos no faltan. Familias que ejercen cargos políticos porque compraron de manera más o menos directa el voto. Los Char son un buen ejemplo a este respecto, creadores de las Supertiendas Olímpicas, a lo largo de varios años ocuparon algunos puestos como senadores, gobernadores del Atlántico, embajador en Portugal o alcalde de Barranquilla. El apellido Santos, por su lado, es bien conocido, el actual Presidente es sobrino-nieto de Eduardo, otro presidente y propietario en su momento del periódico El Tiempo, asimismo la familia Escobar, a la que pertenece Zuluaga, es dueña de las Acerías de Colombia, Acesco, que en el 2010 apoyó la elección de Santos con 82 millones de pesos y luego, en el 2014, financió su propia campaña.
Otro personaje interesante en las cuentas de la campaña de Santos, en su primer período, fue Gina Parody. Aunque ella no proviene de una familia dominante sino de la nueva riqueza en el sector naval, muestra bien como el dinero sí da la felicidad en política. Oficialmente aportó 100 millones de pesos, una de las contribuciones más importantes a la victoria de Santos, quien lo agradeció asegurándole una carrera política en el sector de la educación con su nombramiento como directora del Sena y luego como ministra de la Educación.
Los cacaos habituales participan de dos maneras en estos procesos. Por un lado, dan su consentimiento y apoyo a los candidatos principales a través de donaciones simbólicas y, por otro, de manera mucho más directa a través de los medios de comunicación que les pertenecen, pues tienen toda la libertad para establecer los precios de los espacios publicitarios y, de igual manera, dirigir las líneas editoriales con el fin de favorecer cierto discurso o propuesta política. Sin embargo, el aporte decisivo de los cacaos a la elección presidencial de 2014 fue apalancado por medio de los créditos (reembolsados por reposición de votos) desde el sector financiero por ellos controlado.
Leyes y normas escritas por los financiadores
La oferta de contratos y de cargos públicos para quienes financiaron la victoria electoral de Santos representa un obstáculo obvio para la democracia, manifestado de diversas maneras, entre ellas con su peso sobre el proceso legislativo, con leyes con destinación particular, que alimentan mucho más la privatización de las riquezas de Colombia y su acaparamiento por una minoría cada vez más restringida.
Los “Proyectos de interés nacional y estratégico” por encima de la ley
El caso de la construcción es diciente. Vargas Lleras impulsó un programa normativo para que los “Proyectos de interés nacional y estratégico” (Pines) de infraestructura, hidrocarburos, minería y energía, fueran declarados como de “utilidad pública”, para beneficiarlos con normas propias y preferenciales acabando, de esta manera, con el derecho de las poblaciones originarias y sus territorios.
En nombre de la disminución de los trámites demonizados por el mismo gobierno y por la prensa dominante, este nuevo estatuto les permitirá sobrepasar las normas en vigor en cuanto a licencias ambientales, de adquisición de predios y consultas previas con las comunidades allí asentadas. Adquirirán así, de manera preferencial, los baldíos que necesiten, incluso si son territorios destinados para la población desplazada víctima del conflicto. De esta manera los terrenos comprados estarán libres de vicios de propiedad como, podría ocurrir por haber sido adquirido en el pasado de manera ilegal por paramilitares o sus aliados.
Las EPS velan por la ley de salud
A pesar de notables avances en el sector de la salud, gracias a la lucha de los movimientos sociales para lograr el reconocimiento de éste como un “derecho humano fundamental” con la ley estatutaria N°1751 de febrero de 2015 y como lo ha apuntado Mauricio Torres (2), la historia de la salud en Colombia no “se partió en dos” como dijo Santos en el sentido en que “la Ley Estatutaria de Salud no altera la matriz de intermediación financiera, en tanto se mantiene el modelo de aseguramiento de la atención a la enfermedad (siguen las EPS), que es el elemento estructural que facilita la mercantilización de la salud”. El mantenimiento de este modelo y de la impunidad de la empresas que han dilapidado al precio de vidas humanas el dinero público destinado a la salud de las personas, tienen que ser analizados bajo la luz del financiamiento político.
Como lo destacó el partido Alianza Verde, a partir de un derecho de petición dirigido al Consejo Nacional Electoral, el financiamiento político jugó un papel decisivo en la elaboración de la ley de salud, pues casi todos los partidos estaban financiados por las EPS. En efecto, en 2010, primera presidencia de Santos, el partido de la U recibió 445 millones de pesos de parte de las EPS, el aporte más importante que llegó a sus arcas, pero también el Partido Conservador recibió 252 millones, el Partido Liberal 135, el Polo 25 millones, el PIN 14 y Cambio Radical un millón.
Debates previos a los TLC
En fin, la negociación previa para los TLC que aparece en las cuentas de las campañas es digna de comentar. El TLC con Corea del Sur, firmado en febrero de 2013, según numerosos observadores, fue el fruto de un lobby particular de la constructora de automóviles coreana Hyunday la cual habría financiado con 50 millones de pesos la campaña de Santos. Pero no todos tuvieron la suerte de Mattos, el dirigente de la empresa coreana, es interesante también observar que la financiación política no siempre logra sus propósitos. Para Dicorp (Arroz Diana) que expresó reiteradamente su hostilidad a la firma del tratado con Estados Unidos –por el riesgo que representaba esta nueva competencia para el gremio–, la fórmula no le funcionó, a pesar de financiar con 50 millones de pesos la campaña de Santos, lo que no impidió la firma del Tratado de Libre Comercio.
Un conflicto de interés apenas oculto
Es preciso, a la vista de estos ejemplos, revisar la debilidad, sometimiento y efectiva privatización de la democracia colombiana. ¿Quién impera en la casa de gobierno, la política o la economía? ¿Quién domina en el Congreso, los “representantes del pueblo” o sus financiadores? ¿Para quién y a favor de quién legislan los elegidos a los cargos congresionales?
Interrogantes que debemos resolver para decir, con justeza, que requerimos otra democracia, pues esta de papel nos tiene mamados/as.
1 En 2014 Bancolombia, que pertenece al Grupo Antioqueño, aprobó el crédito que permitió financiar la mayoría de la campaña de Zuluaga y las tres cuartas partes de la de Santos, por un valor aproximado a los 24 mil millones y 16 mil millones de pesos respectivamente.
2 Médico integrante del movimiento por la salud en Colombia. Ver discusión de la ley estatutaria de salud de 2015 por Desde Abajo TV: https://www.youtube.com/watch?v=15ssG_osXHI
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