La crisis que una vez más viven las relaciones entre Colombia y Venezuela desnuda el modelo informativo que practican varios medios nacionales, su incondicionalidad con el gobierno de turno, a la vez que la ausencia de una política social, económica y política integral en nuestro país, causa de la inmensa diáspora que tomó forma en los años 60 del siglo XX y aún no termina. Narcotráfico, paramilitarismo, multinacionales, además de ineficiencia y errores en la política oficial del país vecino también resaltan. ¿Quién le coloca el cascabel al gato?
No fue gota a gota, tampoco como un chorro. No, fue más intenso. Sus voces ensordecedoras llegaron por radio como una cascada. Unas veces, dando parlante a funcionarios como el alcalde de Cúcuta para decir: “El señor Maduro no puede actuar como un tirano, como un nuevo Hitler” (02-09-2015), y en otras para dejar de informar y los periodistas pasar a actuar como simples propagandistas, desinformadores, como simples creadores de opinión. Así dijo uno de ellos el pasado 28/08 a las 05:10:20 por igual onda y franja radial: “Maduro cada vez más demente, más dictador, más arbitrario…”, “El gobierno de la banda de Maduro…”, “[… ] queda la arbitrariedad de este tipo que nos ha tocado como Presidente, entre comillas, de Venezuela, que está en manos de militares, de Diosdado Cabello […]”.
Sin control público, ni responsabilidad profesional, el 27/08/5:02:36, vociferó: “[…] este espectáculo es verdaderamente ofensivo, degradante, eso ni en la época nazi, porque ese señor Maduro y su banda se parecen cada vez más a los nazis. Eso de revolucionario y bolivarianismo no tiene absolutamente nada, es un fachista, así de claro […]”. El día anterior ya había vomitado: 26/08/05-06, “[…] de los centenares de colombianos que están siendo bellacamente, de manera indigna, humillante, expulsados de Venezuela en las más lamentables condiciones, violando cualquier principio revolucionario, bolivariano es pura carreta de un régimen oprobioso, arbitrario, dictatorial que la emprendió, además Maduro contra los medios de comunicación en Colombia, como si nosotros fuéramos los responsables de la penosa situación que se vive y atraviesa ese hermano país; las peores épocas de toda la historia de Venezuela en manos de una dictadura que algunos quisieran que se trasladara a Colombia, pensando en candidaturas de ese mismo corte en el año 2018”.
Así y mucho más, realzando, además, hasta la morbosidad las difíciles condiciones de vida de muchas de las personas que llegaban a Cúcuta desde la frontera del país vecino, trasmitieron las ondas radiales y las televisivas desde el pasado 19 de agosto, cuando por orden del gobierno que encabeza Nicolás Maduro fue cerrada la frontera que linda con la capital de Norte de Santander, mandato extendido luego al límite con La Guajira.
Mucha propaganda, poca o nula información veraz. Voces, gritos, que daban eco en lo fundamental, a las palabras y las acciones provenientes desde el alto gobierno, que sin perder la ocasión procedió a transformar la pobreza y las necesidades de quienes buscan mejor destino para los suyos más allá del territorio que los vio nacer, en un nacionalismo hirsuto que con el sedicente argumento de defender la dignidad de los compatriotas deportados, pretendía alardear de comprometido y eficiente.
Era (¿es?) sorprendente verlos hacer lo que nunca han realizado para calmar, suplir y superar las necesidades de los millones de connacionales robados, violados, y obligados por el paramilitarismo a salir de sus terruños, a lo largo y ancho del país durante las últimas tres décadas, para continuar llenando las ciudades con sus necesidades y afán de sobrevivir, como ya había sucedido en los años 50, 60 y 70 del siglo anterior, y como continuó siendo durante los primeros años del siglo que corre; realidad que aunque con menor intensidad, aún no culmina.
Propaganda y un poco de algo más. “Bienvenidos a Colombia”, “Aquí tendrán lo que les negaron allá”, con estas y otras expresiones el presidente Santos instaba al nacionalismo. Parecía en campaña electoral (¿lo está?), cargando niños, dando besos, colocando cara de compungido. Afán de evidenciar lo que no son y lo que no serán: solidarios, justos, buenos gobernantes.
Palabras y gestos que poco durarán pues no responden a una política oficial, a un plan político, económico y social de largo plazo para superar las desigualdades que resquebrajan el país o, como mínimo, una política constante para superar los graves indicadores de pobreza que caracterizan a toda la frontera entre Colombia y Venezuela, donde, como es el caso de La Guajira, no son extrañas ni pocas las muertes que ya no debieran ocurrir, como las ocasionadas por desnutrición o hambre. Políticas de pantalla, limitadas, que no dan cuenta del real costo de vida en el país, con subsidios temporales reducidos a $250.000 para arriendo, con mercados mínimos y con búsqueda de puestos de trabajo no calificados para los recién deportados o huidos del país vecino.
Lo que niegan
La orden expedida el 19 de agosto por el presidente Maduro para cerrar la frontera es uno de los coletazos de la grave crisis económica que azota a su país. Beneficiaria por años de un alud de dólares producto de los buenos precios de que gozaba el petróleo, y superada por esa bonanza que por manejos ineficientes terminó –a la par y como efecto de la guerra económica que sufren desde hace varios años– traducida en inflación, carestía y destrucción de buena parte de los logros sociales alcanzados por la Revolución Bolivariana, a la vez que polarizando la sociedad entre los sectores más populares –a quienes se han dirigido los beneficios de la redistribución de la renta– y una clase media y alta inconforme con los giros que va tomando su sociedad.
¿Por dónde se fugan los alimentos que cada día deben llegar a las mesas de los venezolanos? ¿Quiénes están acumulando los dólares que cada día se fugan del país? ¿Cómo hacer para reencausar la economía nacional y controlar la inflación? Estas y otras muchas preguntas deben haber sido sopesadas en los Consejos de Gobierno encabezados por Maduro, y las respuestas seguramente fueron diversas, pero una o varias de ellas apuntaron hacia los 2.219 kilómetros de frontera compartidos con Colombia.
El diagnóstico indica que por ella salen miles de toneladas cada mes, a tal punto, según Juan Carlos Tanus –vocero de la organización “Colombianos en Venezuela”, que quienes lideran ese negocio de contrabando cuentan, ante el cierre de los pasos fronterizos, con mercancía para surtir por 9 meses sus expendios en Colombia, con particularidades como las de Cúcuta que, según el diagnóstico venezolano, se surte en un 80 por ciento de mercancías sacadas de manera ilegal desde la patria de Bolívar.
Negocio inmenso, a tal punto que el contrabando de gasolina alcanza a 1 millón 300 mil litros diarios (se calcula, según Tanus, que 17 millones de colombianos se surten de esta gasolina que llega, incluso, hasta Bogotá, además de otros muchos productos sacados de manera ilegal). Entre alimentos, electrodomésticos, drogas y otros, además del combustible, las cifras anuales del negocio del contrabando, con multinacionales, paramilitares, narcotraficantes y otros detrás del mismo, bordea los 12 mil millones de dólares, algo así como 4 puntos del PIB colombiano, con lo cual Venezuela termina asumiendo parte de la política pública y social que le correspondería implementar al gobierno de Santos en la frontera y otras partes de su país. Un inmenso costo para cualquier sociedad, y un inmenso yunque para cualquier proyecto político que quiera girar a favor de los empobrecidos la historia de su país.
El contrabando, aunque histórico entre ambos países, nunca había alcanzado la dimensión ni la estructura de que ahora goza, aupado tanto por los errores políticos, administrativos, financieros y la corrupción oficial que realzan como constante en Venezuela, como por la capacidad que tienen las multinacionales para ello, así como por la decisión de paramilitares y narcotraficantes de meterse en el negocio, lavando por su conducto grandes sumas de dinero e implementando, consciente o inconscientemente, las políticas internacionales destinadas a quebrar la Revolución Bolivariana.
Contrabando que ganó inmensas proporciones una vez el gobierno vecino tomó la decisión de cerrar el grifo a la fuga de dólares, al prohibir el envío de divisas hacia Colombia, las cuales estaban autorizadas hasta 1.500 dólares por persona mes. Si bien mucho trabajador surtía así a sus familias, la verdad es que la autorización servía para desangrar las divisas provenientes del petróleo y para engordar los bolsillos de los enemigos del proyecto bolivariano.
El gobierno colombiano, de manera oficial, también contribuye a esto. Así lo asegura Tanus cuando aclara que la Resolución externa Nº 8 del 5 de mayo de 2000 del Banco de la República, con la cual se reglamentaron las casas de cambio en Colombia, potencian el empobrecimiento del bolívar y consolidan el contrabando.
Con esta Resolución, por ejemplo, el Banco de la República de Colombia cotizaba para inicios de septiembre la moneda vecina en 252 pesos por bolívar, pero en la frontera “[…] las mafias criminales tienen la facultad de pagarlo a 4,8”.
¿Qué permite este manejo de la moneda?
“Si yo vengo a Venezuela a comprar 1 kg de arroz y tengo que comprar el bolívar a 252, no me alcanza porque con (los) 2.700 pesos (con) que compro 1 kg de arroz en Colombia obtendría al cambiarlo en el Banco 11 bolívares. Si por el contrario, tomo esos 2.700 pesos, se los llevo a un cambista y me da 560 bolívares, compro 21 kilos de arroz en Venezuela”, explicó Juan Carlos Tanus.
Entonces, según el mismo analista, “[…] si diariamente 11 mil vehículos cruzan la frontera, si cada uno lleva un kilo de arroz, serían 11 toneladas de arroz y multiplique cuántas veces va un carro hasta la frontera para llevar no sólo arroz sino también otros productos. En estudios que hemos hecho determinamos que 72 por ciento de los productos de contrabando desaparecen si desaparece la resolución número 8 del año 2000”. Lo que permite explicar que el contrabando no perderá su dinamismo, ni dejará de afectar en la manera que lo hace a la economía venezolana, sino se elimina la Resolución Nº 8 del 2000, la que según puede deducirse, se transforma en el talón de Aquiles de la negociación que afrontan las cancillerías de ambos países, empantanada, todo parece indicar, porque el gobierno colombiano no acepta su responsabilidad en esta crisis, tomando los correctivos a que ello obliga. No es gratuito que en Cúcuta se estimen hasta en 700 las llamadas casas de cambio y que Carlos Eduardo Luna Romero, actual candidato de la coalición del partido de la U y el partido Liberal a la alcaldía de Cúcuta, haya sido presidente de la Asociación de profesionales del Cambio de Norte de Santander (Asocambios), y luego presidente de la Cámara de Comercio de Cúcuta, como tampoco puede considerarse una simple coincidencia que en algún momento fuera encargado de negocios de la embajada colombiana en Venezuela.
Estamos, por tanto, ante una parte de la realidad que llevó al gobierno vecino a romper en su aguante con la política fronteriza, desde donde se coordinaba el contrabando y el desangre de su economía, fortaleciendo con ello bandas paramilitares, las mismas que ya tenían control de territorios específicos adentro de la frontera, pero donde también se estaban instalando barrios de invasión, y donde los indocumentados crecían sin parar.
No está de más recordar que según el gobierno vecino la cifra de connacionales instalados allí ronda los 5 millones seiscientas mil personas, y que la migración de colombianos, a pesar de la crisis que afecta a Venezuela, no para. Cada año continúan asentándose allí más de cien mil colombianos. Para hacernos una imagen de lo que esto significa, recordemos que en la Unión Europea, sumados sus 28 Estados socios y sus poco más de 300 millones de pobladores, tales países están conmocionados y en disputa por ver quién acepta 20 mil, 30 mil, 50 mil emigrantes africanos, para legalizar en un año 200 mil: y Venezuela, un solo país, con algo más de 20 millones de pobladores, ve arribar a su territorio cifras similares de colombianos año tras año. Esta es la crisis que niega el gobierno de Santos.
Como puede deducirse, el tema no es minúsculo, ni puede reducirse a los mil y algo más de deportados hacia Colombia, ni a los otros diez mil o más que salieron por trochas pues, todo indica, que estos connacionales no habitaban aquel país con los registros o formalidades que exigen sus leyes (recuerden ustedes lo que le sucede a los cubanos, asiáticos y otros que cada mes capturan en nuestro país, en procura de llegar a los Estados Unidos). La crisis debería llevar a discutir entre quienes habitamos Colombia –para tomar medidas sobre el particular– ¿qué es lo que sucede en nuestro país para que tanto connacional tenga que buscar mejor vida en Venezuela (o en países como Estados Unidos, Canadá, México, Costa Rica, Ecuador, Perú, Argentina, Brasil, España, Francia, etcétera)? ¿Por qué no se implementan políticas redistributivas que quiebren la colosal concentración del ingreso que ratifican las investigaciones independientes y las mismas oficiales? ¿Por qué no domina entre nosotros un régimen de verdad democrático, que más allá del rito electoral, garantice igualdad, justicia y felicidad? ¿Qué está sucediendo en nuestro país para que sus migrantes ganen mala fama, como en Chile, por implementar modelos de control y expoliación social como el llamado “gota gota”, y en países como Estados Unidos, España y otros ir llenando celdas como “mulas” o sicarios?
Dicen algunos que de toda crisis surge algo bueno, procuremos que ésta no sea la excepción.
Recuadro 1
La Resolución Nº 8 del 2000
La consideración de esta Resolución propuesta por la canciller venezolana Delcy Rodríguez, debe tener muy preocupada a (María Ángela) Holguín toda vez que se devela el nivel de complacencia que tiene el gobierno colombiano con el empobrecimiento del bolívar, y con su disposición para afectar al pueblo venezolano.
Recuadro 2
¿Cuál es el fondo del desabastecimiento en Venezuela, la baja producción o el contrabando?
Ejemplifica Juan Carlos Tanus: “Si usted tiene 30 millones de venezolanos, pero además tiene que atender a 17 millones de colombianos con gasolina usted tiene que producir para 47 millones igual pasa con los productos de la canasta básica que no solo es para los venezolanos también está abasteciendo a Colombia por lo menos un 60 por ciento de la población colombiana consume productos venezolanos. Usted cierra la frontera y la primera crisis es la gasolina y la segunda en unos ocho meses va a ser los productos se han surtido de tal forma que aguantarían un bloqueo de 9 meses”.
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