César Jerez, un dirigente joven, urbano, pero ligado al campo colombiano, sugiere en esta entrevista algunos puntos de discusión alrededor de la perspectivas abierta para los movimientos sociales a partir del Paro Nacional Agrario de 2013, el de 2014 y el surgimiento de la Cumbre Agraria como plataforma de unidad campesina, étnica y popular; nos brinda, además, su opinión sobre la articulación de los sectores urbanos más allá de la mera solidaridad con el campo, de la tensión entre las elecciones y la protesta social, evalúa los alcances de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) y aporta su mirada sobre el proceso de paz.
Conversamos con Jerez días antes de las jornadas de indignación llevadas a cabo en todo el país entre el 30 de agosto y el 5 de septiembre, dentro de las cuales el suceso de mayor relevancia estuvo centrado en la toma simultánea a las instalaciones del Ministerio de Agricultura y del Incoder. Aquí su palabra.
dese abajo –da–. ¿Cómo se encuentran las negociaciones entre el Gobierno Nacional y la Cumbre Agraria?
César Jerez –CJ–.El Gobierno prosigue con los incumplimientos. Esa ha sido la actuación oficial: dilatar e incumplir los compromisos y acuerdos firmados como condición para levantar el Paro Agrario del año 2014. La negociación de los 8 puntos sustanciales** ha sido lenta; por eso está en preparación un reclamo al Gobierno a través de una movilización prevista para la primera semana de septiembre. (ver artículo: De la indignación al paro… p. 16).
da. ¿Qué objetivos tienen estas jornadas y cuáles son los alcances esperados?
CJ. Está claro que si no hay acciones de protesta, acciones de hecho, el Gobierno seguirá incumpliendo. Dentro de estas jornadas es de vital importancia que las regiones se movilicen y que la protesta logre tener un impacto claro y contundente sobre el Gobierno Nacional. Vamos a participar en todas las expresiones que se están coordinando, pero consideramos fundamental la acción de hecho como el mecanismo más efectivo para que el Gobierno reflexione y avance en el cumplimiento de los acuerdos.
da. Dentro de la Cumbre Agraria convergen distintos sectores sociales y políticos, fundamentalmente agrarios, ¿cómo elevar la plataforma que es la Cumbre de cara a abanderar líneas de acción y articulación social que trasciendan la perspectiva estrictamente agraria?
CJ. Siempre hemos dicho que la Cumbre Agraria, como referente más importante de movilización social en el país, es toda una oportunidad para aglutinar, para convocar a otros sectores sobre todo del mundo urbano, en el cual hay mucha más dispersión que en el mundo rural, y en el cual sus organizaciones sociales atraviesan una crisis. No es posible desconocer la crisis del sector sindical, que se ha alejado un poco de la agenda política de los movimientos sociales, debiendo izar una agenda mucho más abierta, de cara al país, que sirva de base de lucha por las transformaciones económicas, políticas y sociales que el país requiere. En ese sentido, en esa articulación de lo urbano y lo rural hay mucho por hacer todavía.
da. Un punto significativo del Paro Agrario de 2013 fue la resonancia alcanzada en las ciudades. En ese sentido ¿cómo evalúa o comprende la situación política de los sectores cívico-populares, en cuanto a la movilización en las ciudades?
CJ. En el 2013, después del paro agrario del Catatumbo y del Paro Nacional Agrario, faltó enganchar esas expresiones de solidaridad con lo concreto de nuestras luchas. Esas expresiones de solidaridad debieron tener unos escenarios concretos de confluencia en los barrios, en colectivos, en las organizaciones sociales. El reto es identificar cómo la solidaridad suscitada se materializa en una agenda que se consolide en un accionar político. Nosotros pensamos que ese reto es mucho más grande para las organizaciones urbanas; hay que salir de la crisis de la marginalidad, de la dispersión, hay que construir plataformas conjuntas, y pensamos que la Cumbre Agraria todavía puede ser un referente importante, por ejemplo, en el Frente Amplio por la Paz (Fap). Este podría ser un escenario, un punto de llegada para mucha más gente, pero debemos ser amplios, dejar los sectarismos, dejar los intereses individuales.
da. Adentrandonos en la actual coyuntura política nacional, en las elecciones por realizarse en octubre, ¿qué piensa de ellas? ¿le parece que el momento político generará desconexiones entre organizaciones y eso repercutirá en el eco que genere la movilización?
CJ. No consideraría que deba ser un problema. Por el contrario, y pongo el ejemplo de las Zonas de Reserva Campesina: en Anzorc hemos decidido participar en las elecciones locales y regionales, y lo vemos como una forma de garantizar escenarios propicios para el cumplimiento de los acuerdos y para darle un sostén político a los procesos de paz. El reto por resolver es lograr que esos mecanismos de participación política directa los convertimos en mecanismos de participación electoral formal, y es ahí donde surgen distintas contradicciones, porque la política electoral está viciada. La izquierda electoral urbana es decadente en muchos aspectos y esa manera de hacer política convencional, cargada de vicios, de pactos por debajo de la mesa, de alianzas con sectores que no son éticos ni transparentes, nos hace daño. Pero eso no significa que no se deba participar en elecciones enel actual momento; creo que las elecciones pasadas lo demostraron cuando organizaciones sociales se proyectaron en el escenario electoral y ganaron espacios. El tema de las alcaldías y las gobernaciones es mucho más sensible. Nosotros, como Zonas de Reserva Campesina (ZRC), vamos a ganar varias alcaldías y eso será importante en el plan y acumulado de luchas que venimos gestando desde el campo colombiano.
da. Girando la mirada hacia la política agraria del gobierno de Juan Manuel Santos, ¿qué piensa del Plan Nacional de Desarrollo (PND) impulsado por el Gobierno Nacional para este mandato?¿Qué opinión le merece la política de desarrollo rural en particular?
CJ. Pues es una postura totalmente paradójica la del Gobierno, incluso irresponsable. Todo lo hecho en materia del Plan de Desarrollo y de paquetes legislativos va en contravía del espíritu de los acuerdos de La Habana. El Gobierno actúa como si no hubiera proceso de paz; como si el proceso no implicase reformas en lo económico, lo político y lo social. Promueve, en cuanto al sector agrario, una ley que tiene como fin apoderarse de los baldíos de la nación, que por Ley 160 deben ser para los campesinos sin tierra. El PND fortalece el modelo económico extractivo, la locomotora minera; deja sin espacio la posibilidad de implementar los acuerdos parciales de La Habana. Así que esta es una actitud oficial totalmente contradictoria que nos alarma y nos alerta. Es impensable que si se firma un acuerdo final del proceso de paz, ese acuerdo se configure como un “gran conejo”, no solamente para la guerrilla sino para el país. El Gobierno también debe cumplir los compromisos con las organizaciones campesinas, indígenas y afro, y si esto no ocurre, pues se está lanzando un mensaje bastante ambiguo al país de que aquellos acuerdos por firmarse no se cumplirán.
da. Usted, en uno de sus más recientes artículos (“El falso positivo agrario del gobierno Santos”) plantea varios puntos críticos en la política agraria. Uno de ellos es sobre la Reforma Rural Integral, que aparece a la vista de los colombianos como una democratización del campo, pero que en el fondo existe la iniciativa de crear las Zonas de Interés para el Desarrollo Rural y Económico –Zidres–, que pareciera ser una legalización del despojo a campesinos. ¿Le parece que esto va en una vía de tensionar los alcances que puedan tener las ZRC e incluso un punto crítico con respecto a las movilizaciones venideras?
CJ. Fíjese que uno de los acuerdos parciales en La Habana es la creación de un fondo de tierras para solucionar los problemas de acceso, microfundio o minifundio; y la ley que se está planteando actualmente es el sexto intento del gobierno de Santos por apropiarse de los baldíos y legalizar lo que fue ilegalmente adjudicado a grandes familias, a grandes terratenientes del país, lo que deja sin piso el acuerdo parcial. Es decir, lo que estamos viendo es una esquizofrenia donde el gobierno firma un acuerdo parcial y reconoce que hay un problema estructural de acceso a la tierra, pero por otro lado implementa acciones e iniciativas en el PND y en este proyecto de ley de Zidres que deja sin piso la posibilidad de tener un fondo nacional de tierras. Esto es muy grave, es un mal mensaje. El Gobierno ha planteado la recuperación de unas tierras supuestamente de las Farc en el Caquetá y en el Meta, en los llanos del Yarí, lo que representa un falso positivo jurídico, todo un contrasentido. En aquellos territorios lo que hay es un proceso de construcción de ZRC, fincas campesinas; y lo que busca este falso positivo es dar la sensación que se le está ganando a las Farc en cuanto a las tierras. Pero esas tierras son de campesinos y con esa iniciativa oficial lo que se configura es una nueva modalidad represiva, puesto que los que están viviendo en esas fincas, sus poseedores, van a ser catalogados como testaferros de las Farc, lo cual es muy grave.
da. ¿Qué balance tiene de las ZRC en cuanto a sus objetivos de ordenamiento y desarrollo territorial?
CJ. Tenemos 6 ZRC constituidas legalmente y otras 7 que ya surtieron todo el proceso y trámite administrativo de constitución pero que tienen un veto impuesto por el Ministerio de Defensa que impide su constitución en el Consejo Directivo del Incoder, y además tenemos otros procesos hasta sumar 70 en diferente grado de formación y constitución en todo el país. Nosotros decimos que con ZRC, con el cabal cumplimiento de la Ley 160, como un inicio hacia la reforma agraria, con resguardos indígenas con derechos territoriales ampliados, con territorios colectivos de comunidades negras y con áreas protegidas, estaríamos constituyendo un ordenamiento territorial incluyente, popular, desde abajo, que defienda el territorio, que defienda la tierra. Esto no excluye otras modalidades del ejercicio de la territorialidad. Nosotros, en la Cumbre Agraria, hemos dicho que caben todas las propuestas de territorialidad campesina y que debemos ser concretos y acertados en la forma en que esas nuevas propuestas van a ser incluidas en las negociaciones con el gobierno. Pero la actual correlación de fuerzas nos dice que va a ser difícil imponer una ley que garantice esos territorios, por lo tanto, es mucho más viable pensar en sofisticar la actual reglamentación de la Ley 160 para que esos derechos territoriales campesinos sean reconocidos. También le hemos propuesto al Gobierno la creación de un sistema nacional de ZRC que esté dentro del PND, lo cual en esta oportunidad no se logró, pero la disputa sigue y esa es nuestra meta en el futuro inmediato.
da. ¿Qué percepción tiene sobre el proceso de paz en La Habana, teniendo en cuenta los últimos meses en que tanto el Gobierno Nacional como las Farc tensionaron tanto sus posiciones políticas y militares, hasta colocar en riesgo la permanencia de la Mesa?
CJ. Después de 30 años de intentos por llegar a un acuerdo de carácter político con las Farc, en esta oportunidad hay un avance sustancial, así los acuerdos sean parciales. Ahora, en la negociación el Gobierno ha tenido errores que han minado su capital político frente a la sociedad y el proceso: el secretismo, el aislamiento, el hecho de ventilar propuestas en medios de comunicación sin que hayan sido abordadas en La Habana. Pero hay un error que es mucho más estructural: el enfoque mismo del proceso que tiene un carácter doctrinario-militar. Las Farc sí quieren firmar un acuerdo; personalmente estuve reunido todo un día en La Habana abordando el tema de las ZRC y ellos me manifestaron directamente esa voluntad. Ahora, las Farc quieren firmar un acuerdo final a cambio de transformaciones mínimas en lo económico, lo político y lo social.
da. ¿Cómo juega ahí el tema del cese bilateral de fuegos?
CJ. Ya lo han dicho ellos, si no hay un cese bilateral al fuego va a ser muy difícil que haya un ambiente favorable a la firma de los acuerdos, a la retoma de los asuntos pendientes en lo que va negociado. El Gobierno se metió un harakiri de tiempo, un cronometro de 4 meses. Pero nosotros, en Anzorc, estamos optimistas en que esas trabas pueden superarse; el camino es retomar los asuntos pendientes, llegar a una medida concreta y definitiva sobre el desescalamiento, que es el cese al fuego. Además, lograr que el tema de justicia no se pierda, ya que hay toda una propuesta sobre justicia restaurativa que está sobre el tapete y, finalmente la refrendación, que es vital para los acuerdos con las Farc, pero también lo será para los acuerdos con el Eln, y también para los acuerdos del Gobierno Nacional con el movimiento campesino, indígena y afro. Nosotros necesitamos un escenario en el horizonte, donde los acuerdos con los movimientos sociales y las guerrillas sean incluidos y tengan un marco normativo y constitucional, y en ese sentido solamente hay una posibilidad y es la Asamblea Nacional Constituyente.
da. ¿Qué opinión le merece la manera en que se ha dado esta primera fase de acercamiento entre el Gobierno y el Eln?
CJ. Bueno, pienso que la fase de acercamientos, la fase no pública, debe ya culminarse, debe iniciarse la negociación entre el Eln y el Gobierno. Nosotros como Anzorc, de manera pública hemos manifestado que las partes deben ceder para lograr una agenda marco inicial, en tanto no se puede dejar pasar el tiempo. A este Gobierno le quedan 3 años que en términos de negociación es un tiempo escaso. Pareciera que el Gobierno tiene una posición doctrinal militar con el Eln, considerando que si las Farc no están van a poder aniquilar al Eln en poco tiempo, lo cual, ya lo sabemos por historia, es una postura totalmente irracional. Lo que queda aquí, son las soluciones políticas y por eso nosotros estamos reclamando a las partes el inicio del proceso. Como Anzorc, cuando se dé el inicio del proceso vamos a ser los primeros en reclamar la participación en el mismo, llevando allí nuestras propuestas y diagnósticos y sirviendo de enlace a las formulas que solucionen el conflicto en el campo colombiano.
da. ¿De qué manera los movimietos y organizaciones sociales, así como las políticas pueden arrebatarle la noción de paz al Gobierno Nacional de Juan Manuel Santos, que pareciera ser una paz excluyente que no plantea grandes reformas para resolver los problemas estructurales del país y del campo?
CJ. Pienso que la paz estructural, la paz con justicia social, es la que está trazada aquí en la Cumbre Agraria. Si se revisan estos 8 puntos de la agenda de negociación con el Gobierno, son puntos de carácter estructural que implican política pública transformadora, no sólo para el campo sino para todo el país. La Cumbre Agraria tiene el potencial para contar ya con una agenda conjunta, de aglutinar sectores campesinos, indígenas y afros, pero le queda el reto de coordinar la movilización. Sólo la acción de la movilización va a lograr que alcancemos una paz con justicia social, incluyente y que tenga en cuenta la agenda que se está proponiendo desde la Cumbre Agraria.
* Coordinador de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina a nivel nacional; integrante de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra.
** Los puntos que trata la agenda son: 1. Tierras, territorios colectivos y ordenamiento territorial; 2. La economía propia contra el modelo de despojo; 3. Minería, energía y ruralidad; 4. Cultivos de coca, marihuana y amapola; 5. Derechos políticos, garantías, víctimas y justicia; 6. Derechos sociales; 7. Relación campo-ciudad; 8. Paz, justicia social y solución política.
Leave a Reply