Alexander Tibacuy está acusado de varios delitos y se encuentra en la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá. La Fiscalía lo sindica de varios hechos, pero ninguno de los que realmente cometió están en su expediente:
Es responsable, asimismo, de luchar con y por los campesinos de Arauca en el paro agrario que sacudió al país hace más de dos años, pero que en ese departamento solo fue levantado cuando el Gobierno reconoció por decreto el pliego de peticiones que, entre otros puntos exigía reconocer y resarcir el daño que multinacionales y Gobierno ocasionaron contra el departamento y sus gentes.
Con su lucha ayudó a demostrar el crimen étnico del Estado colombiano y las multinacionales contra la comunidad indígena Sicuany a quienes desplazaron de sus tierras para poder llevar a feliz culmen el oleoducto Caño Limón Coveñas. Hoy los integrantes de ese grupo étnico viven de las limosnas que la gente les regala en las poblaciones de Arauca.
Igualmente es responsable de acusar al Gobierno de su incumplimiento en los pactos que se lograron en esa jornada; pero el peor delito de esta larga lista fue meterse con la Oxxi que es peor que meterse con los hijos de Uribe.
A la multinacional la acusó con pruebas, ante la Fiscalía general de la nación, del desastre ecológico que generó en su departamento donde acabó con el agua de por lo menos el setenta por ciento de las fuentes hídricas que recorren este territorio, y su consecuencia lógica: matar cualquier vestigio de fauna acuática. Hoy, en este departamento, nadie puede disfrutar de un pescado, cuando desde siempre, y hasta pocos días antes del desastre, eran parte de la nutrición de los araucanos.
Son muchos los hechos que lo convierten en un ser realmente peligroso para que siguiera transitando por las calles, veredas y carreteras de su departamento, en una época en que ser líder social es el peor crimen que una persona puede cometer. Por eso, cuando Alexander Tibacuy fue elegido presidente de Asojuntas de Tame, su vitalidad y activismo lo llevaron a ser el presidente de la Federación de Juntas de Arauca, la organización que aglutina los movimientos cívicos del departamento; entonces los organismos represivos del Estado entendieron que había que frenarlo… y así lo hicieron.
La guerra sucia
La campaña en su contra tomó forma por diferentes medios, entre ellos la página de Facebook de nombre “la llanerita” donde lo señalaban como integrante del Ejército de Liberación Nacional –Eln– y donde publicaron fotos de la junta directiva de Asojuntas argumentando que eran parte de esa organización insurgente.
No bastó con esto. También recibió llamadas amenazantes a su celular desde diferentes números telefónicos, reivindicadas por grupos paramilitares; tratando de verificar quiénes hacían las llamadas pudo constatar que sus llamadas siempre fueron contestados por la misma persona.
Preocupado por la gravedad de los hechos decidió presentar demanda ante la Fiscalía General de la Nación, obteniendo lo mismo que ya había logrado con la denuncia del desastre ambiental: Nada. Con la gran diferencia que la foto y documentos que copió de “la llanerita” la Fiscalía las utilizaría varios meses después en su contra.
Más cargos. Como integrante del comité ejecutivo de la organización comunitaria había pactado con las multinacionales que en la contratación de la mano de obra tendría prioridad la gente de la localidad, pacto que se cumplía a cabalidad, incluso varias de esas empresas ofrecían con frecuencia alguna solución a los requerimientos de los organizaciones sociales.
Según la Fiscalía General de la Nación, esas solicitudes hacen parte de los delitos cometidos por esas organizaciones contra las multinacionales, pues tales hechos hacen parte de una serie de pruebas del “boleteo” que el Eln llevaba a cabo en la región.
Más “pruebas”. Fue la multinacional inglesa Sicim la que entregó treinta sillas plásticas de un valor de menor de 8 mil pesos por cada una de ellas, convirtiendo la Fiscalía tal suceso en otra prueba dentro de la maraña jurídica en la que se encuentra.
En esa manipulación de pruebas, la Fiscalía encontró una “gruesa suma de dinero” en las cuentas de Tubacuy, un poco más de ciento treinta millones de pesos que, según ellos, coincidía con el paso de tractomulas y maquinaria de la Sicim por los retenes o bloqueos realizados por la comunidad en el paro campesino. Entonces se cerró la tenaza.
Asesinados, desaparecidos y secuestrados
Los líderes del paro campesino que conmovió al país hace dos años, son hoy el blanco perfecto para cualquiera de estas tres realidades que afectan a los sectores populares: crímenes: unos seis han sido asesinados en todo el país, otros cuatro han sufrido un crimen de lesa humanidad: la desaparición forzada y por lo menos 20 han sido acusados, detenidos y encarcelados, en una campaña que más parece un secuestro masivo por fuerzas del Estado. Alexander Tibacuy está en este grupo, claro, luego de salvarse de varios intentos de asesinato y de andar con escoltas, por lo que nunca lo pudieron desaparecer.
Las leyes en países como Colombia son como las telarañas, fáciles de romper por los fuertes, pero enredan y atrapan a los débiles. Hoy, desde la cárcel, lucha en contra de las redes que día a día lo intentan enredar más y más.
Demostró que los más de cien millones de pesos encontrados en su cuenta no hacen parte de alguna comisión ilegal, sino de un préstamo bancario debidamente conseguido, por lo que la Fiscalía, pese a lo ingentes esfuerzos por quitárselos, no pudo más que tragarse su afán.
La Procuraduría General. Ese ministerio público, que en manos de Ordoñez ha sido nefasto para los derechos humanos y los opositores al régimen, conceptuó que las gestiones de las organizaciones sociales de Arauca fueron legales y no corresponden a ningún tipo de boleteo.
Y lo mejor: el supuesto paso de maquinaria por parte de la Sicim en el paro campesino nunca existió, según lo certifica el mismo Ejército Nacional en un documento que responde un derecho de petición donde se le pide explicación por el paso de esa maquinaria. En él responde que nunca pasó por allí, durante aquellos días, tal grupo de tractomulas, como lo asegura a patas y manos el ente acusador.
Por su parte la Fiscalía insiste en mantenerlo retenido o mejor “secuestrado” en las cárceles nacionales, esgrimiendo una fotografía que lo señala como integrante del Eln, la misma fotografía que Alexander Tibacuy copió de la página “la llanerita” de Facebook y entregó a la Fiscalía en la denuncia que por calumnia sustentó ante ese ente acusador, y de la que nunca consiguió nada, más allá de que la prueba por él presentada, fuera utilizada luego en su contra por quien debiera proteger sus derechos e integridad.
Todo esto como parte de una gran campaña empleada desde hace años, con todo éxito, por parte de las instituciones represivas del Estado en contra de sus opositores, como lo vive hoy el profesor Miguel Ángel Beltrán o los más de veinte mil zarcos, negros, gordos y demás remoquetes que emplean los entes acusatorios y que hoy le cuestan al país más de 30 billones de pesos en demandas por acusaciones y procesos basados en la calumnia. Mientras Alexander Tibacuy llega al reconocimiento de su inocencia y libertad, seguirá secuestrado por un Estado que ejerce una justicia de medios de comunicación.
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