La privatización de los bienes públicos de quienes habitamos Colombia fue iniciada con todo vigor durante los años noventa del siglo XX, en el gobierno de César Gaviria, el mismo que saludó al país con aquel eufemístico “Bienvenidos al futuro”. La “modernización” de la economía fue el eslogan inmediato de los políticos, periodistas y académicos convencionales que se sumaron, casi en su mayoría y de forma automática, a los principios impuestos por los organismos multilaterales que hicieron del “mercado” el deus ex machina llamado a conducirnos a un mundo de ensueño. Sostenían, sin el menor asomo de sonrojo, que el “dejar hacer” de los padres del liberalismo diesochesco, envuelto en jerga seudotécnica, en muy poco tiempo nos haría parte del llamado primer mundo. Un cuarto de siglo después, las distancias con el centro capitalista se amplían y la reprimarización de la economía nos pone en una innegable situación de volatilidad nunca antes conocida.
Desde aquel cuatrenio, hasta el presente en que gobierna Juan Manuel Santos, han transcurrido veinticinco años y cinco presidentes, todos los cuales han desarrollado los mandatos del modelo económico, social y cultural bautizado como neoliberalismo. Con su plumas han firmado los decretos y leyes que permitieron la venta de empresas situadas en renglones estratégicos vitales para el bienestar de todos los connacionales, tales como: energía, telecomunicaciones, puertos, salud, educación; antes de ellos y para permitir el negocio privado, también fueron desmontados los ferrocarriles nacionales y la flota naviera del país.
Desde allí, gobierno a gobierno, vienen aprobando y operativizando las reformas que dieron paso a la legalización de la informalidad laboral –subcontratación o trabajo temporal– como política social, a la extensión del horario nocturno de trabajo sin valorarlo como horas extras, a la quiebra del campo al legalizar la importación desmedida de todo tipo de alimentos, al desmonte de subsidios que blindaban algunos renglones de la economía nacional ante el poder de las empresas multinacionales, potenciadas y protegidas por diversos Estados –llegando por esa vía a la perdida de la soberanía alimentaria–; a la renuncia del proyecto de Estado-nación, vinculado regionalmente, consolidado en renglones básicos de la industria; a la autorización de la subcontratación de todo tipo de servicios –hasta para la guerra– con los cuales los privados se enriquecen a costa de la construcción de obras o de asesorías de diversa índole, para lo cuales el Estado entrega miles de millones con los cuales podría, perfecta y directamente, hacer lo mismo o mejor a menor costo, potenciando trabajo estable, bien pago y útil para el fortalecimiento de miles de familias criollas a la par de la cohesión del conjunto social nacional.
La firma de desiguales Tratados de Libre Comercio, que someten a la Nación a injustas relaciones comerciales, jurídicas, financieras y de otros órdenes ante diversidad de Estados y sus grandes empresas, también son parte de este modelo que, argumentado desde la superación de la ineficiencia y corrupción estatal dio paso a la ineficaz gestión y administración privada, con la cual se enriquecen unos pocos, sin importar las consecuencias de tan grotesca visión de la vida ni el ahondamiento y prolongación hasta lo inimaginable de la brecha social que caracteriza a Colombia.
De la mano de su gestión la contracara de la corrupción estatal se dejó ver tal y como es. La corrupción desmedida de particulares (como empresa o individuo), que ha sometido a los pobladores de diversas ciudades y regiones del país a padecimientos cotidianos, mala calidad de vida y en ocasiones hasta la muerte, producto del mal funcionamiento –y hasta cierre– de centros de salud, acueductos, empresas de energía, sistemas de transporte, además del constante incremento de tarifas para acceder a diferentes servicios, los que deben ser cancelados por los ahora considerados clientes para poder gozar de lo que antes podía entenderse como un derecho humano fundamental o un factor básico para acceder a vida digna.
Con los hechos como prueba, la falsa premisa que las organizaciones estatales son, por principio, ineficientes y corruptas y las organizaciones privadas eficientes y transparentes, quedó desmentida por los hechos. Desde el mismo proceso de enajenación de las empresas del Estado la corrupción de los privados fue evidente. Pese a ello, hoy pocos recuerdan, por ejemplo, que cuando fue privatizada la Empresa de energía eléctrica de Bogotá, quienes la apropiaron, de forma inmediata, la descapitalizaron en 4 billones (millones de millones) de pesos de la época, en uno de los fraudes más grandes hecho a los intereses de la capital del país. La apropiación sistemática de los recursos de la salud, en un desangre continuo del patrimonio social, es otra de las herencias de ese mundo de “fantasía” y “transparencia” que nos prometía el paradigma de la “modernización de la economía” y que hoy se soporta como si de un orden natural se tratara.
Las consecuencias de este modelo de muerte están a la vista: una sociedad desgarrada, cada vez más polarizada, con la delincuencia de lo que podríamos llamar “cuentas menores” multiplicada por calles y veredas, haciendo así realidad aquel adagio de “sálvese quien pueda”. Y no es para menos, ante el abandono estatal de algunas de sus principales funciones los “zorros saltan las cercas”. Los efectos culturales de este modelo son desastrosos y nadie los puede ocultar, lo único a que atina el sistema es a ahondar el control social y la violencia oficial (ver suplemento).
Pese a lo evidente parece que la clase dominante ni sus gobernantes de turno aprenden la lección. A pesar de sus discursos sobre justicia y cohesión social, persisten en entregar a los privados los bienes que son del conjunto social; sin duda y como dicen en el campo, “vaca ladrona no olvida el portón”.
De esto da cuenta la medida tomada el pasado 10 de septiembre por el Consejo de Estado, al dar a conocer su concepto con el cual autoriza la venta de Isagen, uno de los pocos bienes públicos eficientes y rentables que aún permanecen bajo control estatal. Según el ponente, magistrado Hugo Bastidas de la Sección Cuarta de la Corporación, la venta es legal y no afecta a la Nación, autorizando al mismo tiempo el gasto del dinero que recaude fruto de su venta por parte del Gobierno Nacional.
Así, con esta decisión, la suspensión provisional de la venta de la energética, promulgada el pasado 14 de mayo, producto de los alegatos interpuestos por diversas personas en contra de los decretos 1609 y 2316 de 2013 –que permiten la enajenación del 57,61 por ciento de acciones que posee la Nación de la empresa–, queda levantado. Ahora su venta es cuestión de meses.
Queda el gobierno Santos, de esta manera, con manos libres para recoger e invertir en las llamadas vías 4G, cinco billones y algo más de pesos, una inmensa masa de dinero que le permitirá a su Vicepresidente liderar su prevista campaña electoral en el 2018. Con tal inversión espera el Gobierno, además de garantizar que su modelo de país gane continuidad, cumplir con las exigencias de las multinacionales en su afán por interconectar por vía terrestre y acuática el norte con el sur del Continente. Vaya paradoja, ¿acaso cuando se entregó la red vial principal del país en concesión al sector privado no prometieron que el Estado iba a liberar recursos para otras necesidades sociales, a través de esa estrategia? ¿Que el país sería atravesado en todos los sentidos por autopistas de primer orden no fue otra de las promesas del modelo neoliberal? ¿Quién responde por el hecho que un cuarto de siglo después tengamos una de las infraestructuras viales más atrasadas del Continente? Falsas promesas, neoliberalismo y manipulación.
Dándole continuidad a tal modelo económico, político y social, ahora pasan a privatizar una empresa como Isagen, que genera recursos permanentes, para invertir en un sector al que, se nos decía, afluirán capitales externos luego que se garantice su manejo y explotación al sector privado, ¿no deja de ser esta una de esa ironías con las que suelen cerrarse los capítulos de las equivocaciones intencionadas de unas élites siempre dispuestas a la entrega, y de una sociedad muy poco amiga de la crítica?
La medida esta legalizada pero aún hay mucho por hacer y liderar por parte de diversidad de sectores sociales ante tal anuncio, pero por el momento la enseñanza para todos, una vez más, es que lo jurídico es un recurso pero lo fundamental a la hora de pretender impedir una medida antipopular por parte del Estado es la resistencia colectiva y callejera. Aunque el recurso es viable, no basta con los alegatos jurídicos, pues lo que está en debate no es el respeto o violación de una u otra norma legal, como lo sustenta el Magistrado ponente, sino la pertinencia o no de la venta de una recurso público fundamental como el que concentra y administra Isagen, tras el cual descansa el debate sobre soberanía nacional y otros anexos al tema de Estado y Nación.
La democracia, y su viabilidad también está presente pues una decisión de este tamaño no le corresponde tomarla ni a un equipo de Gobierno ni a un Tribunal, sino al conjunto nacional. Lo que evidencia este tipo de medidas y decisiones, lo que desnuda, es que la democracia formal que reina en Colombia está totalmente viciada y llamada a ser superada. Cómo no. Este tipo de medidas exige la implementación de una democracia refrendataria, es decir, una que permita que el conjunto de habitantes de un país dado tenga la potestad de decidir cómo proceder finalmente ante el intento de un Gobierno por enajenar, transferir, transformar, etcétera, recursos fundamentales de los cuales depende el bienestar del conjunto social. Mucho más aún cuando el Presidente de turno no difundió, defendió y sustento tal medida en el curso de la campaña electoral que lo llevó a la Casa de Nariño.
Mientras el debate asume su curso, sin dar el brazo a torcer, hay que valorar esta decisión de los jueces, avalando las pretensiones y planes oficiales, además como la oportunidad para que los movimientos sociales refresquen ante el país el debate sobre neoliberalismo, democracia y modelo social que requieren los más de 48 millones de habitantes de Colombia para mejor vivir, cohesionados, en deliberación permanente, y abiertos e integrados solidariamente a su región.
Reto inmenso. Hay que defender a Isagen como patrimonio colectivo e impedir su venta. Hay que derrotar el modelo neoliberal para que este tipo de medidas no vuelvan a tomarse.
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