Oportunidad, se dice. Pero muchas promesas y exclusiones sociales, no suficientemente advertidas, han quedado a la vera de una acción efectiva de gobierno. En Colombia, en la coyuntura abierta y en desarrollo que vivimos desde hace unas semanas, aunque sin claridad y conducción y no solo en discurso, todos los escenarios son accesibles y factibles.
Estamos ante una realidad en intensa y abierta controversia –con márgenes de disputa– en la cual la correlación de fuerzas, con disminución notoria de la plaza que convoca el Presidente, muestra una escena parcial que puede girar a izquierda o derecha. Un punto intermedio es improbable. Es decir, una negociación que deje en tablas el escenario es lo que menos se avizora, ya que tal incertidumbre sería más útil para el Gobierno, que con un poco de tiempo a favor podría insuflarle más aire a su agenda 2026, ya en desarrollo: los cambios en el Departamento Nacional de Planeación y el Departamento de Prosperidad Social, y la apurada referencia al “modo constituyente” son parte de ello.
Se trata de una coyuntura abierta por el momento que vive el paquete reformista en el Congreso. Una pretensión de recuperar algo de justicia para los de abajo, entrabado en la oposición de los de siempre y que coloca en aprietos al Gobierno, que patalea para no permitir que el sol empieza a calentarle su espalda, cuando apenas está cerca de cumplir su segundo año de gestión. Disputa abierta. Así lo comprenden las dos partes. Por el lado opositor saben que, de ahogar las propuestas, el Gobierno del Cambio quedará como el de la continuidad, el de las promesas incumplidas, y en una pendiente por debajo de las aspiraciones de lograr en el próximo ejercicio electoral su aprobación hasta el 2030. En la Casa de Nariño son conscientes de ello, con un junio cerca, cuando finaliza la actual legislatura, como su límite de tiempo. De ahí, y en medio de un territorio creciente del conflicto armado, la pretensión de un Acuerdo Nacional tiene cada vez más requisitos, mucho más que un titular. Es improbable, por tanto, que cuaje una maniobra, esta u otra que logre ambientar el gobierno, no imponer, en las próximas semanas, que en algo evite que, al cumplirse los dos años de gestión, el sol le caliente las espaldas.
En medio de esa disputa, ahora subida de palabras tras las cifras de la elección regional del 29 de octubre, el Senado le pone un jaque a la reforma a la salud presentada, y el presidente Gustavo Petro reacciona “huyendo hacia adelante”, como le es característico. La intervención de dos EPS y la amenaza de seguir con las restantes sorprende a sus contrarios y marca un paréntesis en las cargas, quedando la posibilidad de una negociación sobre el litigio. Se trata de una reacción con resultados contradictorios, toda vez que asumir grupos poblacionales cada vez más numerosos, de un momento para otro, no es algo para lo cual estuvieran preparados el Ministerio del ramo y ninguna de las instancias oficiales. En esas condiciones, cualquier atención mediocre o mala que afecte a alguien será endilgada a la ‘estatización’ del sistema de salud y afectará el discurso presidencial.
Es esa una realidad aireada por los medios oficiosos, para los que el fracaso de la transformación del sistema de salud es el resultado final que padecerá la sociedad colombiana. Tal afirmación, abierta o encubierta, obliga al Gobierno a conseguir un acuerdo sobre la agenda de intervenciones de altos funcionarios, relacionadas con la reforma negada por el Congreso y lo favorable de las medidas hasta ahora tomadas. No hay tiempo que perder. El error de no haber contado con el movimiento por la salud desde el propio instante en que se pensó el articulado de la reforma y su difusión, poca o mucha por el territorio nacional, es una realidad que pesa mal en lo alcanzado hasta ahora y en lo posible de lograr en el futuro inmediato. Corregir es el camino.
Por supuesto, la maniobra oficial ante las mayorías anticambio en el Congreso y de sectores de opinión suscita airadas reacciones que pesarán sobre el resto del paquete en trámite, y otras reformas por entrar a discusión en una u otra comisión del Congreso. De ello también son conscientes en el Gobierno. Una respuesta rápida, como la que se empieza a ventilar de un necesario beneplácito para un perdón generalizado, y que implicaría otro acuerdo por arriba, es la basa que esgrime la oficialidad. Una maniobra así puede romper los acuerdos existentes entre los partidos tradicionales para cerrarle el paso a las reformas: todos tienen rabo de paja, y todos necesitan borrón y cuenta nueva.
El aspecto más negativo de este proceder es que nuevamente se opta por el acuerdo desde arriba con el establecimiento, quedando marginado el país de abajo, como invitado de piedra; pero, por otro lado, excluidos del mismo los de ruana, sin perdón ni reducción de penas. Se trata del alto ingrediente de una realidad que proyectará un mensaje negativo en el cuerpo social: “Son los mismos con las mismas”, dirán. ¿Es posible que lo propuesto incluya a los marginados? Y, de ser así, ¿cómo evitar que el Gobierno cargue con la culpa de una posible inseguridad en ascenso? ¿Cómo evitar que lo sindiquen de amigo del crimen y de la criminalidad? ¿Cómo evitar que el problema de la inseguridad, cada vez más ventilado, termine como factor negativo en la agenda electoral que se avecina? En los interrogantes que se pudieran presentar está dibujada una realidad que maniata al Gobierno y niega esta posibilidad.
Estaríamos entonces frente a un acuerdo por borrón y cuenta nueva, previo otorgamiento de facultades plenas al Presidente, hecho poco factible, pero en todo caso un amaño que complementa pero no articula la iniciativa del “modo constituyente”, que se trata de un amplio debate y movilización nacional en procura de un sujeto social del cambio y que tiene en su contra el ser una iniciativa de arriba abajo, con eco solamente entre el activismo y sus sectores sociales de influencia. Por lo pronto, la precaria movilización del 9 de abril brinda una primera luz sobre las dificultades que deberá enfrentar esta convocatoria, cada vez una especie de llamado repetido a organizar y multiplicar fuerzas y enfilarlas hacia el año 2026.
Desde luego, las fuerzas del establecimiento son conscientes de esto. Saben que el Gobierno carece de suficiente fuerza electoral –ni interés– por llevar este ‘transcurso’ constituyente a una consulta electoral. Los hechos le marcan desde ahora sus ritmos y fronteras. Al suceder así, la orientación de la Casa de Gobierno se dará contra la pared de la realidad, la misma que está asociada a inmovilidad y falta de liderazgo autónomo en lo social, como resultado de un inexistente espíritu crítico, proyección y articulación del modelo social, económico y político por construir. Es, pues, este, un fenómeno de esperar y no hacer y que, en vez de potenciar la estructuración de las fuerzas del cambio, va dejándolas dispersas, y, de manera contradictoria, depositando en el inquilino de la Casa de Nariño la supuesta triple cualidad de Presidente, líder del partido de gobierno y caudillo social, conductor de la muchedumbre un tanto pasiva.
Este estado de cosas de desorden y concentración de poderes deja abierto el camino para que la oposición actúe con iniciativa. Consciente esta de ello, el escenario más factible es que se enconche y bloquee el trámite de las reformas. ¿Qué cartas jugaría el presidente Petro en el plano de las reformas laboral, pensional y educativa? ¿Cómo pesará en todo ello la agenda de Paz Total? ¿Podrá reaccionar con otra “huida hacia delante”? ¿Reaparecerá una fuerza social activa que haga girar la coyuntura a favor del cambio y romper el escenario de una controversia arriba, insensible con muchas angustias y marginaciones?
Si bien el mundo de abajo tiene la palabra, no se le pueden endilgar los desaciertos de conducción que conlleven resultados negativos, derivados de la coyuntura en desarrollo.
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