La juventud se mantiene en el centro de la crisis social que pervive en Colombia. En 2024, los jóvenes desempleados suman alrededor de 1,2 millones; los “ninis”, quienes se encuentran por fuera de los sistemas laboral y educativo, agrupan a 3 millones. En total, 4.190.000 hombres y mujeres con edades entre los 14 y los 28 años se encuentran en condición de desempleados o “ninis”, esto es, una tercera parte del total de población adolescente y joven del país. Una crítica realidad abordada a profundidad en este artículo.
Utopía y distopia son las caras de la misma moneda. Dos relatos de signo opuesto. “Utopía” designa un mundo ideal donde todo es perfecto; distopía representa una sociedad futura de características negativas causantes de la alienación humana. La literatura apocalíptica describe a sociedades que prometen felicidad, pero sus regímenes económico y político provocan miseria, violencia y desconfianza pública. La Constitución colombiana publicita la utopía, esto es, una existencia digna para todos y todas; pero la realidad es otra, su juventud vive la distopia en su día a día.
Utopía
De acuerdo con la definición dada por el Estatuto de Ciudadanía Juvenil de 2013, joven es toda persona entre 14 y 28 años cumplidos en proceso de consolidación de su autonomía intelectual, física, moral, económica, social y cultural que hace parte de una comunidad política y en ese sentido ejerce su ciudadanía (artículo 5º). Del total de la población colombiana en 2014 (52.628.000 personas, según estimación del Dane), los jóvenes representan una cuarta parte del total, esto es, 13,2 millones; 50,4 por ciento hombres y 49,6 mujeres.
Treinta y dos años después de promulgada la Constitución de 1991, y tras la implementación por parte de seis gobiernos (Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe, Santos y Duque) de diversos enfoques, programas y estrategias enfocados en este sector poblacional, el artículo 348 de la Ley 2294 de 2023 mediante la cual se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de Vida”, creó el “Programa Nacional Jóvenes en Paz”. El objetivo es la implementación de una ruta de atención integral a la juventud entre los 14 y 28 años de edad que se encuentran en situación de extrema pobreza, jóvenes rurales, explotación sexual, vinculados a dinámicas de criminalidad y en condiciones de vulnerabilidad en territorios afectados por la violencia y el conflicto armado que han sido históricamente marginados y excluidos, implementado en todo el territorio nacional, mediante acciones en los ámbitos de la salud emocional, mental y física, educación, familiar, comunitario, deporte, recreación, ocupación, empleo, emprendimiento, arte, cultura y formación de la ciudadanía.
“Jóvenes en Paz” tiene como antecedente un programa que fue concebido para 10 mil jóvenes en Bogotá durante la alcaldía (2012-2015) del hoy presidente Gustavo Petro.
La meta para el desarrollo del Programa Nacional durante el actual período de gobierno es la atención de 100.000 jóvenes (0,8% de la población joven de Colombia) de conformidad con los criterios de focalización territorial e individual. El artículo 21 del Decreto 1649 de 2023 “Por el cual se reglamenta el artículo 348 de la Ley 2294 de 2023, que crea el Programa Nacional Jóvenes en Paz”, establece que el mismo contará con los componentes de educación, de corresponsabilidad o trabajo comunitario en su municipio, de emprendimiento, asociatividad y empleabilidad, el de atención integral en salud con énfasis en salud mental y el componente de transferencias monetarias condicionadas y temporales para la creación de la ruta integral para la garantía de derechos de los y las jóvenes beneficiaros/as del Programa.
La modestia no es virtud del gobierno presidido por la alianza política “Pacto Histórico”. De acuerdo con la publicidad estatal: Jóvenes en Paz es la respuesta del Gobierno del Cambio a una juventud que no tiene oportunidades reales de construir un futuro en igualdad, dignidad y legalidad. Con arrogancia afirma Gareth Sella Forero, Viceministro de la Juventud del Ministerio de Igualdad y Equidad, “Este programa es la mayor apuesta que un gobierno haya hecho en la historia por la juventud del país”. La ignorancia es atrevida, en la Constitución de 1991 quedó plasmado en el artículo 45: i) El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral; ii) El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud. Desde entonces, “ha corrido mucha agua bajo el puente”: dos leyes de juventud se han promulgado con sus respectivas políticas nacionales de juventud: i) Ley 375 de 1997; ii) Ley Estatutaria 1622 de 2013.
Pese a lo publicitado, la realidad es precaria y pertinaz. Las políticas públicas de juventud hacen parte de las metas “duras” del desarrollo que la enfocan. Transcurrido año y medio de ejercer el gobierno, el aludido Plan “Jóvenes en Paz”, con su insuficiente meta de 100 mil beneficiarios, apenas ha pre-inscrito cerca de 10 mil jóvenes (10% de la meta establecida); de ellos, el Departamento Nacional de Planeación aprobó el ingreso de 4.841 de los cuales 934 ya firmaron el Acuerdo de participación y corresponsabilidad, que es un requisito fundamental para su participación en el programa y sólo 711 (0,7% de la meta total) están participando efectivamente.
El artículo 14 del Decreto 1649 de 2023 establece que el Ministerio de Igualdad y Equidad conformará y presidirá el Comité Directivo del Programa Nacional Jóvenes en Paz. Del presupuesto que tiene asignado para el año 2024, el Ministerio de la Igualdad ha ejecutado menos del 1 por ciento. En efecto, de acuerdo con el Portal de Transparencia Económica (PTE), la cartera ‘más joven’ del Gobierno ha empleado apenas el 0,14 por ciento del dinero que tiene disponible, convirtiéndose así en la de menor ejecución. El Minigualdad, entidad liderada por la vicepresidenta Francia Márquez, tiene una apropiación de un billón ochocientos mil cuatrocientos cincuenta y cinco millones de pesos, cifra que se encuentra entre las 10 más altas de la administración actual. De ese monto, tiene proyectado para su uso en esta vigencia 6.582 millones de pesos, que apenas corresponden al 0,37 por ciento del total presupuestado. Según lo establece la legislación, de no utilizarse los recursos antes del 31 de diciembre este dinero “expira”, por lo que ya no podrá usarse, ni comprometerse, ni adicionarse. En contraste, el Minigualdad es prolífico en la promulgación de innumerables decretos; ideología y ficción burocrática: “la superestructura jurídica es la determinante principal de la realidad”.
Para agravar la situación, el pasado 8 de mayo la Corte Constitucional tumbó la ley con la que se creó el Ministerio. La Corte manifestó que el Congreso de la República no llevó a cabo el análisis de la sostenibilidad fiscal de la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad. Actualmente, el Minigualdad cuenta con siete viceministerios (entre ellos el de Juventud) y 750 funcionarios. En consecuencia, el “Programa Nacional Jóvenes en Paz” queda en un limbo institucional, si bien el Ministerio podrá operar durante dos periodos legislativos adicionales.
Distopia
El sociólogo alemán Ulrich Beck (1944-2015) se refiere recurrentemente al concepto de sociedad de riesgo como el factor principal de la sociedad moderna. Define riesgo como el rasgo que “caracteriza un peculiar estado intermedio entre la seguridad y la destrucción”. En sus términos, es la “fase de desarrollo de la sociedad moderna donde los riesgos sociales, políticos, económicos e industriales tienden cada vez más a escapar a las instituciones de control y protección de la sociedad industrial”. Según Beck, ya no es lo que cada cual posee o lo que cada cual es capaz de hacer lo que determina su posición social y su futuro; en la actualidad, ello viene condicionado mucho más por el lugar en el que vive y por aquello de lo que vive y también por la capacidad de los demás para contaminar su entorno1.
Como constancia de ello, la existencia de la juventud colombiana transcurre en una sociedad de riesgo; afrontando peligros complejos, variados y abigarrados: empleo precario, pobreza, violencia e incertidumbre.
Ninis y precariedad laboral
El desempleo involuntario es una característica del capitalismo. En los jóvenes, los desempleados constituyen un grupo social diferentes de los “ninis”, personas excluidas de los sistemas laboral y educativo. Los desempleados están en edad de trabajar, quieren, necesitan laborar y buscan activamente, pero no encuentran empleo. Los “ninis también están en la fuerza de trabajo pero han caído en la trampa de la “desesperanza aprendida”: un estado en el que el individuo no emite respuestas para evitar la estimulación aversiva, ya sea porque no encuentra ningún reforzador ante la conducta de escape, o bien porque le es imposible escapar. En 2024, los jóvenes desempleados en Colombia suman 1,2 millones; los “ninis” agrupan a 3 millones de personas con edades entre los 14 y los 28 años. En total, 4.190.000 jóvenes se encuentran en la condición de desempleados o “ninis” (31,8% del total de población adolescente y joven del país).
La población en edad de trabajar (PET) de Colombia en el año 2024 es de 39,9 millones. La Población en edad de trabajar (PET) de 15 a 28 años es de 11,2 millones; esto es, 28,1 por ciento del total. La fuerza de trabajo juvenil suma 6,2 millones de personas (55,1% de la PET juvenil); por tanto, 5 millones se encuentran por fuera de la fuerza de trabajo (44,9% de la PET juvenil). El 80,7 por ciento de la fuerza laboral juvenil se encuentra ocupada y el 19,3 por ciento desempleada.
Ninis. Se conoce como tal a los adolescentes y jóvenes que estando en condiciones de hacerlo no estudian ni trabajan debido a la falta de oportunidades o de motivación.
Para el total nacional, en el trimestre móvil septiembre-noviembre de 2023, la población de jóvenes entre 15 y 28 años que no estudiaba ni se encontraba ocupada fue de 2,5 millones. Esto representó el 22,1 por ciento de quienes estaban en edad de trabajar para dicho rango de edad. En por ciento, por sexo, esta relación para los hombres fue 7,3 y para las mujeres de 14,8.
En 2024 aumentaron los “ninis” en términos absolutos y relativos. Para el total nacional en el trimestre móvil diciembre 2023-febrero 2024 la cantidad de jóvenes entre 15 y 28 años que no estudiaba ni se encontraba ocupada fue de 3,0 millones. Esto representó el 26,8 por ciento de las personas en edad de trabajar para dicho rango de edad. Por sexo, esta relación para los hombres fue 9,3 y para las mujeres fue 17,5.
Desempleo y ciclo económico. En paralelo, durante el trimestre móvil septiembre-noviembre de 2023, la tasa de desocupación de la población joven se ubicó en 16,0 por ciento; Durante el trimestre móvil diciembre 2023-febrero 2024, la tasa de desocupación de esta población aumentó a 19,3 por ciento. El nivel de desempleo juvenil registra un comportamiento estructural superior a la tasa media del desempleo nacional y un piso o mínimo tendencialmente alto (gráfico 1).
La dinámica ocupacional de los jóvenes se caracteriza por ser los primeros en perder sus puestos de trabajo en las fases recesivas de la economía y los últimos en ser articulados laboralmente durante la recuperación de la actividad productiva2.
Precariedad laboral. Los jóvenes viven con mayor dramatismo que el resto de la población una serie de tensiones y paradojas. Una de las principales es que goza de más admisión a la educación y menos acceso a un empleo digno.
Durante las últimas cuatro décadas, Colombia ha expandido el acceso a la educación. Las tasas de matrícula aumentaron principalmente en la educación media, aunque también en la educación superior, si bien con menor velocidad y cobertura. Actualmente, la tasa neta de matrícula en pre-primaria es de 75,1 por ciento; primaria 92,9; secundaria 77,5; terciaria 55,3. El nivel educativo de los adolescentes y jóvenes gravita alrededor de la secundaria o media.
En Colombia existe un desfase entre la demanda del mercado laboral y lo que estudian los jóvenes y adolescentes. En los análisis de inserción laboral de los jóvenes, resalta el alto nivel de desempleo y subempleo y la alta precariedad de quienes logran ocuparse (expresada en inestabilidad laboral, bajas remuneraciones y escasa cobertura de la seguridad social). Esta situación ha generado un flujo continuo y creciente de migrantes jóvenes profesionales hacia el exterior en búsqueda de mejores oportunidades de vida. Desde 2022 la emigración de connacionales rompe todos los registros históricos: más de medio millón salieron del país durante ese año, para no regresar.
Participación laboral, ocupación y desempleo juvenil. Durante el trimestre móvil diciembre 2023 – febrero 2024, la tasa global de participación (TGP) de la población joven en el total nacional fue 55,1 por ciento, registrando una disminución de 1,2 p.p. en comparación con el mismo periodo del año anterior (56,3%).
La tasa de ocupación (TO) para el total de personas entre 15 y 28 años fue 44,5%, presentando una disminución de 1,3 p.p. comparada con el trimestre móvil diciembre 2022 – febrero 2023 (45,8%).
La tasa de desempleo es la relación porcentual entre el número de personas que están buscando trabajo (D) y el número de quienes integran la fuerza laboral (TD=D/PEA). La tasa de desocupación de este sector social se ubicó en 19,3 por ciento, registrando un aumento de 0,6 p.p. frente al trimestre móvil diciembre 2022 – febrero 2023 (18,7%).
Población ocupada joven según ramas de actividad. En el trimestre móvil diciembre 2023-febrero 2024, la rama de actividad económica que concentró el mayor número de ocupados fue Comercio y reparación de vehículos (19,4%) seguida de Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (14,6%). Por su parte, Alojamiento y servicios de comida fue la rama de actividad que más restó a la variación de la ocupación con 1,3 puntos porcentuales.
Población ocupada joven según posición ocupacional. Para el total nacional en el trimestre móvil diciembre 2023-febrero 2024, Obrero, Empleado Particular y Trabajador por cuenta propia fueron las posiciones ocupacionales que tuvieron mayor participación de la población ocupada joven con 57,3 y 31,5 por ciento, respectivamente. La posición ocupacional que contribuyó en mayor medida a la disminución de la ocupación fue Trabajador por cuenta propia con 2,9 puntos porcentuales.
Violencia
El escritor y novelista británico H. G. Wells (1866-1946) anotó en una de sus obras de crítica social que el exceso relativo de jóvenes desocupados es una de las fuerzas tendientes a provocar el conflicto en toda comunidad humana. La privación del derecho a la vida es una de las principales violaciones a los derechos humanos de adolescentes y jóvenes en Colombia. El incremento de la violencia homicida ha alcanzado niveles catastróficos para los adolescentes y jóvenes durante los años 1950-2024, afectando principalmente a los hombres jóvenes y generando un cambio radical en su perfil de morbilidad y mortalidad (gráfico 2).
Durante el período 1950-2024 la tasa promedio de homicidios por cada 100.000 habitantes a nivel nacional es de 39,7; el coeficiente de variación (mide la dispersión: DE/media) es de 42,1 por ciento; el rango de variación es de 63,2 puntos porcentuales, con un mínimo de 18 homicidios por cada cien mil habitantes en el año 1973 y un máximo de 81,2 en 1990. En el grupo de población de 14 a 28 años de edad el promedio de asesinatos es de 67,5; esto es, los jóvenes tienen una probabilidad 1,7 veces más alta de morir asesinado respecto a la media nacional.
En Colombia, el número de “Lesiones No fatales” (violencia interpersonal, violencia intrafamiliar, lesiones en eventos de transporte, delito sexual, lecciones accidentales) es de alrededor de 210.000 casos anualmente. Las “Muertes violentas” (homicidio, eventos de transporte accidental, suicidios) suman 30.000 cada año. Anualmente se cometen en el país alrededor de 14.200 homicidios.
De acuerdo con los informes presentados por el Instituto de Medicina Legal, la afectación de los adolescentes y jóvenes por “Lesiones No fatales” concentra el 36,9 por ciento del total de casos ocurridos durante el primer trimestre de 2024. En relación con las “Muertes violentas”, la afectación de adolescentes y jóvenes representa el 36,8 por ciento del total de casos. Al considerar únicamente la variable “Homicidios”, los adolescentes y jóvenes aportan el 45,4 por ciento de las víctimas.
Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos durante el período 2018-2022, afirmó: “Lamentablemente, después de décadas de conflicto armado, la violencia ha sido normalizada en Colombia, algo que nadie debería aceptar”.
Pobreza y exclusión3
Pobreza. Los estratos socioeconómicos en los que están clasificados los hogares y las viviendas-entornos en Colombia son seis: 1. bajo-bajo; 2. bajo; 3. medio-bajo; 4. medio; 5. medio-alto; 6. alto. En promedio, el 46,7 por ciento de los adolescentes (14 a 17 años de edad), el 41,2 de los jóvenes tempranos (18 a 24 años) y el 38,2 de los jóvenes tardíos (25 a 28 años) hacen parte del estrato socioeconómico bajo-bajo. En el estrato dos (bajo) habita el 33,0 por ciento de los adolescentes, el 34,6 de los jóvenes tempranos y el 35,2 de los jóvenes tardíos. Los estratos medio bajo (3) y medio (4) concentran el 18,5 por ciento de los adolescentes; el 22,0 de los jóvenes tempranos; y el 24,3 de los jóvenes tardíos. En los estratos altos (5 y 6) se encuentra el 1,8 por ciento de los adolescentes; el 2,2 de los jóvenes tempranos; y el 2,3 de los jóvenes tardíos. Uno de los temas preocupantes en el país es la baja movilidad social ascendente a través de las generaciones, sin que importe mucho el nivel educativo alcanzado.
“La pobreza corta a la juventud de sus más atrevidas empresas”, expresa el protagonista de Los bandidos, célebre drama de Schiller. En 2018, la situación de los adolescentes y jóvenes por género según el grado de incidencia de la pobreza, medida directamente a través del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), presenta los siguientes resultados: i) a menor grupo de edad aumenta el grado de incidencia de la pobreza; ii) el grado de incidencia de la pobreza por IPM en las adolescentes (14 a 17 años de edad) mujeres es de 47,9 por ciento y en los adolescentes hombres es de 50,2; iii) en los jóvenes tempranos (18 a 24 años de edad) las mujeres registran un valor del IPM de 32,4 por ciento y en los hombres de 37,1; iv) los jóvenes tardíos (25 a 28 años de edad) presentan una incidencia de la pobreza de 27,6 por ciento en las mujeres y de 29,0 en los hombres; v) los hombres en todos los grupos de edad registran un nivel de pobreza más alto por el IPM respecto a las mujeres; la brecha promedio de pobreza es de 2,8 puntos porcentuales; vi) el 37,8 por ciento de las personas con edades entre 14 y 28 años se encuentra viviendo bajo condiciones de pobreza por IPM (gráfico 3).
Un factor determinante de la pobreza en los adolescentes y jóvenes es la exclusión del sistema de seguridad social en salud y pensiones. El porcentaje de población ocupada en los adolescentes es de 1,6 por ciento en mujeres y 5,9 en hombres; de este subgrupo prácticamente ninguno cotiza al sistema pensional; las mujeres adolescentes en situación de trabajadoras no se encuentran protegidas por la seguridad social en salud; el 87,4 de los hombres adolescentes ocupados se encuentra afiliado al sistema de seguridad social en salud (SSSS). En el grupo de juventud temprana los porcentajes de ocupación son 28,0 en las mujeres y 53,0 en los hombres; de las mujeres 42,5 por ciento es cotizante a pensiones y 91,1 se encuentra afiliada al sistema de salud; de los hombres ocupados las tasas de cotización y afiliación son 31,1 y 85,7. La ocupación de la juventud tardía es del 45,8 por ciento en las mujeres y 79,8 en los hombres; las tasas de cotización y afiliación son 58,9 y 93,3 en las mujeres y 45,7 y 87,7 en los hombres.
Informalidad. Una de las cinco dimensiones que conforma el IPM es la de condiciones de la niñez y la juventud. Uno de los indicadores involucrados en esta dimensión es “Privación por empleo formal”: una persona se considera privada, si pertenece a un hogar que tiene, al menos, un ocupado sin afiliación a pensiones. De acuerdo con el Dane, según los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda (Cnpv) de 2018, en promedio nueve de cada diez adolescentes y jóvenes se encuentran en condición de pobreza por causa de este indicador. A menor edad del grupo etario mayor es la incidencia de la pobreza por trabajo informal. En los adolescentes (14 a 17 años de edad) el promedio por “Privación por empleo formal” es de 98,0 por ciento; en los jóvenes tempranos (18 a 24 años de edad) es de 90,3; en los jóvenes adultos (25 a 28 años de edad) es de 78,9 (gráfico 4).
Derecho a la salud. De acuerdo con la Constitución, los adolescentes y jóvenes tienen derecho a una salud integral y de calidad. Este derecho incluye la atención primaria gratuita, la educación preventiva, la nutrición, la atención y cuidado especializado de la salud juvenil, la promoción de la salud sexual y reproductiva, la información y la prevención contra el alcoholismo, el tabaquismo y el uso indebido de drogas. Los jóvenes viven un contraste entre buena salud y una institucionalidad que no los reconoce en su morbimortalidad específica. Si bien las causas “endógenas” de enfermar o morir son bajas, las causas externas tienen una alta prevalencia. La prevención de riesgos y la atención hospitalaria registra complejas deficiencias en lo que respecta a garantizar el derecho a la salud en los adolescentes y jóvenes.
Jóvenes privados de la libertad. Para el año 2024 el número de personas privadas de la libertad –PPL–, en los diferentes centros penitenciarios y carcelarios del país y centros de detención transitoria (Estaciones de policía y Unidades de reacción inmediata –URI) se estima en 202.400 (385 por cada cien mil habitantes). La población intramural, esto es, aquella que está interna en los establecimientos de reclusión condenadas o sindicadas concentra el 52,8 por ciento, equivalente a 106.792 personas (202,9 por cada cien mil habitantes). De ese total el 93,3 por ciento son hombres y 6,7 mujeres. El 31,9 por ciento de los reclusos está conformado por jóvenes en edades entre los 18 y los 28 años (alrededor de 34.067 personas, esto es, 392,4 por cada cien mil jóvenes). El costo anual de un joven privado de libertad, de acuerdo con los recursos apropiados al Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario, es de COP 34.8 millones a precios de 2024, una cifra significativamente más alta de lo que el Estado invierte por cada persona en los programas de políticas públicas para el desarrollo juvenil.
Adolescentes y jóvenes habitantes de calle. Se entiende por este eufemismo la persona sin distinción de sexo, raza o edad que hace de la calle, por su condición económica de miseria, por drogadicción, trastornos mentales, desplazamiento forzoso, por el conflicto armado interno u otras circunstancias sociales, su lugar de habitación, ya sea de forma permanente o transitoria. Los censos de habitantes de calle realizados, de una parte, por la Secretaría Distrital de Integración Social y el Dane en Bogotá (2017) y, de otra, por el Dane en 21 municipios (Medellín, Barranquilla y Bucaramanga con sus áreas metropolitanas, Cali y Manizales) en el año 2019, permiten realizar una caracterización demográfica y socioeconómica de estas personas y clasificarlas por grupos de edad. El agregado de los dos censos establece que hay un total de 33.954 habitantes de la calle; el 11,5 por ciento son mujeres y 88,5 hombres. En conjunto, hay 7.499 adolescentes y jóvenes habitantes de calle (57 por cada cien mil personas con edades entre los 14 y los 28 años de edad) que representan el 22,1 por ciento del total.
Financiamiento de las políticas públicas de adolescencia y juventud. Los recursos públicos asignados a programas de juventud como porcentaje del PIB sumados a las asignaciones de la política oficial de juventud y otros programas sectoriales que favorecen a esta población son marginales y de baja cobertura. El gasto destinado a la juventud (concentrado en programas de educación formal) se caracteriza por ser regresivo al favorecer a los jóvenes pertenecientes a los estratos más altos. Las políticas implícitas (las que indirectamente favorecen a la población joven) concentraron más recursos públicos que el gasto social de tipo explícito que corresponde a las políticas oficiales adoptadas en materia de adolescencia y juventud. El gasto específico aún sigue siendo insuficiente. Si se descuenta el sector educación, que representa el 93,2 por ciento de la inversión en juventud, y en el que no es posible diferenciar entre lo que se invierte de manera directa o aquellos recursos destinados a infraestructura y funcionamiento, la inversión en juventud apenas llega a 0,09 por ciento del PIB (En contraste, el Presupuesto General de gastos de la Nación concentra el 33 por ciento del PIB).
Juventud y distopía
El concepto de juventud es producto de la modernidad. La puesta en escena del sujeto juvenil en Colombia es referente existencial en las biografías de las cuatro últimas generaciones. Dos acontecimientos actúan disruptivamente durante esta época: la violencia de mediados del siglo XX y la Constitución Política de 1991. La primera actuó, una vez más, como partera de la historia –las identidades juveniles nacieron en medio de la guerra–. Adolescentes y jóvenes fueron estigmatizados y considerados problema y “objeto” de políticas públicas y represión. Transcurridos 43 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (10 de diciembre de 1948), la Constitución Política de 1991 reconoció las juventudes como sujetos de derechos y protagonistas del desarrollo de la nación desde el ejercicio de la diferencia y la autonomía.
La incorporación de los derechos humanos al ordenamiento constitucional, la democracia participativa y las políticas poblacionales diferenciales e inclusivas son frutos de la “Modernidad”. Es comprensible, entonces, que en Colombia no se haya producido una universalización de los derechos humanos y una radicalización de la democracia participativa y plural. La razón: el país se ha modernizado pero no ha desarrollado hasta ahora propiamente un “espíritu” moderno. La crisis o precariedad de la cultura moderna lo es al mismo tiempo de la “distopía” del constructo social de adolescencia y juventud.
La insurrección social de 2021 fue manifestación de esta paradoja (modernización sin modernidad) y evidenció las falencias acumuladas por décadas y los antagonismos intergeneracionales entre estilos de vida, cosmovisiones, conciencia social, democracia participativa, acceso al poder y modelos de desarrollo. De acuerdo con las “Observaciones y recomendaciones de la visita de trabajo a Colombia de la Cidh”, en junio de 2021, las manifestaciones sociales que comenzaron el 28 de abril de 2021 se vinculan con reivindicaciones estructurales e históricas de la sociedad colombiana, que a su vez están consignadas en la Constitución Política de 1991 y los Acuerdos de Paz de 2016. La Comisión constató un amplio consenso entre representantes del Estado y la sociedad civil frente a las causas del descontento que subyacen a las protestas, tal como la profunda iniquidad en la distribución de la riqueza, la pobreza, la indigencia, y el insuficiente acceso a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, en particular, educación, trabajo y salud. Igualmente, los altos niveles de corrupción, violencia, terrorismo de Estado e impunidad, así como la discriminación étnico-racial-regional y de género.
Transcurridos tres años de la entrega de este informe, nada ha cambiado estructuralmente en Colombia del diagnóstico realizado. Al contrario, la distopía avanza, se amplía y profundiza, según lo analizado en este artículo. Los indicadores de garantía de los derechos humanos de adolescentes y jóvenes registran valores tendencialmente negativos. Retornando a H. G. Wells, “la fuerza expansiva de un exceso de jóvenes sin empleo, excluidos, violentados y aburridos, de alguna manera se abrirán camino y probablemente trastocarán por completo la vida humana”4.
1. Beck ha contribuido con nuevos conceptos a la sociología alemana, incluyendo la llamada “sociedad del riesgo” y la “segunda modernidad”. (Datos extraídos de “Ulrich Beck” En: wikipedia.org/wiki/Ulrich_Bec-32-y «Perfil biográfico y académico» en: www.infoamérica.org/teoria/beck1.htm-47k-).
2. El coeficiente de correlación es la medida específica que cuantifica la intensidad (valores entre -1 y +1) y el sentido positivo o negativo de la relación lineal entre dos variables en un análisis de correlación. La tasa de desempleo juvenil está significativa y positivamente correlacionada con la tasa de desempleo global nacional (0,98); con la dinámica del crecimiento económico la correlación es negativa pero débil, esto es, un rápido aumento del PIB no se traduce en una reducción significativa del desempleo de adolescentes y jóvenes (-0,22).
3. Con base en el libro: “Diagnóstico de la garantía de los derechos humanos en adolescentes y jóvenes en enfoque diferencial, estructural e histórico, según censos de 1993, 2005 y 2018”. Documento realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Dane, bajo la dirección de Libardo Sarmiento Anzola; (2022), Colombia.
4. H. G. Wells. (1949). El destino del homo sapiens. Editorial Diana S. A. México, p. 241.
* Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos desdeabajo y Le Monde diplomatique, edición Colombia.
Suscríbase
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