El último día de marzo y los primeros días de abril del año en curso, integrantes de la autodenominada Confederación de Territorios y Naciones Originarias de Colombia, grupo conformado por naciones Ingas, Cofanes, Quillacingas, Pastos, Awa, Misak y Nasas de los departamentos del Cauca y Nariño, se movilizaron hacia Bogotá1, como recurso para ser escuchados e intentar resolver diversas exigencias planteadas desde tiempo atrás. Luego de 5 días en la Plaza de Bolívar, lograron concretar una próxima ruta para la instalación de la mesa de diálogo y concertación con el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo.
Alegando que no se sienten recogidos ni reconocidos por la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) y el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), elevan banderas y de manera directa exigen al gobierno nacional respuesta efectiva a sus demandas, entre ellas: que mediante resolución gubernamental sean reconocidos los 22 cabildos indígenas (3 del Cauca y 19 de Nariño) que tenían representación en la movilización y así, entre otros, poder celebrar contratos con las entidades estatales, según la Ley 2160 de 2021. Una exigencia que, sin duda, devela una división en el movimiento indígena colombiano.
“Hicimos parte del Cric. Decidimos excluirnos de ahí porque algunos comuneros filiales a ellos trataron de destituir a nuestro gobernador actual, Tata Luis Enrique Yalanda, pasando por alto la decisión de nuestra máxima autoridad que es la asamblea, atentando contra nuestra autonomía”, dijo en entrevista con desdeabajo, Felipe Tombe de la comunidad Indígena de Guambiano de La Maria, Piendamó-Cauca.
No todo parece ser unánime. El 1 de abril, en un comunicado, la comunidad y la Autoridad Ancestral del Resguardo Indígena Guambiano de La María, Piendamó-Cauca, legítimamente y legalmente reconocida bajo resolución 0028 del 03 de octubre de 1997 y bajo resolución 159 del 4 de enero 2022 del Ministerio del Interior, y autoridad ancestral del territorio Misak, rechazaron la movilización del Tata Luis Enrique Yalanda y sus acompañantes porque, según expresaron, sus exigencias no están consolidadas ni fundamentadas por acuerdos, diálogos, concertación con las autoridades y comunidades de base de su territorio2.
El Cric, por su parte, en rueda de prensa realizada el 3 de abril, “hizo un llamado al gobierno nacional a valorar muy bien cada situación que se presenta y no prestarse para legitimar acciones o situaciones que pretendan desestabilizar el gobierno indígena e incluso el gobierno nacional, considerando la evidente instrumentalización de estos nuevos grupos por parte de políticos o partidos de derecha”. Además, el Consejero Mayor del Cric, Joe Sauca, en el mismo espacio, dijo que: “el Cric, el movimiento indígena, nunca le ha tirado la puerta a ninguna expresión que quiera dialogar, debatir o mirar cómo seguimos armonizando el camino de las comunidades y la proyección y el plan de vida de sus territorios”3.
Versión que choca con la de Luz Edith Chilo, actual gobernadora del Movimiento de los Sin Tierra Nietos de Manuel Quintín Lame y del que busca ser registrado como Cabildo Indígena Nietos Tierra de Oro Harold Piamba, que en entrevista con desdeabajo expresó: “No nos sentimos recogidos con el Cric porque no compartimos las políticas, la corrupción ni tampoco como ellos nos utilizan para firmar convenios […], Las divisiones se han hecho directamente por los mismos dirigentes del Cric por la mala distribución de los recursos. […]. Llevamos 24 años en los que no se ha dado un espacio para dialogar. Ellos dicen que siempre han estado dispuestos a dialogar, pero desafortunadamente tienen un poder político y económico. Vale más el orgullo que el diálogo”.
La respuesta de la Onic
Se trata de valoraciones contrarias sobre una realidad que cruza, como está dicho, diversos cabildos establecidos en dos departamentos del sur del país. Para aproximarnos a la complejidad de la situación aquí reflejada, desdeabajo entrevistó a Gerardo Jumí, Consejero Secretario General de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), quien explicó brevemente los hitos históricos del movimiento indígena (ver recuadro) antes de responder la siguiente pregunta: Siete pueblos indígenas estuvieron movilizados en Bogotá. Entre sus peticiones alegan que no se sienten reconocidos por el Cric ni la Onic, ¿qué opina usted sobre esta aseveración?
“Organizaciones como Gobierno Mayor, Aico y el Cric están participando en la Mesa Permanente de Concertación (MPC), acordando políticas públicas y presupuestos para los pueblos indígenas. Estos presupuestos no llegan a través de estas organizaciones, lo hacen a través de proyectos de inversión a los territorios y autoridades indígenas. En medio de la dificultad para gobernar que ha tenido el presidente Petro, no ha habido posibilidad de que los recursos lleguen de manera libre y sin tropiezos. Hasta diciembre, cuando hicimos la evaluación de los indicadores de los marcadores presupuestales que tiene el gobierno, pues dentro de su sistema de información y seguimiento tan solo iba en cumplimiento el 10 por ciento de los recursos del Plan Nacional de Desarrollo. No hay presupuesto suficiente […]. Las 16.000 comunidades indígenas que tiene este país, 872 resguardos, y en la jurisdicción de gobierno de la Onic tenemos 10.300 comunidades indígenas, todas ellas necesitando inversión. Y esa es la lucha y la movilización que mantienen estas organizaciones indígenas a nivel del país […]. En nuestras asambleas nos reclaman de manera permanente y no somos los responsables, no somos los que manejamos los recursos del Estado Central, es el Gobierno y nosotros somos un puente, un medio para que se vuelvan políticas públicas, normas y acuerdos que lleguen recursos a los territorios de manera directa sin ninguna intermediación nuestra”.
Una realidad, unas necesidades y unas prioridades a la hora de distribuir esos recursos que de alguna manera retoma Felipe Tombé al decir: “Ciertas organizaciones han recibido o han podido sacar adelante convenios y proyectos con la intención de cubrir necesidades de varios pueblos. Pero hay pueblos que no logran ver esas inversiones. Se preguntaron algunos de estos pueblos, ¿qué es lo que sucede? Empezaron a analizar las dinámicas de trabajo y básicamente se postergaba esa posibilidad de llegar a recibir o ejecutar algún tipo de proyecto en favor de su comunidad. Decidieron, por tanto, buscar alternativas para lograr favorecer a su comunidad, porque las necesidades son muchas […]. Pero malas administraciones pudieron haber originado la fractura de varios pueblos”.
Recursos extranjeros paralizados abren otras posibilidades
Tenemos de esta manera el marco de la disputa que ha dado energía a la movilización de los pueblos y cabildos llegados hasta la Plaza de Bolívar de Bogotá. En tal puja, hay recursos provenientes del Sistema General de Participaciones, el Plan Nacional de Desarrollo y el Fondo para el Buen Vivir. Además, la situación fue agudizada por la reciente medida de Donald Trump que canceló los fondos que entregaba la cooperación estadounidense a Colombia vía Usaid. Por ejemplo, solo para la Onic, en el marco de un convenio con Acdivoca, está paralizada la suma de 2.174.646.000 (COP), lo que equivale a 520.983.002 (USD).
Según el investigador social Héctor-León Moncayo, la información disponible al 11 de marzo, del total de contratos de ayuda externa a través de Usaid, el gobierno de Trump había congelado el 83 por ciento de los mismos, entre ellos 60 que corresponden a Colombia en áreas que la Agencia agrupa como inclusión financiera, desarrollo rural, conservación ambiental, derechos humanos, gobernabilidad, apoyo a migrantes, fortalecimiento institucional y soporte técnico. En los medios de comunicación se han destacado particularmente tres, que fueron los primeros anunciados para nuestro país:
– 60 millones de dólares para “pueblos indígenas y empoderamiento afrocolombiano”
– 74 millones de dólares para “justicia inclusiva”.
– 37 millones de dólares para el “empoderamiento femenino”4.
Se trata de dineros que han llegado por años y que han potenciado una gran dependencia económica de actores sociales que se reclaman como autónomos. Una realidad que evidencia las fronteras autoimpuestas por organizaciones como las acá retomadas en su lucha por construir otro tipo de sociedad. El corte de ese flujo de billetes es la oportunidad para hacer un alto en el camino, evaluar y rediseñar una política estratégica en todos los planos, una política que se pregunte por el proyecto histórico que dio cuerpo a estas organizaciones, su estado de concreción y los retos aún por materializar, cómo lograrlo, con quienes como aliados, entre otros interrogantes.
Tensiones por resolver
Estamos ante tensiones que podrían acrecentarse o reducirse, según avancen reuniones con el Gobierno. Por un lado, la hoja de ruta programada con los grupos indígenas movilizados a inicios de abril y por otro la establecida para el martes 15 de abril con Pueblos Indígenas de Colombia, en el marco de la Gran Minga Indígena Nacional, en la cual se abordarán distintos temas, entre ellos la solicitud de expedición de instrumentos normativos concertados y protocolizados en el marco de la MPC, como lo son el Fondo del Buen Vivir, Fondo para la Vida y el Catastro Multipropósito.
Pero de no expedirse estos instrumentos, entre otros acuerdos, es posible el incremento de las tensiones, como permite pensarlo las declaraciones brindadas por Gerardo Jumí: “Hemos mantenido mucha generosidad y entusiasmo frente a este gobierno, esperando y esperando. Algún día puede acabarse la paciencia, ¿no? Esperando que el gobierno se movilice antes que se movilicen los pueblos indígenas”.
Se trata de un aguante que tiene emplazamiento, como lo deja claro en sus declaraciones Luz Edith Chilo: “Hemos expuesto ante la mesa de negociación y de diálogo que se dan unos tiempos determinados. Al incumplimiento de esos tiempos pues nuevamente nosotros tomaríamos acciones”. Para Felipe Tombe, el dinero que no fluye, los proyectos que se estancan o no encuentran apoyo, la ausencia de operatividad y con ello los problemas que se agravan en los territorios, se concentran en un núcleo: “Toda esta situación es el tema de la dilatación y también en parte la negligencia de algunas dependencias como la Dirección de Asuntos Étnicos, Rom y Minorías”. Situación que pone cada vez más sobre los cuerdas al actual gobierno.
La coyuntura acá retomada y resumida en diversas voces, desnuda una realidad que debe ser atendida con prioridad por las dirigencias indígenas de los distintos pueblos y cabildos afectados por ella. El tema de los recursos actúa como catalizador de la misma, sacando a flote viejas y prolongadas contradicciones que de no resolverse podrían atomizar procesos sociales de gran significancia para el país nacional, en especial para los movimientos sociales que aspiran a que tome cuerpo otro país posible. El Gobierno, según actúe, facilitará o obstaculizará una u otra posibilidad y necesidad.
1 Confederación de Territorios y Naciones Originarias de Colombia. Comunicado a la opinión pública. s. l. n. f.
2 Autoridad Ancestral de la María. (1 de abril de 2025). Manifiesto: la comunidad del resguardo La María no está propiciando acciones de hecho en la ciudad de Bogotá. www.cric-colombia.org
3 Consejo Regional Indígena del Cauca – Cric. En vivo. [Página de Facebook]. Recuperado el 3 de abril de 2025 de https://www.facebook.com/cric.colombia/live_videos
4 Moncayo, Héctor-León“El venenoso encanto de la Usaid”, periódico desdeabajo Nº322, 20 de marzo abril 20 de 2025) www.desdeabajo.info
“El contexto es muy importante que se sepa”
En la entrevista sostenida con Gerardo Jumí, nos recordó que el Cric nació 1971 como pionero de la lucha del movimiento indígena de Colombia contra la servidumbre, el terraje y por la recuperación de las tierras que históricamente les pertenecen, muchas de ellas usurpadas por terratenientes. Como expresión de su liderazgo, 10 años después impulsó la creación de la Onic.
En su memoria de estas luchas y de estas organizaciones, el líder indígena, hoy Secretario General de la Onic, reivindicó que el movimiento indígena colombiano nació en una época muy violenta, la del Estatuto de Seguridad del presidente Julio César Turbay Ayala, con el movimiento social y sindical sometido a su constante persecución: “Son organizaciones que tienen una vigencia desde el hecho mismo de su fundación es un hito” dijo con su voz pausada.
Agregó que el movimiento indígena participó de las convocatorias a la Asamblea Nacional Constituyente con la séptima papeleta en 1989, haciendo parte activa de la realización de la Convergencia Nacional y Popular por la Asamblea Nacional Constituyente. De ahí participaron en las elecciones y obtuvieron dos delegados: Lorenzo Muelas y Francisco Rojas Birri, este último por la Onic. Y como resultado del acuerdo de paz y de reincorporación a la vida civil de la autodenominada guerrilla Manuel Quintín Lame, surgida en 1985, contaron con otro delegado a la Asamblea Nacional Constituyente, pero solo con voz.
Entonces, dice Gerardo, ¿Quiénes están participando hoy? El contexto es muy importante que se sepa ¿Qué es hoy el movimiento indígena? Este surge en la década de los 80 y después hay otras expresiones de carácter regional, como la Confederación Indígena Tayrona (CIT), la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (Opiac). En 1996 los indígenas ocuparon pacíficamente en Bogotá, durante 43 días, la Conferencia Episcopal de Colombia, y con la Organización de Naciones Unidas (ONU), después de la concertación, surgió el decreto 1397 que creó la Mesa Permanente de Concertación (MPC).
Después hay otros procesos, digamos, de reorganización de los pueblos indígenas, por ejemplo, otras Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia (Gobierno Mayor), Movimiento de Autoridades Indígenas del Sur Occidente –Aiso– y el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia –Aico–, que como el Cric están participando en la Mesa Permanente de Concertación, acordando políticas públicas y presupuestos para los pueblos indígenas.
En el periodo del expresidente Andrés Pastrana (1998-2002) no hubo ninguna concertación ni diálogo político con el movimiento indígena. Se volvió a retomar en el periodo de Álvaro Uribe, pero se suspendió el diálogo con la MPC. Y desde el año 2004, hasta el 2014, hicieron movilizaciones políticas y de orden cultural. En el periodo de Juan Manuel Santos sí hubo diálogo con la MPC.
En los años 2013 y 2014 se dieron movilizaciones campesinas e indígenas y de este fruto salieron los decretos 2333 y 1952 este último que crea las distintas figuras de territorios indígenas, como: la Asociación de Resguardos Indígenas, la certificación de los resguardos para la administración directa de los recursos del Sistema General de Participaciones, los territorios se pueden certificar como territorios indígenas. Pero, continúa Gerardo, revisada la norma y tratando de ponerla en práctica ocurrió que son extremas las exigencias y las condiciones para la creación de un territorio indígena certificado. Hasta hoy no hay ni un solo territorio indígena certificado equivalente a una entidad territorial indígena.
Después, en medio de las negociaciones de paz del gobierno de Juan Manuel Santos con las extintas FARC, el Movimiento Indígena Colombiano logró constituir la Comisión Étnica para la Paz y la Autonomía Territorial de pueblos indígenas y comunidades negras, por ello existe el Capítulo Étnico en el Acuerdo de Paz. Luego pueblos indígenas y comunidades negras volvieron a juntar esfuerzos en el 2016 en una movilización en Santander de Quilichao: “donde uno de los acuerdos que allí se hizo es que aumentara del 0,52% al 1% la asignación especial de los recursos del Sistema General de Participaciones. Recursos, que si se concretaran, serían destinados a 16.000 comunidades y 872 resguardos que existen en el país independientemente si son filiales a la Onic”.
Hubo otra movilización nacional finalizando el 2020 donde el punto de negociación con el gobierno se hizo en el resguardo Nasa La Delfina en Venado, Valle del Cauca. Y acordaron el Fondo para el Buen Vivir. Además tampoco se desarrolló Plan Nacional de Desarrollo con el gobierno de Iván Duque. Concertaron el decreto 252 y tramitaron la ley 2160, que complementa la ley 89, para que los cabildos indígenas tengan capacidad de contratación con el Estado. “Es decir los cabildos indígenas son otro Estado” dice Gerardo.
A su vez, la Onic fundó el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais) con los que tiene dos curules en el actual gobierno: Aida Quilcué en el Senado de la República y Norman Bañol en la Cámara de Representantes de Colombia. Y alrededor de 10 parlamentarios indígenas entre la circunscripción especial y el Pacto Histórico. Siendo, según Gerardo, en el 2022: “el más reciente hito del Mais fue darle un co-aval al hoy Presidente Gustavo Petro para que fuese candidato y se inscribiera ante la Registraduría Nacional del Estado Civil con un programa de gobierno que nos representó”.
Como puede verse, la realidad es más compleja de lo que parece.
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