Pasadas las elecciones del 26 de agosto, cuando por primera vez en 27 años de vigencia de la renovada Constitución el país realiza una consulta popular de carácter nacional con un tema de evidente rechazo ciudadano, resulta oportuno aguzar la mirada sobre los mecanismos de participación ciudadana previstos en los artículos 103 a 106 de la Carta del 91, como son: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa, y la revocatoria del mandato. Todos, formas de democracia directa en cabeza de la ciudadanía que clama por una mayor participación pero, sin encontrar en ellos mecanismos eficaces y expeditos para hacer sentir su voluntad.
La comunidad internacional se preguntará qué pasa en Colombia, país donde realizan un plebiscito por la paz y gana el No a los Acuerdos de Paz, y en una Consulta anticorrupción no vota al menos una tercera parte del total de los electores, requisito para qué sea vinculante la decisión del pueblo. Por qué el desdén frente al robo de los recursos públicos y al valor de este certamen democrático.
Todo indica que, con un Estado excluyente y una profunda desigualdad social, con una clase política que mercadeó y envileció su labor, con la criminalización de la acción social alternativa y la despolitización propiciada desde las altas esferas, no es extraño que aún estemos lejos de una sociedad, con primacía de la democracia formal sobre la participativa y, por lo tanto, sin una sociedad movilizada por la defensa de lo suyo.
Es así como, si reparamos en otra parte de nuestra realidad que también aporta a erigir obstáculos que reducen o dificultan la eficacia de estos mecanismos de participación, debemos reconocer que en ellos, y a su alrededor prima por parte de la ciudadanía: falta de conocimiento y apropiación; desmotivación por lo engorroso de hacer realidad estos mecanismos participativos; ausencia de una capacitación seria –no partidista– para ahondar en todos y cada de ellos; la manipulación en que caen las campañas, bien en una consulta, como acabamos de experimentar, bien en un referendo, como sucedió con el impulsado por el derecho al agua como derecho fundamental, o como ha sucedido con las consultas mineras donde también sus principales voceros quedan convertidos en blanco de paramilitares y similares.
Entonces, con unos mecanismos de supuesta participación, ligados a un umbral del 100 por ciento del censo electoral, es tarea más que quijotesca lograr triunfo alguno, lo que convierte la democracia participativa en un simple eufemismo.
De esta manera, entre los muchos retos abiertos por esta realidad está la de reformar precisamente el umbral, ligándolo al censo real e histórico de las votaciones más altas a nivel nacional o la circunscripción dónde se haga –departamento o municipio. No podemos olvidar que la abstención en nuestro país siempre ronda el 50 o más del porcentaje de posibles votantes. Es una realidad tal que si se exigiera lo mismo para elecciones de Congreso u otras Corporaciones nunca habría elegidos, o tocaría implementar el voto obligatorio.
Todo esto nos permite concluir que la reglamentación de los mecanismos de participación, en vez de propiciarlos los bloqueó, al convertirlos en procesos demasiado engorrosos, costosos y no fiables para los ciudadanos, como aconteció con la revocatoria de Peñalosa dónde se desconoció por parte del Consejo Nacional Electoral y la Registraduria este derecho, con argucias jurídicas con fines políticos; o como ha sucedido con iniciativas legislativas populares, como el Estatuto del Trabajo, presentado al Congreso por firmas debidamente reconocidas y certificadas de miles de trabajadores y no tramitados o archivados.
Pese a ello, con la consulta anticorrupción el país avanza algunos pasos hacia un cambio en sus formas políticas, sembrando confianza, como dicen popularmente, que “cuando se quiere se puede”, a pesar de no contar con financiación alguna, ni con transporte financiado, ni con algunas de esas formas que más parecen delictivas –corruptas– que ofrecen descuentos en el trámite del pasaporte, de la libreta militar, de la cédula, reducción en la matrícula en la universidad pública, reducción de un mes en la prestación del servicio militar, medio día compensatorio cuando se trata de un empleado del Estado. En fin, como dijo el poeta, “se hace camino al andar” y en Colombia ya estamos enrutados.
* Abogado, defensor de Derechos Humanos.
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