Parece simple formalidad pero es mucho más que eso. Posesionado como presidente el pasado 7 de agosto, Iván Duque se esfuerza con persistencia por quitarse de encima dos inmensas sombras que caen sobre su cuerpo: la imagen y el estilo de Juan Manuel Santos, que está en la memoria reciente del país luego de sus ocho años al frente del mismo; y la de Álvaro Uribe, gestor y conductor del nuevo mandatario, líder de una contrarrevolución que de manera inédita antecedió a una buscada y frustrada revolución que movilizó en Colombia a muy amplios sectores sociales en los años 80 del siglo XX, quien con su obra marcó y polarizó la vida nacional desde hace tres décadas.
No es un esfuerzo menor ni caprichoso, pues todo gobernante pretende brillar con luz propia y ser recordado por su capacidad administrativa y política, su personalidad, su proyecto y sus obras, nunca por lo que no hizo y mucho menos que pase a la posterioridad como alguien que figuró pero no obró.
Marcar el terreno y sellarlo con su estilo puede ser la realización que más sobresale en los primeros cien días de la gestión de Iván Duque, logro parcial o total…, cada uno tendrá su valoración. Pero lo palpable es que Duque va impregnando el día a día de la política nacional con su tono pausado, su mirada fresca, su propósito de apaciguar a posibles contradictores, partiendo de un discurso general que una y otra vez acude al supuesto beneficio de todos los connacionales, y esconde los reales beneficiarios de su política económica y social, así como la reiteración en temas como la economía naranja, Venezuela, seguridad y otros más.
Se trata de un discurso que le da cuerpo a la pretensión central de su plan de gobierno, el “Pacto por Colombia”, concretado, en el caso de la agenda anticorrupción, en lo acordado con las diferentes fuerzas impulsoras de tal campaña; y que siempre está retomado en casos como trabajo, impuestos, educación, equidad. La reunión, los compromisos y la foto con los rectores de las principales universidades públicas del país, además de instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias el pasado 26 de octubre, así lo reafirman. Pactos y acuerdos que, de llegar a encontrar obstáculos, el gobernante se esfuerza para que no sean percibidos como provenientes de su mano. En distintas ocasiones –por ejemplo, las variadas proposiciones frente a la agenda anticorrupción o la prolongación del mandato presidencial– han salido a terciar dirigentes del Centro Democrático, con inmediato deslinde del Ejecutivo, lo que, de acuerdo con el manejo mediático dado a los temas, lo blinda como un gobernante “realmente autónomo”, incluso de su partido –pues “gobierna para todos”, según el recurrente, desgastado y correcto decir político.
Tenemos así un nuevo inquilino de la Casa de los presidentes que ante todo se afana por las formas. Los contenidos quedan para la negociación con cada sector, en lo cual entran a jugar las explicaciones varias de por qué no es posible concretar una u otra aspiración de los diversos sectores nacionales y, claro, la dilación como arte supremo de la política criolla.
Duque es un inquilino que se esmera, en estos primeros días de gestión, por liderar agendas ganadoras, creciendo en popularidad, al tiempo que reserva fuerzas para las batallas sustanciales: las reformas que lleven a recoger más dinero y las que le den más oxígeno al empresariado para resistir la avalancha proteccionista patrocinada por Trump en los Estados Unidos.
Consciente de que el gobierno moderno se mide cada día en los medios de comunicación y en las redes sociales, Duque se apropia de agendas ganadoras y las lidera: en primera instancia, la campaña anticorrupción, para luego asumir –como adalid de las buenas maneras– la lucha contra el consumo de narcóticos, en particular la marihuana, propósito que encuentra apoyo en todas las familias que cuentan con un adicto entre sus miembros, pero que también es bien vista entre adultos y personas de la tercera edad, así como entre la mayoría de los miembros de las Fuerzas Armadas y todas aquellas instituciones soportes e impulsoras del orden y la tradición. Como también es ‘ganadora’ la agenda de la seguridad ciudadana, presente una y otra vez en los talleres “Construyendo País”. Tal agenda está centrada en el discurso de la seguridad, siempre explotada por los mandatarios no sólo en Colombia sino asimismo en todos los países donde llegue a sentirse algún nivel de intranquilidad al salir a la calle, al sacar el teléfono para realizar o contestar una llamada, o al dejar la vivienda sola, por ejemplo. Las gentes no reclaman por la explicación de por qué la delincuencia conserva su presencia, e incluso por qué se multiplica, así como las reformas sociales demandadas por tal realidad; ellas simplemente esperan que la fuerza pública esté presente en todo el territorio nacional, demanda y preocupación que los gobernantes no pierden para recoger este guante, el más dúctil para golpear, y proceden.
El discurso, de la seguridad y el orden, se resume en la frase “Quien la hace la paga”, que pretende aparentar que la justicia es igual para todos y que aquello de la impunidad es cosa del pasado. Como es evidente, nada más ajeno a una sociedad en que la justicia es clasista, y los excluidos y empobrecidos padecen en su cotidianidad la persecución y la montadera de las “fuerzas del orden”. Los ricos, por el contrario, gozan de todos los beneficios del poder del dinero: casa por cárcel, llegado el caso; benevolencia de quien lo requiere por alguna infracción o delito, beneficio de la duda de los fiscales, etcétera.
Es aquella una política de respeto al Estado y de resaltar que la justicia le será aplicada sin miramientos a todo aquel que infrinja el orden establecido, que también le sirve para ocultar la decisión tomada desde mucho antes por el Centro Democrático de bloquear la negociación instalada con el Eln por el gobierno nacional que le anatecedió desde dos años atrás. La exigencia de que este grupo insurgente renuncie al secuestro y en la práctica declare un cese unilateral de fuegos al poner fin “[…] a todas sus actividades criminales” (1), como condición para darle nuevo oxígeno a la Mesa instalada, primero en Quito y ahora en La Habana, no es más que una mala disculpa para ocultar un propósito real: buscar la aniquilación de los insurgentes como paso previo para que acepten todas las condiciones del establecimiento, entre ellas, como ahora lo demandan, renegociar la agenda de diálogo ya acordada.
Está presente aquí, sin duda alguna, la sombra uribista, prolongación de una tesis y un propósito que alimentaron la ofensiva paramilitar sobre el sur de Bolívar en los años 90, cuando Carlos Castaño aseguró que en pocos meses acabaría con el “santuario del Eln” –aludiendo así al copamiento de la Serranía de San Lucas–, promesa que no cumplió. Sin duda, es el mismo cálculo hoy presente en la anunciada decisión gubernamental de congelar los diálogos: derrotar militarmente a esta fuerza –aniquilando con operaciones de comando a su dirigencia– y ahí obligarla a aceptar una ‘negociación’, es decir, su sometimiento. Sería ésta la ruptura práctica de una negociación de paz, pese a que el ahora Presidente argumenta que las políticas de gobierno deben transformarse en políticas de Estado. Son disculpas que ocultan reales propósitos, las mismas que ahora descargan en la escasez de recursos y proyectos mal financiados por el gobierno anterior la explicación de por qué no se cumple a cabalidad con los compromisos suscritos con las desmovilizadas Farc. Como en el anterior caso, la sombra uribista también prolonga sus contornos en su real propósito de llevar a mal puerto lo acordado.
Es esta táctica una herencia del jefe del Centro Democrático que no puede negarse, en su añoranza de la total derrota de sus contrarios, ahora plasmada en reformas y más reformas de los textos acordados en La Habana, como en la dilación de muchas de las medidas e inversiones allí proyectadas, herencia que también va más allá de temas nacionales, extendiéndose hacia Venezuela, a cuyo Presidente califican una y otra vez como dictador, anunciando, como lo hizo Francisco Santos, embajador en Estados Unidos, la ejecución de cualquier medida para dar cuenta de su gobierno (ver “Trump en el Orinoco”, pág. 8), así luego uno u otro funcionario de la Casa de Nariño trate de relativizar lo reafirmado por un funcionario de tan alto nivel. La decisión hace parte de la histórica y sometida agenda internacional del Estado colombiano, en la cual la Unión americana marca el ritmo, prolongación de la que también hace parte el “[…] respaldo hacia las acciones que venimos empleando para denunciar al dictador ante la Corte Penal Internacional” (2).
La de Duque es una política injerencista con un país vecino, como nunca antes se había visto, política que llegará a otras coordenadas del globo, toda vez que la aceptación lograda por la dirigencia tradicional del país, de que la Otan lo acepte como primer socio global en América Latina, implicará que cuerpos especiales de las fuerzas armadas colombianas jueguen papeles formativos, y seguramente de combate allí donde lo disponga el mando estratégico de la alianza del Tratado del Atlántico Norte. El actual Presidente lo ha afirmado: “[…] quisiera agradecer a la OTAN por todo el apoyo que le han dado a Colombia para lograr la certificación de nuestras capacidades militares” (3).
El tema, de la seguridad, también está presente en las reuniones con representantes del capital internacional y nacional, a quienes el gobierno colombiano les resalta que el país cuenta con “[…] una red de participación cívica que ya está por superar las 400 mil personas que son ciudadanos que trabajan todos los días con nuestra Policía, con nuestro Ejército […] para generar alertas oportunas” (4).
A los posibles inversores se les garantizan también seguridad jurídica y agilidad en trámites de todo tipo, así como reducirles la carga tributaria, “[…] deducir el IVA de las inversiones que se hacen en bienes de capital para la transformación industrial… [pero también] deducir impuestos como el ICA [y] una parte importante de lo que se paga por gravámenes a los movimientos financieros […]. En caso de invertir en el campo y generar empleo, otorgaría “[…] una exención de 10 años del impuesto de renta […] Y lo mismo con los start apps, con las nuevas empresas de tecnología en temas como robótica, inteligencia artificial, internet de las cosas, blockchain, fintech, economía naranja; también cero impuesto de renta por los primeros cinco años, a cambio, por supuesto, de generar un mínimo de puestos de trabajo. Eso también hace parte de este paquete”, para más adelante enfatizar en la preocupación real que tienen los dueños del capital en Colombia: alcanzar equidad, es decir “[…], saber llegar con la inversión social y con los bienes públicos a quienes más lo necesitan [para] convertirlos en un sector que crezca, que consuma…” (5).
Este afán económico y social no repara en el enrutamiento del país por vía propia, de acuerdo a sus necesidades, proyectando a Colombia a partir de un plan estratégico a 40 y más años, con el cual romper su dependencia de los Estados Unidos, a la par que supere la dependencia tecnológica que mantiene en todos los niveles, así como con el extractivismo, sabiendo valorar, proteger y poner al servicio de los suyos las potencialidades naturales que en diversos órdenes tiene el país. En esto, como en otros aspectos, en sus primeros cien días, Duque no rompe con la herencia ni de Santos ni de Uribe, como de toda la clase dominante que lo antecedió, renegados de la causa nacional, prolongando los ya conocidos males que maniatan la inventiva y la participación decisoria de las mayorías, principal potencial con que cuenta cualquier nación, y a la cual hay que acudir si quiere dar un viraje estratégico en su maltrecho destino.
Estamos ante acciones de continuidad y de deslinde con gobiernos anteriores que superan su sombra o se cubren con la misma en los talleres “Construyendo País”, copia de los “consejos comunitarios” realizados en su época por el jefe de su partido, reuniones donde la concurrencia se siente a plácemes porque tiene cerca al gobernante, quien atiende y resuelve algunas de las demandas que le presentan, pero en que se construye de mala manera la democracia profunda, sin trascender la formalidad, toda vez que ningún tema estructural es abordado y resuelto de manera colectiva por las gentes allí reunidas. Así, la participación se reduce a los aplausos, y la democracia es la forma pero no el contenido ni sus resultados.
En realidad, pura clientela, la misma que sobresale en el actual Legislativo, no controlado en sus mayorías absolutas por este gobierno, que, por efecto de las disputas al interior del establecimiento, lo hace proclive a la mermelada y todo tipo de concesiones para poder sacar adelante su agenda. Por ello, aunque aparente anticorrupción, no podrá deslindarse de la misma: otra herencia que no puede denegar.
El gobierno, con estilo, formas y lenguaje renovados, pero sin ruptura estructural, invita a un imposible pacto, toda vez que está comprometido y se debe a los ricos (6); sus acciones, en sus primeros cien días, así lo confirman. En su defecto, ¿sería posible un pacto de los excluidos, soportado en ejes como medio ambiente, tierra, vivienda, trabajo, educación, salud, Derechos Humanos, democracia radical? No debieran desaprovechar el escenario abierto por el actual mandatario para convocarlo y concretarlo.
Dicen en el campo que “desde el desayuno se sabe cómo será el almuerzo”. ¿Será esto cierto para el caso del gobernante de Colombia que ocupa la Casa de Nariño desde el pasado 7 de agosto?
1. Palabras del presidente Iván Duque Márquez al iniciar el Taller Construyendo País, número 12. Malambo (Atlántico), octubre 20 de 2018. https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2018/.
2. Declaración del presidente Iván Duque Márquez al término de su reunión con la presidenta del Senado de Italia, María Elisabetta Alberti Casellati, https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2018/181023.
3. Declaración del presidente Iván Duque Márquez al término de su reunión con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2018/181023.
4. https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2018/181029.
5. ídem.
6. Le Monde diplomatique, “El gobierno corporativo y los círculos del poder”, edición Colombia Nº181, septiembre de 2018.
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