En Colombia, ¿permite el salario mínimo vivir en dignidad a quien lo devenga? La pregunta, pertinente en tanto cada año por estos días se da cita la Mesa de concertación laboral, tiene respuesta conocida: un quejido lastimero, desprendido de una vida, muchas vidas, de cientos de miles, de quienes no tienen para malvivir más que la venta de su fuerza de trabajo, cerca de 1.800.000 que en nuestro país devengan 781.242 pesos más los 88.211 de subsidio de transporte, menguado recurso del cual también se valen su núcleo familiar para pasar el día a día. Un millón de pensionados también viven al límite bajo tal ingreso, lo que obliga a muchos de ellos a proseguir por otras vías su esfuerzo laboral.
El mundo del trabajo en nuestro país es de una inmensa precariedad: integrada la población económicamente activa por 25 millones de personas, 12 millones de la misma labora en la informalidad, 6,5 millones cuentan con empleo precario y el 9,5 por ciento está desempleada (2.370.000 personas). El 85 por ciento del total de quienes trabajan gana menos de dos salarios mínimos. El 50 por ciento de este conjunto de hombres y mujeres, que cada día tienen que salir a vender su fuerza de trabajo, recibe por la misma un ingreso inferior al salario mínimo. Un 15 por ciento (3.740.000 personas), parte constitutiva de la llamada clase media, devenga más de dos salarios mínimos y debe cubrir una canasta básica familiar (CBF) que asciende a $ 3.200.000 pesos. No es casual, por tanto, que el país cuente con 13 millones de pobres por ingresos insuficientes, y que al mismo tiempo registre como el segundo más desigual de la región y el séptimo en todo el mundo (1).
Para quienes obtienen el salario mínimo, el trabajo y la remuneración correspondiente no están en equilibrio y ésta no se corresponde con el nivel de las necesidades que implican el costo de la CBF, estimada en 1.300.000 pesos, mucho menos para hacer realidad un mínimo vital, como lo estipula la propia Carta Constitucional en su artículo 53, así como el artículo 112 del Estatuto del Trabajo (2). El mínimo vital se entiende como el ingreso requerido por una persona para cubrir todas aquellas necesidades básicas que le demanda la existencia misma, y así poder vivir en dignidad, sin carencias y limitantes en techo, vestido, alimento, salud, educación, recreación, cultura, y tantos otros aspectos que todos tenemos que atender sin restricciones para no sentirnos negados o excluidos, como lo estipula la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948 (Ver informe especial).
Es claro que en el país el salario mínimo recibido por los trabajadores rasos no corresponde a este mínimo vital y escasamente alcanza para lo más básico que requiere el trabajador, a fin de reproducir su fuerza de trabajo, así como para que su cónyuge y su prole estén bajo un techo seguro y tengan un plato en la mesa que satisfaga las demandas de energía esencial que requiere su cuerpo, de modo que funcionen al límite, pero no para mucho más. En estas condiciones, la posibilidad de recreación y descanso, de asistir a una sala de cine o a una obra de teatro, a un parque a recrearse, de ir a otras partes de su país y del mundo, quedan como lujos, añoranzas, sitios y sucesos que escasamente la televisión creará como falsa ilusión de gozar y conocer.
No es extraño, por tanto, que en cada familia dos o más de sus integrantes tengan que vender su fuerza de trabajo para responder por las demandas de cada día, como tampoco que uno o varios de ellos deban laborar no 8 horas del día sino 12, 14 o más, en uno o en varios trabajos, tal vez uno de ellos estable y tras cumplir con su jornada formal salir a desplegar oficios varios por cuenta propia.
De esta manera, de ser el trabajo un derecho por ejercer libremente, entendido como espacio de realización personal y colectiva, y oportunidad para poner en práctica saberes y compartir con otros en pos de un mundo mejor, un espacio, por tanto, de satisfacción diaria ante las circunstancias en que es llevado a cabo, termina siendo todo lo contrario: un espacio que niega sueños y capacidades; una rutina diaria a la cual se asiste por obligación pero no por mucho más.
Esta realidad nos enfrenta a una de las derrotas inocultables vividas por la clase obrera, pero también por el conjunto social en la última parte del siglo XX: tener que trabajar más de 8 horas diarias. Tres ochos, y entre ellos 8 horas de trabajo, fue la divisa por la cual se batieron miles de miles en el siglo XIX, reglamentada como triunfo en 1919, luego de la Primera Guerra Mundial, en el Tratado de Versalles, presionados los poderes tradicionales de entonces para ello por las acciones de la Revolución Soviética, que la instituyó como beneficio para su población, obligando al capitalismo a copiar y así neutralizar la ofensiva obrera de la época.
Otra derrota vendría en el curso de este mismo siglo, también para el conjunto social: la idealizada liberación de la humanidad que propiciaría la tecnología, creando todas las condiciones para la reducción de la jornada de trabajo y facilitando, así, la “pereza” como derecho y espacio para la creación libre y colectiva, abriendo todas las condiciones para dejar atrás la alienación que acompaña la venta de la fuerza de trabajo.
Como lo constatan en su día a día los millones que no tienen otra opción que salir al mercado laboral a vender lo único que tienen, ahora no sólo se trabajan más de 8 horas diarias sino que, además, el nivel de productividad de quien ejecuta algún oficio es mucho mayor que lo aportado por sus pares de hace 50 o más años, generando, por consiguiente, mayor plusvalía a su patrón. No son casuales, entonces, los niveles de rentabilidad que hoy conoce la humanidad y los de concentración de la riqueza, todo ello potenciado por la especulación en los mercados y la financiarización que cruza al sistema social como un todo.
Pero esa situación de precariedad no parece aún suficiente para el capital. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, repitiendo un ‘mantra’ que lo acompaña desde las épocas en que estuvo al servicio del gobierno de Álvaro Uribe, insiste en que “el salario mínimo en Colombia es un chiste, ridículamente alto, y debe ser reducido”, para lo cual utiliza un recurso retórico con disfraz de argumento técnico, esgrimido por la Ocde: la distancia entre el salario mínimo y el promedio de los salarios del país es muy estrecha. Dado que el salario promedio está alrededor de 1.250.000 pesos, los 869.453 pesos del salario mínimo actual (salario directo más subsidio de transporte) son un valor muy cercano al 70 por ciento, mientras que en México ese porcentaje es del 29,4 por ciento, en Chile asciende hasta el 47,4 por ciento y en un país europeo como España es aproximadamente del 37 por ciento.
Bueno, sí, ¿pero eso qué significado tiene si es que puede asignársele alguno? Al esgrimir las cifras, lo que, por ejemplo, no nos cuentan es que en España menos del uno por ciento de los asalariados percibe dicho salario mínimo, pues la remuneración de la mayoría es considerablemente superior, mientras que en Colombia al menos una tercera parte de los asalariados devenga el mencionado salario mínimo.
Ahora, si en un ejercicio de lógica suponemos que todos los asalariados devengan el salario mínimo, el valor de éste sería igual al promedio; es decir, representaría el ciento por ciento de tal promedio. ¿Sería ese un dato que permita afirmar que es un salario alto? No, evidentemente, pues, si hablamos en términos de salarios relativos, tan solo podemos decir que son mayores o menores a determinado dato tomado como parámetro. Altos o bajos son adjetivos que, en el caso de las remuneraciones, únicamente empiezan a tener sentido si los medimos en términos de satisfacción de necesidades y de reproducción del conjunto material de la sociedad.
En otras palabras, afirmar que la distancia entre el salario promedio y el mínimo debe ser elevada porque sí, sin más elementos argumentales, no es más que una “trampa cazabobos” que, o bien es resultado de la perversión del entendimiento o de la intencionalidad, y en cualquiera de los casos no es más que el proceder de las lógicas convencionales del “pensamiento único”, que ha tenido como resultado el indiscutido aumento de las asimetrías sociales que hoy nadie sensato niega. En cifras, lo que propone el Ministro enriquecido con los bonos de agua, es decir, con significativas dentelladas al presupuesto de los pequeños municipios del país, es que el salario de la tercera parte de colombianos pobres sea reducido a un valor de 256.000 pesos si nos guiáramos por el porcentaje mostrado para México, o de 321.000 si lo hiciéramos por el de España.
Otros derechos al desagüe
Desde la década de los 80 del siglo pasado, la participación de los salarios en la renta nacional está en descenso en todo el mundo. En Estados Unidos, donde la participación salarial registró tradicionalmente un índice elevado, los salarios han decaído del 66 al 60 por ciento en los últimos 35 años, en una tendencia que da muestras de acelerarse. La desregulación y la flexibilización laboral han tenido un papel importante y desastroso en ese hecho. Problemas como el abaratamiento del despido, la práctica desaparición de la negociación colectiva –sustituida por la negociación individual del trabajador con la empresa– y contratos como los de “cero horas”, en los que, aunque el trabajador debe estar disponible en todo momento para trabajar, su tiempo de labor y de remuneración queda limitado a los intervalos en los cuales la empresa quiera utilizarlo, han aumentado a tal grado la volatilidad de los ingresos de las personas, hasta el punto en que hoy son muy pocos los trabajadores que tienen seguridad sobre el monto por percibir en un período.
El fin del modelo fordista, en el cual el empleo industrial y las organizaciones de trabajadores de ese sector jalonaban al conjunto de los asalariados por mejores condiciones laborales, no ha podido ser asimilado, quizá porque no ha sido lo suficientemente entendido, debilitando la correlación de fuerzas sociales en contra de los grupos subordinados. El retroceso de la sindicalización es uno de sus efectos y ha dado lugar a que, en las negociaciones, la debilidad sea una de las constantes que conducen a perder todavía más conquistas, cosechadas décadas atrás.
En este panorama, presentar el salario como hecho nefasto para el crecimiento, y el aumento de las ganancias como la cara buena y aceptable del asunto, fue un triunfo ideológico de la economía convencional que hoy es esgrimido y aceptado como si habláramos de un axioma. El principio de la respuesta está en remarcar que la fuerza de trabajo es una “mercancía ficticia” y que el salario, presentado como su “precio”, no es otra cosa que un malabarismo social para dejar a los trabajadores a merced del capital, y a la sociedad en grave riesgo de una distopía, tal como lo exponía Karl Polanyi a comienzos de la segunda mitad del siglo XX: “La supuesta mercancía llamada ‘fuerza de trabajo’ no puede ser manipulada, usada indiscriminadamente, o incluso dejarse ociosa, sin afectar también al individuo humano que sea el poseedor de esa mercancía peculiar. Al disponer de la fuerza de trabajo de un hombre, el sistema dispondría incidentalmente de la entidad física, psicológica y moral que es el ‘hombre’ al que se aplica ese título. Privados de la cobertura protectora de las instituciones culturales, los seres humanos perecerían por los efectos del desamparo social; morirían víctimas de una aguda dislocación social a través del vicio, la perversión, el crimen y la inanición” (3).
Por tanto, el salario, así se quiera velar su naturaleza, es una categoría de la distribución del ingreso social y, por más que la economía convencional insista en presentar su valor ‘ideal’ como dato técnico, lo cierto es que, como hecho social que mide la participación de los trabajadores en el producto nacional, su definición resulta ser de carácter político y refleja el poder real de los asalariados. La imposición por decreto del salario mínimo como una constante, en la que el valor fijado por el gobierno colombiano no ha hecho más que ratificar las posiciones de los empresarios, es simple reflejo del inexistente peso de los trabajadores en la estructura del Estado.
En estas condiciones, la Mesa de concertación laboral, para que no reproduzca –como hasta ahora lo hace– el ritual anual de tire y afloje de un salario mínimo que no garantiza ni el propio sentido de lo estipulado en la Carta Constitucional, y que no compromete sino a una minoría de la población económicamente activa, debiera pasar por alto la discusión concerniente al salario mínimo, y adentrarse en la realidad y la complejidad del país y del mundo del trabajo hoy realmente existente.
Es necesario, entonces, discutir otros modelos de jornada laboral por iniciativa de quienes representan a la clase trabajadora, de suerte que las 8 horas de trabajo pasen a ser cosa del pasado, dándoles paso a jornadas de 6 o menos horas, como resultado concreto de la mayor productividad que hoy se tiene en el trabajo, pero también como opción para quebrar el desempleo estructural que registra el país. Como resultado concreto, menos horas de labor sin reducción de la remuneración salarial total.
De igual modo, se impone la discusión sobre cómo avanzar hacia un modelo de país en el cual la justicia y la felicidad sean dos de sus premisas fundamentales, como crear industria urbana y rural de distinto tipo; con especificaciones por región, grupos humanos, cultura y saberes; ambientalmente amable, y con capacidad para satisfacer el mercado interno y cubrir una parte del externo.
Serían una industria y un modelo laboral por potenciar que acojan la participación directa, con voz y voto de quienes asisten a un puesto de trabajo, en forma tal que su labor no sea sólo operar una máquina o dinamizar un proceso cualquiera sino, además, participar controlando y dirigiendo la razón misma de ser de la empresa a la cual está integrado. Y, por esta vía, participar del diseño del tipo de país que requerimos.
Sería ésta una discusión con patrones y gobierno para construir modelos propios que permitan dejar atrás el desempleo estructural que afecta a Colombia, a la par de romper la informalidad laboral, el subempleo, el desempleo disfrazado, y, con todo ello, los salarios precarios e insuficientes, creando condiciones reales para que el mínimo percibido cada mes pase a ser vital.
Tal polémica tripartita, con iniciativa obrera, permitiría comprometerse en encontrar fórmulas para superar la desigualdad social que postra a millones de connacionales, excluidos, negados en un continuum de desarrollos sociales que hoy pudieran servir para que todos vivamos mejor, no sólo unos cuantos, y así realizar, por fin, el potencial de la ciencia y la tecnología como productoras y multiplicadoras de saberes para liberar a la humanidad de la esclavitud del trabajo. Como prolongación de ello, oportunidad para elevar la capacidad creadora de mujeres y hombres y –¡cómo no!– vía para la redistribución de los bienes que deben ser de todos, sentando así las bases para la justicia, la libertad y la solidaridad efectivas.
La discusión sobre el salario mínimo, como la han llevado hasta ahora, es un debate anual ritualizado, por superar. Validos de la iniciativa alternativa hay que desnudar ante el país los privilegios de que gozan los más ricos a todo nivel, como efecto directo del control que ejercen del poder, y de un mundo del trabajo reglamenetado de acuerdo a sus requerimientos. Hay que impedir, así, que prosiga la discusión esteril sobre el alza en uno o dos puntos más de la tasa de inflación, cerrando así el paso a propuestas como las de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) el pasado 26 de octubre, al aprovechar la instalación de la Mesa de concertación de política salariales y laborales, y sentar de una en el 4 por ciento su apuesta de reajuste del salario mínimo para 2019 (4), dejando claro que, a pesar de ser el sector que más gana en el país, nada quieren saber de salario vital y de posibilidad de vida digna para las mayorías, mucho menos de redistribuir riqueza ni de construir un país de todos y para todos.
Es una iniciativa y un debate pertinente que exigiría adelantarse en el curso, por lo menos durante todo un año, con mesas y submesas desplegadas por todo el país, en que sindicalizados y no sindicalizados, trabajadores por contrato a término indefinido y reglados por otro tipo de éste, subempleados y desempleados, deliberen y dibujen el país que realmente requerimos, presentando ante su contraparte el debate sobre la justicia social como imperativo para el futuro y para el ahora.
Sería una saludable confrontación de modelos de país por llevarse a cabo, además, en barrios y veredas, allí donde millones tienen hoy sus pequeños talleres y negocios de mercadeo, quebrando por esa vía la estructura sindical tradicional, dinamizando y dándole sentido de actualidad a esa histórica forma organizativa que en Colombia, por diferentes motivos, nunca ha logrado representar a las mayorías.
Temas, todos ellos, y otros más, sobre los que no habrá concertación ni cercanía de ningún tipo, pero vitales de encarar para diseñar entre los de abajo el país que deseamos. Debate y acción necesarios para retomar la iniciativa obrera y tejer una bandera de múltiples colores bajo la cual arropar a los 25 millones que conforman la población económicamente activa del país (con beneficio extendido para el total de quienes habitan este territorio, parte del sistema mundial), fuerza suficiente para hacer realidad el sueño de que el trabajo no sea factor de opresión sino de libertad.
1. La República, 16 de noviembre de 2017, https://www.larepublica.co/economia/segun-el-banco-mundial-colombia-es-el-segundo-pais-mas-desigual-de-america-latina-2570469.
2. Art. 112. Salario mínimo vital y móvil. Salario mínimo vital es aquel que percibe el trabajador como contraprestación y será el adecuado para atender las necesidades del trabajador y las de su familia en el orden material, moral y cultural; y móvil para proteger su poder adquisitivo frente a las fluctuaciones de la economía. Con todo, la remuneración mínima, vital y móvil aumentará en consideración a la cantidad y calidad del trabajo.
3. Polanyi Karl, La gran transformación: los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo, F.CE., México, D.F, 2003. p. 123.
4. “Presidente Duque busca una concertación laboral”, en Mintrabajo es noticia, http://www.mintrabajo.gov.co/prensa/mintrabajo-es-noticia/2018/-/asset_publisher/nMorWd1x7tv1/content/presidente-duque-busca-una-concertacion-laboral.
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