Una huelga de hambre se lleva a cabo en la mayoría de las cárceles del país, los privados de libertad exigen la actualización oportuna de sus cómputos (penas), otorgamiento de medidas humanitarias, traslados a los penales de origen, contra el retardo procesal y la desidia penitenciaria, entre otras demandas.
La población penitenciaria recluida en varias cárceles del país ha comenzado una huelga de hambre desde el domingo en reclamo a traslados inconsultos y arbitrarios exigiendo traslados a los penales de origen, contra el retardo procesal de sus causas, que viola el debido proceso y la tutela judicial efectiva, mejoras en la alimentación, condiciones dignas de reclusión. Además exigen respeto a sus derechos humanos, otorgamiento de medidas humanitarias y redenciones penales. Al menos 16 son las cárceles de Venezuela donde los privados de libertad se mantienen en huelga de hambre.
Las mujeres privadas de libertad del Instituto Nacional de Orientación Femenino (INOF) —la única cárcel femenina en el país— también se unieron a la huelga para reclamar por demora en sus procesos judiciales. Las imágenes difundidas por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) dejan ver a las mujeres en uno de los pasillos del INOF, donde protestaban haciendo sonar botellas plásticas o cualquier artículo que pudiera hacer ruido. Las mujeres del INOF, en particular, además celeridad en sus procesos judiciales, exigen la atención a sus necesidades específicas como mujeres privadas de libertad.
Y no solo el retardo procesal se viola, incluso se cuentan por decenas los casos en que los y las privadas de libertad que, con orden de excarcelación dictada por un juez, aun así no los y las dejan en libertad, violando sus propias leyes. Tal fue el caso de la trabajadora Johana González, quien durante mucho tiempo un juez había dictado su libertad, y nunca se le cumplió ese derecho. Aberrante.
En un documento enviado al OVP, los presos solicitaron que diputados, jueces, Ministerio Público y Defensoría Pública se presenten “para que se haga efectiva la práctica del plan revolución judicial”, que contemplaba solucionar en 60 días el hacinamiento y retardo procesal en las prisiones de Venezuela, según anunció Maduro en 2021.
En el escrito, también se exige “libertad inmediata para los privados que se encuentran con retardo procesal”, así como la de “toda persona mayor de 70 años” y de quienes se encuentren en condiciones de salud “que no puedan ser atendidos en los centros de reclusión”.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el hacinamiento en algunas cárceles supera el 200%.
Uno de los problemas que apunta el Observatorio de Prisiones en sus informes publicados en internet es que los privados de libertad son recluidos sin tomar en cuenta la cercanía a sus familias ni la jurisdicción o territorio donde se tramitan sus causas. Un 70 % del retardo procesal se debe a inconvenientes de transporte, añadió. A inicios de mayo, este Observatorio aseveró que los presos en una cárcel de Caracas llevaban “tres meses sin comer proteína”, una situación que, según aseguró, “se vive en el resto de cárceles de Venezuela”.
Miles son presos sin juicio ni condena, producto del retardo procesal de un sistema judicial hecho corrupto y descompuesto, hecho a la medida de los que tienen mucha plata e influencia en los ámbitos del poder económico y del Estado. Las cárceles están llenas de pobres, con o sin responsabilidad en delitos. El sistema “de justicia” funciona como una fábrica de “delincuentes” entre los pobres que no quisieron o no tuvieron como pagar la extorsión del policía, o la cuota que pide el fiscal o el juez.
Los reos dependen enormemente de sus familiares para acceder a la comida diaria, medicina y casi todo lo esencial, ya que la comida que se da en los penales es extremadamente pobre, lo que ha disparado la desnutrición en las mismas. Ante la ausencia de atención médica y las condiciones sanitarias paupérrimas, proliferan fuertes brotes de tuberculosis, hepatitis o VIH-sida, que han ocasionado un aumento considerable de la mortalidad por estas causas en los últimos años: la tendencia indica que en las prisiones venezolanas las muertes por enfermedades curables pasan a ser mayores que las producidas por situaciones de violencia.
Estas son las condiciones en las que se encuentra la población carcelaria, conformada por una mayoría aplastante de habitantes de los sectores populares, trabajadores y campesinos. Miles siguen esperando un juicio, privados de derechos elementales cuando ni siquiera se ha comprobado su culpabilidad. Muchos se encuentran en prisión por la arbitrariedad de un funcionario estatal. Otros muchos lo están por protestar por las condiciones de vida que les han sido arrebatadas. Otros son víctimas de montajes judiciales, como fue el caso de Rodney Álvarez y otros presos obreros por luchar y actualmente Leonardo Azócar y Daniel Romero.
Lunes 10 de junio
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