El pasado 21 de marzo de 2025 se llevó a cabo la «jornada de movilización y memoria. A cinco años de la masacre en la cárcel La Modelo», conmemoración de este trágico suceso acaecido en la ciudad de Bogotá y en el que, oficialmente, fueron asesinadas 24 personas privadas de la libertad y resultaron heridas más de 85. Organizaciones sociales, familiares de víctimas y expresos políticos se reunieron para denunciar la falta de voluntad política de Otty Patiño, actual Consejero Comisionado para la Paz, exigir una amnistía total para presos políticos y un llamado a transformar el sistema penal.
La masacre en la Cárcel Nacional Modelo fue ejecutada el 21 de marzo de 2020 cuando la capital colombiana, como la mayoría de metrópolis del mundo, estaba en cuarentena a causa de la pandemia del covid-19. El aislamiento y el llamado distanciamiento social era obligatorio para, según las autoridades sanitarias mundiales, evitar una mayor propagación del virus. La medida “beneficiaba” a la sociedad en su conjunto pero puso en riesgo mayor la vida de las personas recluidas en centros penitenciarios dada las condiciones prevalecientes en ellas de precariedad y extremo hacinamiento. Al realizar una protesta para exigir condiciones de trato dignas, el Estado, con una desproporcionada ventaja, respondió con balas.
Es una tarde gris y el sol lucha por traspasar sus rayos del nublado cielo. Los equipos de sonido, las pancartas y piezas de gran formato ya están colocadas en la sede principal de la Fiscalía General de la Nación. Dan inició a la rueda de prensa y sobre lo sucedido en la cárcel La Modelo dijeron: «Según las autoridades tan lamentable saldo (24 asesinados) fue producto de un motín al interior del recinto penitenciario azuzado por la insurgencia con la finalidad de promover una fuga masiva. Nada más lejos de la realidad. Los verdaderos móviles de la manifestación se encontraron en torno a los justos reclamos elevados por los y las privadas de la libertad en torno a su precaria situación dentro de las cárceles, que se agudizaba con la llegada de la pandemia», dijo un integrante, que no prefiere decir su nombre, de la Campaña Objetivo Libertad, una campaña que aglutina a personas criminalizadas en contextos de protesta y/o por participar en procesos de resistencia, así como a sus familias y redes de apoyo.
El integrante agregó que: «Al día de hoy las investigaciones sobre aquella masacre van a paso lento». Heridos de este suceso demandaron al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y se ordenó que dicha institución responda patrimonialmente por los perjuicios acaecidos a la parte demandante y la realización de un acto público de desagravio. La investigación, en manos de la Fiscalía, arrojó la responsabilidad de tres funcionarios del Inpec de la masacre: Víctor Cervera, Jefferson Hueso y Julián Piñeros, quienes fueron acusados por tortura y lesiones personales agravadas, pero quedaron libres por vencimiento de términos.
La Campaña Objetivo Libertad, en la rueda de prensa que se dió en la jornada de movilización y memoria al frente de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, recordó que: «por la misionalidad de sus cargos, son responsables de ese hecho: Iván Duque, expresidente de la nación, Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, Hugo Acero, exsecretario de Seguridad Justicia y Convivencia de Bogotá, el Brigadier General Norberto Mujica Jaime –quien fungía como director del Inpec–, Carlos Augusto Hincapié Franco, exdirector de la cárcel La Modelo, Jorge Gama, exdirector encargado,mayor Jorge Gama y la teniente Elizabeth Vergara, excomandante de Custodia y Vigilancia».
Esta jornada de movilización y memoria también recuerda y exige justicia por el incendio que tomó forma el 28 de junio de 2022 en el patio 8 de la cárcel de Tuluá (Valle del Cauca) y que acabó con la vida de 57 privados de la libertad que lo habitaban Según la Procuraduría General de la Nación las llamas fueron provocadas por una riña entre algunos internos. Sin embargo, en el 2023, la misma entidad formuló pliego de cargos contra el exdirector (e) de la cárcel de Tuluá, Arley Fernández Torres, y tres miembros del cuerpo de guardianes del Inpec, por presuntas irregularidades en el manejo de los disturbios que desembocaron en el feroz incendio. (1).
«Las causas del incendio aún no se han esclarecido, pero la guardia tiene responsabilidad por acción y por omisión. Dado que el sistema de atención a incendios no servía y según algunas fuentes, que prefieren mantenerse en el anonimato, el origen del incendio fueron los gases que lanzaron para disipar la riña», le contó a desdeabajo una fuente anónima. Entre las personas que murieron se registró a Jonathan Sabogal, en detención preventiva por haber participado en el estallido social del año 2021 en Bugalagrande (Valle del Cauca).
Luchas y persecuciones de los presos políticos y familiares del Estallido Social
Epifanio Domínguez Bolaños es líder social y estaba como preso político en la cárcel de Tuluá cuando sucedió el incendio. Afortunadamente sobrevivió, pero no niega las secuelas que le dejó a él y a su familia este suceso, luego del cual fue trasladado a la cárcel de Palmira donde crearon, junto con otros compañeros, el “Proceso Colectivo Jhonathan Sabogal” y luego la Mesa de Diálogo del Estallido con la finalidad de aportar a la paz y a la justicia social. Por vencimiento de términos logró su libertad en julio de 2023. «Hoy seguimos padeciendo persecución. Sufrimoshostigamientos por parte de la “justicia” y la Fiscalía. Todavía hoy vivimos momentos tristes porque vemos que en Colombia aún hay presos políticos. En esta manifestación exigimos al Gobierno del Cambio que nos ayude a la liberación de estos compañerxs», dijo en la rueda de prensa.
El presidente Gustavo Petro, durante su campaña a la presidencia y luego como Presidente, prometió la liberación de los presos políticos/as del estallido social del 2021, promesa que intentó materializar a través de las vocerías de paz,pero fue un fracaso que «obedeció a bloqueos institucionales de la derecha de este país, además por la negligencia e inoperancia del actual gobierno que no fue capaz de establecer un procedimiento para la excarcelación», según enfatizaron desde la Campaña Objetivo Libertad.
Lxs presxs políticxs vinculados al “Proceso Colectivo Jhonathan Sabogal”, realizaron huelgas de hambre en variascárceles del país. Acciones con la que lograron la instalación en julio de 2023 de una mesa de diálogo con la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz en la cárcel de Palmira para construir alternativas políticas y jurídicas para la liberación de estas personas.
«Participé en la última huelga de hambre durante la cual Otty Patiño no quiso sentarse a negociar con nosotros y dirigió la mesa hacia el Ministerio de Interior», dijo en la rueda de prensa Walter Pérez, un líder social y dirigente sindical que fue preso político por el estallido social y quedó en libertad por vencimiento de términos el 29 de octubre de 2024. «Soy trabajador de una multinacional donde he sido perseguido y todavía me sigue persiguiendo la misma multinacional en cabeza de la Fiscalía. Les pido que sigamos luchando por la libertad de nuestros compañerxs que permanecen presxs. Esta lucha todavía no ha acabado».
Hasta el momento la mesa con el Consejero Comisionado para la Paz no ha vuelto a sesionar, igual ocurre con la mesa de alternatividad penal liderada por el Ministerio de Justicia. Evidencia de falta de voluntad política por parte del gobierno de turno. La rueda de prensa continúa, mientras que los funcionarios de la Fiscalía salen de sus oficinas y pasan indiferentes a la jornada de movilización. Ante ello, dos mujeres, micrófono en mano, alzan la voz y agitan:
«Soy la voz de mi hijo. Él fue capturado en el 2021 señalado de terrorismo, un joven de 19 años. Las judicializaciones no fueron solamente para las personas que marchaban sino para las personas pobres. Mi hijo nunca marchó. Está enfrentando una condena de 18 años por terrorismo. Yo soy señalada de terrorista por ser la madre de mi dijo. Mi familia y yo, dentro de esta ciudad, hemos tenido que sufrir desplazamientos, hemos tenido que sufrir acoso. Eso sí es terrorismo […] Mi hijo, como muchos otros, ha sido víctima de la corrupción y la impunidad. Queremos justicia para nuestras víctimas», expresó Angélica Socha, madre de Kevin Sebastián Hernandez Socha.
De inmediato prosigue quien está a su lado: «Soy la madre de Carlos Julio Calero, privado de la libertad por participar en el estallido social. Después de 2 años de prisión fue dado en libertad por vencimiento de términos. Él me decía: “madre, salí de una prisión y estoy en otra”. Vivía encerrado, asustado y azorado porque la persecución era mucha. Por ende, a los 73 días de estar libre, el 7 de octubre de 2023 me lo matan. El motivo de mi visita en Bogotá es exigirle al gobierno colombiano, a la justicia colombiana, esclarecer los hechos de su muerte, que no quede en la impunidad y exigir la libertad de los presos políticos, presos por exigir los derechos de los colombianos», dijo María Elvira Suárez del municipio de Bugalagrande, Valle del Cauca.
‘La Colombia desangrada’: líder social simboliza la violencia estatal contra manifestantes
Bremen Hinestroza, es líder social de la ciudad de Popayán y del proceso popular y comunitario «Lxs sin techo». Estuvo un año y tres meses en prisión, según sus palabras, fue un perseguido político del gobierno de Iván Duque Márquez y del exfiscal de la nación Francisco Barbosa, gobierno que «terminó persiguiendo a las juventudes, a los procesos sociales, a las comunidades que estábamos exigiendo los derechos y en contra del paquetazo de reformas neoliberales por parte de ese gobierno», dice el líder social que tiene la cara pintada y un traje con los colores de la bandera de Colombia, una personificación que él mismo llama: «La Colombia desangrada».
Se detiene por unos minutos, toma aire, equilibra su respiración, y atiende a nuestro llamado para una entrevista, en la que precisa que: «el día de hoy nos encontramos haciendo evidente el estado de cosas inconstitucionales que se viven en los centros penitenciarios, exigiendo una reforma a la justicia y la ley de la humanización que se encuentra contemplada en el ‘Plan Nacional de Desarrollo. Colombia Potencia Mundial de la Vida’, que sabemos está siendo sujeto de un saboteo, no solamente por parte del Congreso sino también por parte de quienes hacen parte de la estructura del Estado que no quieren que estas transformaciones se den en nuestro país».
En la página 102 del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 reposa el capítulo: «Humanización de la política criminal y superación del Estado de Cosas Inconstitucional en materia penitenciaria y carcelaria», que tiene como meta:
«La aplicación de una política criminal desde un enfoque de derechos humanos promueve la garantía de la dignidad humana, la resocialización efectiva, las oportunidades e inclusión social y la recomposición de los lazos sociales afectados por el delito. Por lo anterior, es necesario transformar la política criminal y penitenciaria del país, priorizar la aplicación de la justicia restaurativa y la alternatividad penal frente al enfoque punitivo, fortalecer la atención penitenciaria para mitigar los riesgos de reincidencia, articular la labor y la oferta institucional para la inclusión social de las personas pospenadas, y mitigar los riesgos de vinculación al delito por parte de adolescentes y jóvenes. Con lo anterior, se busca atender las órdenes estructurales de la Corte Constitucional para la superación del Estado de Cosas Inconstitucional en la materia».
En ese contexto, el 16 de enero de 2024, organizaciones de la sociedad civil aceptaron la invitación del gobierno nacional para integrar la Comisión de Expertos en Reforma a la Justicia, representado por el entonces Ministro de Justicia, Néstor Osuna, con el objetivo de transformar estructuralmente el sistema judicial en Colombia. Durante un año, se abordaron temas clave como acceso a la justicia para poblaciones excluidas, humanización del sistema penal, equidad de género y transparencia en la Rama Judicial. Sin embargo, la falta de diagnósticos claros, una metodología inconsistente y la limitación a reformas legales –sin estrategias de política pública– han impedido avances significativos, dejando la Comisión en discusiones sin resultados concretos.
A un año de su creación, cinco organizaciones de la sociedad civil en un comunicado emitido el pasado 27 de enero, anunciaron que la Comisión no ha logrado las transformaciones esperadas, evidenciando la necesidad de una agenda más amplia que incluya acceso efectivo a la justicia, humanización del sistema penitenciario, diversidad en la representación judicial y lucha contra la violencia de género. Las firmantes instaron al Gobierno, la Rama Judicial y demás instituciones a priorizar reformas estructurales con enfoque diferencial y políticas públicas integrales, advirtiendo que sin acciones decisivas en los meses restantes, se perderá la oportunidad de una justicia más equitativa y humana en Colombia. (2)
Es por ello que le preguntamos a Bremen: ¿Cuáles son las propuestas frente a la reforma de la justicia que usted propondría?
«En este país se le da tratamiento de guerra a las problemáticas políticas, a quienes exigen vivienda, educación o justicia […]. Lo que queremos es una justicia que no sea punitiva, que no persiga, que no se siga aplicando una justicia articulada con el Buró de Estados Unidos que termina volviendo un negocio a las cárceles […]; que la justicia deje de perseguir a los pobres y se encargue de las problemáticas estructurales que son producto de las malas decisiones de los gobiernos […]. Los asesinados en la cárcel La Modelo permanecen en la impunidad y no se sabe mucho acerca de este caso. Estamos viviendo una crisis penitenciaria. Las cárceles hoy son bombas de tiempo, no resocializan y síponen en riesgo la vida y la dignidad de personas que deberían ser transformadas en esas instituciones».
¿Cárceles o venganza? Llamado a transformar sistema penal y solicitud de amnistía total
El acto prosigue, y ahora el turno al micrófono le corresponde a Andrés Barrera, que tuvo la vocería de Pueblos en Red, Taller Zarigüeya, Conecta, La Campaña Objetivo Libertad y la colectiva Artchimia, quien comentó que estas organizaciones exigen la salida del Consejero Comisionado para la Paz, Otty Patiño, por su gestión negligente que, según ellos, ha obstaculizado los recientes procesos de paz en Colombia. Denuncian que la «paz urbana» no se reduce al fin del conflicto armado, sino que requiere transformar las ciudades en espacios de convivencia digna, lejos del enfoque securitista fallido que prioriza la militarización y perpetúa alianzas corruptas entre fuerzas públicas, bandas criminales y élites económicas. Criticaron la violencia institucional, el desplazamiento forzado y la impunidad que protege intereses de poder, mientras comunidades marginadas siguen sufriendo exclusión, despojo y muerte, sin hallar justicia en sus respectivos casos. Exigen un modelo de paz construido desde las bases, con participación comunitaria y soluciones políticas –no represivas– a las desigualdades estructurales que alimentan la violencia urbana.
La «jornada de movilización y memoria. A cinco años de la masacre en la cárcel La Modelo», va llegando a su final, quienes respondieron al llamado se abrazan, se dan la mano, se brindan confianza, y van dejando el sitio mientras que otros y otras inician una marcha y se toman la Av. Esperanza, en sus manos sostienen piezas de gran formato que dicen: «Abajo los muros de las prisiones» y «No hay cambio con presxs políticxs». Aprovechamos el momento para hacerle algunas preguntas a Andrés:
da: Las cárceles están sobre diagnosticadas, no aplican justicia y sí venganza, ¿qué hacer para superarlas y construir otras formas de castigo?
AB: En el país hay distintas maneras de aplicar otro tipo de justicias. Por ejemplo, los pueblos indígenas tienen una justicia propia que generan desde su cosmovisión y cosmogonía. Son maneras distintas a las cárceles para manejar sus conflictos y los procesos que vulneran los derechos de las personas. También está el caso de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que, a trancas y mochas, ha podido dar algunas otras perspectivas sobre el castigo y las perspectivas de reparación ante los delitos cometidos. En esencia lo que debemos revisar profundamente es ¿cuáles son los delitos y las acciones que se castigan? Es claro que lo penal en el país está direccionado en defensa de la propiedad privada y de los intereses de los grandes empresarios. Si se logra transformar la perspectiva penal y punitivista, podemos encontrar otras maneras de castigo y de reparación (que es más importante que el castigo) antelas acciones que atenten contra los derechos del pueblo, porque en este momento se castiga vulgarmente los hechos y las acciones que van en contra de los intereses de los ricos. Es una transformación profunda del sistema penal que se tiene que desarrollar y a partir de ahí ver, ¿qué es más importante, castigar un delito y llenar –como sucede en el país–las cárceles como bodegas donde metemos todos los problemas y creemos que esas son las soluciones o tener una perspectiva más amplia para ver cuáles son las causas que generan esos hechos delictivos y cómo tener una reparación hacia la sociedad por conductas que atenten contra los derechos de los pueblos?
da: Existe venganza y represión, que también se manifiesta en los cientos de luchadores populares que son sometidos a largas condenas por exigir vida digna, por ejemplo como todos los presos del estallido social del 2021. La cárcel es clasista, ¿ven ustedes alguna forma aplicable para que estas personas sean liberados?
AB: Sí, lo que vinimos a hacer acá es pedir la amnistía total. ¿Qué quiere decir esto? No que todas las partes en el conflicto puedan aplicar a estas amnistías, ésta no sería para la fuerza pública, sino que sea una amnistía propia e impropia, donde las personas que han dado su libertad y su vida por las transformaciones que requiere la sociedad sean acogidas como en los paros del 2019 hasta el 2021. Pero también previo a eso, porque hay muchas personas que han sido y están siendo aún castigadas mediante la cárcel previo a ese hecho histórico. Nuestra perspectiva es pedir una amnistía total para que todas esas personas puedan tener imputación, una acusación distinta y sea más acorde a la realidad. Es decir, que esos hechos que tienen una vocación de ser delitos políticos, según el Código Penal, sean asumidos como tal y mediante esa vía llegar a la amnistía, porque lo que está ocurriendo es que se está castigando con delitos que no son políticos a acciones que son políticas. De ahí que metan tortura y homicidio o concierto para delinquir cuando son asonadas, rebeliones y sediciones.
Esa es nuestra propuesta, la amnistía total para cambiar la imputación y la acusación de las personas que aún están en procesos penales vigentes. Buscamos el cambio en la imputación y acusación de los delitos para allanar el camino que permita lograr la amnistía. Y que la amnistía implica la libertad y el cierre de los procesos penales, independientemente de la etapa judicial en la que se encuentren. Ampliemos la amnistía para que recoja a todas las personas luchadoras populares y comunitarias.
Las respuestas redondean la visión que inspira la lucha que tienen sobre sus hombros. Andrés también se despide de personas que aún no han dejado la explanada de la Fiscalía General de la Nación, coge el manubrio de su bicicleta y se monta en ella para alcanzar a la marcha que va rumbo a la Cárcel Nacional La Modelo y así dar por terminada la jornada con una velatón en conmemoración de los privados de la libertad asesinados cinco años atrás. Nosotros, por nuestra parte, con la grabación de lo acontecido en la mano, partimos con destino a tomar el bus que nos dejará cerca de nuestra oficina. Nos espera transcribir y redondear el relato de lo acontecido. Unos días después la labor está hecha.
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Libro: Desborde popular. La rebelión caleña en el paro de abril de 2021 en Colombia
https://libreria.desdeabajo.info/index.php?route=product/product&product_id=361&search=cali
Edición especial periódico desdeabajo Estallido en Cali:
https://www.desdeabajo.info/category/ediciones/edicion-n-279-ediciones
Notas al pie:
1- Procuraduría General de la Nación. (3 de diciembre de 2023) Cargos contra exdirector de la cárcel de Tuluá y tres guardianes del INPEC por presunta responsabilidad en el incendio que dejó 56 personas muertas. www.procuraduria.gov.co
2- De Justicia. (27 de enero 2025) Es urgente una agenda de cambio en la justicia colombiana. www.dejusticia.org
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